🚨⚖️ La Fiscalía General de la Nación ordenó reactivar las órdenes de captura contra 46 integrantes de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, y José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. La decisión se produce después de que el Gobierno nacional diera por terminadas las mesas de diálogo con estas organizaciones y retirara los reconocimientos que les permitían participar como voceros en los procesos de paz. 🇨🇴🛡️

La determinación fue adoptada mediante la Resolución 0-0263, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. El documento establece que las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante los acercamientos con las estructuras armadas vuelven a tener vigencia.

En total, la medida cobija a 46 personas pertenecientes a tres organizaciones: el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cambio de política del nuevo Gobierno frente a las negociaciones de la denominada Paz Total. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de varias mesas de conversación al considerar que las organizaciones armadas no demostraron una voluntad suficiente de abandonar las actividades criminales y avanzar hacia una verdadera desmovilización.

Con el fin de las negociaciones, desapareció también el contexto jurídico que había permitido suspender temporalmente algunas órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras.

Calarcá vuelve a quedar bajo orden de captura

Uno de los nombres más relevantes de la lista es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, señalado como uno de los principales líderes del Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La orden de captura contra el jefe disidente había sido objeto de una amplia controversia durante los últimos meses. La Fiscalía había advertido previamente que la suspensión de esta medida judicial estaba condicionada a que Calarcá cumpliera con los compromisos derivados de su participación en los diálogos y no incurriera en nuevas acciones delictivas.

La Ley 2272 de 2022 contempla la posibilidad de suspender órdenes de captura en determinados procesos de diálogo, pero este beneficio está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas. La Fiscalía había sostenido que, si estas condiciones dejaban de cumplirse, las órdenes podían ser reactivadas.

Ahora, con la terminación oficial de las conversaciones, la situación jurídica de Calarcá cambia nuevamente y las autoridades pueden proceder a ejecutar la orden de captura que había permanecido suspendida.

Walter Mendoza también está en la lista

Otro de los dirigentes incluidos en la resolución es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien había participado como representante de una estructura armada dentro de los procesos de negociación con el Estado.

Su inclusión significa que también queda nuevamente expuesto a una eventual captura por parte de las autoridades, luego de que durante el periodo de conversaciones contara con las condiciones especiales derivadas de su reconocimiento como gestor o vocero de paz.

La medida también alcanza a otros integrantes de las organizaciones que habían recibido un tratamiento judicial especial mientras permanecían vinculados a los procesos de diálogo.

Una decisión que cambia el escenario de la Paz Total

La reactivación de las órdenes de captura representa un giro significativo frente a la política implementada durante el Gobierno anterior. La administración de Gustavo Petro había utilizado la suspensión de órdenes judiciales como uno de los mecanismos para facilitar la participación de representantes de grupos armados en las mesas de negociación.

Sin embargo, el nuevo Gobierno decidió cerrar tres procesos de diálogo y retirar los reconocimientos otorgados a sus integrantes. Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La decisión también se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra integrantes de organizaciones armadas, entre ellas la autorización de extradiciones de varios cabecillas que anteriormente habían tenido sus procesos suspendidos debido a su participación en las negociaciones.

De esta manera, el Gobierno busca regresar a una estrategia centrada en la persecución judicial y militar de las organizaciones que continúen desarrollando actividades ilegales.

La Fiscalía había advertido sobre el incumplimiento

El caso de Calarcá ya había generado tensión entre la Fiscalía y el Gobierno nacional antes de que se produjera la decisión definitiva.

En marzo de este año, la fiscal general había anunciado que se realizaría una evaluación jurídica para establecer si existían razones suficientes para reactivar la orden de captura contra el jefe disidente. La discusión estaba relacionada con los hechos violentos atribuidos a integrantes de su estructura y con el cumplimiento de las condiciones que permitieron suspender la medida judicial.

La Fiscalía incluso había presentado argumentos relacionados con varios hechos violentos para sustentar que la estructura de Calarcá podría haber incumplido las condiciones que le permitían mantenerse dentro del proceso de paz.

Entre los casos analizados se encontraban investigaciones por homicidios, ataques contra la Fuerza Pública y otros hechos ocurridos en diferentes regiones del país.

Durante ese periodo, la decisión sobre las órdenes de captura fue objeto de conversaciones entre el ente acusador y representantes del Gobierno. En abril, la Fiscalía había mantenido suspendidas las órdenes mientras continuaban las discusiones institucionales sobre el futuro de los diálogos.

Un nuevo escenario para los grupos armados

Con la decisión conocida este martes, las 46 personas incluidas en la resolución dejan de contar con la protección jurídica derivada de la suspensión de las órdenes de captura.

Esto significa que las autoridades podrán ejecutar las medidas judiciales correspondientes cuando logren ubicar a los integrantes de estas organizaciones que permanezcan en territorio nacional y que estén cobijados por órdenes vigentes.

La situación también podría tener repercusiones sobre las estructuras armadas que habían participado en las conversaciones, pues sus integrantes deberán enfrentar nuevamente las actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas.

El Gobierno ha insistido en que el cierre de las mesas responde a la falta de resultados concretos y a la continuidad de actividades criminales por parte de las organizaciones. La decisión marca una diferencia clara frente al enfoque de negociación utilizado anteriormente.

El Gobierno endurece su estrategia de seguridad

La reactivación de estas órdenes de captura ocurre en medio de un endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha ordenado operaciones militares contra diferentes grupos armados, incluidos bombardeos contra estructuras de las disidencias de las FARC y acciones contra organizaciones que mantienen presencia en zonas como Catatumbo y Guaviare.

A esto se suma la autorización de extradiciones de varios cabecillas de organizaciones criminales, lo que evidencia un cambio de rumbo frente a la política de negociación que caracterizó al Gobierno anterior.

La Fiscalía, por su parte, retoma ahora las actuaciones judiciales contra los 46 integrantes incluidos en la resolución.

La decisión deja así un nuevo panorama para la seguridad y la política de paz en Colombia: mientras el Gobierno apuesta por desactivar las estructuras armadas mediante acciones militares, judiciales y de extradición, los antiguos voceros de las mesas de diálogo vuelven a estar bajo el alcance de las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante las negociaciones.

🚗⚠️ El Gobierno nacional avanza en la construcción de una reforma al Código Nacional de Tránsito que podría modificar varias de las obligaciones y costos que actualmente enfrentan los conductores en Colombia. La propuesta contempla revisar el valor de las multas, el funcionamiento de las fotomultas, los cobros del RUNT y el SIMIT, las licencias de conducción, las revisiones técnico-mecánicas y los costos relacionados con patios y grúas. 🛣️📋

La iniciativa fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó al Ministerio de Transporte comenzar la elaboración de un nuevo Código Nacional de Tránsito. La actual normativa está contenida principalmente en la Ley 769 de 2002 y, después de más de dos décadas de modificaciones, el Gobierno plantea una actualización integral de las reglas que regulan la movilidad en el país.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que ya se trabaja en el borrador de la reforma. El objetivo, según ha explicado el Gobierno, es buscar un equilibrio entre la seguridad vial y la capacidad económica de los ciudadanos, evitando que las sanciones y los trámites se conviertan en cargas excesivas para quienes utilizan vehículos y motocicletas.

Uno de los asuntos que más atención ha generado es el posible ajuste en el valor de las multas. La propuesta del Gobierno contempla que algunas sanciones puedan reducirse hasta en un 50 %, bajo la idea de establecer castigos que sean proporcionales a la infracción cometida y que cumplan una función pedagógica sin representar una carga económica desmedida para los conductores.

Sin embargo, esta reducción todavía no está aprobada ni significa que las multas hayan bajado. Se trata de una propuesta que deberá avanzar en el proceso correspondiente y cuyo contenido podría cambiar durante la discusión del proyecto.

También se revisarían las fotomultas

Otro de los componentes que estaría bajo revisión es el sistema de fotodetección. El Gobierno busca modificar las condiciones bajo las cuales funcionan las cámaras utilizadas para detectar infracciones y plantea que estos mecanismos tengan como prioridad la prevención de accidentes y la protección de los usuarios de las vías, y no convertirse simplemente en herramientas de recaudo.

La discusión sobre las fotomultas ha generado durante años cuestionamientos de conductores y autoridades locales, especialmente por los casos en los que las cámaras son percibidas como mecanismos destinados principalmente a generar comparendos.

La reforma pretende revisar estas condiciones y establecer reglas que permitan diferenciar claramente las herramientas destinadas a mejorar la seguridad vial de aquellas que puedan terminar utilizándose principalmente para obtener ingresos.

RUNT y SIMIT también entrarían en la reforma

Los sistemas RUNT y SIMIT también serían objeto de una revisión. La propuesta busca analizar los cobros asociados a estos sistemas y determinar si existen tarifas duplicadas o procedimientos que puedan simplificarse.

El Gobierno plantea reducir o eliminar algunos costos que considera innecesarios y facilitar los trámites que deben realizar los ciudadanos. No obstante, por ahora las tarifas actuales continúan vigentes, debido a que la reforma apenas se encuentra en etapa de elaboración.

La intención es que los conductores puedan realizar procedimientos relacionados con sus vehículos de una manera más sencilla y con menores costos, especialmente cuando se trate de trámites que actualmente implican varios pagos o pasos administrativos.

Cambios en las licencias de conducción

La vigencia y el costo de las licencias de conducción también podrían cambiar. Dentro de las propuestas se encuentra ampliar el periodo de validez de estos documentos a ocho o diez años, además de revisar algunos de los cobros que actualmente deben asumir los ciudadanos para obtenerlos o renovarlos.

El Gobierno también estudia la posibilidad de eliminar determinados requisitos que considera excesivos y reducir la cantidad de trámites que deben realizar los conductores.

Sin embargo, nuevamente se trata de una propuesta y no de una modificación que ya pueda aplicarse. Cualquier cambio definitivo dependerá del contenido final de la reforma y del procedimiento legislativo correspondiente.

Cursos para obtener descuentos tendrían menor costo

Otro punto planteado por el Gobierno está relacionado con los cursos pedagógicos que permiten acceder a descuentos en determinadas multas de tránsito.

La propuesta contempla reducir en aproximadamente 25 % el costo de estos cursos y permitir que las propias autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente. La intención sería facilitar el acceso a este mecanismo para los ciudadanos que quieran cumplir con el requisito y obtener los beneficios establecidos por la normativa.

Además, se estudia modificar algunos de los requisitos actuales para la operación de los Centros Integrales de Atención, con el propósito de reducir trámites y facilitar el funcionamiento de estos servicios.

Revisión técnico-mecánica también tendría modificaciones

La reforma también pondría bajo análisis la periodicidad y los costos de la revisión técnico-mecánica.

Este punto resulta especialmente relevante para los propietarios de vehículos nuevos, debido a los cambios recientes en los tiempos establecidos para realizar esta revisión. El Gobierno busca evaluar si las condiciones actuales son adecuadas y si existen oportunidades para reducir costos sin afectar los controles necesarios para garantizar que los automotores circulen en condiciones seguras.

La discusión tendrá que encontrar un equilibrio entre disminuir las cargas económicas y mantener los controles técnicos que permiten detectar vehículos con problemas mecánicos que puedan representar un riesgo para conductores, pasajeros y peatones.

Patios y grúas, otro de los cobros bajo la lupa

Los costos relacionados con los servicios de grúa y los patios también hacen parte de la revisión anunciada por el Gobierno.

Uno de los cuestionamientos planteados por la administración nacional tiene que ver con la acumulación de diferentes cobros cuando un vehículo es inmovilizado. Una persona puede terminar enfrentando simultáneamente una multa, intereses, costos de grúa y tarifas por permanencia en patios, haciendo que una infracción termine convirtiéndose en una deuda considerable.

Por ello, la propuesta busca revisar la estructura de estos cobros y establecer mecanismos que permitan evitar lo que el Gobierno considera sobrecostos o situaciones desproporcionadas para los ciudadanos.

Seguridad vial seguirá siendo un punto de discusión

Aunque uno de los principales argumentos de la reforma es reducir los costos para los conductores, especialistas han advertido que cualquier modificación al Código de Tránsito debe mantener como prioridad la protección de la vida en las vías.

Expertos han señalado que reducir sanciones o modificar herramientas de control no debería terminar debilitando las medidas que ayudan a prevenir accidentes. La discusión, por tanto, no solamente estará relacionada con cuánto pagan los conductores, sino con la efectividad de las normas para reducir la siniestralidad vial.

El Ministerio de Transporte ha planteado precisamente que la reforma debe combinar la reducción de cargas y trámites con medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de todos los actores viales.

Los cambios todavía no están vigentes

Uno de los puntos más importantes para los conductores es que las modificaciones anunciadas todavía no han entrado en vigor.

El Gobierno apenas está construyendo el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. Una vez esté listo, las modificaciones que requieran cambios legales deberán seguir el trámite correspondiente ante el Congreso de la República.

Por esta razón, las multas, tarifas del RUNT y SIMIT, costos de licencias, revisión técnico-mecánica y demás obligaciones continúan funcionando bajo las normas actualmente vigentes.

El proceso que apenas comienza podría convertirse en una de las principales reformas al sistema de tránsito colombiano en los últimos años. La propuesta busca reducir costos y trámites para los ciudadanos, pero al mismo tiempo tendrá que superar el debate sobre cómo garantizar que esas modificaciones no terminen afectando la seguridad vial.

Mientras el Ministerio de Transporte prepara el proyecto, millones de conductores estarán atentos a las decisiones que se adopten sobre las multas, las fotomultas, las licencias, los trámites y los costos que actualmente hacen parte de la vida cotidiana de quienes circulan por las carreteras y ciudades del país.

⚽🚨 Millonarios atraviesa un nuevo movimiento inesperado en medio de la Liga BetPlay 2026-II: Fabián Bustos dejó de ser el director técnico del conjunto capitalino, apenas unos meses después de asumir el cargo. La decisión se conoció este martes 1 de septiembre, justo un día antes del clásico bogotano contra Independiente Santa Fe y después del empate sin goles frente a Internacional de Bogotá. 🔵🏟️

La salida del entrenador argentino se produce cuando Millonarios todavía tiene compromisos importantes por delante y se encuentra dentro del grupo de los ocho primeros del campeonato. Sin embargo, los resultados recientes y, especialmente, el funcionamiento del equipo habían generado cuestionamientos entre los aficionados y aumentado la presión alrededor del cuerpo técnico.

Bustos había llegado al cuadro embajador a comienzos de febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres. El club lo había contratado por un año y depositó en él la responsabilidad de encabezar un nuevo proyecto deportivo.

Durante su etapa en Bogotá, el entrenador consiguió algunos resultados importantes. Entre ellos estuvo la clasificación de Millonarios a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, después de superar a Atlético Nacional. Sin embargo, el equipo posteriormente quedó eliminado del torneo internacional frente a O’Higgins de Chile, resultado que terminó aumentando las dudas sobre el proceso.

En el campeonato colombiano, la situación tampoco terminó de convencer. Millonarios ocupa actualmente una posición dentro de los ocho primeros, pero el rendimiento mostrado en varios encuentros no ha generado satisfacción entre los seguidores. El más reciente compromiso terminó 0-0 contra Internacional de Bogotá en El Campín, un resultado que volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento ofensivo del equipo.

La salida se produce además en un momento especialmente particular, pues Millonarios debía enfrentarse a Santa Fe en el clásico capitalino apenas un día después de conocerse la decisión. El partido adquiere ahora una importancia adicional, ya que el equipo deberá afrontar el encuentro sin su entrenador habitual y con la necesidad de reorganizar rápidamente el cuerpo técnico.

Las razones detrás de la salida de Bustos

Aunque inicialmente la noticia comenzó a circular como una versión periodística, diferentes medios y periodistas deportivos confirmaron posteriormente que Bustos no continuaría al frente de Millonarios. Las informaciones conocidas apuntan a una combinación de factores deportivos e internos que terminaron acelerando la salida.

Entre las razones mencionadas aparecen diferencias entre el entrenador y la dirección deportiva del club. También habría influido el proceso de venta en el que se encuentra Millonarios y la necesidad de la institución de tomar decisiones sobre el rumbo del proyecto deportivo.

Otro elemento señalado fue el estilo de juego del equipo. Aunque los resultados permitían que Millonarios permaneciera en la pelea dentro de la Liga, una parte de la afición consideraba que el fútbol mostrado por el conjunto azul no correspondía con las expectativas generadas alrededor del proyecto.

Según versiones divulgadas este martes, las discusiones entre Bustos y la dirección deportiva, sumadas a las diferencias alrededor de la propuesta futbolística, terminaron pesando en la determinación de separar al argentino de su cargo.

Un cambio inesperado en plena competencia

La decisión sorprende por el momento en que se produce. Millonarios apenas está avanzando en el segundo semestre de la temporada y todavía tiene posibilidades de pelear por objetivos importantes, entre ellos la clasificación a torneos internacionales y la Copa Colombia.

El conjunto azul también tiene pendiente una llave frente a Barranquilla FC correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia, por lo que la salida de Bustos obliga a la institución a buscar rápidamente una solución para afrontar los próximos compromisos.

La situación también genera incertidumbre sobre quién estará encargado de dirigir al equipo mientras la dirigencia define al reemplazo definitivo. Entre las versiones conocidas aparece el nombre del exjugador Omar Rodríguez como posible entrenador interino.

¿Quién podría reemplazarlo?

Tras confirmarse la salida de Bustos, comenzó inmediatamente la especulación sobre el próximo técnico de Millonarios. Uno de los nombres que ha aparecido en las primeras versiones es el de Alberto Gamero, quien ya tuvo una etapa exitosa al frente del conjunto embajador y actualmente se encuentra vinculado a Junior.

La posibilidad de su regreso habría sido mencionada entre los factores que rodearon la decisión sobre Bustos. Sin embargo, cualquier eventual negociación dependerá de la situación contractual y deportiva de Gamero, además de las determinaciones que adopte la dirigencia de Millonarios.

Por ahora, el club deberá resolver de manera inmediata quién asumirá la conducción del equipo en los próximos partidos. La prioridad será afrontar el clásico contra Santa Fe y mantener al conjunto dentro de la pelea por la clasificación.

La salida de Fabián Bustos pone así punto final a una etapa de aproximadamente siete meses al frente de Millonarios. El argentino llegó con expectativas importantes, logró algunos objetivos durante su paso por Bogotá, pero finalmente dejó el cargo en medio de cuestionamientos por el rendimiento y el estilo de juego.

Ahora la responsabilidad recae sobre la dirigencia azul, que tendrá que encontrar rápidamente un nuevo entrenador capaz de asumir un equipo que continúa en competencia y que todavía tiene varios objetivos por disputar durante lo que queda de la temporada 2026.