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Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia bajar el IVA del 19 % al 17 % o 18 % y descarta gravar la canasta familiar

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno estudia reducir la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualmente del 19 %, a un rango del 17 % o 18 %. La propuesta se conoce en medio de las discusiones sobre la Ley de Rescate Económico, iniciativa con la que la administración busca obtener recursos para enfrentar el déficit fiscal del país. El mandatario también aseguró que no se impondrá este impuesto a los alimentos de la canasta familiar ni a los insumos del sector agropecuario.

El anuncio fue realizado el domingo 15 de noviembre, durante una alocución en la que el jefe de Estado presentó un balance de sus primeros 100 días de Gobierno. Allí explicó que el Ministerio de Hacienda analiza la posibilidad de modificar la tarifa general del impuesto, una medida que representaría un cambio frente a la propuesta tributaria inicialmente presentada al Congreso.

De acuerdo con De la Espriella, la intención es proteger el bolsillo de los hogares colombianos y evitar que los alimentos de consumo cotidiano tengan una carga tributaria adicional. El presidente manifestó que no considera conveniente que los productos de la canasta familiar tengan que pagar IVA y reiteró que su administración está dispuesta a revisar el proyecto para construir acuerdos con los diferentes sectores políticos.

Cambios en la reforma fiscal

La posibilidad de reducir el IVA surge después de las críticas que recibió la propuesta inicial del Gobierno, especialmente por la intención de ampliar el número de productos y servicios sujetos a este impuesto. Entre los puntos que generaron mayor resistencia se encontraba la posibilidad de gravar alimentos de consumo frecuente, como el café, el azúcar y las pastas, además de algunos insumos utilizados en las actividades agropecuarias.

La iniciativa encontró oposición en diferentes sectores políticos y económicos, que cuestionaron el impacto que estas medidas podrían tener sobre los hogares y los productores. Ante ese panorama, el presidente manifestó que está dispuesto a modificar el proyecto siempre que se mantenga el objetivo de conseguir los recursos necesarios para estabilizar las finanzas públicas.

Sin embargo, la reducción de la tarifa general del IVA también representa un desafío para las cuentas del Estado, debido a que este impuesto constituye una de las principales fuentes de recaudo tributario. Por esa razón, el Gobierno deberá evaluar cómo compensar los recursos que dejaría de recibir si finalmente se concreta la disminución.

Gobierno plantea recortes al gasto público

Durante su intervención, De la Espriella también defendió las medidas de austeridad que ha implementado desde el inicio de su administración. Según las cifras presentadas por el mandatario, el Gobierno ha realizado recortes presupuestales por aproximadamente 13,8 billones de pesos, además de reducciones en los contratos de prestación de servicios y en los cargos de libre nombramiento y remoción.

El presidente aseguró que su propuesta contempla recortes directos y permanentes superiores a los 23 billones de pesos, con la intención de avanzar hacia la reducción del tamaño del Estado. También mencionó la posibilidad de vender activos improductivos de la Nación por cerca de cuatro billones de pesos para obtener recursos adicionales.

No obstante, reconoció que los recortes no representan ingresos nuevos y que la venta de activos requiere tiempo para concretarse, por lo que el Ejecutivo continúa buscando alternativas que permitan responder a las necesidades fiscales.

La propuesta todavía debe discutirse en el Congreso

Aunque el anuncio representa un cambio importante en la posición del Gobierno, la reducción del IVA todavía no es una medida aprobada. La posibilidad de pasar del 19 % al 18 % o al 17 % se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Hacienda y deberá concretarse mediante los mecanismos legislativos correspondientes.

La Ley de Rescate Económico enfrenta dificultades para avanzar en el Congreso, debido a las diferencias entre el Gobierno y varios sectores políticos sobre las medidas para aumentar el recaudo y reducir el déficit. El Ejecutivo deberá negociar modificaciones y conseguir respaldo suficiente para sacar adelante la iniciativa.

De esta manera, el Gobierno busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de recuperar las finanzas públicas y evitar que el peso del ajuste económico recaiga sobre los consumidores. Por ahora, la eventual reducción del IVA sigue siendo una propuesta en evaluación y los colombianos deberán esperar las decisiones que se adopten durante el trámite legislativo.

Nacional

El precio de la papa se disparó un 98 % en Colombia: el fenómeno de El Niño y las dificultades agrícolas encarecen los alimentos

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El bolsillo de los colombianos continúa enfrentando fuertes presiones por el incremento en los precios de los alimentos. Uno de los casos más preocupantes es el de la papa, cuyo valor aumentó un 98 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026, convirtiéndose en uno de los productos que más se encarecieron durante el último año, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La situación se presenta en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y las dificultades que enfrenta el sector agrícola para mantener los niveles de producción y abastecimiento. 🥔

El incremento significa que un producto que anteriormente costaba alrededor de 2.000 pesos por kilogramo podría alcanzar los 3.960 pesos, tomando como referencia ese aumento porcentual. Además, durante octubre el precio de la papa registró una variación mensual del 8,25 % frente a septiembre, lo que demuestra que el encarecimiento continúa afectando directamente las compras de los hogares.

El comportamiento de este alimento también coincide con una inflación anual nacional del 6,30 % en octubre de 2026, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento anual del 7,37 %, de acuerdo con los datos del DANE.

El fenómeno de El Niño presiona la producción agrícola

Una de las principales explicaciones del aumento está relacionada con las condiciones climáticas que afectan las zonas productoras del país. Departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, donde se concentra una parte importante de los cultivos de papa, enfrentan condiciones que pueden alterar los ciclos de producción y reducir la disponibilidad del producto en los mercados.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explicó que el comportamiento actual también debe analizarse teniendo en cuenta lo ocurrido durante el año anterior, cuando se presentó una elevada oferta de papa que llevó los precios a niveles muy bajos. En algunos momentos, el kilogramo llegó a comercializarse alrededor de los 550 pesos, situación que afectó económicamente a los productores.

A esta situación se suman los costos de producción, especialmente los relacionados con la mano de obra y los fertilizantes, además de las dificultades derivadas de las condiciones climáticas. La combinación de estos factores ha generado presiones tanto para quienes cultivan el alimento como para los consumidores que lo compran diariamente.

Otros alimentos también están subiendo de precio

La papa no es el único producto que presenta incrementos importantes. Las cifras del DANE muestran que otros alimentos frescos también han experimentado variaciones considerables durante los últimos doce meses.

Entre los productos que más se han encarecido se encuentran el tomate, con un aumento anual cercano al 44 %; el tomate de árbol, con aproximadamente 36,68 %; la mora, con 29,37 %, y la naranja, con 23,31 %. Asimismo, las frutas frescas acumularon un incremento del 15,90 %, mientras que la carne de res y sus derivados registraron una variación anual del 13,31 %.

En el caso del aguacate Hass y el limón común, también se han observado precios importantes en los mercados mayoristas. Según el boletín del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), entre el 7 y el 13 de noviembre, el kilogramo de aguacate Hass se cotizó en promedio a 4.638 pesos en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que el limón común alcanzó los 2.851 pesos.

Incendios y condiciones climáticas generan preocupación para el cierre del año

A las dificultades relacionadas con el fenómeno de El Niño se suman otras situaciones que pueden afectar la producción agrícola. Los incendios registrados en el departamento del Tolima dejaron daños en más de 27.000 hectáreas, una emergencia que también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los cultivos.

Álvaro Palacio Peláez, presidente de Asohofrucol, señaló que entre los productos que podrían verse afectados por esta situación se encuentran el aguacate, el mango, el plátano y los cítricos. Según explicó, la continuidad de estas condiciones podría generar dificultades en el abastecimiento y presionar los precios en determinadas regiones.

El panorama mantiene en alerta a los productores y comerciantes, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones climáticas continúen afectando las cosechas durante los próximos meses.

Con estos incrementos, los alimentos frescos se consolidan como uno de los principales factores que presionan el costo de vida en Colombia. La preocupación se concentra especialmente en los hogares de menores ingresos, para los cuales cualquier variación en productos básicos como la papa, las frutas y las verduras representa un impacto directo en el presupuesto destinado a la alimentación.

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Nacional

Polémica por traslado de la hija de Abelardo de la Espriella en una lancha de la Armada: Gobierno defendió el procedimiento

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Una controversia política se desató luego de que se difundieran imágenes de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella, movilizándose en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena. El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, en medio de las celebraciones por las Fiestas de Independencia de la ciudad, y generó cuestionamientos sobre el posible uso de bienes públicos para actividades particulares. 🚤

El video fue divulgado por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien puso en duda las razones por las que la joven se encontraba a bordo de una lancha oficial junto a un grupo de amigas. La congresista publicó las imágenes en su cuenta de X y preguntó si la hija del mandatario estaba utilizando una embarcación de la institución para participar en una actividad recreativa en la bahía de Cartagena.

Las publicaciones provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales y sectores políticos, que cuestionaron si se estaban destinando recursos de la Fuerza Pública para facilitar actividades privadas de integrantes de la familia presidencial.

Gobierno aseguró que se trató de un traslado por razones de seguridad

Ante las críticas, Miller Soto, vocero de la Presidencia, salió en defensa del procedimiento y explicó que la embarcación de la Armada fue utilizada únicamente para garantizar el desplazamiento marítimo de Lucía de la Espriella.

Según la versión oficial, la joven llegó al lugar en la lancha institucional, posteriormente se trasladó al bote hacia el que se dirigía y, una vez finalizada su actividad, regresó a la misma embarcación para salir de la zona.

Soto sostuvo que, al tratarse de la hija del presidente y requerirse un desplazamiento por vía marítima, correspondía utilizar los medios de transporte y seguridad disponibles de la Armada Nacional. Por esta razón, rechazó que se tratara de un paseo o una celebración a bordo de una embarcación militar y aseguró que no existió ninguna irregularidad.

El funcionario también cuestionó la difusión de imágenes de la joven, señalando que se trata de una menor de edad y que su exposición pública, acompañada de afirmaciones que consideró difamatorias, no era apropiada. Además, defendió las medidas de protección destinadas a los integrantes de la familia presidencial.

Congresistas solicitaron explicaciones sobre el uso de recursos públicos

La respuesta del Gobierno no detuvo los cuestionamientos. La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y también integrante del Pacto Histórico, anunció la presentación de un derecho de petición para solicitar información sobre las circunstancias del traslado.

La congresista busca conocer quién autorizó el uso de la embarcación, cuál fue el propósito del desplazamiento y bajo qué criterios se permitió utilizar un recurso de la Armada Nacional en este contexto. Su preocupación se centra en establecer si los bienes de la institución fueron empleados para una actividad de carácter privado.

A las críticas también se sumó el exfuncionario Esteban Restrepo, quien pidió que la Procuraduría General de la Nación examine la actuación de los oficiales que participaron en el procedimiento y determine si hubo un uso inadecuado de recursos estatales.

Por ahora, los cuestionamientos se mantienen como solicitudes de explicación y señalamientos políticos. No se ha establecido oficialmente que exista una irregularidad en el traslado.

El debate sobre el uso de bienes del Estado

La controversia también recordó otros episodios en los que integrantes de familias presidenciales o personas cercanas al poder han sido cuestionados por utilizar medios de transporte oficiales. Entre ellos se encuentran los desplazamientos en aeronaves estatales que generaron discusiones durante anteriores administraciones.

En este caso, el punto central será determinar si el uso de la lancha respondió exclusivamente a necesidades de seguridad y transporte o si existieron condiciones que ameriten una revisión sobre la utilización de recursos públicos.

Mientras el Gobierno insiste en que el procedimiento fue legítimo y necesario para proteger a la hija del mandatario, sectores de la oposición consideran que deben conocerse los detalles de la autorización y las condiciones en las que se realizó el recorrido.

La polémica continúa abierta y se espera que las respuestas a las solicitudes de información permitan esclarecer cómo se organizó el traslado y si se ajustó a los protocolos establecidos para el uso de las embarcaciones de la Armada Nacional.

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“El M-19 se equivocó”: Gustavo Petro reconoció errores de la guerrilla durante la toma del Palacio de Justicia tras ver serie de Netflix

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Una nueva controversia alrededor de la toma del Palacio de Justicia de 1985 surgió luego de que el expresidente Gustavo Petro reconociera públicamente que el Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera a la que perteneció, cometió errores durante la operación que terminó en una de las mayores tragedias de la historia reciente de Colombia. El pronunciamiento fue publicado el lunes 16 de noviembre, después de que el exmandatario viera la serie Palacio, estrenada recientemente en Netflix.

A través de su cuenta en la red social X, Petro compartió una extensa reflexión sobre los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985. En su publicación cuestionó la versión histórica que, según él, se ha presentado sobre la toma y la posterior retoma militar del edificio, y aseguró que durante décadas se ocultaron responsabilidades relacionadas con la actuación de las autoridades y la respuesta del Estado.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue su reconocimiento de que el M-19 se equivocó al prolongar la confrontación armada en lugar de privilegiar una salida política. “El M19 se equivocó por prolongar la acción militar sobre la política”, escribió el exmandatario, aunque también defendió el papel que tuvo la organización en el proceso de paz que culminó con su desmovilización en 1990.

Petro sostuvo que, cinco años después de la toma, el movimiento guerrillero consiguió incorporarse a la vida política y participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio origen a la Constitución actualmente vigente. En su interpretación, ese proceso representó un avance hacia una Colombia democrática.

Petro cuestionó la versión histórica de los acontecimientos

En su pronunciamiento, el expresidente invitó a los colombianos a ver la producción audiovisual y aseguró que permite conocer aspectos de la tragedia que, a su juicio, no han sido suficientemente explicados. También cuestionó a sectores políticos y económicos del país, a los que responsabilizó de haber impulsado una respuesta militar que terminó con la vida de numerosos civiles y funcionarios judiciales.

El mensaje reabrió el debate sobre las responsabilidades de los actores involucrados en los hechos. La toma comenzó cuando integrantes del M-19 ingresaron por la fuerza al Palacio de Justicia con el propósito de retener a magistrados y adelantar un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur. La operación desencadenó una respuesta militar que se extendió durante dos días y dejó cerca de un centenar de personas muertas y al menos once desaparecidas.

Aunque las responsabilidades por la actuación de la Fuerza Pública durante la retoma han sido objeto de investigaciones y decisiones judiciales, la incursión armada del M-19 también ha sido señalada como el hecho que desencadenó la tragedia.

Hija de un magistrado víctima rechazó las declaraciones

Las palabras de Petro provocaron reacciones entre familiares de las personas que murieron o desaparecieron durante la toma y retoma. Una de las respuestas más contundentes fue la de Helena Urán Bidegain, hija del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quien cuestionó que antiguos integrantes del M-19 continúen sin asumir de manera clara su responsabilidad por lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, Urán manifestó que, después de más de cuatro décadas, las explicaciones de los protagonistas siguen concentradas en responsabilizar al otro bando, sin reconocer plenamente el sufrimiento de las víctimas civiles.

También cuestionó que se equiparen las muertes de integrantes de los grupos armados con las de las personas que quedaron atrapadas en medio de la confrontación. En su mensaje sostuvo que tanto la guerrilla como los agentes estatales deben responder por las actuaciones que vulneraron la vida y los derechos de quienes se encontraban en el edificio.

Su pronunciamiento insistió en que la memoria histórica no debería utilizarse para justificar a los responsables, sino para comprender lo sucedido y evitar que se repitan hechos similares.

Una tragedia que continúa generando discusiones

La serie Palacio volvió a poner en primer plano uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana. La producción reconstruye la incursión del M-19, la operación militar de retoma y las consecuencias que dejaron los acontecimientos para las víctimas y sus familias.

El debate no se limita a establecer quién inició la confrontación, sino que también involucra las decisiones tomadas durante la respuesta militar, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la búsqueda de verdad y justicia que continúa vigente.

El reconocimiento de Petro representa una referencia explícita a los errores del M-19 durante la operación, pero sus declaraciones también mantienen una interpretación crítica sobre la responsabilidad del Estado. Por eso, sus palabras han generado nuevas discusiones entre quienes consideran necesario un reconocimiento más amplio de las responsabilidades de la guerrilla y quienes insisten en que también deben esclarecerse las actuaciones de la Fuerza Pública.

A 41 años de los hechos, el Palacio de Justicia continúa siendo una herida abierta para Colombia, especialmente para las familias que todavía reclaman respuestas sobre la muerte y desaparición de sus seres queridos.

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