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Tribunal Superior de Cartagena Ratifica Condena de 35 Años Contra Margareth Chacón por el Asesinato del Fiscal Marcelo Pecci
El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena de 35 años de prisión contra Margareth Chacón, acusada de haber sido intermediaria en la financiación y ejecución del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia.
El Papel de Chacón en el Crimen
Según la Fiscalía General de la Nación, Chacón facilitó recursos económicos y conexiones logísticas para el ataque contra Pecci, quien fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel. Se le señala de haber actuado como el enlace entre los autores materiales y los financiadores del homicidio.
El caso también involucra a Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, pareja y hermano de Chacón, respectivamente, quienes habrían desempeñado roles determinantes en la coordinación del crimen.
Reacción de Chacón y Críticas al Proceso Judicial
Durante la audiencia de ratificación de la condena, Chacón rompió el silencio y lanzó duras críticas contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, encargado de la investigación. Entre lágrimas, afirmó:
“Nunca me han dejado hablar. En todas mis audiencias no he dejado de ser la dama de compañía a la prostituta. Me tuvieron torturada cinco meses en un búnker”.
Chacón solicitó que se revisaran las pruebas en su contra, alegando irregularidades y manipulaciones en el proceso judicial. Sin embargo, el juez aclaró que, en esta etapa, solo se pueden escuchar argumentos en el marco de recursos extraordinarios.
Defensa Buscará Apelar la Sentencia
La defensa de Chacón anunció que apelará la condena ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual tiene un plazo de 30 días. Argumentan que el proceso ha estado plagado de inconsistencias y que la sentencia debe ser revisada.
Impacto del Asesinato de Pecci
El asesinato de Marcelo Pecci, reconocido por su lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, conmocionó a Paraguay y Colombia. Su homicidio resaltó la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales en América Latina y la capacidad de los grupos criminales para operar a nivel transnacional.
Si bien las autoridades colombianas han avanzado en el esclarecimiento del crimen, en Paraguay la investigación ha sido más lenta. La colaboración entre ambos países ha sido clave para capturar y condenar a varios de los responsables.