La Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon una red criminal sofisticada que operaba desde el centro penitenciario El Barne de Cómbita, en Boyacá. La organización, liderada por alias El Negro y Panda, extendía sus amenazas extorsivas a más de 10.000 personas —suplantando grupos armados ilegales— y obtenía ingresos ilegales que superaban los $1.200 millones de pesos mensuales.
En el operativo fueron confiscados 105 celulares, 53 tarjetas SIM, 3 módems, 23 directorios con datos de víctimas y 100 accesorios (como cargadores y manos libres). También incautaron 29 armas cortopunzantes. El valor aproximado de los equipos supera los $500 millones de pesos.
Las autoridades informaron que, solo en 2025, se han realizado 46 intervenciones similares en distintos penales del país, con la recuperación de más de 900 celulares, cerca de 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios electrónicos y 500 armas blancas. Este despliegue evidencia la creciente sofisticación de estas redes dentro del sistema penitenciario.
El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Unidad de Antiextorsión y Antisecuestro, afirmó que ya existen investigaciones en marcha sobre la posible complicidad de funcionarios del INPEC en estas dinámicas delictivas. Para responder a este desafío, se han creado comisiones especializadas como el SEFIC y se ha reforzado el Cibergaula, con apoyo internacional para rastrear criptomonedas y llamadas digitales.