⚡ El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno retomará la firma de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas, incluido el fracking. El pronunciamiento se dio durante la posesión de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, en un acto realizado el viernes 25 de septiembre en Santa Marta.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que su administración reactivará plenamente las actividades de exploración y la suscripción de nuevos acuerdos para el sector de hidrocarburos. Según explicó, la estrategia busca fortalecer la soberanía energética del país y reducir la dependencia de las importaciones.

“Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking”, afirmó De la Espriella, quien sostuvo que estas actividades deberán desarrollarse bajo criterios de responsabilidad ambiental.

El jefe de Estado también cuestionó la política energética del Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, que limitó la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de su estrategia de transición hacia fuentes de energía más limpias.

De la Espriella defendió un cambio de rumbo para el sector y manifestó que la transición energética no debe traducirse en una mayor dependencia de combustibles importados. En ese sentido, planteó que el país debe recuperar su capacidad de exploración y producción de hidrocarburos.

Por su parte, Joaquín Gutiérrez, quien asumió la presidencia de Ecopetrol, señaló que comienza una nueva etapa para la compañía estatal. El directivo manifestó que uno de sus propósitos será impulsar el desarrollo de la empresa y generar beneficios para los colombianos.

La llegada de Gutiérrez a la dirección de la petrolera fue anunciada por la junta directiva el jueves 24 de septiembre. El empresario, administrador de empresas, no cuenta con experiencia previa en el sector de hidrocarburos y fue gerente de la campaña presidencial de De la Espriella.

El anuncio representa un giro en la orientación de la política energética nacional, especialmente frente a la exploración de nuevos yacimientos y la posibilidad de utilizar técnicas no convencionales como el fracking. La implementación de estas medidas y sus condiciones ambientales serán parte de los asuntos centrales para el futuro del sector.

🚁 El uso de drones requiere responsabilidad y el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar la seguridad aérea y proteger la vida de las personas. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los operadores de estas aeronaves para que verifiquen las condiciones de vuelo y respeten las zonas autorizadas antes de cada operación.

Antes de despegar, es fundamental conocer la normativa vigente, comprobar que el lugar donde se realizará el vuelo esté permitido y verificar las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Las autoridades advierten que el uso irresponsable de estos dispositivos puede acarrear sanciones administrativas, policivas e incluso penales, dependiendo de las circunstancias. Además, una operación inadecuada puede poner en riesgo a otras aeronaves, afectar la seguridad de las personas y generar situaciones de emergencia.

Por ello, se recomienda a quienes utilizan drones informarse sobre los requisitos y restricciones aplicables, así como actuar con precaución durante cada vuelo.

De igual manera, se invita a la ciudadanía a reportar ante las autoridades cualquier operación sospechosa o irregular que pueda representar un riesgo para la comunidad o la seguridad aérea.

El llamado es a volar de manera legal y responsable, entendiendo que cumplir las normas no solo evita sanciones, sino que también contribuye a proteger vidas y garantizar la seguridad de todos.

⚖️ Una denuncia penal contra Pedro José Castro Espinoza, señalado como el prestamista que habría entregado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla dentro del entramado investigado por el caso de la UNGRD, permanece en etapa de indagación en la Fiscalía, pese a que fue presentada hace varios meses por la defensa de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.

La denuncia fue radicada el 19 de mayo de 2026 por el abogado Juan Mauricio Camacho Fernández, representante de Ortiz, quien acusa a Castro de los delitos de falso testimonio y fraude procesal. La defensa sostiene que el empresario habría entregado información falsa bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia para explicar el origen del dinero que, según la investigación, terminó relacionado con los pagos investigados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

El origen de la controversia está en la declaración que Castro entregó ante la Corte Suprema el 21 de enero de 2025. En esa diligencia aseguró que le había prestado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien supuestamente necesitaba el dinero para una operación financiera de corto plazo.

Según la versión entregada por Castro, el dinero fue entregado en diferentes momentos en Bogotá. El empresario afirmó que $2.800 millones provenían de un préstamo que le habría hecho su conocido Hernando Ramírez, agricultor y ganadero de Roldanillo, mientras que los otros $1.200 millones correspondían a recursos propios que mantenía en efectivo.

Castro explicó ante los magistrados que conservaba el dinero fuera del sistema financiero porque, según su declaración, tenía cuentas embargadas por obligaciones tributarias. También manifestó que parte de esos recursos estaba destinada a inversiones relacionadas con el Hotel Augusta, ubicado en Bogotá.

Sin embargo, la defensa de Sandra Ortiz presentó documentos oficiales con los que busca controvertir esa explicación. De acuerdo con la información conocida por El Colombiano, certificaciones de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda de Bogotá señalarían que Castro no tenía medidas cautelares de embargo sobre sus productos financieros durante 2023.

La defensa también obtuvo información de diferentes entidades financieras y centrales de riesgo que, según sostiene, demostraría que Castro tenía cuentas y productos bancarios activos durante octubre de 2023. Con estos elementos, el abogado argumenta que el testigo habría faltado a la verdad al explicar por qué manejaba los $4.000 millones en efectivo.

La investigación de la Fiscalía no ha avanzado a una imputación

La denuncia no surgió únicamente por iniciativa de la defensa de Ortiz. En agosto de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema había compulsado copias a la Fiscalía para investigar a Castro por una posible conducta relacionada con el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Posteriormente, la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte Suprema solicitó que se abriera un expediente independiente y el caso terminó acumulado por conexidad en una investigación de la Fiscalía 26 Especializada de la Dirección de Lavado de Activos.

El proceso tuvo un periodo sin fiscal titular después de que la funcionaria que estaba al frente del despacho fuera trasladada en septiembre de 2025. La dependencia volvió a tener titular en enero de 2026.

Ante una solicitud presentada por el abogado de Sandra Ortiz en marzo de este año, la Fiscalía confirmó que el expediente se encontraba formalmente en etapa de indagación y que existía una orden de policía judicial en ejecución.

Esto significa que, hasta ahora, no existe una decisión de la Fiscalía que determine que Castro cometió falso testimonio o fraude procesal. Las acusaciones corresponden a la denuncia presentada por la defensa de Ortiz y deberán ser verificadas dentro de la investigación.

El testimonio de Castro es relevante en el caso UNGRD

La declaración de Pedro Castro ha tenido importancia dentro de las investigaciones relacionadas con los recursos que, según la hipótesis de las autoridades, habrían sido utilizados para entregar $3.000 millones a Iván Name y otros $1.000 millones a Andrés Calle.

De acuerdo con la investigación citada por El Colombiano, la versión de Sneyder Pinilla ubica a Castro como la persona que le habría facilitado los $4.000 millones. A partir de esa suma se habría establecido la ruta del dinero que posteriormente fue relacionada con los dos expresidentes del Congreso.

Sandra Ortiz, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la entrega de los $3.000 millones destinados a Name, ha negado las acusaciones. Su defensa sostiene que el testimonio de Castro presenta inconsistencias y busca que estos elementos sean evaluados dentro del juicio.

Por ahora, el expediente contra Pedro Castro continúa en etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si los documentos y demás elementos aportados permiten establecer que existió falso testimonio o fraude procesal, mientras que las declaraciones del empresario continúan formando parte del material que las autoridades analizan dentro del caso de corrupción de la UNGRD.