El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que está dispuesto a sentarse a negociar con cualquiera que llegue a la Presidencia de Colombia, ya sea Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, aunque advirtió que, si no existe una apertura al diálogo, continuará la confrontación armada.

La declaración fue entregada a Reuters por Emerson Alirio Martínez, alias «Yerson», jefe del frente occidental del ELN, durante una entrevista realizada en una zona selvática del departamento del Chocó. Allí afirmó que el grupo guerrillero está dispuesto a retomar conversaciones de paz con cualquier gobierno que abra ese espacio.

«Si quien llega a la Casa de Nariño invita al diálogo y abre ese espacio, el ELN siempre estará dispuesto. De lo contrario, continuaremos en la confrontación (…) si desean, nos sentamos con el que esté; y si no, seguimos en resistencia armada», expresó el comandante insurgente.

Frente a una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella, alias «Yerson» sostuvo que una ofensiva militar más fuerte incrementaría el conflicto, pero aseguró que la organización no desaparecerá.

«Son 62 años de experiencia que tenemos en ofensiva y defensiva y lo aplicaremos y lo hemos aplicado siempre», afirmó. Además, aseguró que el ELN ha sobrevivido a las operaciones de distintos gobiernos y que seguirá adaptándose a los diferentes escenarios del conflicto.

El jefe guerrillero también indicó que los secuestros, a los que denominó «retenciones económicas», continuarán porque representan una fuente de financiación para la organización.

«Esa es una piedra angular: si permitimos que nos quebremos económicamente, no podremos sobrevivir», manifestó.

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el futuro de la política de paz en Colombia. Mientras Iván Cepeda había planteado mantener la vía del diálogo con los grupos armados, Abelardo de la Espriella defendía una estrategia de mayor presión militar contra las organizaciones ilegales.

Nuevas revelaciones sobre presuntos acuerdos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo han generado un fuerte debate político y podrían tener repercusiones internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde se analiza la posibilidad de ampliar las sanciones contra personas que habrían facilitado o participado en contactos con la organización criminal.

La controversia surgió tras la divulgación de audios atribuidos al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que se mencionan supuestos compromisos relacionados con la suspensión de operaciones militares, el levantamiento de órdenes de captura y eventuales garantías para avanzar en acercamientos con el Clan del Golfo. Rueda ha sostenido que esas conversaciones hacían parte de una etapa exploratoria y no de una negociación formal, mientras que el exministro de Defensa Iván Velásquez aseguró que nunca autorizó medidas que afectaran las operaciones de la Fuerza Pública.

El caso ha despertado preocupación en Washington debido a que el Clan del Golfo fue catalogado como organización terrorista extranjera y está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Analistas consideran que, si las autoridades estadounidenses encuentran evidencia de colaboración o apoyo material a la organización, podrían evaluar la inclusión de nuevos nombres en la denominada Lista Clinton o en otros regímenes de sanciones. Por ahora, no existe una decisión oficial anunciada por el Gobierno de Estados Unidos en ese sentido.

Las revelaciones también se producen en medio de investigaciones periodísticas sobre los primeros contactos del proceso de «paz total» con el Clan del Golfo y de nuevos cuestionamientos a exfuncionarios del Gobierno por reuniones con personas vinculadas al crimen organizado.

El Consejo de Estado dejó en firme la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, decisión que mantiene vigente la obligación de registrar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos que circulan en el país.

La decisión se produjo luego de que la Sección Primera del alto tribunal negara una demanda de nulidad presentada por un ciudadano, quien sostenía que el Ministerio de Transporte no tenía competencia para definir y regular este tipo de vehículos. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que la cartera no excedió sus funciones, sino que realizó una descripción técnica de vehículos ya existentes dentro del marco del Código Nacional de Tránsito.

Con el fallo, también permanecen vigentes las obligaciones para estos vehículos, entre ellas el registro en el RUNT, la matrícula, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica cuando corresponda y el cumplimiento de las demás normas de tránsito aplicables a los vehículos automotores. El tribunal precisó que estos requisitos no fueron creados por la resolución, sino que ya estaban contemplados en la legislación colombiana.

En su análisis, el Consejo de Estado indicó que el propósito de estas medidas es garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial y proteger la vida de los usuarios de las vías, resaltando que el interés general prevalece sobre las pretensiones de la demanda.

La decisión deja en firme las reglas que regulan la circulación de ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos en todo el territorio nacional y respalda la facultad del Ministerio de Transporte para reglamentar técnicamente este tipo de vehículos.