Durante un evento político realizado en Cali, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes críticas contra el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, asegurando que su proyecto político buscaría derrotar a los sectores tradicionales que, según él, han gobernado la región.

Ante sus seguidores, el líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó: “A ustedes también los vamos a derrotar y los vamos a jubilar”, marcando distancia de ambos dirigentes y asegurando que representa una alternativa frente al liderazgo político del departamento.

Durante su intervención, De la Espriella responsabilizó al alcalde Alejandro Eder por la situación de seguridad que atraviesa Cali y sostuvo que la ciudad vive una de sus peores crisis de orden público. Además, prometió que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una estrategia para recuperar la tranquilidad en la capital vallecaucana.

“En la era del tigre, Cali será la capital de la alegría y no del miedo, porque va a regresar la seguridad para el pueblo”, aseguró el entonces candidato.

El abogado también dirigió críticas a la gobernadora Dilian Francisca Toro, señalando que respaldaba a otra candidatura presidencial y reiterando su intención de desplazar a los liderazgos tradicionales del Valle del Cauca. Aunque no profundizó en sus acusaciones, dejó clara su distancia política con la mandataria departamental.

En otro momento de su discurso, De la Espriella se refirió al estallido social y aseguró que no permitirá nuevos episodios de violencia en Cali y el Valle del Cauca.

“Aquí donde empezaron a dividirnos, nos vamos a volver a unir, porque la patria milagro empieza en el Valle”, expresó. Además, advirtió que quienes intenten promover actos vandálicos durante un eventual gobierno suyo “conocerán lo duro que muere el tigre”.

Finalmente, el entonces aspirante presidencial afirmó que buscaría convertir nuevamente a Cali en una ciudad segura, cívica y atractiva para la inversión y el emprendimiento, asegurando que el Valle del Cauca tendrá un papel estratégico dentro de su proyecto de gobierno.

La Fiscalía General de la Nación formulará imputación contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal, en un nuevo capítulo del caso Odebrecht en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, Prieto habría omitido reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un aporte en servicios de investigación, valorado en un millón de dólares, que presuntamente fue financiado por la constructora brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014. Según la investigación, esos recursos no quedaron registrados en los informes oficiales de ingresos y gastos de la campaña presidencial.

La Fiscalía sostiene que la omisión permitió que las cuentas de la campaña fueran aprobadas y que posteriormente se autorizara el pago de la reposición de votos, pese a que, presuntamente, se habrían superado los topes de financiación establecidos para la contienda electoral. Como consecuencia, el Partido de la U recibió cerca de 16.000 millones de pesos por concepto de reposición de gastos de campaña.

La investigación señala que el pago por la encuesta habría sido canalizado a través de empresas offshore vinculadas a la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad que, según las autoridades, administraba el esquema de sobornos de la multinacional en varios países de América Latina.

Este proceso reabre el frente judicial contra Prieto, quien anteriormente cumplió una condena relacionada con el caso Odebrecht por tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de la Ruta del Sol. Su defensa rechazó la decisión de la Fiscalía y aseguró que el exgerente de campaña no conocía ni participó en la contratación de la encuesta financiada por Odebrecht, insistiendo en que los hechos investigados eran conocidos por las autoridades desde 2017.

La estación de Policía del municipio de Tadó, en Chocó, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos, un hecho atribuido al ELN que volvió a encender las alertas sobre el uso de esta modalidad por parte de grupos armados ilegales en el país.

De acuerdo con las autoridades, durante la jornada se registraron dos ataques con varias cargas explosivas dirigidas contra las instalaciones policiales. Las detonaciones ocasionaron daños materiales en la infraestructura, pero no dejaron personas heridas ni fallecidas entre uniformados o civiles.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, recomendó a la ciudadanía no acercarse a las estaciones de Policía mientras persista la situación de riesgo. Además, indicó que en el departamento se han presentado otros hechos de violencia relacionados con acciones del ELN, especialmente en el municipio de San José del Palmar, donde continúan operaciones militares contra esa organización armada.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los drones sobrevuelan la estación policial y lanzan los explosivos, generando pánico entre los habitantes del municipio. Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del atentado y prevenir nuevas acciones similares.