El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, terminó con un balance preocupante para las autoridades de salud: dos personas fallecieron después de presentar graves complicaciones médicas y 107 asistentes recibieron atención por intoxicaciones relacionadas con sustancias psicoactivas. Las circunstancias de ambos decesos continúan bajo investigación. 🚨

Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, informó que durante las dos jornadas se realizaron 193 atenciones médicas por diferentes situaciones. Siete personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales y dos de ellas murieron. Además de las intoxicaciones, los equipos de atención recibieron casos de ataques epilépticos asociados con los efectos de las luces de los escenarios y de complicaciones relacionadas con enfermedades preexistentes.

Una de las víctimas fue Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años, quien presentó dificultades respiratorias y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe durante la primera jornada del evento. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, falleció durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

Según los reportes médicos conocidos por El Colombiano, el joven ingresó en estado crítico y presentó un cuadro que sugería una posible intoxicación. Aunque inicialmente logró estabilizarse, posteriormente sufrió nuevas complicaciones metabólicas y respiratorias. Las autoridades manejan como hipótesis una posible sobredosis, pero la causa definitiva de su muerte deberá establecerse mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

La segunda víctima fue Ajay Bhatnagar, un médico de 51 años, de origen indio-británico, reconocido por su trayectoria como oncólogo y radioterapeuta en Estados Unidos. El profesional asistió a la segunda jornada del festival y comenzó a presentar problemas de salud durante el evento. Sus acompañantes lo llevaron a un punto de atención médica y posteriormente fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde murió el lunes festivo 12 de octubre.

En el caso de Bhatnagar, los reportes preliminares apuntaron a posibles complicaciones asociadas con el consumo de anfetaminas y bebidas alcohólicas. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento también deberán ser esclarecidas por las autoridades. Los dos casos están relacionados con emergencias médicas ocurridas durante el festival, pero las hipótesis iniciales no reemplazan los resultados definitivos de las investigaciones.

Tras la muerte del joven costarricense, su padre pidió que se esclarecieran los hechos y rechazó que se señalara a su hijo como una persona adicta. La familia espera conocer los resultados de los exámenes correspondientes para establecer qué provocó la emergencia médica que terminó con su vida.

El balance genera interrogantes sobre la prevención y la respuesta ante emergencias en eventos multitudinarios. De acuerdo con la información publicada, el dispositivo logístico del festival contó con 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de Espacio Público y 60 gestores operativos, distribuidos para apoyar la seguridad y el control en las zonas habilitadas.

La organización informó que el EDC reunió a 94.000 personas durante las dos jornadas, con aproximadamente 47.000 asistentes por día. Del total, unos 23.000 eran visitantes internacionales, mientras que más de 14.000 llegaron desde otras ciudades de Colombia. El evento también generó un impacto económico estimado en $110.000 millones, asociado a actividades como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud de Medellín hizo un llamado a priorizar el cuidado de la vida y mantener medidas de prevención durante este tipo de celebraciones. Las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de las dos muertes y en la evaluación de las emergencias registradas durante el festival, mientras los casos siguen bajo investigación.

El exsoldado profesional Henry Camargo llegó a Colombia el 13 de octubre en un vuelo medicalizado procedente de Nueva York, Estados Unidos, luego de que el Gobierno nacional gestionara su repatriación debido a su delicado estado de salud. El exintegrante de las Fuerzas Militares necesita un trasplante de ambos pulmones y continuará su atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá. 🇨🇴

El traslado se realizó por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella y fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de Colombia en Nueva York. Para hacer posible la operación, se autorizó de manera excepcional el uso de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, destinado a brindar apoyo humanitario a colombianos en situaciones de especial vulnerabilidad.

La situación de Camargo se hizo conocida después de que difundiera un video desde Estados Unidos en el que solicitaba ayuda para regresar a su país y recibir el tratamiento que necesita. El exmilitar permanecía hospitalizado en el Hospital Elmhurst, en Queens, mientras enfrentaba las complicaciones de su enfermedad pulmonar y las dificultades para avanzar en el proceso de trasplante.

Camargo prestó servicio durante 22 años en el Ejército Nacional y, según sus propios relatos, resultó herido en tres ocasiones durante su trayectoria militar. Después de retirarse de la institución, viajó a Estados Unidos con la intención de buscar oportunidades laborales y apoyar económicamente a su familia. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando comenzó a experimentar problemas respiratorios que deterioraron progresivamente su salud.

De acuerdo con declaraciones que había entregado anteriormente a medios de comunicación, el exsoldado llevaba más de un año esperando una alternativa para el trasplante. Su situación migratoria en Estados Unidos habría dificultado la continuidad del procedimiento, por lo que regresar a Colombia se convirtió en una opción para continuar su atención médica.

Tras conocer su caso, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó activar las gestiones necesarias para facilitar el regreso. El mandatario se comunicó con Camargo y le manifestó su disposición de ayudarlo a regresar al país para que pudiera continuar con el tratamiento. La solicitud fue atendida por la Cancillería y el consulado, que mantuvieron contacto con el paciente y coordinaron las condiciones del traslado con el hospital estadounidense y las instituciones colombianas.

A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por personal del Hospital Militar Central, donde seguirá su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. La Cancillería indicó que el acompañamiento consular permitió organizar el retorno en condiciones adecuadas para sus necesidades clínicas.

Karen Camargo, hija del exmilitar, expresó su agradecimiento al Gobierno por las gestiones que hicieron posible el viaje. Señaló que la familia se siente feliz de tener nuevamente a su padre en Colombia y reconoció el apoyo recibido para facilitar su llegada al centro hospitalario.

Además de continuar su tratamiento, se espera que Henry pueda reencontrarse con su madre, Nora Guzmán, con quien había perdido contacto durante varios años. Para su familia, el regreso representa una oportunidad de acompañarlo de cerca mientras los especialistas evalúan los siguientes pasos de su atención.

Aunque la repatriación ya se concretó, el traslado no significa que el trasplante pulmonar se haya realizado. Camargo deberá continuar bajo valoración médica y cumplir las etapas necesarias para determinar las opciones de tratamiento. Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el tiempo estimado de recuperación ni sobre la fecha de un eventual procedimiento quirúrgico.

La Cancillería reiteró que continuará brindando asistencia consular a los colombianos en el exterior que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, dentro de sus competencias y de los recursos disponibles. La llegada de Camargo marca el cierre de las gestiones diplomáticas para su retorno y el inicio de una nueva etapa de atención médica en Colombia.

Javier de Jesús Cadavid Palacio, un comerciante antioqueño, recuperó plenamente su inocencia después de permanecer 12 años y cuatro meses en prisión por una condena relacionada con extorsiones atribuidas a las extintas Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisó su caso y concluyó que no tenía vínculos con la organización guerrillera y que desconocía el origen ilícito del dinero que circulaba a través de su negocio.

La historia se remonta a Puerto Venus, corregimiento del municipio de Nariño, Antioquia, donde Cadavid administraba una distribuidora de víveres y abarrotes. Ante la ausencia de entidades bancarias en la zona, el comerciante facilitaba el envío de dinero a los habitantes, quienes utilizaban una cuenta bancaria asociada a un proveedor de Medellín para recibir remesas de familiares y conocidos. El mecanismo también era utilizado por profesores, campesinos y otros miembros de la comunidad.

Sin embargo, entre 2005 y 2007, integrantes del Frente 47 de las Farc aprovecharon ese sistema para movilizar recursos provenientes de extorsiones a comerciantes y pobladores de municipios de Caldas, entre ellos Pácora y Aguadas. Las víctimas recibían instrucciones de consignar el dinero en la cuenta utilizada para las remesas y, posteriormente, los recursos eran retirados por emisarios de la guerrilla en Puerto Venus.

En noviembre de 2009, la justicia ordinaria condenó a Cadavid a 23 años de prisión por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales de la época consideraron que el sistema de remesas había contribuido al funcionamiento de las extorsiones. No obstante, con el paso de los años surgieron nuevos testimonios que pusieron en duda esa interpretación de los hechos.

Durante su proceso, el comerciante sostuvo que nunca supo que parte del dinero depositado provenía de actividades ilegales. Según su versión, simplemente prestaba un servicio a personas de su comunidad que necesitaban enviar o recibir recursos, sin conocer quiénes estaban detrás de las consignaciones ni el destino criminal que la guerrilla les daba.

La situación también afectó profundamente a su familia. Su esposa, Mariela Toro, buscó durante años elementos que permitieran demostrar su inocencia, mientras sus cuatro hijos enfrentaban las consecuencias de la condena. Durante ese tiempo, la familia mantuvo los negocios y continuó buscando testimonios que ayudaran a esclarecer lo ocurrido.

Uno de los elementos relevantes para la revisión fueron las declaraciones de antiguos integrantes de las Farc, quienes afirmaron que el comerciante no colaboraba con la organización y que su cuenta había sido utilizada sin su conocimiento. Estos testimonios permitieron reconstruir la manera en que la guerrilla aprovechó las condiciones de aislamiento y el control territorial que ejercía en la región.

La JEP determinó que Cadavid no perteneció ni colaboró con las Farc, no amenazó a las víctimas y tampoco obtuvo un incremento patrimonial derivado de las extorsiones. El tribunal explicó que el comerciante no tenía forma razonable de distinguir las consignaciones legítimas de aquellas relacionadas con los cobros ilegales, por lo que actuó bajo lo que jurídicamente se conoce como un error de tipo invencible.

La decisión dejó sin efectos la condena impuesta en 2009 y le concedió la libertad definitiva. Cadavid había recuperado la libertad condicional en enero de 2022, después de pasar más de 12 años privado de ella, pero el reciente fallo representó un paso decisivo para limpiar su nombre y establecer judicialmente que no era responsable de los delitos por los que había sido condenado.

Su caso pone de relieve las consecuencias que pueden tener las investigaciones incompletas en territorios afectados por el conflicto armado, donde los grupos ilegales ejercen presión sobre la población y utilizan actividades cotidianas para sus propios fines. También evidencia la importancia de revisar decisiones judiciales cuando aparecen nuevas pruebas capaces de cambiar sustancialmente la comprensión de los hechos.