Un informe reveló que 326 integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales y suboficiales, dejaron la institución durante los primeros tres meses del Gobierno de Gustavo Petro, una cifra que ha generado preocupación entre analistas y expertos en seguridad, quienes califican el fenómeno como inusual por su magnitud. Según los especialistas, la salida de personal con amplia experiencia podría afectar la capacidad operativa y el liderazgo dentro de la Fuerza.

De acuerdo con el reporte, entre los retirados se encuentran oficiales con trayectoria en áreas estratégicas, inteligencia y operaciones militares. Varios expertos consideran que esta renovación acelerada puede provocar pérdida de conocimiento institucional y dificultades para garantizar la continuidad en la planeación de operaciones y el entrenamiento del personal.

Algunos analistas consultados señalaron que los cambios obedecerían a una reorganización impulsada por el Gobierno, mientras que otros advirtieron que el elevado número de retiros podría generar incertidumbre al interior de las Fuerzas Militares. También indicaron que este tipo de decisiones suelen tener efectos en la moral del personal y en la estabilidad de la estructura de mando.

Desde el Gobierno nacional se ha defendido la reestructuración de la cúpula militar como parte de una estrategia para implementar su política de seguridad y fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el debate continúa entre quienes respaldan la renovación y quienes consideran que el retiro masivo de mandos experimentados puede representar un riesgo para la capacidad institucional del Ejército.

El colapso de varios conjuntos residenciales construidos por el Estado durante los recientes terremotos en Venezuela ha desatado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionan la calidad de las edificaciones levantadas por el chavismo y denuncian presuntas fallas en los procesos de construcción.

En sectores de La Guaira y Caracas, donde numerosos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela quedaron destruidos o con graves daños estructurales, sobrevivientes y familiares de las víctimas aseguraron que las construcciones presentaban problemas desde hace años. “Lo construyeron todo mal”, fue una de las frases que más se repitió entre los afectados, quienes afirmaron que existían grietas, filtraciones y deficiencias que nunca fueron atendidas por las autoridades.

Las críticas también apuntan a la falta de supervisión técnica y mantenimiento de los proyectos habitacionales. Especialistas han advertido que, aunque Venezuela cuenta con normas antisísmicas, muchas edificaciones pudieron haber presentado vulnerabilidades debido a problemas de ejecución, materiales de baja calidad o ausencia de controles durante su construcción.

Mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros, miles de familias permanecen sin vivienda y exigen respuestas sobre las causas del colapso de los edificios, así como investigaciones que determinen posibles responsabilidades por las fallas estructurales que quedaron al descubierto tras los sismos.

La Fiscalía General de la Nación formulará imputación contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal, en un nuevo capítulo del caso Odebrecht en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, Prieto habría omitido reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un aporte en servicios de investigación, valorado en un millón de dólares, que presuntamente fue financiado por la constructora brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014. Según la investigación, esos recursos no quedaron registrados en los informes oficiales de ingresos y gastos de la campaña presidencial.

La Fiscalía sostiene que la omisión permitió que las cuentas de la campaña fueran aprobadas y que posteriormente se autorizara el pago de la reposición de votos, pese a que, presuntamente, se habrían superado los topes de financiación establecidos para la contienda electoral. Como consecuencia, el Partido de la U recibió cerca de 16.000 millones de pesos por concepto de reposición de gastos de campaña.

La investigación señala que el pago por la encuesta habría sido canalizado a través de empresas offshore vinculadas a la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad que, según las autoridades, administraba el esquema de sobornos de la multinacional en varios países de América Latina.

Este proceso reabre el frente judicial contra Prieto, quien anteriormente cumplió una condena relacionada con el caso Odebrecht por tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de la Ruta del Sol. Su defensa rechazó la decisión de la Fiscalía y aseguró que el exgerente de campaña no conocía ni participó en la contratación de la encuesta financiada por Odebrecht, insistiendo en que los hechos investigados eran conocidos por las autoridades desde 2017.