🚨 Una fuerte explosión sacudió durante la madrugada de este viernes 23 de octubre el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey, en el sur de Casanare. El hecho, que sería producto de un atentado con un vehículo cargado de explosivos, dejó graves daños en la infraestructura y varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital de Villanueva para recibir atención médica. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La detonación se registró alrededor de las 12:24 a. m., según el reporte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La fuerza de la explosión destruyó varias casetas de cobro, afectó la estructura metálica del peaje y dejó escombros y restos del vehículo esparcidos sobre la calzada.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, un hombre habría dejado el automóvil cerca de las casetas y posteriormente huyó en una motocicleta en la que lo esperaba otra persona. Segundos después de su salida se produjo la explosión. Esta secuencia también habría quedado registrada en cámaras de seguridad, cuyas imágenes están siendo revisadas por las autoridades como parte de las labores de investigación.

Los reportes iniciales sobre el número de personas afectadas presentaron diferencias. Mientras algunos medios informaron sobre cuatro trabajadoras lesionadas, la ANI comunicó preliminarmente que tres personas sufrieron heridas leves y otras siete resultaron ilesas. Los lesionados recibieron atención médica y, según información divulgada por autoridades locales, sus heridas no revestían gravedad.

Tras el atentado, unidades de la Policía Nacional y personal especializado en explosivos llegaron al lugar para inspeccionar el área, recopilar evidencias y descartar la presencia de otros artefactos. La investigación deberá establecer qué tipo de explosivo fue utilizado, cómo fue acondicionado el vehículo y quiénes participaron en la acción.

La emergencia obligó a cerrar temporalmente el corredor vial entre Villanueva y Monterrey, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad. La restricción afectó la movilidad de quienes utilizan esta carretera para desplazarse entre municipios de Casanare y conectar con otros sectores de los Llanos Orientales. Las autoridades y la concesionaria Covioriente activaron los protocolos de emergencia y coordinaron medidas para facilitar el tránsito de manera segura.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el ataque y anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad en Villanueva. El objetivo es coordinar acciones con la Fuerza Pública y las entidades competentes para avanzar en la identificación y captura de los responsables, además de fortalecer las medidas de protección en la región.

Por su parte, la ANI condenó el hecho y expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias. La entidad señaló que trabaja de manera articulada con la concesión y las autoridades para recuperar la movilidad en el corredor, una vía importante para el transporte de pasajeros y mercancías.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente quién estaría detrás del atentado ni cuál habría sido su motivación. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y analizan las evidencias disponibles antes de atribuir el hecho a una organización específica.

El ataque vuelve a generar preocupación por la seguridad de los trabajadores de la infraestructura vial y de las personas que transitan por las carreteras del departamento. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que pueda contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

🚨 Varias ciudades europeas atraviesan una intensa jornada de movilizaciones que ha terminado en disturbios, incendios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las protestas, impulsadas por el aumento del costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de los servicios públicos, han generado daños materiales y numerosas detenciones, especialmente en Francia, donde la situación alcanzó uno de sus momentos más críticos.

Francia se convirtió en el principal escenario de los disturbios, con manifestaciones multitudinarias en las que participaron estudiantes, trabajadores, sindicatos, jubilados y otros sectores inconformes con la situación económica y las decisiones del Gobierno de Emmanuel Macron. Las movilizaciones se extendieron a cientos de puntos del país y estuvieron acompañadas por reclamos relacionados con el poder adquisitivo, las condiciones educativas y la actuación policial.

En París, varios establecimientos comerciales fueron saqueados y se registraron incendios de vehículos y barricadas, además de enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios. La violencia también alcanzó otras ciudades. En Limoges, el ayuntamiento histórico sufrió un incendio que afectó parte de su estructura; mientras que en Marsella se reportaron daños en la sede municipal y en Lyon fue incendiada una oficina de turismo. También hubo afectaciones en edificios públicos y comercios de Lille y Burdeos.

Las autoridades francesas reportaron miles de detenciones y cientos de integrantes de los cuerpos de seguridad heridos, en medio de un amplio operativo para contener los disturbios. El presidente Macron condenó los actos violentos y afirmó que los responsables deberán responder ante la justicia. Al mismo tiempo, el Gobierno ha señalado la participación de grupos radicales y personas que, según sus declaraciones, habrían aprovechado las manifestaciones para cometer actos vandálicos.

Italia también registró episodios de tensión, particularmente en Milán, donde una movilización terminó en choques entre manifestantes y policías en las inmediaciones de la plaza del Duomo. De acuerdo con los reportes, algunos participantes levantaron barricadas, lanzaron objetos contra los agentes y prendieron fuego a elementos del mobiliario urbano. La Policía recurrió a gases lacrimógenos y otros medios de dispersión, mientras se reportaron detenciones y daños en establecimientos comerciales.

En Bélgica, las protestas también derivaron en enfrentamientos, especialmente en Bruselas y Lieja. Las movilizaciones estuvieron relacionadas con el rechazo a los recortes en educación, las políticas del Gobierno federal y otras preocupaciones sociales. La intervención policial incluyó el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, y las autoridades informaron de cerca de 200 detenciones entre ambas ciudades.

Portugal vivió manifestaciones multitudinarias, principalmente en Lisboa, donde miles de personas reclamaron mejores salarios y pensiones, además de medidas para enfrentar el encarecimiento de la vivienda y los alquileres. Algunos participantes instalaron tiendas de campaña en la plaza de Rossio como forma de visibilizar las dificultades que enfrentan numerosos ciudadanos para conseguir una vivienda. En España, las movilizaciones por el acceso a hogares dignos y contra el aumento de los precios inmobiliarios también han reunido a ciudadanos en distintas ciudades.

En Albania, las manifestaciones estuvieron marcadas por exigencias relacionadas con la educación universitaria, el empleo y las denuncias de corrupción. En Tirana, la capital, se presentaron enfrentamientos cerca de edificios gubernamentales, mientras la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a algunos grupos de manifestantes.

Aunque cada país enfrenta circunstancias particulares, las movilizaciones comparten preocupaciones por el costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a servicios esenciales y la falta de oportunidades para los jóvenes. La expansión de las protestas refleja un creciente malestar social en distintas regiones del continente, mientras los gobiernos buscan contener los episodios de violencia y responder a las demandas ciudadanas.

🚨 Un campesino y electricista de Boyacá enfrenta una difícil situación económica y judicial después de quedar condenado por una deuda tributaria que, según sus cálculos, supera los 600 millones de pesos. El hombre, identificado con el nombre ficticio de Daniel para proteger su identidad, asegura que terminó asumiendo obligaciones derivadas de un negocio de alumbrados navideños que realizó en 2017 y en el que señala al político César Pachón de incumplir los compromisos económicos acordados.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Cambio y retomada por El Colombiano, el negocio consistía en instalar alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas. Daniel afirma que puso su empresa y sus conocimientos técnicos a disposición del proyecto, mientras que Pachón se encargaría de gestionar el contrato y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos correspondientes.

El campesino relató que, una vez finalizados los trabajos, revisó las cuentas con su contador y encontró que no había recibido el dinero necesario para cubrir las obligaciones tributarias. Como la responsabilidad fiscal estaba a nombre de su empresa, las deudas comenzaron a acumularse y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició los requerimientos de pago.

La situación llegó a los estrados judiciales y, el 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja lo condenó por el delito de omisión de agente retenedor. Según el reportaje, la deuda relacionada con el impuesto al valor agregado (IVA) asciende aproximadamente a 350 millones de pesos, cifra que ha aumentado con los intereses y otros compromisos económicos que el hombre atribuye al negocio.

Un salario que, según denuncia, no pudo utilizar

Daniel aseguró que, cuando César Pachón llegó a la Cámara de Representantes en 2018, le dijeron que tendría nuevas oportunidades de contratación para solucionar sus dificultades financieras. Posteriormente, fue vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista como asesor uno, con un salario mensual superior a los seis millones de pesos.

Sin embargo, el hombre afirmó que no podía disponer libremente de esos ingresos, pues, según su testimonio, el dinero se destinaba a cubrir compromisos políticos y personales ajenos. También sostuvo que su vinculación laboral se prolongó durante más de un año, pero que finalmente dejó de recibir respuesta y perdió ese ingreso.

A este problema se sumó un crédito por libranza de 80 millones de pesos que, según Daniel, le solicitaron tramitar a su nombre. El campesino aseguró que el préstamo estaba destinado a terceros y que, después de terminar su vinculación con la UTL, tuvo que asumir el saldo pendiente, que calculó en cerca de 50 millones de pesos, más los intereses.

Al sumar la deuda con la DIAN y los demás compromisos que dice haber adquirido como consecuencia del negocio, Daniel estima que el monto supera los 600 millones de pesos. Actualmente cumple prisión domiciliaria y afirma que esta condición le ha impedido continuar con su trabajo en instalaciones eléctricas y montajes de alumbrados, actividad a la que dedicó cerca de dos décadas.

Denuncias, documentos y una versión pendiente

En la entrevista, Daniel manifestó que ha intentado llegar a acuerdos de pago con la DIAN, pero que las cuotas que puede asumir no resultan suficientes frente al monto de la obligación. También dijo que teme por su seguridad y la de su familia, razón por la cual aseguró haber dejado constancia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre sus preocupaciones.

El campesino relató, además, que firmó un documento de confidencialidad que, según su versión, le presentó personalmente Pachón. Afirmó que lo hizo porque todavía esperaba recibir el dinero que consideraba pendiente. La investigación periodística menciona la existencia de conversaciones y audios incorporados al expediente que reposa en la Corte Suprema de Justicia.

Es importante precisar que las acusaciones sobre los compromisos económicos y el supuesto incumplimiento corresponden al testimonio de Daniel y a los elementos mencionados en el reportaje. La condena del campesino por omisión de agente retenedor no equivale, por sí sola, a una decisión judicial que establezca la responsabilidad de Pachón en los hechos denunciados.

Según Cambio, al cierre de la publicación César Pachón no había respondido las preguntas enviadas por el medio para conocer su versión. Por tanto, las afirmaciones del denunciante deberán contrastarse con los documentos y las actuaciones de las autoridades competentes.

Mientras tanto, Daniel asegura que su principal objetivo es recuperar su libertad, volver a trabajar y reconstruir la clientela que perdió durante el proceso. Su caso ha generado cuestionamientos sobre los riesgos que puede enfrentar una persona cuando asume obligaciones contractuales y tributarias sin contar con garantías suficientes para responder por ellas.