🚁 El uso de drones requiere responsabilidad y el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar la seguridad aérea y proteger la vida de las personas. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los operadores de estas aeronaves para que verifiquen las condiciones de vuelo y respeten las zonas autorizadas antes de cada operación.

Antes de despegar, es fundamental conocer la normativa vigente, comprobar que el lugar donde se realizará el vuelo esté permitido y verificar las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Las autoridades advierten que el uso irresponsable de estos dispositivos puede acarrear sanciones administrativas, policivas e incluso penales, dependiendo de las circunstancias. Además, una operación inadecuada puede poner en riesgo a otras aeronaves, afectar la seguridad de las personas y generar situaciones de emergencia.

Por ello, se recomienda a quienes utilizan drones informarse sobre los requisitos y restricciones aplicables, así como actuar con precaución durante cada vuelo.

De igual manera, se invita a la ciudadanía a reportar ante las autoridades cualquier operación sospechosa o irregular que pueda representar un riesgo para la comunidad o la seguridad aérea.

El llamado es a volar de manera legal y responsable, entendiendo que cumplir las normas no solo evita sanciones, sino que también contribuye a proteger vidas y garantizar la seguridad de todos.

⚖️ Una denuncia penal contra Pedro José Castro Espinoza, señalado como el prestamista que habría entregado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla dentro del entramado investigado por el caso de la UNGRD, permanece en etapa de indagación en la Fiscalía, pese a que fue presentada hace varios meses por la defensa de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.

La denuncia fue radicada el 19 de mayo de 2026 por el abogado Juan Mauricio Camacho Fernández, representante de Ortiz, quien acusa a Castro de los delitos de falso testimonio y fraude procesal. La defensa sostiene que el empresario habría entregado información falsa bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia para explicar el origen del dinero que, según la investigación, terminó relacionado con los pagos investigados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

El origen de la controversia está en la declaración que Castro entregó ante la Corte Suprema el 21 de enero de 2025. En esa diligencia aseguró que le había prestado $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien supuestamente necesitaba el dinero para una operación financiera de corto plazo.

Según la versión entregada por Castro, el dinero fue entregado en diferentes momentos en Bogotá. El empresario afirmó que $2.800 millones provenían de un préstamo que le habría hecho su conocido Hernando Ramírez, agricultor y ganadero de Roldanillo, mientras que los otros $1.200 millones correspondían a recursos propios que mantenía en efectivo.

Castro explicó ante los magistrados que conservaba el dinero fuera del sistema financiero porque, según su declaración, tenía cuentas embargadas por obligaciones tributarias. También manifestó que parte de esos recursos estaba destinada a inversiones relacionadas con el Hotel Augusta, ubicado en Bogotá.

Sin embargo, la defensa de Sandra Ortiz presentó documentos oficiales con los que busca controvertir esa explicación. De acuerdo con la información conocida por El Colombiano, certificaciones de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda de Bogotá señalarían que Castro no tenía medidas cautelares de embargo sobre sus productos financieros durante 2023.

La defensa también obtuvo información de diferentes entidades financieras y centrales de riesgo que, según sostiene, demostraría que Castro tenía cuentas y productos bancarios activos durante octubre de 2023. Con estos elementos, el abogado argumenta que el testigo habría faltado a la verdad al explicar por qué manejaba los $4.000 millones en efectivo.

La investigación de la Fiscalía no ha avanzado a una imputación

La denuncia no surgió únicamente por iniciativa de la defensa de Ortiz. En agosto de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema había compulsado copias a la Fiscalía para investigar a Castro por una posible conducta relacionada con el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Posteriormente, la Fiscalía 9 Delegada ante la Corte Suprema solicitó que se abriera un expediente independiente y el caso terminó acumulado por conexidad en una investigación de la Fiscalía 26 Especializada de la Dirección de Lavado de Activos.

El proceso tuvo un periodo sin fiscal titular después de que la funcionaria que estaba al frente del despacho fuera trasladada en septiembre de 2025. La dependencia volvió a tener titular en enero de 2026.

Ante una solicitud presentada por el abogado de Sandra Ortiz en marzo de este año, la Fiscalía confirmó que el expediente se encontraba formalmente en etapa de indagación y que existía una orden de policía judicial en ejecución.

Esto significa que, hasta ahora, no existe una decisión de la Fiscalía que determine que Castro cometió falso testimonio o fraude procesal. Las acusaciones corresponden a la denuncia presentada por la defensa de Ortiz y deberán ser verificadas dentro de la investigación.

El testimonio de Castro es relevante en el caso UNGRD

La declaración de Pedro Castro ha tenido importancia dentro de las investigaciones relacionadas con los recursos que, según la hipótesis de las autoridades, habrían sido utilizados para entregar $3.000 millones a Iván Name y otros $1.000 millones a Andrés Calle.

De acuerdo con la investigación citada por El Colombiano, la versión de Sneyder Pinilla ubica a Castro como la persona que le habría facilitado los $4.000 millones. A partir de esa suma se habría establecido la ruta del dinero que posteriormente fue relacionada con los dos expresidentes del Congreso.

Sandra Ortiz, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la entrega de los $3.000 millones destinados a Name, ha negado las acusaciones. Su defensa sostiene que el testimonio de Castro presenta inconsistencias y busca que estos elementos sean evaluados dentro del juicio.

Por ahora, el expediente contra Pedro Castro continúa en etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si los documentos y demás elementos aportados permiten establecer que existió falso testimonio o fraude procesal, mientras que las declaraciones del empresario continúan formando parte del material que las autoridades analizan dentro del caso de corrupción de la UNGRD.

🏥 La red hospitalaria de Medellín atraviesa una compleja situación por la alta demanda en los servicios de urgencias. Según la Secretaría de Salud de la ciudad, 36 centros asistenciales reportan una sobreocupación promedio del 156 %, mientras que algunas instituciones superan ampliamente su capacidad de atención.

Uno de los casos más críticos es el del Hospital San Vicente Fundación, cuya unidad de urgencias para adultos registra una ocupación del 268 %. Ante este panorama, el centro médico hizo un llamado a la ciudadanía para que las personas con enfermedades o molestias leves acudan a los servicios de atención básica de sus respectivas EPS y eviten recurrir a urgencias cuando no se trate de una situación que requiera atención inmediata.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, explicó que la congestión está relacionada, en buena medida, con las dificultades que enfrenta la Nueva EPS para garantizar la atención de sus afiliados en diferentes municipios de Antioquia.

Según la funcionaria, el cierre de servicios en parte de la red hospitalaria, las deudas que la entidad mantiene con las instituciones de salud y las dificultades para formalizar contratos han reducido las opciones de atención en el departamento. Como consecuencia, pacientes de otras localidades están siendo remitidos a Medellín, incluso en condiciones clínicas delicadas, lo que incrementa la presión sobre los hospitales de la capital antioqueña.

La situación se refleja en los reportes de diferentes instituciones. De los 36 centros que entregaron información a la Secretaría de Salud, 12 registran una ocupación superior al 200 %. Entre los niveles más elevados se encuentran la Clínica El Rosario, sede Centro, con un 264 %; la unidad de Metrosalud en San Javier, con un 250 %; y la IPS Sura Robledo, con un 243 %.

La saturación también afecta a otros centros médicos, donde la demanda de pacientes supera la capacidad instalada. Aunque las instituciones continúan prestando sus servicios, deben priorizar la atención de acuerdo con la gravedad de cada caso, por lo que las personas con condiciones menos urgentes pueden enfrentar tiempos de espera más prolongados.

Deudas y falta de contratación agravan la situación

La crisis de las urgencias se presenta en medio de las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud en Antioquia. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas han generado preocupación entre las instituciones, que advierten sobre las consecuencias que la falta de recursos puede tener en la prestación de los servicios.

En el caso de la Nueva EPS, las obligaciones pendientes y los problemas para establecer contratos con la red de atención han contribuido a que algunos pacientes deban buscar servicios en otras instituciones o municipios.

A este panorama se suma el aumento de la demanda por accidentes de tránsito y otras situaciones que requieren atención inmediata. Las autoridades también han señalado la importancia del autocuidado y de utilizar adecuadamente los servicios médicos disponibles.

Llamado a acudir a urgencias solo cuando sea necesario

Ante la sobreocupación, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a los servicios de urgencias cuando exista una condición que represente un riesgo para la vida o requiera atención médica inmediata.

Para síntomas leves o situaciones que no constituyan una emergencia, la orientación es acudir a los servicios de atención primaria, consulta externa o citas prioritarias de la respectiva EPS.

El llamado busca descongestionar los servicios de alta complejidad y permitir que el personal médico concentre sus esfuerzos en los pacientes que necesitan atención urgente.

Mientras tanto, la red hospitalaria de Medellín continúa bajo presión, en un escenario que combina dificultades financieras, reducción de servicios disponibles en otros municipios y una elevada llegada de pacientes. Las autoridades mantienen el seguimiento a los niveles de ocupación y a las condiciones de atención en los centros asistenciales de la ciudad.