En un giro inesperado, Yorisman Pelufo Pertuz enfrenta medidas de aseguramiento carcelario tras ser judicializado por la Fiscalía General de la Nación. Este individuo, acusado de suplantar a la reconocida periodista Vicky Dávila, orquestó una estafa que afectó a varias personalidades del país.
La investigación de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos revela que Pelufo Pertuz se hacía pasar por la comunicadora, solicitando dinero a través de mensajería instantánea. Bajo el falso argumento de ayudar a una menor en grave estado de salud, numerosas personas, incluyendo políticos y exdirectores de equipos de fútbol colombiano, cayeron en la trampa.
Las víctimas, después de consignar cerca de 11 millones de pesos en total, contactaron a Vicky Dávila, quien desmintió cualquier solicitud de ayuda y confirmó que no recibió los fondos. Ante este engaño, la periodista presentó la denuncia que condujo a la captura de Pelufo Pertuz en Santa Marta.
La investigación revela que este individuo venía realizando estafas desde 2016, apropiándose de aproximadamente 70 millones de pesos. La Fiscalía imputó cargos por estafa, violación de datos personales y utilización ilícita de redes de comunicación. Ante la abrumadora evidencia, el acusado aceptó los cargos.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez en Santa Marta impuso la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Este caso se comparte por razones de interés general, subrayando la importancia de estar alerta ante posibles engaños en el entorno digital.
El manejo de los recursos destinados a atender a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto quedó nuevamente en el centro del debate. 💰 Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que no existe información pública suficiente para determinar cuánto de los $624.656 millones comprometidos por el Gobierno a través del Fondo Milagro ha llegado efectivamente a las comunidades afectadas. La preocupación se concentra en la falta de claridad sobre los desembolsos, los contratos y los beneficiarios que han recibido las ayudas.
La advertencia surge tres meses después del movimiento sísmico que provocó daños en diferentes regiones del país y dejó a numerosas familias con viviendas afectadas y actividades económicas interrumpidas. Aunque el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro como mecanismo para financiar la reconstrucción y atender las necesidades más urgentes, el Observatorio Fiscal considera que los registros presupuestales disponibles no permiten comprobar cuánto dinero se ha convertido realmente en obras, subsidios o apoyos económicos.
Los $624.656 millones corresponden a recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación el 17 de septiembre de 2026. Su origen es un crédito contingente de 200 millones de dólares contratado con el Banco Mundial en 2025, destinado a responder ante situaciones de emergencia y desastres naturales.
El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 y su administración quedó a cargo de un patrimonio autónomo manejado por Fiducoldex, mediante un contrato de fiducia mercantil. Sin embargo, el dinero permanece en la Cuenta Única Nacional, administrada por el Tesoro, hasta que se autoriza cada pago.
Esta estructura es precisamente uno de los puntos que genera inquietud. De acuerdo con el análisis de la Universidad Javeriana, una transferencia registrada en el presupuesto no significa necesariamente que los recursos hayan sido desembolsados ni que hayan llegado a las personas que los necesitan. En otras palabras, que el dinero aparezca comprometido o asignado no demuestra que las familias damnificadas ya hayan recibido una ayuda.
Los registros del Sistema Integrado de Información Financiera muestran que, desde el 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda había registrado un compromiso por los $624.656 millones a favor de Fiducoldex. No obstante, con la información pública disponible hasta el 5 de noviembre, el Observatorio Fiscal señaló que no encontró datos suficientes para establecer cuánto de esa suma había llegado efectivamente a los territorios.
Anuncios de inversión que todavía generan interrogantes
El Gobierno había anunciado diferentes destinaciones para atender la emergencia. Entre ellas se encuentran hasta $332.102 millones para intervenciones de vivienda, $50.000 millones para demoliciones y $4.600 millones para la recuperación de negocios afectados.
Sin embargo, estas asignaciones no resuelven por sí solas las dudas sobre la ejecución. Para conocer el avance real se requiere información verificable sobre los contratos celebrados, los pagos efectuados, las obras realizadas y las familias que han recibido los beneficios.
La puesta en marcha del mecanismo también tuvo varios pasos durante octubre. El contrato de fiducia se firmó a comienzos de ese mes, el Gobierno anunció el inicio de operaciones el 7 de octubre y el Consejo Directivo celebró su primera reunión el día 15, cuando todavía estaban pendientes los manuales operativos y de contratación.
Para el Observatorio Fiscal, la administración de recursos mediante patrimonios autónomos puede dificultar el seguimiento ciudadano si no existen obligaciones claras y oportunas de publicación. Por eso, considera necesario que se conozca con precisión quién contrata, cuánto se paga, qué proyectos se ejecutan y quiénes son los beneficiarios finales.
La preocupación también alcanza el manejo de las finanzas públicas
El informe de la Universidad Javeriana plantea que las dificultades de seguimiento del Fondo Milagro hacen parte de un problema más amplio relacionado con la rigidez del presupuesto nacional y el crecimiento de los mecanismos extrapresupuestales.
Según las estimaciones del Observatorio, el gasto flexible del Presupuesto General de la Nación pasó de representar el 12,9 % en 2023 al 9,5 % en 2025. Esto significa que cada vez existe un margen menor para reasignar recursos durante una vigencia fiscal, debido a obligaciones como pensiones, salud, transferencias territoriales, nómina pública y pago de la deuda.
El análisis también señala que los giros del presupuesto nacional hacia fondos extrapresupuestales aumentaron de $10,9 billones en 2015 a $25,7 billones en 2024. Aunque estos mecanismos pueden facilitar la atención de necesidades específicas, la Javeriana advierte que también pueden generar problemas de transparencia y permanencia institucional cuando no cuentan con reglas claras de funcionamiento y fechas de cierre.
Como antecedente, el Observatorio menciona el Fondo Adaptación, creado en 2010 para atender los daños ocasionados por el fenómeno de La Niña y que, 16 años después, continúa funcionando con responsabilidades ampliadas hacia la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.
La recomendación de los investigadores es que este tipo de fondos tenga objetivos delimitados, plazos definidos y mecanismos públicos de seguimiento que permitan conocer el recorrido de los recursos desde su asignación hasta su entrega.
Por ahora, el principal desafío del Fondo Milagro es demostrar que los $624.656 millones comprometidos están convirtiéndose en soluciones concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. La reconstrucción requiere agilidad, pero también transparencia y rendición de cuentas para que los recursos destinados a la emergencia cumplan efectivamente su propósito.
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, con destitución e inhabilidad general por ocho años para ejercer cargos públicos. La decisión se produjo después de que el organismo de control encontrara que Caicedo desconoció el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos al mantener simultáneamente un cargo como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y un contrato de prestación de servicios con una institución universitaria pública.
El fallo fue emitido el 13 de noviembre de 2026 por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y se conoció públicamente este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la investigación, Caicedo se desempeñaba como asesor código 1020, grado 08, adscrito a la Dirección General del Invías, en un cargo de libre nombramiento y remoción.
Sin embargo, mientras ejercía esas funciones, también mantenía una relación contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo, ubicada en Medellín. El contrato de prestación de servicios estuvo vigente entre el 30 de enero y el 17 de octubre de 2023, situación que, según la Procuraduría, configuró una vulneración de las normas que impiden a los servidores públicos mantener determinadas vinculaciones contractuales con otras entidades estatales.
La investigación comenzó por revelaciones periodísticas
El caso se remonta a junio de 2023, cuando el medio La Silla Vacía publicó un informe sobre los contratos estatales de la pareja de Ricardo Roa, quien para ese momento presidía Ecopetrol. La publicación expuso que Caicedo habría asumido funciones en el Invías sin haber resuelto previamente su situación contractual con la institución universitaria.
A partir de estas revelaciones, la Procuraduría inició una indagación preliminar el 14 de junio de 2023 para establecer si existían irregularidades. Posteriormente, el 9 de noviembre del mismo año, abrió formalmente una investigación disciplinaria en su contra.
El proceso avanzó durante varios años hasta que, en junio de 2025, se formularon cargos por el presunto desconocimiento del régimen de incompatibilidades. Finalmente, el organismo de control concluyó que estaban acreditados los elementos necesarios para declarar su responsabilidad disciplinaria.
En la decisión, la Procuraduría consideró que Caicedo asumió el cargo de asesor del Invías sin solucionar primero el vínculo contractual que mantenía con Pascual Bravo, incumpliendo así las obligaciones que debía observar por su condición de servidor público.
Una sanción que todavía puede ser apelada
Aunque la Procuraduría determinó imponer ocho años de inhabilidad general y destitución, la decisión corresponde a un fallo de primera instancia y todavía no se encuentra en firme. Por esta razón, Caicedo tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la providencia.
El recurso deberá ser sustentado por escrito y será evaluado por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento correspondiente. Mientras se resuelve esta etapa, la sanción permanece suspendida en sus efectos, de acuerdo con las condiciones establecidas para este procedimiento.
Una vez la decisión quede ejecutoriada, el Invías deberá adelantar las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la destitución y la inhabilidad, además de realizar los registros correspondientes en los sistemas de sanciones disciplinarias.
El caso vuelve a poner bajo atención el entorno de Ricardo Roa
La decisión también adquiere relevancia por la relación de Caicedo con Ricardo Roa, quien estuvo al frente de Ecopetrol y ha sido mencionado en diferentes controversias relacionadas con su gestión y su entorno personal y profesional.
Las revelaciones sobre las vinculaciones contractuales de Caicedo con entidades estatales ya habían generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento de las normas aplicables a quienes ocupan cargos públicos.
Con este fallo, la Procuraduría establece una responsabilidad disciplinaria específica por la simultaneidad de sus vinculaciones con el Invías y la Universidad Pascual Bravo. No obstante, la decisión aún puede ser controvertida mediante los recursos legales correspondientes y será necesario esperar su resolución definitiva para conocer las consecuencias jurídicas del caso.
La muerte de Nicole Andrea Pedraza García, una estudiante de 16 años del colegio Alameda Norte, generó tristeza e indignación entre sus familiares, amigos y habitantes del norte de Bogotá. La adolescente falleció el domingo 15 de noviembre, después de permanecer varios días hospitalizada por las graves lesiones que sufrió al ser atropellada por una camioneta en la localidad de Usaquén. 🕯️
El accidente ocurrió el martes 10 de noviembre, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, en inmediaciones de la calle 183 con carrera Séptima. De acuerdo con la información conocida, Nicole se movilizaba por el sector cuando fue embestida por una camioneta Honda de color azul. Debido a la gravedad de las heridas, fue auxiliada y trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde permaneció bajo atención médica durante cuatro días. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, perdió la vida.
La noticia provocó conmoción en la comunidad educativa y entre los residentes del sector, quienes comenzaron a pedir que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se determinen las posibles responsabilidades de la persona que conducía el vehículo.
Familia denuncia que la camioneta no tenía SOAT vigente
Uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación alrededor del caso tiene que ver con las denuncias de los familiares de Nicole, quienes señalaron que la camioneta involucrada no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente al momento del atropellamiento.
Además, según los relatos conocidos, la conductora habría intentado abandonar el lugar después del impacto. Sin embargo, habitantes de la zona intervinieron y la retuvieron hasta la llegada de las autoridades.
Por el momento, estos señalamientos hacen parte de las denuncias difundidas por los familiares y la comunidad. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de la conductora.
Velatón frente al colegio para recordar a Nicole
Como muestra de solidaridad y en medio del reclamo de justicia, familiares, amigos, compañeros y miembros de la comunidad del colegio Alameda Norte convocaron una velatón el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, frente a las instalaciones de la institución educativa.
El encuentro tuvo como propósito rendir homenaje a la memoria de la adolescente, acompañar a sus seres queridos y mantener visible la exigencia de que el caso no quede en la impunidad. La jornada también estuvo acompañada de llamados para mejorar las condiciones de seguridad vial en el sector, especialmente para quienes se desplazan a pie.
La Alcaldía Local de Usaquén expresó sus condolencias a los padres, familiares y compañeros de Nicole. El alcalde local, Daniel Ortiz, manifestó su solidaridad con la familia y señaló que había acompañado a la madre de la estudiante en medio de este difícil momento.
Por su parte, la secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, lamentó el fallecimiento y aseguró que la entidad está dispuesta a entregar la información y el acompañamiento que requieran las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La muerte de Nicole vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los peatones en Bogotá y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en las vías. Mientras sus familiares atraviesan el duelo, la comunidad educativa insiste en que se investigue lo sucedido y se conozca la verdad sobre el atropellamiento que terminó con la vida de la joven.