El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que se resuelva en segunda instancia la condena de 12 años de detención domiciliaria dictada el pasado 1° de agosto de 2025 por la juez 44 Penal de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia Aranda.
La decisión se adoptó al fallar una tutela presentada por la defensa del exmandatario, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal.
📄 El fallo, firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, señala:
“Dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo del 1° de agosto de 2025, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad de Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la sala de decisión penal defina el recurso de apelación interpuesto”.
En consecuencia, la juez Heredia deberá expedir de inmediato la boleta de libertad a favor del exmandatario.
👨⚖️ La defensa de Uribe alegó vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad, pues la sentencia aún no está en firme.
El Tribunal descartó que existieran estrategias dilatorias de la defensa y resaltó que el proceso se desarrolló en un plazo razonable: la acusación se presentó en abril de 2024 y el fallo de primera instancia se dictó en agosto de 2025.
🔴 Tras conocerse la decisión, el senador Iván Cepeda anunció que apelará:
“Desde las víctimas siempre hemos acatado las decisiones judiciales. Respetamos esta, pero no la compartimos. Creemos que la medida de la jueza Heredia era para protegernos. Vendrá la apelación”.
👉 Así, Uribe recupera su libertad de manera provisional, mientras se define el futuro de su proceso en segunda instancia.
El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció que promoverá una desobediencia civil pacífica si el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto.
Durante una declaración pública, Cepeda sostuvo que la ciudadanía estadounidense de De la Espriella sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia, al considerar que el juramento de naturalización adquirido en Estados Unidos implica compromisos que podrían entrar en conflicto con las responsabilidades del jefe de Estado colombiano.
Además de solicitar la renuncia a esa nacionalidad, el líder de la oposición pidió que el presidente electo aclare si ha sido colaborador o integrante de agencias de seguridad de Estados Unidos, explique su participación en el caso de Alex Saab y descarte cualquier intento de promover la extradición del presidente saliente Gustavo Petro. También afirmó, sin presentar pruebas, que existen aspectos que deben ser esclarecidos sobre presuntos vínculos de De la Espriella con personas investigadas.
Cepeda aseguró que, si estas exigencias no son atendidas, no reconocerá la autoridad del mandatario electo e invitó a los más de 12 millones de ciudadanos que votaron por él a sumarse a una desobediencia civil de carácter pacífico. «No me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica», manifestó.
Tras las declaraciones, integrantes del equipo de gobierno de De la Espriella rechazaron la propuesta. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendieron la legitimidad del resultado electoral e hicieron un llamado a respetar la democracia y las instituciones.
La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar la tasa de interés de política monetaria al 12 %, argumentando que la inflación ha mantenido una tendencia ascendente y continúa por encima de la meta establecida por la autoridad monetaria.
Según el banco central, la decisión busca contener las presiones inflacionarias y preservar la estabilidad de precios, en un contexto en el que diversos factores internos y externos han impulsado el aumento del costo de vida.
La entidad explicó que el ajuste responde al comportamiento reciente de la economía y a la necesidad de evitar que las expectativas de inflación sigan deteriorándose, lo que podría afectar el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Con esta medida, el Banco de la República espera moderar el ritmo del consumo y del crédito, contribuyendo a que la inflación retorne gradualmente al rango objetivo en el mediano plazo.
Analistas económicos señalan que el incremento de la tasa podría traducirse en créditos más costosos para hogares y empresas, aunque consideran que la decisión busca fortalecer la confianza en la economía y controlar el aumento de los precios.
La elección del próximo contralor general de la República será el primer gran pulso político entre la coalición que respaldará al presidente electo Abelardo de la Espriella y la oposición liderada por el Pacto Histórico. La votación está prevista para el 12 de agosto, cuando el Congreso en pleno elegirá al jefe del organismo de control para el período 2026-2030.
El proceso inició con 244 aspirantes, de los cuales 10 avanzaron a la etapa final tras cumplir los requisitos y obtener los mejores resultados en las pruebas de conocimiento. El elegido reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez al frente de la entidad encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos.
Entre los aspirantes se encuentra Luis Enrique Abadía García, abogado especializado en derecho administrativo, constitucional, laboral y procesal, quien se desempeñó como vicecontralor y delegado para la Gestión Pública en la Contraloría General.
Otro de los candidatos es Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá, abogado y politólogo con trayectoria como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, contralor de Bogotá y contralor delegado para el Sector Justicia.
También integra la lista Jorge Eliécer Laverde Vargas, secretario de la Comisión Sexta del Senado desde 2015 y exdiputado de Caldas, con experiencia en administración pública y derecho constitucional.
La lista incluye además a Ana Elena Monsalvo Herrera, administradora de Comercio Internacional y excontralora delegada para temas económicos; Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien ejerció como contralor general encargado entre 2023 y 2024; y Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, excontralor de Bogotá y exfuncionario de la Contraloría General y la Fiscalía.
Los otros aspirantes son Diana Carolina Torres García, excontralora provincial y exfuncionaria de la Gobernación de Antioquia; Amanda Madrid Panesso, actual subdirectora operativa de la Contraloría del Valle del Cauca; Karol González Mora, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional; y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, expersonera encargada de Bogotá y exfiscal.
La elección definirá quién encabezará el máximo organismo de control fiscal del país durante los próximos cuatro años y marcará el primer gran acuerdo —o confrontación— entre las fuerzas políticas que conformarán el nuevo Congreso.