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Casanare

JEP le cierra la puerta al exgobernador del Casanare William Pérez por no hacer aportes a la verdad

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Fue condenado por la Corte Suprema a 15 años de prisión por nexos con el paramilitarismo.

William Pérez, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, fue condenado por la justicia ordinaria por tener vínculos con grupos paramilitares y también por corrupción en el manejo de contratos cuando ejerció este cargo. Justamente por ese primer delito buscaba un espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—; sin embargo, la Sala de Definición de este tribunal le cerró la puerta el miércoles 10 de agosto.

De acuerdo con la magistratura de esta sala, Pérez Espinel no realizó ninguna contribución a la verdad adicional a la ya conocida en la justicia ordinaria; incluso, negó que hubiera nexos entre integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y su candidatura a la gobernación de ese departamento más allá de que en un principio había aceptado los vínculos con integrantes de este grupo al mando de alias Martín Llanos.

Pérez Espinel, condenado a 56 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2016, ya había tocado las puertas de la justicia especial de paz para que revisara sus expedientes, pues según su defensa, los delitos por los cuales fue sancionado guardan relación con el conflicto armado interno: reveló que, durante su campaña, mientras las AUC le brindaban proselitismo, este les otorgaba a cambio poder político, económico y libertad militar en todo Casanare.

Por otra parte, la Sala de Definición encontró que su plan de aportes a la verdad estuvo lleno de aseveraciones que no se podían comprobar; incluso, negó haber financiado a algún grupo armado en el departamento con recursos públicos. En ese sentido, el tribunal señaló que dichas afirmaciones del condenado “se apartan del deber de aportar verdad, pues implica una contradicción frente a lo que se ha propuesto en los anteriores planes, lo cual presenta retroceso para el aporte de verdad”.

Sumado a eso, la sala notó que Pérez no había hecho más confesiones sobre las intervenciones de varias cooperativas de seguridad y los contratos otorgados a las AUC financiados también con el erario.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el exgobernador está vinculado a un total de 16 procesos en condición de indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, contratación sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión. En 2018 logró ver una pequeña luz en este tribunal, pues en ese año su caso fue analizado y posteriormente, determinó que debía hacer aportes más determinantes sobre sus vínculos con las autodefensas.

Sin embargo, en el auto de 60 páginas conocido en la tarde del 10 de agosto, el tribunal de justicia transicional detalla que; “Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, (…) no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”.

Ahora, William Pérez Espinel deberá continuar pagando su condena en un centro reclusorio hasta tanto haga un aporte diferente al ya efectuado en la justicia ordinaria. En ese sentido, el tribunal indicó que “debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer” y qué partes de esa verdad le pueden servir a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Infobae

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Casanare

Más de 10 mil familias damnificadas por emergencias en Casanare durante 2026

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🚨 Inundaciones, incendios, sismos, avenidas torrenciales, deslizamientos y vendavales han afectado a diferentes zonas de Casanare durante este año, dejando pérdidas materiales y más de 10.000 familias damnificadas. Ante este panorama, el departamento se prepara para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, programado para el próximo 21 de octubre.

La jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades y las instituciones frente a situaciones de riesgo, mediante un ejercicio que permitirá poner en práctica los protocolos de actuación y reconocer cómo proceder antes, durante y después de una emergencia.

El director Departamental de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, entregará detalles sobre el desarrollo de esta actividad en Casanare, que busca preparar a la ciudadanía para reaccionar de manera organizada ante posibles eventos que pongan en peligro la vida y los bienes de la población.

La participación en este tipo de ejercicios permite identificar oportunidades de mejora en los mecanismos de prevención, coordinación y respuesta, además de promover una cultura de gestión del riesgo en los municipios.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para vincularse al simulacro y conocer las recomendaciones de los organismos de emergencia. La preparación y la participación ciudadana son fundamentales para reducir los riesgos y actuar oportunamente ante una situación que pueda afectar a las familias casanareñas.

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Casanare

Arledy Alvarado gestiona ante Nueva EPS recursos para los hospitales públicos de Casanare

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🏥 La representante a la Cámara Arledy Alvarado encabezó una mesa de trabajo con el agente especial interventor de Nueva EPS, Roberto Solano Navarra, y los gerentes de los hospitales de la red pública de Casanare, con el propósito de buscar soluciones a las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud en el departamento.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones de Nueva EPS, en Bogotá, y contó con la participación de los directivos hospitalarios y sus respectivos equipos de trabajo. De acuerdo con la congresista, se trató de una reunión que durante varios años se había intentado concretar y que permitió poner sobre la mesa las principales necesidades de las instituciones de salud del territorio.

Durante la jornada se establecieron tres asuntos prioritarios para mejorar el flujo de recursos hacia los hospitales públicos: aumentar los giros directos, revisar y depurar las glosas relacionadas con los servicios de salud e identificar los pagos pendientes correspondientes a la cartera que las entidades adeudan a la red hospitalaria.

Estos puntos buscan avanzar en la solución de las obligaciones financieras acumuladas y facilitar que los centros asistenciales cuenten con mayores recursos para desarrollar sus actividades y responder a las necesidades de los usuarios.

La gestión pretende contribuir al fortalecimiento financiero de la red pública de salud de Casanare, en un contexto en el que el pago oportuno de los servicios prestados resulta fundamental para la continuidad de la atención a los pacientes.

“Seguimos gestionando y llevando las necesidades de Casanare directamente a quienes pueden ayudar a resolverlas. Cuando trabajamos juntos, Casanare avanza”, expresó Arledy Alvarado al referirse a los resultados de la reunión.

Con este acercamiento, se busca mantener el diálogo entre Nueva EPS y los hospitales del departamento para avanzar en compromisos relacionados con los giros, la revisión de glosas y el pago de las obligaciones pendientes.

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Casanare

Alcaldía de Yopal rechaza que ciudadanos realicen controles por cuenta propia a conductores

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🚖 La Alcaldía de Yopal rechazó las acciones de particulares que pretendan detener vehículos o realizar operativos de tránsito por cuenta propia, luego de los hechos registrados con un presunto conductor de plataforma. La Administración Municipal recordó que este tipo de procedimientos son competencia exclusiva de las autoridades y que cualquier posible infracción debe ser denunciada por los canales correspondientes.

Aunque reconoció la preocupación del gremio taxista frente a la prestación ilegal del servicio de transporte, la Alcaldía insistió en que las inconformidades deben tramitarse por las vías legales, respetando el debido proceso y la integridad de todas las personas involucradas.

El secretario de Movilidad, Michael Castro, señaló que la Administración ha sostenido reuniones con conductores, propietarios y empresas del gremio para establecer acuerdos que permitan mejorar el servicio de taxi y combatir el transporte no autorizado.

“Ya venimos trabajando con conductores, propietarios y empresas del gremio taxista mediante mesas de trabajo en las que hemos acordado unir esfuerzos para mejorar el servicio y combatir la ilegalidad. Por eso, les pedimos que permitan que la Secretaría de Movilidad y la Policía cumplan sus funciones como autoridades”, manifestó el funcionario.

Castro agregó que los compromisos establecidos deben cumplirse dentro del marco legal y de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito. Asimismo, reiteró que los ciudadanos no están facultados para detener vehículos, adelantar procedimientos de control ni tomar medidas por cuenta propia frente a situaciones que consideren irregulares.

Controles contra el transporte ilegal

La Administración Municipal aclaró que su actuación no está dirigida contra las plataformas tecnológicas, sino contra la prestación no autorizada del servicio de transporte. En particular, se refirió a los casos en los que vehículos particulares son utilizados para movilizar pasajeros a cambio de dinero sin contar con los permisos correspondientes.

Como fundamento de las medidas, la Alcaldía citó el literal D.12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010. Esta disposición contempla sanciones para quienes destinen un vehículo a un servicio diferente al autorizado en su licencia de tránsito, incluida la inmovilización del automotor.

La Secretaría de Movilidad anunció que intensificará los controles en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas y actuar frente a las posibles infracciones.

Finalmente, la Alcaldía ratificó su respaldo al transporte legal y al trabajo que se adelanta con el gremio taxista para mejorar la prestación del servicio en Yopal. Sin embargo, insistió en que ninguna inconformidad justifica acciones de hecho que pretendan sustituir las funciones de las autoridades.

El llamado a conductores y ciudadanos es a denunciar las situaciones que consideren irregulares y permitir que sean los organismos competentes quienes adelanten los procedimientos correspondientes, garantizando la seguridad y el respeto por la ley.

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