Procuraduría cuestiona actualización catastral en Yopal y respalda acción popular de concejales

La Procuraduría Regional de Casanare emitió un pronunciamiento clave dentro de la acción popular interpuesta por el concejal Leonardo Infante Tovar y otros cabildantes, en defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía frente a la polémica actualización catastral realizada en Yopal por la empresa Catasig S.A.S.

En el documento dirigido al Tribunal Administrativo de Casanare, el procurador regional Juan Pablo Rincón Camacho advirtió que el cobro del impuesto predial no se ajustó a la realidad en múltiples casos, pues no se consideró la situación actual de los predios, su destinación económica ni el valor real del mercado.

El Ministerio Público también señaló fallas en la ejecución del convenio firmado con Catasig, al no aplicarse los controles exigidos por la normatividad. Como ejemplo, expuso el caso de un predio que en 2019 tenía un avalúo de $4.625.000 y que en 2025 fue fijado en $187.248.000, incremento que no corresponde ni con el mercado inmobiliario ni con las condiciones reales del terreno.

Ante estas irregularidades, la Procuraduría solicitó al Tribunal amparar los derechos colectivos de los yopaleños, ordenar una nueva caracterización de los predios urbanos y rurales, y exigir que los avalúos se ajusten a criterios técnicos y objetivos.

El concejal Leonardo Infante resaltó que este pronunciamiento confirma las denuncias hechas desde el Concejo sobre los atropellos que enfrentaron miles de familias con el proceso de actualización. Aseguró que la decisión fortalece la exigencia de un cobro justo y transparente del impuesto predial.

Este pronunciamiento abre un debate de fondo sobre la legalidad y transparencia de la gestión adelantada por Catasig, proceso que ha generado inconformidad y rechazo en amplios sectores de la capital casanareña.