Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Alejandro Carranza encendió las alarmas en el escenario político colombiano. El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fue señalado de presuntamente intentar debilitar al actual Gobierno de Gustavo Petro mediante declaraciones públicas y gestiones internacionales que, según el denunciante, buscaban provocar una ruptura del orden constitucional.
Carranza asegura que Leyva, valiéndose de su posición pasada como canciller, habría difundido mensajes y audios con la intención de crear una percepción de ilegitimidad del presidente Petro, incluso llegando a referirse a él como una persona con supuestas adicciones. Según el jurista, estos señalamientos formarían parte de una estrategia internacional para generar presión sobre el Ejecutivo y legitimar un eventual derrocamiento.
🗣️ “No se puede permitir que alguien que ocupó un cargo tan importante intente acudir a gobiernos extranjeros para influir en la estabilidad institucional de Colombia”, afirmó Carranza, quien insistió en que este tipo de maniobras podrían configurar los delitos de traición a la patria, conspiración para delinquir con fines de sedición, calumnia agravada e injuria agravada.
Aunque no existen pruebas materiales contundentes más allá de las declaraciones del propio Leyva y algunos congresistas estadounidenses, Carranza sostiene que el impacto de sus palabras ha sido significativo. “Se ha intentado sembrar la idea de que el presidente es incapaz de gobernar, repitiendo afirmaciones sin sustento desde el extranjero, con el fin de que calen en la opinión pública”, puntualizó.
💬 El abogado también hizo énfasis en un posible trasfondo personal en las acciones del exfuncionario. Según él, Leyva habría actuado movido por el descontento tras no haber logrado el nombramiento diplomático que deseaba para su hijo, lo que explicaría su postura crítica frente al Gobierno.
La denuncia subraya que, aunque no se materializó una intervención directa por parte de otros países, el solo hecho de haber intentado influir en actores internacionales para generar un ambiente de crisis representa, desde el punto de vista legal, un atentado contra la soberanía nacional.
🇨🇴 La Fiscalía ahora deberá analizar si estas acusaciones cuentan con los méritos jurídicos necesarios para avanzar en un proceso formal, mientras el país observa con atención este nuevo capítulo de tensión política que involucra a figuras clave del poder en Colombia.