La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) rechazó las amenazas dirigidas contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín, luego de que un comunicado atribuido al Clan del Golfo cuestionara su labor informativa.

El gremio manifestó su preocupación y advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo el libre ejercicio del periodismo, afectan la libertad de prensa y vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente. Además, hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas de protección, investiguen los hechos y garanticen condiciones seguras para el ejercicio de la profesión.

Por su parte, Caracol Radio expresó su respaldo al periodista y rechazó de manera categórica cualquier forma de intimidación o presión contra quienes ejercen la labor informativa, reiterando que ningún comunicador debe ser amenazado por cumplir con su deber de informar.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo también condenaron los señalamientos, al considerar que este tipo de comunicados provenientes de grupos armados ilegales constituyen actos de intimidación que incrementan el riesgo para los periodistas y representan una amenaza contra la libertad de prensa.

El equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 logró rescatar con vida a un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fuertes terremotos registrados en Venezuela.

El menor permanecía sepultado a cerca de tres metros de profundidad. Tras establecer contacto con él, los rescatistas iniciaron una compleja operación de alta precisión que se extendió durante aproximadamente seis horas, suministrándole agua mientras avanzaban las labores para garantizar una extracción segura y evitar nuevos derrumbes. Finalmente, el niño fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención médica.

La misión humanitaria colombiana está integrada por 63 rescatistas especializados y cuatro binomios caninos, desplegados en La Guaira bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con apoyo de la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana. La operación permanecerá en territorio venezolano durante diez días.

De forma paralela, el Gobierno colombiano evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para reforzar la atención a los damnificados. Además, mediante vuelos humanitarios realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ya fueron repatriados 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas que se encontraban en Venezuela al momento de la emergencia.

La Cancillería también informó que, de manera preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido a causa de los terremotos, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades venezolanas.

Los exintegrantes de las antiguas FARC que hacen parte del proceso de reincorporación solicitaron garantías al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de quienes dejaron las armas, tras considerar que la política de Paz Total del gobierno saliente dejó resultados negativos.

Los firmantes del acuerdo señalaron que corresponde al nuevo Gobierno cumplir los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, especialmente en materia de seguridad, reincorporación y desarrollo de los territorios afectados por el conflicto. También expresaron preocupación por el incremento de la violencia contra excombatientes y líderes sociales.

El pronunciamiento se produce en medio de la transición presidencial y luego de que De la Espriella reiterara que su administración cambiará la estrategia frente a los grupos armados ilegales. El presidente electo ha manifestado que dará un plazo para el sometimiento a la justicia y que no mantendrá políticas de negociación en los mismos términos que el gobierno anterior.

Los excombatientes insistieron en que el cumplimiento del Acuerdo de Paz debe ser una política de Estado, independiente del gobierno de turno, y solicitaron que se garantice la continuidad de los programas de reincorporación, así como la protección de las comunidades y de quienes firmaron la paz.