El presidente Gustavo Petro anunció que derogará el decreto que convocaba a una consulta popular, tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Congreso. El mandatario afirmó que ya no es necesaria, dado que “el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”.
💬 “Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular. Ya no es necesaria”, afirmó Petro.
🧩 ¿Qué sigue? Una constituyente
Petro sorprendió al revelar su nueva jugada política: convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante una papeleta que, según indicó, será entregada en las próximas elecciones.
🗣️ “Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, señaló el jefe de Estado.
💬 Reacciones: entre el apoyo y la crítica
La propuesta del mandatario generó amplia polémica en redes sociales. Algunos sectores calificaron la iniciativa como una amenaza a la Constitución de 1991 y un intento de reescribir las reglas del juego político.
🗯️ “Recordaré a Petro como aquel personaje triste que por pura vanidad quiso sepultar la constitución del 91”, escribió un usuario en la red X (antes Twitter).
Frente a los señalamientos, Petro respondió:
🗨️ “Mi estimado Camilo, ¿quién le dijo que la próxima asamblea nacional constituyente derogaría la constitución de 1991? Yo no votaría por eso (…). Volvería práctica la constitución del 91, volviéndola realidad cotidiana: el estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz”.
📌 ¿Qué busca incluir Petro en una eventual constituyente?
🔹 Revisión de contrarreformas recientes que, según él, han lesionado el espíritu de la Constitución del 91. 🔹 Inclusión de temas omitidos en 1991, como:
La crisis climática
La paz territorial
La efectividad del Estado social de derecho
⚖️ ¿Qué implica una Asamblea Constituyente?
Una Asamblea Nacional Constituyente podría modificar o sustituir la Constitución vigente. Para que sea convocada, debe cumplir ciertos requisitos legales y pasar por mecanismos democráticos como la aprobación popular mediante referendo o papeleta electoral.
Una fuerte controversia se desató en Bogotá luego de que autoridades denunciaran que integrantes de la comunidad indígena Emberá habrían utilizado a menores de edad como “escudos humanos” durante recientes enfrentamientos y alteraciones del orden público en la capital ⚠️.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, anunció acciones legales y aseguró que este tipo de conductas podrían constituir un delito.
💬 “Es un delito” La funcionaria manifestó su preocupación por la presencia de niños en medio de situaciones de riesgo 🚸, afirmando que ningún menor debe ser expuesto a escenarios de confrontación o violencia.
📍 Los hechos se registraron en medio de procedimientos adelantados por autoridades distritales y la fuerza pública en zonas donde permanecen asentadas familias Emberá en Bogotá.
⚠️ Protección de menores en el centro del debate Desde el ICBF se reiteró que la prioridad es garantizar la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes 👶🏽.
Por esta razón, la entidad anunció que avanzará en la verificación de posibles vulneraciones de derechos y en las investigaciones correspondientes.
👥 Tensión social y humanitaria La situación vuelve a poner sobre la mesa la compleja problemática que viven comunidades indígenas desplazadas en la capital, muchas de ellas en condiciones precarias y reclamando soluciones del Estado 🏕️.
Mientras algunos sectores cuestionan la actuación de las autoridades, otros insisten en que los menores no deben ser utilizados en medio de protestas o confrontaciones.
🚨 Investigaciones en curso Las autoridades buscan establecer responsabilidades y esclarecer cómo ocurrieron los hechos registrados durante los operativos.
🔥 El caso genera fuerte debate nacional, especialmente por el delicado equilibrio entre el derecho a la protesta, la protección de las comunidades indígenas y la seguridad de los menores de edad.
La situación alrededor de la reconocida marca Lili Pink sigue generando impacto en el país 😯. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó nuevos detalles sobre el proceso de incautación y aclaró qué ocurrirá con las tiendas y operaciones de la cadena.
📌 ¿Qué explicó la SAE? La Sociedad de Activos Especiales señaló que las medidas adoptadas hacen parte de un proceso judicial y administrativo relacionado con bienes vinculados a investigaciones ⚖️.
Sin embargo, la entidad aclaró que el objetivo no es detener el funcionamiento de la empresa ni afectar directamente a trabajadores y clientes.
🏬 Las tiendas seguirán funcionando Según la SAE, los establecimientos comerciales continuarán operando normalmente mientras avanzan los procesos correspondientes 🛒.
Esto significa que: ✅ Los puntos de venta seguirán abiertos ✅ Se mantendrán las operaciones comerciales ✅ Se busca proteger los empleos vinculados a la cadena 👥
💬 La entidad aseguró que la prioridad es garantizar la estabilidad de la actividad económica mientras se define el futuro jurídico de los bienes involucrados.
⚠️ Preocupación entre trabajadores y clientes La noticia había generado incertidumbre en redes sociales y entre empleados de la marca, debido al alcance de las medidas anunciadas recientemente.
👀 No obstante, las autoridades insistieron en que el proceso no implica el cierre inmediato de la compañía.
📈 Una marca con fuerte presencia nacional Lili Pink se ha consolidado como una de las cadenas más reconocidas del país en el sector de ropa interior, accesorios y moda femenina, con presencia en múltiples ciudades de Colombia y otros mercados de la región 🌎.
🔥 El caso sigue en desarrollo Mientras avanzan las investigaciones y decisiones judiciales, la atención permanece puesta sobre el impacto económico y empresarial que podría tener este proceso.
El debate por el alto costo de la carne en Colombia sigue creciendo ⚠️. La Fedegán aseguró que las medidas planteadas por el Gobierno Nacional no lograrán reducir el precio del producto para los consumidores.
📌 ¿Qué propone el Gobierno? El Ministerio de Agricultura prepara una resolución que busca prohibir la exportación de bovinos menores de dos años 🐄, con la intención de aumentar la oferta interna y frenar el alza de precios.
Sin embargo, desde el sector ganadero consideran que esa no es la verdadera causa del problema.
💬 “El precio no va a bajar” Óscar Cubillos, jefe de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, fue contundente al afirmar que incluso con restricciones a las exportaciones, el valor de la carne seguiría alto 📈.
Según explicó, el aumento de precios estaría relacionado principalmente con un mayor consumo interno y no con las ventas al exterior.
📊 Las cifras del sector De acuerdo con datos citados por el gremio:
Colombia tiene cerca de 30,3 millones de cabezas de ganado 🐂
En 2025 solo se exportó el 0,7% del inventario total
El kilo de carne pasó de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026 💸
⚠️ Temor por impactos económicos Fedegán advirtió que limitar exportaciones podría afectar seriamente al sector ganadero, reduciendo ingresos y poniendo en riesgo mercados internacionales que Colombia ha logrado abrir en los últimos años 🌍.
Además, señalaron que países compradores podrían reemplazar rápidamente a Colombia por otros proveedores internacionales.
🌎 Mercados en riesgo Actualmente, la carne colombiana llega a más de 18 países, incluyendo China, Rusia, Arabia Saudita, Japón y Chile 🥩🚢.
🔥 El choque continúa Mientras el Gobierno insiste en intervenir para controlar la inflación de alimentos, el gremio ganadero sostiene que la medida podría terminar perjudicando al sector sin generar una reducción real en los precios para los hogares colombianos.