La entidad estatal Colpensiones remitió un documento técnico a la Corte Constitucional en el que rechaza enfáticamente las insinuaciones de que su actuación busca dilatar o bloquear el trámite de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional promovida por el gobierno.
La carta, fechada el 10 de noviembre de 2025 y firmada por Mirtha Patricia Bejarano, jefa de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, afirma que la institución “ha colaborado de manera armónica con la administración de justicia” y que ha cumplido con los requerimientos emitidos por la Corte en virtud del proceso.
En el documento, Colpensiones especifica que entregará los contratos 070-2024 y 005-2025, junto con los informes, metadatos y comunicaciones electrónicas vinculadas al excontratista y actual magistrado de la Corte, Héctor Carvajal Londoño. Esta medida busca aclarar si hubo conflicto de interés en su participación en el trámite de la reforma.
La polémica se produce en un contexto de tensión institucional, ya que la Corte Constitucional había ordenado a Colpensiones la entrega de documentación original para evaluar la recusación de Carvajal en el debate sobre la reforma.