El próximo lunes 15 de septiembre es la fecha clave para Colombia: Estados Unidos emitirá su decisión sobre la certificación antidrogas del país, un proceso anual que podría tener grandes implicaciones en la cooperación bilateral, la seguridad y los programas sociales.
Este aval o rechazo del gobierno estadounidense pondrá en juego alrededor de USD 450 millones al año en apoyo militar, logístico y social, necesarios para operaciones contra narcotráfico, asistencia técnica, inteligencia, entre otros.
Se barajan varios escenarios posibles:
Mantener la certificación total, reconocida como el mejor resultado.
Una descertificación moderada o parcial, que podría implicar recortes de cooperación.
Otorgar una exención (“waiver”), que permitiría seguir con la cooperación aun si no se otorga la certificación plena.
Expertos advierten que una descertificación durísima significaría pérdidas importantes, no solo en recursos sino también en capacidad operativa para combatir los cultivos ilícitos, controlar fronteras, sostener presencia estatal en zonas afectadas, y mantener programas sociales que dependen del respaldo internacional.
El país se mantiene en alerta pues el resultado influirá también en la política interna, la seguridad y la percepción internacional sobre el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.