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Fiscalía reactiva órdenes de captura contra Calarcá, Walter Mendoza y otros 44 integrantes de grupos armados

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🚨⚖️ La Fiscalía General de la Nación ordenó reactivar las órdenes de captura contra 46 integrantes de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, y José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza. La decisión se produce después de que el Gobierno nacional diera por terminadas las mesas de diálogo con estas organizaciones y retirara los reconocimientos que les permitían participar como voceros en los procesos de paz. 🇨🇴🛡️

La determinación fue adoptada mediante la Resolución 0-0263, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. El documento establece que las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante los acercamientos con las estructuras armadas vuelven a tener vigencia.

En total, la medida cobija a 46 personas pertenecientes a tres organizaciones: el Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La decisión de la Fiscalía está directamente relacionada con el cambio de política del nuevo Gobierno frente a las negociaciones de la denominada Paz Total. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de varias mesas de conversación al considerar que las organizaciones armadas no demostraron una voluntad suficiente de abandonar las actividades criminales y avanzar hacia una verdadera desmovilización.

Con el fin de las negociaciones, desapareció también el contexto jurídico que había permitido suspender temporalmente algunas órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras.

Calarcá vuelve a quedar bajo orden de captura

Uno de los nombres más relevantes de la lista es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, señalado como uno de los principales líderes del Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La orden de captura contra el jefe disidente había sido objeto de una amplia controversia durante los últimos meses. La Fiscalía había advertido previamente que la suspensión de esta medida judicial estaba condicionada a que Calarcá cumpliera con los compromisos derivados de su participación en los diálogos y no incurriera en nuevas acciones delictivas.

La Ley 2272 de 2022 contempla la posibilidad de suspender órdenes de captura en determinados procesos de diálogo, pero este beneficio está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas. La Fiscalía había sostenido que, si estas condiciones dejaban de cumplirse, las órdenes podían ser reactivadas.

Ahora, con la terminación oficial de las conversaciones, la situación jurídica de Calarcá cambia nuevamente y las autoridades pueden proceder a ejecutar la orden de captura que había permanecido suspendida.

Walter Mendoza también está en la lista

Otro de los dirigentes incluidos en la resolución es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien había participado como representante de una estructura armada dentro de los procesos de negociación con el Estado.

Su inclusión significa que también queda nuevamente expuesto a una eventual captura por parte de las autoridades, luego de que durante el periodo de conversaciones contara con las condiciones especiales derivadas de su reconocimiento como gestor o vocero de paz.

La medida también alcanza a otros integrantes de las organizaciones que habían recibido un tratamiento judicial especial mientras permanecían vinculados a los procesos de diálogo.

Una decisión que cambia el escenario de la Paz Total

La reactivación de las órdenes de captura representa un giro significativo frente a la política implementada durante el Gobierno anterior. La administración de Gustavo Petro había utilizado la suspensión de órdenes judiciales como uno de los mecanismos para facilitar la participación de representantes de grupos armados en las mesas de negociación.

Sin embargo, el nuevo Gobierno decidió cerrar tres procesos de diálogo y retirar los reconocimientos otorgados a sus integrantes. Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La decisión también se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra integrantes de organizaciones armadas, entre ellas la autorización de extradiciones de varios cabecillas que anteriormente habían tenido sus procesos suspendidos debido a su participación en las negociaciones.

De esta manera, el Gobierno busca regresar a una estrategia centrada en la persecución judicial y militar de las organizaciones que continúen desarrollando actividades ilegales.

La Fiscalía había advertido sobre el incumplimiento

El caso de Calarcá ya había generado tensión entre la Fiscalía y el Gobierno nacional antes de que se produjera la decisión definitiva.

En marzo de este año, la fiscal general había anunciado que se realizaría una evaluación jurídica para establecer si existían razones suficientes para reactivar la orden de captura contra el jefe disidente. La discusión estaba relacionada con los hechos violentos atribuidos a integrantes de su estructura y con el cumplimiento de las condiciones que permitieron suspender la medida judicial.

La Fiscalía incluso había presentado argumentos relacionados con varios hechos violentos para sustentar que la estructura de Calarcá podría haber incumplido las condiciones que le permitían mantenerse dentro del proceso de paz.

Entre los casos analizados se encontraban investigaciones por homicidios, ataques contra la Fuerza Pública y otros hechos ocurridos en diferentes regiones del país.

Durante ese periodo, la decisión sobre las órdenes de captura fue objeto de conversaciones entre el ente acusador y representantes del Gobierno. En abril, la Fiscalía había mantenido suspendidas las órdenes mientras continuaban las discusiones institucionales sobre el futuro de los diálogos.

Un nuevo escenario para los grupos armados

Con la decisión conocida este martes, las 46 personas incluidas en la resolución dejan de contar con la protección jurídica derivada de la suspensión de las órdenes de captura.

Esto significa que las autoridades podrán ejecutar las medidas judiciales correspondientes cuando logren ubicar a los integrantes de estas organizaciones que permanezcan en territorio nacional y que estén cobijados por órdenes vigentes.

La situación también podría tener repercusiones sobre las estructuras armadas que habían participado en las conversaciones, pues sus integrantes deberán enfrentar nuevamente las actuaciones judiciales que habían quedado suspendidas.

El Gobierno ha insistido en que el cierre de las mesas responde a la falta de resultados concretos y a la continuidad de actividades criminales por parte de las organizaciones. La decisión marca una diferencia clara frente al enfoque de negociación utilizado anteriormente.

El Gobierno endurece su estrategia de seguridad

La reactivación de estas órdenes de captura ocurre en medio de un endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también ha ordenado operaciones militares contra diferentes grupos armados, incluidos bombardeos contra estructuras de las disidencias de las FARC y acciones contra organizaciones que mantienen presencia en zonas como Catatumbo y Guaviare.

A esto se suma la autorización de extradiciones de varios cabecillas de organizaciones criminales, lo que evidencia un cambio de rumbo frente a la política de negociación que caracterizó al Gobierno anterior.

La Fiscalía, por su parte, retoma ahora las actuaciones judiciales contra los 46 integrantes incluidos en la resolución.

La decisión deja así un nuevo panorama para la seguridad y la política de paz en Colombia: mientras el Gobierno apuesta por desactivar las estructuras armadas mediante acciones militares, judiciales y de extradición, los antiguos voceros de las mesas de diálogo vuelven a estar bajo el alcance de las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante las negociaciones.

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María Claudia Tarazona asegura que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay salió del Congreso: “Tenemos los nombres”

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María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que apuntaría a que la orden de asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República. Según su declaración, el material recibido incluye nombres propios y fotografías que actualmente deben ser examinados por las autoridades para determinar su autenticidad y relevancia dentro de la investigación. 🚨

En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona explicó que, antes del atentado contra el dirigente político, una persona les habría enviado una advertencia a través de su teléfono celular. De acuerdo con su relato, esa fuente señaló que Miguel Uribe Turbay y otros precandidatos presidenciales del Centro Democrático podrían ser blanco de ataques.

“La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”, afirmó Tarazona al referirse a la información que recibió. La viuda indicó que decidió poner esos datos en conocimiento de la Fiscalía mediante los procedimientos correspondientes y aseguró que espera que el grupo especializado encargado del caso logre verificar la información.

La mujer insistió en que el contenido entregado no debe asumirse como una conclusión definitiva, pues todavía está pendiente de corroboración. Según manifestó, los documentos y registros que recibió contienen referencias concretas a personas que podrían estar relacionadas con los hechos, aunque no presentó públicamente sus nombres ni las fotografías mencionadas.

Durante la entrevista, Tarazona también se refirió a la posibilidad de que el asesinato constituya un crimen de Estado. Explicó que, según la información que conoce, esa hipótesis hace parte de las líneas que espera que se examinen dentro de la investigación. Sin embargo, aclaró que corresponde a las autoridades establecer si existen pruebas suficientes para respaldarla.

La viuda cuestionó que las explicaciones sobre el magnicidio se limiten a señalar a la Segunda Marquetalia, grupo al que se ha relacionado con el crimen. En su opinión, la investigación debe avanzar hasta identificar a quienes habrían ordenado el ataque y establecer el origen de los recursos utilizados para ejecutarlo.

El caso también ha generado declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, quien ha responsabilizado públicamente al expresidente Gustavo Petro y ha pedido que se investigue su posible relación con los hechos. Estas afirmaciones constituyen señalamientos del familiar y no equivalen a una determinación judicial sobre la responsabilidad de Petro.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025, continúa bajo investigación para esclarecer quiénes participaron en la planeación y financiación del atentado, además de las personas que lo ejecutaron materialmente. Aunque las autoridades han avanzado en la identificación de algunos implicados, la determinación de los posibles autores intelectuales sigue siendo uno de los puntos centrales del caso.

Tarazona manifestó que espera que las pruebas técnicas, los registros y la información entregada permitan reconstruir el recorrido de la supuesta orden y establecer si existieron advertencias previas que no fueron atendidas. También insistió en la importancia de que el proceso avance con rigor y que las conclusiones estén respaldadas por evidencia verificable.

Por ahora, las afirmaciones sobre una posible orden proveniente del Congreso y el presunto origen venezolano del dinero deben entenderse como hipótesis comunicadas por Tarazona, cuya veracidad no ha sido establecida públicamente. La Fiscalía será la encargada de comprobar los datos, determinar si hay personas involucradas y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

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Más de 100 personas fueron atendidas por intoxicaciones durante el festival EDC en Medellín, que dejó dos fallecidos

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El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, terminó con un balance preocupante para las autoridades de salud: dos personas fallecieron después de presentar graves complicaciones médicas y 107 asistentes recibieron atención por intoxicaciones relacionadas con sustancias psicoactivas. Las circunstancias de ambos decesos continúan bajo investigación. 🚨

Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, informó que durante las dos jornadas se realizaron 193 atenciones médicas por diferentes situaciones. Siete personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales y dos de ellas murieron. Además de las intoxicaciones, los equipos de atención recibieron casos de ataques epilépticos asociados con los efectos de las luces de los escenarios y de complicaciones relacionadas con enfermedades preexistentes.

Una de las víctimas fue Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años, quien presentó dificultades respiratorias y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe durante la primera jornada del evento. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, falleció durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

Según los reportes médicos conocidos por El Colombiano, el joven ingresó en estado crítico y presentó un cuadro que sugería una posible intoxicación. Aunque inicialmente logró estabilizarse, posteriormente sufrió nuevas complicaciones metabólicas y respiratorias. Las autoridades manejan como hipótesis una posible sobredosis, pero la causa definitiva de su muerte deberá establecerse mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

La segunda víctima fue Ajay Bhatnagar, un médico de 51 años, de origen indio-británico, reconocido por su trayectoria como oncólogo y radioterapeuta en Estados Unidos. El profesional asistió a la segunda jornada del festival y comenzó a presentar problemas de salud durante el evento. Sus acompañantes lo llevaron a un punto de atención médica y posteriormente fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde murió el lunes festivo 12 de octubre.

En el caso de Bhatnagar, los reportes preliminares apuntaron a posibles complicaciones asociadas con el consumo de anfetaminas y bebidas alcohólicas. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento también deberán ser esclarecidas por las autoridades. Los dos casos están relacionados con emergencias médicas ocurridas durante el festival, pero las hipótesis iniciales no reemplazan los resultados definitivos de las investigaciones.

Tras la muerte del joven costarricense, su padre pidió que se esclarecieran los hechos y rechazó que se señalara a su hijo como una persona adicta. La familia espera conocer los resultados de los exámenes correspondientes para establecer qué provocó la emergencia médica que terminó con su vida.

El balance genera interrogantes sobre la prevención y la respuesta ante emergencias en eventos multitudinarios. De acuerdo con la información publicada, el dispositivo logístico del festival contó con 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de Espacio Público y 60 gestores operativos, distribuidos para apoyar la seguridad y el control en las zonas habilitadas.

La organización informó que el EDC reunió a 94.000 personas durante las dos jornadas, con aproximadamente 47.000 asistentes por día. Del total, unos 23.000 eran visitantes internacionales, mientras que más de 14.000 llegaron desde otras ciudades de Colombia. El evento también generó un impacto económico estimado en $110.000 millones, asociado a actividades como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud de Medellín hizo un llamado a priorizar el cuidado de la vida y mantener medidas de prevención durante este tipo de celebraciones. Las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de las dos muertes y en la evaluación de las emergencias registradas durante el festival, mientras los casos siguen bajo investigación.

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Henry Camargo regresó a Colombia desde Estados Unidos para continuar su tratamiento por una grave enfermedad pulmonar

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El exsoldado profesional Henry Camargo llegó a Colombia el 13 de octubre en un vuelo medicalizado procedente de Nueva York, Estados Unidos, luego de que el Gobierno nacional gestionara su repatriación debido a su delicado estado de salud. El exintegrante de las Fuerzas Militares necesita un trasplante de ambos pulmones y continuará su atención médica en el Hospital Militar Central de Bogotá. 🇨🇴

El traslado se realizó por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella y fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de Colombia en Nueva York. Para hacer posible la operación, se autorizó de manera excepcional el uso de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, destinado a brindar apoyo humanitario a colombianos en situaciones de especial vulnerabilidad.

La situación de Camargo se hizo conocida después de que difundiera un video desde Estados Unidos en el que solicitaba ayuda para regresar a su país y recibir el tratamiento que necesita. El exmilitar permanecía hospitalizado en el Hospital Elmhurst, en Queens, mientras enfrentaba las complicaciones de su enfermedad pulmonar y las dificultades para avanzar en el proceso de trasplante.

Camargo prestó servicio durante 22 años en el Ejército Nacional y, según sus propios relatos, resultó herido en tres ocasiones durante su trayectoria militar. Después de retirarse de la institución, viajó a Estados Unidos con la intención de buscar oportunidades laborales y apoyar económicamente a su familia. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando comenzó a experimentar problemas respiratorios que deterioraron progresivamente su salud.

De acuerdo con declaraciones que había entregado anteriormente a medios de comunicación, el exsoldado llevaba más de un año esperando una alternativa para el trasplante. Su situación migratoria en Estados Unidos habría dificultado la continuidad del procedimiento, por lo que regresar a Colombia se convirtió en una opción para continuar su atención médica.

Tras conocer su caso, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó activar las gestiones necesarias para facilitar el regreso. El mandatario se comunicó con Camargo y le manifestó su disposición de ayudarlo a regresar al país para que pudiera continuar con el tratamiento. La solicitud fue atendida por la Cancillería y el consulado, que mantuvieron contacto con el paciente y coordinaron las condiciones del traslado con el hospital estadounidense y las instituciones colombianas.

A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por personal del Hospital Militar Central, donde seguirá su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. La Cancillería indicó que el acompañamiento consular permitió organizar el retorno en condiciones adecuadas para sus necesidades clínicas.

Karen Camargo, hija del exmilitar, expresó su agradecimiento al Gobierno por las gestiones que hicieron posible el viaje. Señaló que la familia se siente feliz de tener nuevamente a su padre en Colombia y reconoció el apoyo recibido para facilitar su llegada al centro hospitalario.

Además de continuar su tratamiento, se espera que Henry pueda reencontrarse con su madre, Nora Guzmán, con quien había perdido contacto durante varios años. Para su familia, el regreso representa una oportunidad de acompañarlo de cerca mientras los especialistas evalúan los siguientes pasos de su atención.

Aunque la repatriación ya se concretó, el traslado no significa que el trasplante pulmonar se haya realizado. Camargo deberá continuar bajo valoración médica y cumplir las etapas necesarias para determinar las opciones de tratamiento. Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el tiempo estimado de recuperación ni sobre la fecha de un eventual procedimiento quirúrgico.

La Cancillería reiteró que continuará brindando asistencia consular a los colombianos en el exterior que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, dentro de sus competencias y de los recursos disponibles. La llegada de Camargo marca el cierre de las gestiones diplomáticas para su retorno y el inicio de una nueva etapa de atención médica en Colombia.

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