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Fiscalía reactiva órdenes de captura contra Calarcá, Walter Mendoza y otros 44 integrantes de grupos armados

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🚨⚖️ La Fiscalía General de la Nación ordenó reactivar las órdenes de captura contra 46 integrantes de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, y José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. La decisión se produce después de que el Gobierno nacional diera por terminadas las mesas de diálogo con estas organizaciones y retirara los reconocimientos que les permitían participar como voceros en los procesos de paz. 🇨🇴🛡️

La determinación fue adoptada mediante la Resolución 0-0263, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. El documento establece que las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante los acercamientos con las estructuras armadas vuelven a tener vigencia.

En total, la medida cobija a 46 personas pertenecientes a tres organizaciones: el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cambio de política del nuevo Gobierno frente a las negociaciones de la denominada Paz Total. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de varias mesas de conversación al considerar que las organizaciones armadas no demostraron una voluntad suficiente de abandonar las actividades criminales y avanzar hacia una verdadera desmovilización.

Con el fin de las negociaciones, desapareció también el contexto jurídico que había permitido suspender temporalmente algunas órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras.

Calarcá vuelve a quedar bajo orden de captura

Uno de los nombres más relevantes de la lista es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, señalado como uno de los principales líderes del Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La orden de captura contra el jefe disidente había sido objeto de una amplia controversia durante los últimos meses. La Fiscalía había advertido previamente que la suspensión de esta medida judicial estaba condicionada a que Calarcá cumpliera con los compromisos derivados de su participación en los diálogos y no incurriera en nuevas acciones delictivas.

La Ley 2272 de 2022 contempla la posibilidad de suspender órdenes de captura en determinados procesos de diálogo, pero este beneficio está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas. La Fiscalía había sostenido que, si estas condiciones dejaban de cumplirse, las órdenes podían ser reactivadas.

Ahora, con la terminación oficial de las conversaciones, la situación jurídica de Calarcá cambia nuevamente y las autoridades pueden proceder a ejecutar la orden de captura que había permanecido suspendida.

Walter Mendoza también está en la lista

Otro de los dirigentes incluidos en la resolución es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien había participado como representante de una estructura armada dentro de los procesos de negociación con el Estado.

Su inclusión significa que también queda nuevamente expuesto a una eventual captura por parte de las autoridades, luego de que durante el periodo de conversaciones contara con las condiciones especiales derivadas de su reconocimiento como gestor o vocero de paz.

La medida también alcanza a otros integrantes de las organizaciones que habían recibido un tratamiento judicial especial mientras permanecían vinculados a los procesos de diálogo.

Una decisión que cambia el escenario de la Paz Total

La reactivación de las órdenes de captura representa un giro significativo frente a la política implementada durante el Gobierno anterior. La administración de Gustavo Petro había utilizado la suspensión de órdenes judiciales como uno de los mecanismos para facilitar la participación de representantes de grupos armados en las mesas de negociación.

Sin embargo, el nuevo Gobierno decidió cerrar tres procesos de diálogo y retirar los reconocimientos otorgados a sus integrantes. Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La decisión también se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra integrantes de organizaciones armadas, entre ellas la autorización de extradiciones de varios cabecillas que anteriormente habían tenido sus procesos suspendidos debido a su participación en las negociaciones.

De esta manera, el Gobierno busca regresar a una estrategia centrada en la persecución judicial y militar de las organizaciones que continúen desarrollando actividades ilegales.

La Fiscalía había advertido sobre el incumplimiento

El caso de Calarcá ya había generado tensión entre la Fiscalía y el Gobierno nacional antes de que se produjera la decisión definitiva.

En marzo de este año, la fiscal general había anunciado que se realizaría una evaluación jurídica para establecer si existían razones suficientes para reactivar la orden de captura contra el jefe disidente. La discusión estaba relacionada con los hechos violentos atribuidos a integrantes de su estructura y con el cumplimiento de las condiciones que permitieron suspender la medida judicial.

La Fiscalía incluso había presentado argumentos relacionados con varios hechos violentos para sustentar que la estructura de Calarcá podría haber incumplido las condiciones que le permitían mantenerse dentro del proceso de paz.

Entre los casos analizados se encontraban investigaciones por homicidios, ataques contra la Fuerza Pública y otros hechos ocurridos en diferentes regiones del país.

Durante ese periodo, la decisión sobre las órdenes de captura fue objeto de conversaciones entre el ente acusador y representantes del Gobierno. En abril, la Fiscalía había mantenido suspendidas las órdenes mientras continuaban las discusiones institucionales sobre el futuro de los diálogos.

Un nuevo escenario para los grupos armados

Con la decisión conocida este martes, las 46 personas incluidas en la resolución dejan de contar con la protección jurídica derivada de la suspensión de las órdenes de captura.

Esto significa que las autoridades podrán ejecutar las medidas judiciales correspondientes cuando logren ubicar a los integrantes de estas organizaciones que permanezcan en territorio nacional y que estén cobijados por órdenes vigentes.

La situación también podría tener repercusiones sobre las estructuras armadas que habían participado en las conversaciones, pues sus integrantes deberán enfrentar nuevamente las actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas.

El Gobierno ha insistido en que el cierre de las mesas responde a la falta de resultados concretos y a la continuidad de actividades criminales por parte de las organizaciones. La decisión marca una diferencia clara frente al enfoque de negociación utilizado anteriormente.

El Gobierno endurece su estrategia de seguridad

La reactivación de estas órdenes de captura ocurre en medio de un endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha ordenado operaciones militares contra diferentes grupos armados, incluidos bombardeos contra estructuras de las disidencias de las FARC y acciones contra organizaciones que mantienen presencia en zonas como Catatumbo y Guaviare.

A esto se suma la autorización de extradiciones de varios cabecillas de organizaciones criminales, lo que evidencia un cambio de rumbo frente a la política de negociación que caracterizó al Gobierno anterior.

La Fiscalía, por su parte, retoma ahora las actuaciones judiciales contra los 46 integrantes incluidos en la resolución.

La decisión deja así un nuevo panorama para la seguridad y la política de paz en Colombia: mientras el Gobierno apuesta por desactivar las estructuras armadas mediante acciones militares, judiciales y de extradición, los antiguos voceros de las mesas de diálogo vuelven a estar bajo el alcance de las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante las negociaciones.

Internacionales

Muertes por sobredosis de fentanilo cayeron 34 % en Estados Unidos, pero la crisis aún preocupa

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🚨🇺🇸 Las muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo registraron una reducción histórica en Estados Unidos, en medio de una tendencia que comenzó a cambiar desde 2023. Entre ese año y 2024, los fallecimientos asociados a opioides sintéticos como el fentanilo disminuyeron 34 %, mientras que las muertes por sobredosis de todo tipo de drogas también experimentaron una fuerte reducción. 💊📉

Durante más de una década, Estados Unidos enfrentó un crecimiento constante de las muertes por sobredosis, especialmente por la expansión del fentanilo, un opioide sintético de enorme potencia. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que esa tendencia comenzó a revertirse a mediados de 2023 y la disminución continuó durante los dos años siguientes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, registraron entre 2023 y 2024 una reducción cercana al 27 % en el total de muertes por sobredosis. La cifra pasó de aproximadamente 112.000 fallecimientos a cerca de 80.000.

El descenso fue todavía más pronunciado en el caso de los opioides sintéticos. Las muertes relacionadas con sustancias como el fentanilo pasaron de 74.091 en 2023 a 48.661 en 2024, lo que representa una disminución del 34 %.

La mejoría no se detuvo allí. Durante 2025 se registraron 69.973 muertes por sobredosis en Estados Unidos, casi 14 % menos que el año anterior. De esta manera, el país acumuló tres años consecutivos de reducción y llegó a los niveles más bajos de mortalidad por sobredosis registrados en cinco años.

El contraste con el peor momento de la crisis es significativo. En 2021, las muertes por sobredosis superaron por primera vez las 100.000 en un solo año, impulsadas principalmente por el consumo de opioides sintéticos y la presencia de fentanilo en el mercado ilegal.

¿Qué estaría detrás de la reducción?

La caída de las muertes ha llamado especialmente la atención de investigadores porque no existe un único tratamiento médico nuevo o una expansión extraordinaria de los centros de rehabilitación que permita explicar por sí sola el cambio.

Keith Humphreys, psiquiatra y profesor de la Universidad de Stanford, participó en una investigación publicada en la revista Science que buscó identificar las posibles razones detrás de esta transformación.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que la disminución no se produjo únicamente en Estados Unidos. Canadá también experimentó una reducción considerable de las muertes relacionadas con opioides, a pesar de que sus cadenas de suministro de fentanilo son diferentes a las estadounidenses.

En Estados Unidos, según el análisis, los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo suelen llegar desde China hasta México, donde posteriormente son procesados por organizaciones criminales antes de que el producto ingrese al territorio estadounidense.

Canadá, en cambio, cuenta con una cadena de suministro diferente, debido a que los precursores llegan directamente al país y allí son procesados por redes locales.

La coincidencia en la disminución de las muertes llevó a los investigadores a buscar un elemento común entre ambos mercados. Allí apareció China como posible punto de conexión.

La posible influencia de China

Los investigadores plantean como hipótesis que las autoridades chinas endurecieron los controles sobre los fabricantes y comercializadores de sustancias químicas utilizadas como precursores del fentanilo.

Esta explicación, sin embargo, todavía no ha podido demostrarse de manera definitiva. Los propios investigadores reconocen que se trata de una interpretación basada en diferentes indicios y no de una relación causal comprobada.

Entre los elementos que respaldan la hipótesis se encuentra el cierre de plataformas utilizadas para comercializar precursores y un acuerdo alcanzado entre China y Estados Unidos en 2023 para intensificar los controles sobre este tipo de sustancias.

El estudio fue desarrollado por investigadores de varias universidades estadounidenses y contó también con la participación de especialistas vinculados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Según sus conclusiones, la evidencia disponible apunta a una alteración de la oferta internacional de fentanilo, posiblemente relacionada con las restricciones aplicadas en China sobre los productos químicos utilizados para su fabricación.

Aun así, existe una advertencia importante. Si la disminución de los precursores provenientes de China es uno de los factores que está provocando la reducción de las muertes, un cambio futuro en esas restricciones podría modificar nuevamente el comportamiento del mercado.

Además, la producción de los precursores y de las drogas sintéticas podría trasladarse a otros países. Investigadores han mencionado a naciones como India o Tailandia como posibles lugares donde podrían desarrollarse nuevas cadenas de producción si la demanda continúa.

La naloxona también ha salvado vidas

La disminución de la oferta no sería el único factor detrás de la caída de las muertes.

Los especialistas también destacan el aumento en la disponibilidad de naloxona, un medicamento capaz de revertir temporalmente los efectos de una sobredosis por opioides y que puede ser determinante para evitar un fallecimiento cuando se administra a tiempo.

A esto se suma una mayor disponibilidad de tratamientos para los trastornos relacionados con el consumo de opioides y programas que permiten detectar la presencia de fentanilo en otras drogas.

Estas herramientas han permitido intervenir en situaciones de emergencia y reducir el número de personas que mueren después de una sobredosis.

Los investigadores consideran que la reducción de la disponibilidad y de la potencia del fentanilo también pudo abrir una oportunidad para que algunas personas con problemas de dependencia buscaran tratamiento.

Menor potencia en algunas pastillas

Otro elemento que ha llamado la atención es la posible disminución de la concentración de fentanilo en algunas de las pastillas ilegales que circulan en Estados Unidos.

Datos de la Administración para el Control de Drogas, DEA, citados en el análisis muestran que siete de cada diez pastillas falsificadas examinadas por sus laboratorios el año pasado contenían una cantidad potencialmente mortal de fentanilo.

En los análisis más recientes, esa proporción disminuyó a cinco de cada diez.

Los investigadores consideran que una menor concentración del opioide puede disminuir el riesgo de una sobredosis, aunque esto no significa que las pastillas sean seguras. El consumo de productos fabricados ilegalmente continúa representando un riesgo elevado debido a que las personas no conocen con certeza qué sustancias contienen ni en qué cantidades.

La caída no fue igual en todo Estados Unidos

La reducción de las muertes tampoco ocurrió de la misma manera en todos los estados.

Algunas de las disminuciones más importantes se registraron en lugares como Ohio y Virginia Occidental, territorios que estuvieron entre los más afectados por la crisis de opioides durante la última década.

En estas regiones, además de los cambios relacionados con la oferta, las autoridades implementaron programas locales de prevención, tratamiento y atención a personas con problemas de consumo.

Esto demuestra que la disminución de las muertes podría estar relacionada con una combinación de factores y no exclusivamente con un cambio en el mercado internacional del fentanilo.

La crisis todavía está lejos de terminar

A pesar de las cifras positivas, los especialistas advierten que sería prematuro considerar superada la crisis de opioides en Estados Unidos.

Las sobredosis continúan siendo una de las principales causas de muerte entre los adultos jóvenes y el consumo de sustancias sintéticas sigue representando una amenaza importante.

Además, la reducción de la mortalidad podría cambiar si las organizaciones criminales encuentran nuevas fuentes de precursores, modifican sus métodos de producción o introducen otras sustancias sintéticas más potentes en el mercado.

Los investigadores también consideran que el descenso actual debe aprovecharse para ampliar el acceso a tratamientos y fortalecer las estrategias de prevención. La reducción de las muertes ofrece una oportunidad para que más personas puedan recibir atención antes de que una sobredosis termine siendo fatal.

El debate sobre el tráfico y los controles fronterizos

El control del ingreso de drogas continúa siendo otra de las estrategias utilizadas por Estados Unidos. Sin embargo, Keith Humphreys señaló que aumentar indefinidamente las inspecciones fronterizas no necesariamente significa que las autoridades vayan a incautar una cantidad proporcionalmente mayor de drogas.

El investigador considera que los controles pueden ser útiles cuando consiguen alterar las rutas reales utilizadas por las organizaciones criminales, pero advierte que las estrategias de seguridad deben evitar repetir modelos de detenciones masivas que caracterizaron algunas etapas de la llamada guerra contra las drogas.

La situación plantea un desafío para las autoridades estadounidenses: mantener la presión contra las redes de narcotráfico mientras se fortalecen las herramientas sanitarias que permitan evitar que quienes consumen opioides mueran por una sobredosis.

La reducción del 34 % en las muertes relacionadas con fentanilo representa uno de los cambios más significativos de la crisis de opioides en Estados Unidos durante los últimos años. Sin embargo, los investigadores insisten en que todavía no existe una explicación definitiva para el fenómeno y que factores como las restricciones a los precursores, la menor potencia de algunas drogas, la disponibilidad de naloxona y el acceso a tratamientos podrían estar actuando simultáneamente.

Por ahora, las estadísticas muestran una señal positiva después de años de aumento constante de las muertes. El reto para Estados Unidos será determinar qué elementos hicieron posible esta reducción y mantenerlos para evitar que la crisis vuelva a cobrar fuerza.

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Judicial

Accidente fatal provocó fuerte congestión en el sur de Bogotá durante la mañana

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🚨🚗 Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en el suroccidente de Bogotá dejó una persona muerta y generó importantes complicaciones para la movilidad en el sector. El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, en inmediaciones de la avenida de Las Américas con avenida Boyacá, donde las labores de las autoridades obligaron a realizar cierres temporales y provocaron largas filas de vehículos. 🏍️⚠️

El siniestro se presentó aproximadamente a las 5:18 de la mañana, en sentido oriente-occidente, y estuvo involucrado un motociclista y un peatón. De acuerdo con la información preliminar entregada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el peatón habría descendido de la zona de la estación de TransMilenio o intentado ingresar a ella y, al atravesar uno de los carriles destinados al tránsito mixto, fue impactado por la motocicleta.

Al llegar los organismos de emergencia al lugar, los paramédicos confirmaron que el peatón ya no tenía signos vitales. El conductor de la motocicleta, por su parte, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, la velocidad a la que se desplazaba la motocicleta y las condiciones en las que se produjo el cruce del peatón por la vía.

Debido a la fatalidad, fue necesaria la presencia de unidades especializadas de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar los procedimientos correspondientes para establecer plenamente la identidad de la víctima.

La situación tuvo un impacto inmediato en la movilidad del sector. Cerca de las 5:50 de la mañana, las autoridades suspendieron el contraflujo que funcionaba sobre la avenida de Las Américas, mientras se adelantaban las labores judiciales en el lugar del accidente.

Ante el cierre, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar corredores alternativos como la calle 13 y la avenida Primero de Mayo para evitar la zona afectada y reducir el impacto sobre el tráfico.

Hacia las 6:24 de la mañana, integrantes del laboratorio de criminalística de la Policía llegaron al punto y comenzaron las labores de inspección y recolección de información. Durante este procedimiento, los conductores que transitaban por el sector enfrentaron importantes retrasos y se registraron largas filas de vehículos en las vías cercanas.

El accidente ocurrió además en una zona de alta circulación, por lo que la intervención de las autoridades tuvo repercusiones sobre varios corredores utilizados diariamente por miles de ciudadanos para desplazarse entre diferentes sectores del sur y suroccidente de la capital.

Después de aproximadamente dos horas de trabajo, las labores de criminalística concluyeron. A las 7:35 de la mañana, la Secretaría de Movilidad informó que se levantaba el cierre y que nuevamente se habilitaba el tránsito por la avenida de Las Américas.

Poco después, alrededor de las 7:50 de la mañana, las autoridades reportaron que también había sido restablecido el contraflujo. Para ese momento, el flujo vehicular era considerado medio y la circulación comenzaba a recuperar sus condiciones habituales.

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las medidas de precaución en corredores de alto tráfico, especialmente en sectores donde confluyen motociclistas, peatones, vehículos particulares y usuarios del sistema de transporte público.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro, las autoridades reiteraron la necesidad de que todos los actores viales respeten las señales de tránsito y mantengan especial atención al circular por zonas cercanas a estaciones y cruces de alta circulación.

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Tres menores murieron tras bombardeo contra disidencias de las FARC en Guaviare

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🚨🇨🇴 Una operación militar adelantada en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó diez personas muertas, entre ellas tres menores de edad. El ataque fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la presencia de niños y adolescentes entre las víctimas. ⚠️

Los hechos ocurrieron el jueves 27 de agosto, durante la denominada “Operación Amón”, una acción de las Fuerzas Militares dirigida contra integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, una estructura disidente de las FARC liderada por Calarcá Córdoba. En el despliegue participaron once aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y, de acuerdo con la información oficial, durante la operación también fueron incautadas armas, entre ellas fusiles y ametralladoras.

Medicina Legal confirmó que hasta el momento han sido identificados nueve de los diez cuerpos recuperados después del bombardeo. De las personas identificadas, cuatro eran mujeres y cinco hombres, mientras que tres de las víctimas eran menores de edad. Los restos fueron trasladados a instalaciones de Medicina Legal en Florencia, Caquetá, y Villavicencio, Meta, para adelantar los procedimientos de identificación y análisis forense. El décimo cuerpo permanece bajo estudio debido a las condiciones en las que fue encontrado.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió públicamente la decisión de realizar el operativo y sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores dentro de las estructuras armadas corresponde a los grupos ilegales que los reclutan. Desde el Gobierno también se rechazó el uso de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas, mientras el Ministerio de Defensa afirmó que el ataque fue ejecutado siguiendo los estándares legales establecidos para este tipo de operaciones aéreas.

Sin embargo, el caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de las operaciones militares cuando existe la posibilidad de que haya menores dentro de los objetivos atacados. La organización de derechos humanos Vivamos Humanos señaló que encontrar niños o adolescentes en un campamento de una estructura armada no significa, por sí solo, que exista una justificación automática para efectuar un bombardeo.

La organización recordó que las Fuerzas Militares tienen el deber de extremar las medidas de precaución cuando exista incertidumbre sobre la edad o la condición de las personas presentes en un objetivo militar. Según su pronunciamiento, en estos escenarios debe analizarse cuidadosamente la ventaja militar que se pretende obtener frente al riesgo de causar afectaciones a civiles, especialmente a menores de edad.

Vivamos Humanos también insistió en que, cuando hay indicios de presencia de niños, niñas o adolescentes, el Estado debe aplicar una “doble cautela” antes de ejecutar una acción de este tipo. Esto implica adoptar todas las medidas razonablemente posibles para evitar que los menores terminen convirtiéndose en víctimas de las operaciones militares.

La situación cobra especial relevancia porque este fue el segundo bombardeo autorizado por De la Espriella durante sus primeras tres semanas en la Presidencia. El operativo en Guaviare deja así un nuevo escenario de discusión sobre la estrategia de seguridad del actual Gobierno, particularmente frente al uso de ataques aéreos contra grupos armados que mantienen dentro de sus filas a menores de edad.

Mientras avanzan los procedimientos de identificación del último cuerpo, las autoridades continúan sosteniendo que la operación estuvo dirigida contra integrantes de una estructura armada ilegal. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos reclaman que la presencia de menores en estos escenarios obliga a extremar las precauciones y a evaluar con especial rigurosidad las consecuencias humanitarias de cada decisión militar.

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