El reciente proyecto de ley que busca despenalizar ciertos delitos y modificar el régimen penal en Colombia se encuentra en una situación crítica: según fuentes congresionales, el trámite podría detenerse o trasladarse al archivo, de no generarse consenso suficiente.
La iniciativa, planteada por el Ministerio de Justicia y del Derecho junto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, busca entre otros aspectos:
Ampliar los subrogados penales, reformar mecanismos de terminación anticipada de procesos y fortalecer la resocialización para delitos menos graves.
Derogar o ajustar delitos considerados de menor gravedad, facilitando alternativas al encarcelamiento tradicional.
Sin embargo, los ponentes advierten que los debates han generado fuerte resistencia en sectores que consideran que la reforma podría “flexibilizar” demasiados tipos penales y debilitar la respuesta del sistema judicial frente a ciertos crímenes.
Por ello, se habla de que la idea de “archivo” recobra fuerza: si en las próximas semanas no se pactan los términos o se ajusta sustancialmente el articulado, la propuesta podría ser archivada para evitar un desgaste mayor o un fracaso legislativo.