Las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de la quebrada La Iguaná volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de miles de habitantes de este sector de Medellín. En el barrio, ubicado en la comuna 7, Robledo, cerca de 5.000 personas conviven con la amenaza de nuevas inundaciones, una situación que ha marcado la historia de la comunidad durante décadas. 🌧️

La emergencia más reciente ocurrió el viernes 9 de octubre, cuando una creciente ingresó repentinamente a numerosas viviendas y dejó 187 familias damnificadas, de acuerdo con el reporte de El Colombiano. Los residentes tuvieron que retirar lodo, piedras y escombros de sus casas, además de intentar recuperar las pertenencias que no fueron destruidas por el agua.

Entre quienes conocen de primera mano estas emergencias están María Berlanda y María Obdulia Restrepo, dos hermanas que llegaron al barrio en 1981. Durante los últimos 45 años han enfrentado al menos cinco inundaciones y recuerdan especialmente la tragedia del 10 de septiembre de 1988, cuando la quebrada se salió de su cauce, arrastró alrededor de 150 viviendas y ocasionó la muerte de diez personas.

Aunque reconocen el peligro de vivir junto al afluente, las hermanas aseguran que no quieren abandonar el sector. La cercanía con lugares como la plaza Minorista, el estadio Atanasio Girardot y el centro de Medellín representa una ventaja importante para quienes han construido allí su vida y sus relaciones comunitarias.

La Iguaná comenzó a consolidarse en 1945, cuando familias desplazadas por la violencia se asentaron en las inmediaciones de la quebrada, inicialmente con viviendas precarias. Con el paso de los años, muchas de estas construcciones se transformaron en casas de varios pisos. Actualmente, la Alcaldía de Medellín considera que algunas zonas cercanas a la orilla presentan un riesgo elevado y ha ordenado evacuaciones en distintos momentos.

Uno de los principales problemas durante las crecientes es la acumulación de residuos y escombros en el cauce. Según la información publicada por el medio, en agosto se retiraron cerca de 80 metros cúbicos de desechos voluminosos en el sector del puente de la carrera 65. Después de la emergencia de octubre, Emvarias recogió otros 50 metros cúbicos de residuos de gran tamaño que habían sido arrastrados por la quebrada.

Los habitantes también cuestionan la efectividad de las alarmas instaladas para advertir sobre posibles desbordamientos. Ramiro Arango, residente del sector desde la década de 1990, contó que, cuando comenzó a sonar la alerta durante la última emergencia, el agua ya había alcanzado un nivel que impedía proteger sus pertenencias. La rapidez con la que aumentó el caudal dificultó la reacción de las familias.

Tras las inundaciones, la Administración distrital entregó alrededor de 800 ayudas humanitarias, entre ellas paquetes alimentarios, kits de aseo y elementos para el descanso. Mientras avanzaban las labores de limpieza y atención a los damnificados, las autoridades y los organismos de apoyo continuaron trabajando para responder a las necesidades de la población afectada.

Pese a las pérdidas y al temor de que ocurra una nueva tragedia, muchos habitantes insisten en permanecer en La Iguaná. La situación refleja el complejo desafío de encontrar soluciones duraderas para las comunidades asentadas en zonas expuestas a fenómenos naturales, donde el arraigo, las condiciones económicas y la cercanía a servicios y lugares de trabajo dificultan la posibilidad de trasladarse a otros sectores.

La recurrencia de estas emergencias mantiene sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar los sistemas de alerta y controlar la disposición de residuos en la quebrada. Para las familias de La Iguaná, el reto es recuperar sus viviendas después de cada inundación sin dejar de enfrentar la incertidumbre que representa vivir junto a un afluente que puede desbordarse nuevamente.

Javier de Jesús Cadavid Palacio, un comerciante antioqueño, recuperó plenamente su inocencia después de permanecer 12 años y cuatro meses en prisión por una condena relacionada con extorsiones atribuidas a las extintas Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisó su caso y concluyó que no tenía vínculos con la organización guerrillera y que desconocía el origen ilícito del dinero que circulaba a través de su negocio.

La historia se remonta a Puerto Venus, corregimiento del municipio de Nariño, Antioquia, donde Cadavid administraba una distribuidora de víveres y abarrotes. Ante la ausencia de entidades bancarias en la zona, el comerciante facilitaba el envío de dinero a los habitantes, quienes utilizaban una cuenta bancaria asociada a un proveedor de Medellín para recibir remesas de familiares y conocidos. El mecanismo también era utilizado por profesores, campesinos y otros miembros de la comunidad.

Sin embargo, entre 2005 y 2007, integrantes del Frente 47 de las Farc aprovecharon ese sistema para movilizar recursos provenientes de extorsiones a comerciantes y pobladores de municipios de Caldas, entre ellos Pácora y Aguadas. Las víctimas recibían instrucciones de consignar el dinero en la cuenta utilizada para las remesas y, posteriormente, los recursos eran retirados por emisarios de la guerrilla en Puerto Venus.

En noviembre de 2009, la justicia ordinaria condenó a Cadavid a 23 años de prisión por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales de la época consideraron que el sistema de remesas había contribuido al funcionamiento de las extorsiones. No obstante, con el paso de los años surgieron nuevos testimonios que pusieron en duda esa interpretación de los hechos.

Durante su proceso, el comerciante sostuvo que nunca supo que parte del dinero depositado provenía de actividades ilegales. Según su versión, simplemente prestaba un servicio a personas de su comunidad que necesitaban enviar o recibir recursos, sin conocer quiénes estaban detrás de las consignaciones ni el destino criminal que la guerrilla les daba.

La situación también afectó profundamente a su familia. Su esposa, Mariela Toro, buscó durante años elementos que permitieran demostrar su inocencia, mientras sus cuatro hijos enfrentaban las consecuencias de la condena. Durante ese tiempo, la familia mantuvo los negocios y continuó buscando testimonios que ayudaran a esclarecer lo ocurrido.

Uno de los elementos relevantes para la revisión fueron las declaraciones de antiguos integrantes de las Farc, quienes afirmaron que el comerciante no colaboraba con la organización y que su cuenta había sido utilizada sin su conocimiento. Estos testimonios permitieron reconstruir la manera en que la guerrilla aprovechó las condiciones de aislamiento y el control territorial que ejercía en la región.

La JEP determinó que Cadavid no perteneció ni colaboró con las Farc, no amenazó a las víctimas y tampoco obtuvo un incremento patrimonial derivado de las extorsiones. El tribunal explicó que el comerciante no tenía forma razonable de distinguir las consignaciones legítimas de aquellas relacionadas con los cobros ilegales, por lo que actuó bajo lo que jurídicamente se conoce como un error de tipo invencible.

La decisión dejó sin efectos la condena impuesta en 2009 y le concedió la libertad definitiva. Cadavid había recuperado la libertad condicional en enero de 2022, después de pasar más de 12 años privado de ella, pero el reciente fallo representó un paso decisivo para limpiar su nombre y establecer judicialmente que no era responsable de los delitos por los que había sido condenado.

Su caso pone de relieve las consecuencias que pueden tener las investigaciones incompletas en territorios afectados por el conflicto armado, donde los grupos ilegales ejercen presión sobre la población y utilizan actividades cotidianas para sus propios fines. También evidencia la importancia de revisar decisiones judiciales cuando aparecen nuevas pruebas capaces de cambiar sustancialmente la comprensión de los hechos.

Una investigación del diario El Colombiano identificó una amplia red de bienes inmuebles relacionados con Francisco Alfonso Pareja González, fundador de la Fundación Universitaria San José, su entorno familiar y empresarial, así como personas cercanas a la institución. El hallazgo se conoce en medio del escándalo por las presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos que involucró a la entidad y derivó en la condena de Juliana Guerrero y del exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

De acuerdo con la revisión de registros públicos realizada por el medio, en el entorno más amplio de la fundación aparecen cerca de 94 propiedades. Sin embargo, únicamente dos figuran a nombre de la institución, mientras que las otras 92 están registradas a nombre de Pareja, sociedades comerciales vinculadas a él, exdirectivos y personas de su círculo cercano.

Entre los bienes identificados se encuentran inmuebles ubicados en Bogotá, Nilo y Neiva. Francisco Pareja registra 14 propiedades a su nombre, mientras que Romelia Ñuste Castro, su pareja y exrectora de la fundación, aparece con nueve. La investigación también examinó predios cercanos a una sede universitaria en Bogotá, donde avanza un complejo arquitectónico compuesto por tres edificios.

Uno de los movimientos inmobiliarios documentados ocurrió el 6 de octubre de 2025, cuando Pareja adquirió a su hijo, Carlos Francisco Pareja Figueredo, un inmueble ubicado en la calle 67 de Bogotá por $1.540 millones. Según el reporte, en ese predio funciona una sede de la institución. La operación se realizó pese a que el registro del inmueble mantenía inscrita una demanda de simulación promovida por Instituto Triángulo S. A., una sociedad vinculada al fundador.

El análisis de siete predios contiguos en ese sector encontró que seis están registrados a nombre de Francisco Pareja o de Instituto Triángulo S. A., mientras que solo uno aparece a nombre de la fundación. La distribución de la propiedad plantea interrogantes sobre la relación entre los bienes utilizados por la institución y la titularidad legal de los terrenos.

Frente a estos hallazgos, fuentes de la Fundación Universitaria San José señalaron a El Colombiano que las propiedades de Pareja han estado destinadas a servir a la institución y a la comunidad educativa desde 1997. El medio indicó que el fundador no había respondido a sus consultas al cierre de la publicación.

La investigación también revisó los movimientos patrimoniales de Luis Carlos Gutiérrez y de personas de su entorno. El exsecretario general, condenado a 36 meses de prisión por fraude procesal y falsedad en documento público tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, aparece relacionado con varias sociedades inmobiliarias constituidas en 2025.

Según los registros consultados, antes de su salida de la institución se trasladaron propiedades a empresas vinculadas con su entorno. Entre las operaciones documentadas están la transferencia de cinco inmuebles valorados en $601,3 millones a una sociedad y de otros seis bienes por más de $1.000 millones a otra empresa. También se registraron compras de apartamentos, casas, lotes y parqueaderos en Bogotá, Mosquera, Chaguaní y otros municipios.

En total, El Colombiano estableció que, después de que estallara el escándalo relacionado con los títulos académicos, personas y sociedades de ese entorno registraron 12 inmuebles cuyo valor acumulado asciende a $5.008 millones. El exsecretario tampoco había respondido a las preguntas del medio sobre los bienes adquiridos.

Los hallazgos amplían el foco sobre la estructura administrativa, familiar y patrimonial alrededor de la Fundación Universitaria San José. No obstante, la existencia de vínculos empresariales o la titularidad de propiedades no demuestra por sí sola la comisión de delitos; cualquier eventual responsabilidad debe establecerse mediante las actuaciones de las autoridades competentes.