El proyecto que busca que los colombianos paguen más impuestos ha sido calificado por algunos congresistas como una forma de “extorsión al Congreso”, debido a la presión política que implicaría su aprobación. La iniciativa, promovida desde la administración de Gustavo Petro, genera debate sobre su impacto económico y ético en el país.
Quienes rechazan la propuesta argumentan que se está imponiendo una carga tributaria excesiva sin suficiente discusión parlamentaria. Señalan que la medida presiona a los legisladores a aprobarla para evitar represalias de imagen o político-electorales. La discusión sobre su constitucionalidad y sus efectos a mediano plazo aún está vigente.