{"id":19392,"date":"2026-10-14T13:08:41","date_gmt":"2026-10-14T18:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/tropicanacasanare.com\/?p=19392"},"modified":"2026-10-14T13:08:42","modified_gmt":"2026-10-14T18:08:42","slug":"presentan-demandas-para-frenar-decreto-de-abelardo-de-la-espriella-sobre-la-protesta-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tropicanacasanare.com\/?p=19392","title":{"rendered":"Presentan demandas para frenar decreto de Abelardo de la Espriella sobre la protesta social"},"content":{"rendered":"\n

\ud83d\udea8 El nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que modifica las reglas de actuaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica durante las manifestaciones, enfrenta sus primeras demandas ante la justicia. Sectores de la oposici\u00f3n consideran que la norma podr\u00eda vulnerar el derecho constitucional a la protesta pac\u00edfica y que el Ejecutivo habr\u00eda excedido sus facultades al introducir cambios mediante un decreto.<\/p>\n\n\n\n

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La controversia se desat\u00f3 el 13 de octubre, cuando el presidente firm\u00f3 el Decreto 1525 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 sobre la intervenci\u00f3n policial durante las movilizaciones. La expedici\u00f3n de la norma coincidi\u00f3 con los preparativos de las marchas convocadas para este mi\u00e9rcoles 14 de octubre por sectores sindicales y organizaciones de oposici\u00f3n al Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Una de las primeras en anunciar acciones judiciales fue la senadora Jennifer Pedraza, quien cuestion\u00f3 que el Ejecutivo modificara las reglas de la protesta social sin tramitar una ley estatutaria en el Congreso. Seg\u00fan su planteamiento, los cambios podr\u00edan afectar derechos fundamentales y requerir\u00edan un procedimiento legislativo diferente.<\/p>\n\n\n\n

Pedraza tambi\u00e9n critic\u00f3 el tiempo destinado a la consulta p\u00fablica del proyecto y se\u00f1al\u00f3 que no se convoc\u00f3 a la Mesa Nacional de Garant\u00edas, un espacio de di\u00e1logo entre autoridades y organizaciones sociales. Otro de sus reparos est\u00e1 relacionado con el papel del di\u00e1logo antes de que la Polic\u00eda intervenga: considera que la nueva redacci\u00f3n podr\u00eda permitir actuaciones m\u00e1s r\u00e1pidas sin agotar previamente las etapas de prevenci\u00f3n, conversaci\u00f3n y mediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Desde el Pacto Hist\u00f3rico tambi\u00e9n se anunciaron acciones contra la disposici\u00f3n. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestion\u00f3 la competencia del Gobierno para establecer estas modificaciones por v\u00eda reglamentaria. A su vez, Laura Daniela Beltr\u00e1n, conocida como \u2018Lalis\u2019, y Daniel Monroy anunciaron medidas judiciales, entre ellas una demanda de nulidad y una solicitud de suspensi\u00f3n cautelar, con el prop\u00f3sito de evitar posibles afectaciones a los manifestantes.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 cambia con el nuevo decreto?<\/h2>\n\n\n\n

La norma establece criterios para determinar cu\u00e1ndo se considera agotado el di\u00e1logo durante una manifestaci\u00f3n y en qu\u00e9 circunstancias puede intervenir la Fuerza P\u00fablica. Entre los hechos que deben evaluarse se encuentran impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y causar da\u00f1os a la infraestructura.<\/p>\n\n\n\n

La evaluaci\u00f3n corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de sus decisiones. Sin embargo, el decreto se\u00f1ala que dar por agotado el di\u00e1logo no autoriza autom\u00e1ticamente el uso generalizado de la fuerza, y que un bloqueo, por s\u00ed solo, no elimina necesariamente el car\u00e1cter pac\u00edfico de una protesta.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger tanto el derecho a manifestarse como otros derechos ciudadanos, entre ellos la movilidad, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios esenciales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha sostenido que la intenci\u00f3n no es prohibir las movilizaciones, sino establecer reglas para responder ante hechos de violencia y bloqueos que afecten a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El debate sobre los l\u00edmites de la protesta<\/h2>\n\n\n\n

La discusi\u00f3n jur\u00eddica gira en torno a c\u00f3mo equilibrar el derecho a la manifestaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n estatal de proteger a terceros y mantener el orden p\u00fablico. Mientras la oposici\u00f3n advierte que los cambios podr\u00edan ampliar la discrecionalidad policial y debilitar el di\u00e1logo, el Ejecutivo sostiene que la protesta pac\u00edfica seguir\u00e1 protegida y que las intervenciones deben responder a situaciones concretas.<\/p>\n\n\n\n

El procurador general, Gregorio Eljach, tambi\u00e9n ha recordado que la protesta social es un derecho constitucional, aunque no absoluto, y que las autoridades tienen facultades para actuar cuando se presentan alteraciones del orden p\u00fablico, dentro de los l\u00edmites legales.<\/p>\n\n\n\n

Las demandas deber\u00e1n ser estudiadas por las autoridades judiciales competentes, que tendr\u00e1n que determinar si el Gobierno ten\u00eda facultades para expedir la norma y si sus disposiciones respetan las garant\u00edas constitucionales. Mientras se resuelven esos recursos, el debate sobre el alcance del decreto se mantiene en el centro de la discusi\u00f3n pol\u00edtica nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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