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Nuevo Código de Tránsito en Colombia plantea cambios en multas, fotomultas y licencias

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🚗⚠️ El Gobierno nacional avanza en la construcción de una reforma al Código Nacional de Tránsito que podría modificar varias de las obligaciones y costos que actualmente enfrentan los conductores en Colombia. La propuesta contempla revisar el valor de las multas, el funcionamiento de las fotomultas, los cobros del RUNT y el SIMIT, las licencias de conducción, las revisiones técnico-mecánicas y los costos relacionados con patios y grúas. 🛣️📋

La iniciativa fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó al Ministerio de Transporte comenzar la elaboración de un nuevo Código Nacional de Tránsito. La actual normativa está contenida principalmente en la Ley 769 de 2002 y, después de más de dos décadas de modificaciones, el Gobierno plantea una actualización integral de las reglas que regulan la movilidad en el país.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que ya se trabaja en el borrador de la reforma. El objetivo, según ha explicado el Gobierno, es buscar un equilibrio entre la seguridad vial y la capacidad económica de los ciudadanos, evitando que las sanciones y los trámites se conviertan en cargas excesivas para quienes utilizan vehículos y motocicletas.

Uno de los asuntos que más atención ha generado es el posible ajuste en el valor de las multas. La propuesta del Gobierno contempla que algunas sanciones puedan reducirse hasta en un 50 %, bajo la idea de establecer castigos que sean proporcionales a la infracción cometida y que cumplan una función pedagógica sin representar una carga económica desmedida para los conductores.

Sin embargo, esta reducción todavía no está aprobada ni significa que las multas hayan bajado. Se trata de una propuesta que deberá avanzar en el proceso correspondiente y cuyo contenido podría cambiar durante la discusión del proyecto.

También se revisarían las fotomultas

Otro de los componentes que estaría bajo revisión es el sistema de fotodetección. El Gobierno busca modificar las condiciones bajo las cuales funcionan las cámaras utilizadas para detectar infracciones y plantea que estos mecanismos tengan como prioridad la prevención de accidentes y la protección de los usuarios de las vías, y no convertirse simplemente en herramientas de recaudo.

La discusión sobre las fotomultas ha generado durante años cuestionamientos de conductores y autoridades locales, especialmente por los casos en los que las cámaras son percibidas como mecanismos destinados principalmente a generar comparendos.

La reforma pretende revisar estas condiciones y establecer reglas que permitan diferenciar claramente las herramientas destinadas a mejorar la seguridad vial de aquellas que puedan terminar utilizándose principalmente para obtener ingresos.

RUNT y SIMIT también entrarían en la reforma

Los sistemas RUNT y SIMIT también serían objeto de una revisión. La propuesta busca analizar los cobros asociados a estos sistemas y determinar si existen tarifas duplicadas o procedimientos que puedan simplificarse.

El Gobierno plantea reducir o eliminar algunos costos que considera innecesarios y facilitar los trámites que deben realizar los ciudadanos. No obstante, por ahora las tarifas actuales continúan vigentes, debido a que la reforma apenas se encuentra en etapa de elaboración.

La intención es que los conductores puedan realizar procedimientos relacionados con sus vehículos de una manera más sencilla y con menores costos, especialmente cuando se trate de trámites que actualmente implican varios pagos o pasos administrativos.

Cambios en las licencias de conducción

La vigencia y el costo de las licencias de conducción también podrían cambiar. Dentro de las propuestas se encuentra ampliar el periodo de validez de estos documentos a ocho o diez años, además de revisar algunos de los cobros que actualmente deben asumir los ciudadanos para obtenerlos o renovarlos.

El Gobierno también estudia la posibilidad de eliminar determinados requisitos que considera excesivos y reducir la cantidad de trámites que deben realizar los conductores.

Sin embargo, nuevamente se trata de una propuesta y no de una modificación que ya pueda aplicarse. Cualquier cambio definitivo dependerá del contenido final de la reforma y del procedimiento legislativo correspondiente.

Cursos para obtener descuentos tendrían menor costo

Otro punto planteado por el Gobierno está relacionado con los cursos pedagógicos que permiten acceder a descuentos en determinadas multas de tránsito.

La propuesta contempla reducir en aproximadamente 25 % el costo de estos cursos y permitir que las propias autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente. La intención sería facilitar el acceso a este mecanismo para los ciudadanos que quieran cumplir con el requisito y obtener los beneficios establecidos por la normativa.

Además, se estudia modificar algunos de los requisitos actuales para la operación de los Centros Integrales de Atención, con el propósito de reducir trámites y facilitar el funcionamiento de estos servicios.

Revisión técnico-mecánica también tendría modificaciones

La reforma también pondría bajo análisis la periodicidad y los costos de la revisión técnico-mecánica.

Este punto resulta especialmente relevante para los propietarios de vehículos nuevos, debido a los cambios recientes en los tiempos establecidos para realizar esta revisión. El Gobierno busca evaluar si las condiciones actuales son adecuadas y si existen oportunidades para reducir costos sin afectar los controles necesarios para garantizar que los automotores circulen en condiciones seguras.

La discusión tendrá que encontrar un equilibrio entre disminuir las cargas económicas y mantener los controles técnicos que permiten detectar vehículos con problemas mecánicos que puedan representar un riesgo para conductores, pasajeros y peatones.

Patios y grúas, otro de los cobros bajo la lupa

Los costos relacionados con los servicios de grúa y los patios también hacen parte de la revisión anunciada por el Gobierno.

Uno de los cuestionamientos planteados por la administración nacional tiene que ver con la acumulación de diferentes cobros cuando un vehículo es inmovilizado. Una persona puede terminar enfrentando simultáneamente una multa, intereses, costos de grúa y tarifas por permanencia en patios, haciendo que una infracción termine convirtiéndose en una deuda considerable.

Por ello, la propuesta busca revisar la estructura de estos cobros y establecer mecanismos que permitan evitar lo que el Gobierno considera sobrecostos o situaciones desproporcionadas para los ciudadanos.

Seguridad vial seguirá siendo un punto de discusión

Aunque uno de los principales argumentos de la reforma es reducir los costos para los conductores, especialistas han advertido que cualquier modificación al Código de Tránsito debe mantener como prioridad la protección de la vida en las vías.

Expertos han señalado que reducir sanciones o modificar herramientas de control no debería terminar debilitando las medidas que ayudan a prevenir accidentes. La discusión, por tanto, no solamente estará relacionada con cuánto pagan los conductores, sino con la efectividad de las normas para reducir la siniestralidad vial.

El Ministerio de Transporte ha planteado precisamente que la reforma debe combinar la reducción de cargas y trámites con medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de todos los actores viales.

Los cambios todavía no están vigentes

Uno de los puntos más importantes para los conductores es que las modificaciones anunciadas todavía no han entrado en vigor.

El Gobierno apenas está construyendo el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. Una vez esté listo, las modificaciones que requieran cambios legales deberán seguir el trámite correspondiente ante el Congreso de la República.

Por esta razón, las multas, tarifas del RUNT y SIMIT, costos de licencias, revisión técnico-mecánica y demás obligaciones continúan funcionando bajo las normas actualmente vigentes.

El proceso que apenas comienza podría convertirse en una de las principales reformas al sistema de tránsito colombiano en los últimos años. La propuesta busca reducir costos y trámites para los ciudadanos, pero al mismo tiempo tendrá que superar el debate sobre cómo garantizar que esas modificaciones no terminen afectando la seguridad vial.

Mientras el Ministerio de Transporte prepara el proyecto, millones de conductores estarán atentos a las decisiones que se adopten sobre las multas, las fotomultas, las licencias, los trámites y los costos que actualmente hacen parte de la vida cotidiana de quienes circulan por las carreteras y ciudades del país.

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Presto entra en liquidación judicial y busca comprador para evitar el cierre de sus restaurantes

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🚨 La reconocida cadena colombiana de hamburguesas Presto atraviesa una nueva crisis financiera que llevó a la apertura de un proceso de liquidación judicial. La decisión afecta a Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa responsable de la operación de la marca en el país, luego de que incumpliera los compromisos establecidos en su acuerdo de reorganización empresarial. Sin embargo, el objetivo de la liquidadora es encontrar un comprador que permita mantener los restaurantes en funcionamiento.

La determinación quedó en firme el 13 de octubre de 2026, después de que la compañía solicitara formalmente la liquidación el 30 de septiembre. La Superintendencia de Sociedades ordenó terminar el proceso de reorganización y dar paso a la liquidación, al identificar dificultades que comprometían la continuidad de la empresa como negocio en marcha.

Entre los principales problemas financieros se encuentran la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de los gastos administrativos. Estas dificultades impidieron que la compañía cumpliera adecuadamente sus obligaciones, pese a los esfuerzos anteriores por reorganizar sus deudas y recuperar la estabilidad económica.

La situación representa un retroceso frente al proceso iniciado en julio de 2023, cuando Presto acudió a la reorganización empresarial para negociar sus compromisos con los acreedores y evitar llegar a una liquidación. En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había confirmado un acuerdo que contemplaba la reorganización de pasivos por aproximadamente 31.000 millones de pesos, con un plazo de pago de seis años.

Pese a ese acuerdo, la empresa no logró sostener las condiciones financieras necesarias para continuar con el plan. El incumplimiento de obligaciones posteriores a su aprobación terminó por llevar a la compañía a solicitar la apertura del nuevo proceso judicial.

Buscan comprador para preservar la marca

La liquidación no implica necesariamente que todos los restaurantes deban cerrar de inmediato. Mónica Macías, designada como liquidadora por la Superintendencia de Sociedades, busca un comprador interesado en adquirir la empresa y mantener su operación. La intención es conservar el valor comercial de la marca, proteger los establecimientos y reducir el impacto sobre los trabajadores.

De acuerdo con la información divulgada por medios económicos, los puntos de venta continuarán atendiendo hasta nueva orden mientras se adelantan las gestiones para encontrar una salida viable. No obstante, la continuidad de la cadena dependerá de los resultados del proceso y de que se concrete una negociación que permita preservar el negocio.

Cuando se aprobó el acuerdo de reorganización en abril, la compañía reportaba el propósito de proteger 694 empleos directos y mantener el funcionamiento de 180 puntos de venta en el territorio nacional. Estas cifras corresponden a esa etapa del proceso y no necesariamente reflejan la situación actual de la empresa.

Un nuevo desafío para la cadena de hamburguesas

Presto es una de las marcas tradicionales del mercado colombiano de comidas rápidas y durante años ha competido en el segmento de las hamburguesas con otras cadenas nacionales e internacionales. La crisis actual evidencia las dificultades que enfrenta la compañía para sostener sus operaciones y atender sus compromisos financieros.

Ahora, la búsqueda de un inversionista o comprador será determinante para definir el futuro de la marca. Mientras avanza la liquidación judicial, la prioridad anunciada es conservar la operación durante el proceso y evitar que la crisis termine con el cierre definitivo de sus restaurantes.

Por el momento, no se ha confirmado la venta de la compañía ni la identidad de un eventual comprador. El desenlace dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso de liquidación y de las posibilidades de mantener la actividad comercial bajo una nueva propiedad.

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Medellín interviene 15 soterrados para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias

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🚨 La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales de la ciudad, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y evitar emergencias durante la temporada de lluvias. La estrategia contempla trabajos sobre cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial, con labores de limpieza, inspección y mantenimiento de los sistemas de drenaje.

De acuerdo con la Administración Distrital, cinco de los puntos priorizados ya fueron intervenidos, mientras continúan los trabajos en los demás corredores. Las jornadas se realizan durante la noche para disminuir las afectaciones al tránsito vehicular y permitir que las cuadrillas avancen sin generar mayores dificultades para quienes se movilizan por la ciudad.

Los primeros trabajos se desarrollaron en el soterrado de Villanueva, en ambos sentidos, así como en los de La Alpujarra, Los Músicos y Suramericana. Estos espacios son considerados estratégicos para la movilidad urbana y requieren mantenimiento periódico, especialmente cuando aumentan las precipitaciones.

Las intervenciones incluyen la revisión y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, estructuras encargadas de recoger y conducir el agua lluvia. También se adelanta la recolección de residuos sólidos, el barrido manual y mecánico de las superficies y el mantenimiento de los sistemas de iluminación.

El propósito es evitar que la acumulación de basura, sedimentos y otros materiales impida el flujo adecuado del agua. Cuando los drenajes presentan obstrucciones, las lluvias intensas pueden generar acumulaciones en las vías, dificultar el tránsito y aumentar los riesgos para conductores, motociclistas y peatones.

Según explicó Mario Ramírez, subsecretario de Gestión Ambiental de Medellín, las jornadas actuales se extenderán hasta el 4 de noviembre. El funcionario destacó la importancia de realizar estas labores en horario nocturno para avanzar en el mantenimiento sin ocasionar mayores contratiempos en la movilidad.

El plan hace parte de las acciones de prevención del riesgo y adaptación al cambio climático que adelanta la ciudad. Las intervenciones tienen una periodicidad trimestral y se coordinan a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato, vinculado al Sistema de Gestión Ambiental de Medellín.

En las labores participan Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emvarias, las secretarías distritales de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, además de la Policía Nacional. La coordinación entre estas entidades busca mejorar las condiciones de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura.

La Alcaldía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar papeles, vasos plásticos y otros residuos a las calles. Estos elementos pueden terminar en los sistemas de drenaje y provocar taponamientos, por lo que la disposición adecuada de las basuras es fundamental para complementar las acciones institucionales.

Con la intervención progresiva de los 15 soterrados, Medellín busca prepararse ante nuevos episodios de lluvias y disminuir las posibilidades de emergencias en corredores viales estratégicos. Las autoridades reiteraron que el mantenimiento preventivo y la colaboración ciudadana son necesarios para proteger la infraestructura y mantener la movilidad en condiciones seguras.

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Ejército encuentra depósito ilegal del ELN con explosivos y municiones en Hato Corozal

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🚨 Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal de material de guerra que, según las autoridades, pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hallazgo se produjo en zona rural de Hato Corozal, al norte de Casanare, durante operaciones militares dirigidas a contrarrestar la presencia y las acciones de grupos armados organizados en el departamento.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante el procedimiento los uniformados encontraron 15 barras de Indugel, un explosivo de uso industrial que representa un riesgo cuando es almacenado o manipulado de manera inadecuada. Su presencia en un depósito clandestino encendió las alertas por las posibles consecuencias que este material podría tener para la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura de la región.

Además de los explosivos, en el lugar fueron hallados 30 cartuchos de calibre 7,62 milímetros, elementos de intendencia y equipos que, según el reporte oficial, estarían relacionados con las capacidades logísticas de la estructura armada ilegal.

Entre los materiales encontrados también había un radio de comunicaciones marca Motorola, dos cargadores para radio, un equipo de sonido y aproximadamente 20 metros de guaya acerada. Estos elementos quedaron registrados dentro del balance de la operación militar adelantada en el municipio casanareño.

El Ejército señaló que la ubicación del depósito constituye un resultado importante para las labores de control territorial, pues permite retirar de circulación material que podría ser utilizado en actividades ilícitas. No obstante, la información divulgada no detalla públicamente las circunstancias exactas en las que se almacenaban los elementos ni identifica a personas capturadas durante el procedimiento.

Las autoridades también advirtieron sobre el peligro que representa la presencia de explosivos en zonas rurales, especialmente por el riesgo de manipulación accidental y la posibilidad de que sean empleados en acciones contra la población o los integrantes de la Fuerza Pública.

La operación fue desarrollada por tropas del Grupo de Caballería Montado N.° 16 Guías de Casanare, unidad adscrita a la Décima Sexta Brigada. La institución militar indicó que continuará adelantando acciones para detectar depósitos clandestinos y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que operan en el departamento.

Con este resultado, el Ejército reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades de Casanare e hizo énfasis en la importancia de prevenir el uso ilegal de explosivos. La presencia de este tipo de materiales mantiene la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en Hato Corozal y otros sectores rurales de la región.

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