🚨 El nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, enfrenta sus primeras demandas ante la justicia. Sectores de la oposición consideran que la norma podría vulnerar el derecho constitucional a la protesta pacífica y que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al introducir cambios mediante un decreto.

La controversia se desató el 13 de octubre, cuando el presidente firmó el Decreto 1525 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 sobre la intervención policial durante las movilizaciones. La expedición de la norma coincidió con los preparativos de las marchas convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores sindicales y organizaciones de oposición al Gobierno.

Una de las primeras en anunciar acciones judiciales fue la senadora Jennifer Pedraza, quien cuestionó que el Ejecutivo modificara las reglas de la protesta social sin tramitar una ley estatutaria en el Congreso. Según su planteamiento, los cambios podrían afectar derechos fundamentales y requerirían un procedimiento legislativo diferente.

Pedraza también criticó el tiempo destinado a la consulta pública del proyecto y señaló que no se convocó a la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de diálogo entre autoridades y organizaciones sociales. Otro de sus reparos está relacionado con el papel del diálogo antes de que la Policía intervenga: considera que la nueva redacción podría permitir actuaciones más rápidas sin agotar previamente las etapas de prevención, conversación y mediación.

Desde el Pacto Histórico también se anunciaron acciones contra la disposición. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó la competencia del Gobierno para establecer estas modificaciones por vía reglamentaria. A su vez, Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, y Daniel Monroy anunciaron medidas judiciales, entre ellas una demanda de nulidad y una solicitud de suspensión cautelar, con el propósito de evitar posibles afectaciones a los manifestantes.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

La norma establece criterios para determinar cuándo se considera agotado el diálogo durante una manifestación y en qué circunstancias puede intervenir la Fuerza Pública. Entre los hechos que deben evaluarse se encuentran impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y causar daños a la infraestructura.

La evaluación corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de sus decisiones. Sin embargo, el decreto señala que dar por agotado el diálogo no autoriza automáticamente el uso generalizado de la fuerza, y que un bloqueo, por sí solo, no elimina necesariamente el carácter pacífico de una protesta.

El Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger tanto el derecho a manifestarse como otros derechos ciudadanos, entre ellos la movilidad, la salud, el trabajo y el acceso a los servicios esenciales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha sostenido que la intención no es prohibir las movilizaciones, sino establecer reglas para responder ante hechos de violencia y bloqueos que afecten a la población.

El debate sobre los límites de la protesta

La discusión jurídica gira en torno a cómo equilibrar el derecho a la manifestación con la obligación estatal de proteger a terceros y mantener el orden público. Mientras la oposición advierte que los cambios podrían ampliar la discrecionalidad policial y debilitar el diálogo, el Ejecutivo sostiene que la protesta pacífica seguirá protegida y que las intervenciones deben responder a situaciones concretas.

El procurador general, Gregorio Eljach, también ha recordado que la protesta social es un derecho constitucional, aunque no absoluto, y que las autoridades tienen facultades para actuar cuando se presentan alteraciones del orden público, dentro de los límites legales.

Las demandas deberán ser estudiadas por las autoridades judiciales competentes, que tendrán que determinar si el Gobierno tenía facultades para expedir la norma y si sus disposiciones respetan las garantías constitucionales. Mientras se resuelven esos recursos, el debate sobre el alcance del decreto se mantiene en el centro de la discusión política nacional.

🚨 El Gobierno nacional estudia establecer restricciones a los pagos en efectivo para la compra de bienes de alto valor, como viviendas, vehículos y terrenos. La propuesta estaría contemplada en el Estatuto Antiterrorista que se prepara para presentar ante el Congreso y busca fortalecer los mecanismos de seguimiento al dinero para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La iniciativa recibió el respaldo de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Su presidente, Jonathan Malagón, señaló que este tipo de operaciones debería contar con mecanismos que permitan identificar la procedencia de los recursos y hacer seguimiento a los movimientos financieros.

A través de su cuenta en la red social X, Malagón expresó que el sector financiero ve con buenos ojos que se analicen límites a los pagos en efectivo en transacciones de alto valor. Según explicó, conocer la ruta del dinero puede contribuir a detectar recursos provenientes de actividades ilegales y dificultar su ingreso a la economía formal.

De aprobarse una medida de este tipo, las personas que compren apartamentos, carros o lotes podrían tener que recurrir a transferencias bancarias u otros medios financieros autorizados. Esto permitiría dejar registros de quién realiza el pago, quién recibe el dinero y cuál es el recorrido de los recursos durante la operación.

Sin embargo, todavía existen aspectos por definir. Entre ellos están el monto a partir del cual se aplicarían las restricciones, las operaciones específicas que quedarían incluidas y las posibles excepciones. Por ahora, la propuesta no constituye una prohibición general vigente del uso de efectivo para adquirir estos bienes, pues su alcance dependerá del proyecto que se presente y de su eventual aprobación legislativa.

La iniciativa también podría representar cambios para quienes acostumbran guardar sus ahorros o manejar sus ingresos en efectivo. En determinadas circunstancias, los compradores tendrían que presentar soportes que permitan demostrar la procedencia de los recursos, mientras que los vendedores deberían conservar los documentos relacionados con los pagos recibidos. Las obligaciones concretas dependerían de las disposiciones que finalmente se establezcan.

El Estatuto Antiterrorista contempla otras herramientas para fortalecer los controles financieros. Entre ellas se encuentra la creación de un registro de personas u organizaciones relacionadas con actividades terroristas, cuya consulta sería exigida a sectores como el financiero, asegurador y bursátil, además de notarios y oficinas de registro de instrumentos públicos.

El borrador también plantea mecanismos para congelar fondos y activos de personas incluidas en ese registro, con controles judiciales posteriores y garantías para cubrir necesidades básicas y gastos de defensa. En el sector minero, propone implementar un sistema de trazabilidad para minerales estratégicos que permita registrar a los participantes de la cadena y verificar el origen de los materiales.

Asimismo, se contemplan medidas relacionadas con los activos virtuales, como obligaciones de identificación, reporte de información y congelamiento de billeteras bajo determinadas condiciones. El objetivo general es dificultar que los recursos provenientes de actividades ilícitas circulen sin dejar registros que puedan ser examinados por las autoridades.

Aunque los pagos a través del sistema financiero facilitan el rastreo de las transacciones, la bancarización no demuestra por sí sola que el dinero tenga un origen legal. Por ello, la efectividad de estas medidas dependerá también de los mecanismos de verificación, los controles aplicados y las garantías previstas para evitar afectaciones injustificadas a los ciudadanos.

El respaldo de Asobancaria pone en evidencia el interés del sector financiero en fortalecer la trazabilidad de las operaciones de alto valor. No obstante, la propuesta deberá avanzar en su trámite ante el Congreso y precisar cómo se aplicaría a las compraventas entre particulares y a quienes no utilizan habitualmente los servicios bancarios.

La Alcaldía de Medellín inició la demolición de una antigua vivienda relacionada con el narcotraficante Pablo Escobar, ubicada en el barrio El Diamante n.º 2, en el sector de El Poblado. El inmueble permaneció abandonado durante varios años y, según las autoridades y los residentes de la zona, terminó convirtiéndose en un punto de consumo de drogas, presuntos rituales satánicos y actividades asociadas con el narcoturismo. 🚧

La propiedad se encuentra en un terreno de 1.854 metros cuadrados, en el cruce de la carrera 42 con la calle 16B Sur. Su historia está relacionada con el entorno familiar de Escobar, pues fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa del antiguo jefe del cartel de Medellín.

En 2004, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre el inmueble. Posteriormente, en 2018, el predio pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La decisión judicial relacionada con el proceso fue confirmada en 2020.

Desde que quedó bajo control estatal, la vivienda permaneció desocupada durante más de siete años. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, el deterioro de la estructura facilitó el ingreso de personas que presuntamente la utilizaban para consumir y comercializar sustancias psicoactivas, ingerir bebidas alcohólicas y realizar encuentros sexuales.

Las autoridades también señalaron que en el lugar se habrían llevado a cabo rituales de magia oscura, una situación que generó preocupación entre los habitantes. Los vecinos denunciaron reiteradamente las actividades que ocurrían en el inmueble y solicitaron una intervención para recuperar la tranquilidad del sector.

La casa, además, se había convertido en un punto de interés para visitantes atraídos por la historia de Pablo Escobar y los recorridos asociados con el narcoturismo. Esta situación aumentó las inquietudes de la comunidad, que cuestionaba que una propiedad vinculada con el pasado criminal de Medellín siguiera siendo utilizada como atractivo turístico.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que la demolición busca recuperar el espacio y evitar que inmuebles relacionados con el narcotráfico sean utilizados para exaltar a antiguos criminales o favorecer actividades que afecten la convivencia. El funcionario sostuvo que la prioridad es proteger a los residentes y recuperar el control del territorio.

Para iniciar los trabajos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) emitió un concepto técnico favorable y la Inspección de Convivencia y Paz autorizó el desmonte de la estructura. Posteriormente, la Administración distrital adelantó las gestiones correspondientes ante la SAE para ejecutar la intervención.

La demolición se suma a otras acciones emprendidas en Medellín para transformar lugares asociados con la historia del narcotráfico. Entre los casos más conocidos están la demolición del edificio Mónaco en 2019 y la intervención de otros espacios que llegaron a convertirse en atractivos para quienes buscaban recorridos relacionados con la vida de Escobar.

Por ahora, el futuro del terreno sigue pendiente de definición. Aunque el predio permanece bajo administración de la SAE, la Alcaldía contempla solicitarlo a la Nación para evaluar su posible utilización en proyectos de infraestructura local.

Con esta intervención, la Administración busca responder a las quejas de los vecinos y eliminar un punto que, según los reportes oficiales, afectaba la seguridad y la convivencia. La actuación también reabre la discusión sobre cómo recuperar espacios vinculados con la historia del narcotráfico sin convertirlos en lugares que glorifiquen esa etapa violenta de la ciudad.