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Más de 453 mil niños, niñas y adolescentes no están recibiendo alimentación escolar 

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·        4 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), Atlántico, Nariño, Quindío y Montería, presentan suspensión en la operación del PAE, debido a que no han logrado las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del Programa. 

 

·        Y en 4 ETC, Magdalena, Guainía, Vichada y Montería, no se está entregando en su totalidad el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 

·        La ETC Magdalena no reporta inicio de la ejecución del PAE para los beneficiarios de las zonas urbanas y rurales (144.621). De los 147 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento, sólo han recibido alimentos 2.379 de comunidades indígenas. 

 

·        La ETC Guainía, que tiene 9.393 beneficiarios, actualmente atiende 6.474 estudiantes, pero durante el año escolar nunca ha atendido el PAE rural que beneficia 2.919 estudiantes de población mayoritariamente indígena. 

 

·        En 56 sedes de las instituciones educativas de la ETC Vichada, aún no se está recibiendo PAE desde el inicio del contrato, afectando a 2.691 estudiantes beneficiarios. 

 

·        Desde el pasado 21 de julio, la ETC Montería tiene suspendido el servicio del PAE por terminación de contrato, afectando 45.890 beneficiarios. 

·        Durante el 2022 la CGR ha realizado visitas a 683 Instituciones Educativas Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificadas del territorio nacional, identificando que en el 68% de las IE aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y en el 13% no están conformados los Comités de Alimentación Escolar (CAE). 

 

Alrededor de 453.481 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el segundo semestre del calendario académico, según identificó la Contraloría General de la República en el seguimiento que realiza a la ejecución del mismo en todo el país, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad «Alimentos Para Aprender» UAPA. 

Durante las visitas realizadas por los equipos de la CGR, junto a las comunidades académicas, se verificó que las ETC Atlántico, Florencia, Mosquera, Nariño y Quindío, suspendieron el servicio de alimentación escolar, debido a diferentes condiciones contractuales. 

En el caso de Atlántico, la ETC suspendió el contrato desde el 4 de agosto de la actual vigencia, debido a la incorporación de los recursos necesarios para adicionar el mismo por 27 días calendario.  

La ETC Nariño reportó la terminación del contrato desde el 09 de agosto y el proceso para la continuidad del servicio se encuentra en fase de alistamiento. Se ha comunicado al ente de control que posiblemente se reinicie el 22 de agosto. 

La ETC Quindío declaró incumplimiento con imposición de multa al segundo operador que ha ejecutado el PAE en el departamento, debido a que se evidenciaron inconvenientes con horarios de entrega, cantidad de alimentos, la no entrega de los mismos, entre otros. Cabe resaltar que, en la vigencia, el operador dejó de prestar el servicio del PAE durante 17 días en su ejecución y, además, a partir de las reiteradas denuncias de las comunidades educativas, se suspendió el servicio para acordar soluciones que no se lograron subsanar. 

La ETC Montería, presenta suspensión del PAE desde el 21 de julio y a la fecha se encuentra adelantando proceso de licitación. La ETC ha comunicado a la Contraloría que se proyecta adjudicar el contrato a finales del mes de agosto, por aproximadamente $9.655 millones ($9.655.106.719), ampliando la cobertura de 38.745 a 45.890 beneficiarios. 

“Desde la Contraloría General de la República, hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional, y en estos casos, con excepción de la ETC Quindío en la que el contratista presentó diferentes incumplimientos, debían tenerse claro las fechas de culminación de los contratos para adelantar los procesos contractuales que garanticen la continuidad de la operación sin generar afectaciones a los estudiantes. Hoy esperamos que se subsanen prontamente los problemas y no se sigan dejando sin alimentación más 257 mil niños de estas 4 ETC”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. Luis Carlos Pineda Téllez.  

En donde no se está prestando el servicio en la totalidad de la cobertura 

La ETC Magdalena no reporta ejecución alguna del PAE para los estudiantes del área urbana y rural desde el inicio de año. De los 147 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes que deberían estar recibiendo alimentación en el departamento desde el 24 de enero de 2022, sólo han sido atendidos 2.379 de comunidades indígenas. 

“De acuerdo a la Resolución 295 de noviembre 5 de 2021, desde noviembre del año 2021, le fueron asignados recursos del presupuesto de gastos de inversión por $25.688.021.214 para la vigencia fiscal 2022 y aun así los estudiantes de las zonas urbanas y rurales siguen sin recibir la primera ración del PAE”, indicó Pineda Téllez. 

En el caso de la ETC Guainía, de los 9.393 beneficiarios, 2.919 estudiantes de población mayoritariamente indígenas, de las instituciones educativas de las zonas rurales (3, 4 y 5) no han recibido PAE durante la vigencia 2022, debido a convocatorias fallidas con asociaciones indígenas, que no han logrado la totalidad de trámites contractuales y sin alternativas presentadas por parte de la ETC. 

“Ha llamado la atención de los equipos de la Contraloría, el caso de Guainía, debido a que hemos conocido que para los estudiantes de las zonas 3, 4 y 5, que nunca han recibido alimentación escolar durante el 2022, la ETC prevé contratar de manera directa la cobertura con un proceso por valor aproximado de $2.130 millones, el cual sólo atendería 54 días del calendario escolar, lo que indicaría que tampoco alcanzaría para culminar el año”, enfatizó el Contralor Delegado de Participación Ciudadana. 

“Para el caso de los estudiantes que se atienden actualmente con el PAE Guainía de las zonas 1 y 2 rurales, que beneficia a 563 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el contrato terminó el 9 de agosto y se prevé de igual manera que la ETC realice una contratación directa por 54 días, que daría una cobertura sólo hasta el 2 de noviembre”, agregó. 

En la ETC Vichada, 56 sedes de instituciones educativas no están recibiendo PAE desde el inicio del contrato para la operación del programa (17 de mayo), afectando a 2.691 estudiantes beneficiarios. 

A pesar que se vienen realizando mesas de trabajo con el operador, el equipo de supervisión PAE, la Secretaría de Salud Departamental y la comunidad educativa, en las que se estableció un compromiso por parte de la ETC, de alcanzar una cobertura del 100% una vez retornaran los estudiantes del periodo de vacaciones, éste no se cumplió y siguen sin recibir PAE más de 6 mil estudiantes. 

“Estos casos en los que se suspende el servicio por unos días, nos permiten resaltar la importancia de la planeación en la contratación del PAE, debido a que se debe garantizar la alimentación durante todo el calendario académico, desde el primer día y sin interrupción, es decir los 194 días que establece el Decreto 0335 de 2021”, anotó el Contralor Delegado. 

Próximas actuaciones de la CGR 

En el marco del seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Departamento de la Guajira, se identificó que esta ETC contrató los operadores urbanos e indígenas para los 12 municipios no certificados del departamento, pero actualmente esta contratación y el servicio se encuentran en riesgo de suspensión, ya que es necesario incorporar al presupuesto del departamento los recursos que los municipios aportan para el programa, para lo que se requiere que la Asamblea Departamental otorgue facultades al gobernador (E).  

Sin embargo, de acuerdo a información suministrada por la secretaria de educación, la Asamblea Departamental aun no da trámite a las facultades, motivo por el cual desde la Delegada de Participación Ciudadana este lunes 22 de agosto se convocó a una mesa de Diálogo Participativo con los diferentes actores y entes competentes en el tema para conocer las acciones por parte de la ETC para evitar interrupciones en la prestación del servicio. 

Por otra parte, en Villavicencio como resultado del Seguimiento permanente al PAE por parte del equipo de Participación Ciudadana, se identificó que entre el 3 y 18 de mayo del 2022 no se entregó PAE en ninguna de las Instituciones Educativas del Municipio, debido a que la administración no tenía contrato de este programa. Transcurrieron 12 días sin la prestación del servicio de alimentación escolar y, producto de estos incumplimientos generados, la ETC decidió sancionar al contratista con una multa de 53 millones de pesos.  

El día 19 de julio y hasta el 25 de julio, se interrumpe nuevamente la prestación del Programa, producto de la adjudicación y firma del nuevo contrato 1825 del 2022, lo cual no garantizó que, al retorno de los estudiantes de vacaciones de mitad de año, se contara con la prestación del servicio, puesto que el nuevo contrato tiene como plazo de ejecución de 26 días calendario escolar, lo que tampoco alcanzaría a cobijar la totalidad del calendario escolar en el Municipio de Villavicencio. 

Ante este caso, la ETC actualmente no ha indicado que acciones adelantará para garantizar continuidad hasta el final del calendario académico; por lo que desde la CGR se ha propuesto una Mesa de diálogo participativo para el próximo 22 de agosto. 

Finalmente, en el caso de la ETC de Guaviare, en el marco del Control Preventivo, se proyecta realizar una mesa de Diálogo Participativo con los actores correspondientes, con el fin de realizar seguimiento al PAE. Se tratarán temas relacionados con la atención del programa e inconvenientes que se han presentado en el Departamento debido a los problemas de infraestructura y dotación de menaje en las IE.   

Esta mesa interinstitucional está proyectada para realizarse el lunes 29 de agosto de 2022, a las 2:15 pm, en el auditorio de la Contraloría General de la República Gerencia Guaviare (Calle 8 No 24 – 169, barrio 20 de Julio, en San José del Guaviare). 

Llamado a la no suspensión del servicio 

La Contraloría realizará especial seguimiento a los procesos contractuales que próximamente culminaran, a fin de que haya continuidad en el PAE. 

ETC FECHA DE INICIO CALENDARIO ACADÉMICO FECHA INICIO ATENCIÓN PAE FECHA PROYECTADA FIN ATENCIÓN PAE 
Lorica 17/01/2022 21/02/2022 19/08/2022 
Sahagún 24/01/2022 24/01/2022 19/08/2022 
Vaupés 31/01/2022 31/01/2022 19/08/2022 
Barranquilla 31/01/2022 31/01/2022 23/08/2022 
Facatativá 24/01/2022 26/01/2022 23/08/2022 
Nariño 31/01/2022 3/02/2022 23/08/2022 
Tolima 24/01/2022 24/01/2022 26/08/2022 
Villavicencio 31/01/2022 10/03/2022 26/08/2022 
Cauca 24/01/2022 17/03/2022 29/08/2022 
Florencia 24/01/2022 14/02/2022 29/08/2022 
Ipiales 24/01/2022 31/01/2022 29/08/2022 
Casanare 31/01/2022 21/02/2022 30/08/2022 
Chocó 17/01/2022 7/03/2022 30/08/2022 
Fusagasugá 24/01/2022 11/02/2022 30/08/2022 
Girardot 24/01/2022 1/02/2022 30/08/2022 
Tunja 31/01/2022 31/01/2022 30/08/2022 
Funza 24/01/2022 24/01/2022 31/08/2022 
Girón 24/01/2022 24/01/2022 31/08/2022 
Malambo 31/01/2022 31/01/2022 31/08/2022 
Soacha 24/01/2022 24/01/2022 31/08/2022 

Desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se está haciendo un llamado de atención a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que no se llegue a una suspensión y, por lo contrario, con la debida planeación, se garantice el servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 de 2021, respetando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario académico por parte de los distritos, departamentos y municipios. 

En ese sentido, las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar y no se afecten a aproximadamente 658.243 estudiantes de 20 ETC durante el segundo semestre de 2022. 

Seguimiento de la CGR  

En el seguimiento que realiza la CGR al Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante la vigencia 2022 se han realizado visitas a 683 Instituciones Educativa Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificadas del territorio nacional.  

En el último seguimiento realizado, la CGR evidenció que, del total de las 96 ETC, el 30.2% (29) incumplieron en el inicio oportuno del PAE, y de estas, 11 ETC (11.4%), Magdalena, Buenaventura, Sincelejo, Sucre, Neiva, Cúcuta, Cesar, Caquetá, Santa Marta, Córdoba y Pitalito, iniciaron la ejecución del PAE con un retraso superior a dos meses. 

En dicho seguimiento se pudo corroborar que de la muestra (183 IE) en el 16% (29) no se realizando entregas del PAE el día de la visita. En el 15% (28) de las IE visitadas no cuentan con cocina, el 18% (33) no tiene comedor, el 21% (39) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 21% (39) no tienen un lugar para la refrigeración de los alimentos. 

Por otra parte, la Resolución 0335 del 23 de diciembre de 2021 de la Unidad «Alimentos Para Aprender» UAPA, dentro del anexo técnico de Participación Ciudadana, definió la importancia de fomentar el control social durante las fases de planeación y ejecución del PAE con el fin de optimizar su operatividad, es por ello que llama a que se conformen las veedurías de padres de familia o los Comités de Alimentación Escolar. 

Al respecto, se pudo identificar que en el 68% de las IE visitadas (125) aún no se han confor

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Judicial

Lluvias dejan cultivos de banano afectados e inundaciones en Santa Marta

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🌧️ Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron afectaciones en distintos puntos del Magdalena. Mientras varios sectores de Santa Marta terminaron bajo el agua tras el aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores reportaron nuevos daños en cultivos de banano y plátano debido a los fuertes vientos.

En las fincas de la zona rural quedaron evidenciadas numerosas plantas derribadas por el fenómeno climático. Los productores aseguran que este tipo de afectaciones se han repetido durante el año y que las pérdidas se suman a las dificultades económicas y de seguridad que enfrenta actualmente el sector.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), señaló que este corresponde al sexto episodio de vientos que afecta los cultivos durante 2026. El dirigente gremial manifestó su preocupación por el impacto que estos eventos están teniendo sobre las familias que dependen de la producción bananera.

A los daños ocasionados por el clima se agregan otros factores que presionan a los productores, entre ellos la disminución de la tasa representativa del mercado y las dificultades de seguridad en las zonas rurales. La situación genera preocupación además por las negociaciones comerciales que se adelantarán próximamente para definir los precios del banano de cara a 2027.

Desde Asbama hicieron un llamado a los supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta las condiciones que están enfrentando los productores y se establezcan acuerdos comerciales que permitan mantener la actividad y la estabilidad de las familias vinculadas al sector.

En Santa Marta, por otra parte, las precipitaciones provocaron inundaciones en al menos 11 sectores, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes, Bonda, Timayuí, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

Videos registrados por habitantes muestran calles cubiertas de agua y vehículos con dificultades para movilizarse. Algunas vías de sectores como Timayuí y Los Alpes quedaron prácticamente intransitables debido al volumen de agua que descendió desde las zonas altas.

Ante la situación, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los puntos afectados. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones.

El Ideam indicó preliminarmente que en la estación del Aeropuerto Simón Bolívar se registraron 36,8 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas. El organismo aclaró que estos datos todavía están sujetos a procesos de validación y podrían presentar modificaciones.

Las lluvias también provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó arrastrando grandes cantidades de residuos hacia la bahía de Santa Marta. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo la corriente transportó basura acumulada en diferentes sectores de la ciudad hasta desembocar en el mar, generando una nueva alerta por el impacto ambiental sobre el ecosistema marino.

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Nacional

Abaten en el Huila a alias Robinson Gutiérrez, señalado de financiar el crimen de Miguel Uribe

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🚨 Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, y la captura de otros tres presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia. El operativo se desarrolló en la vereda El Cadillo, zona rural del municipio de Tello, Huila.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Robinson Gutiérrez era señalado como uno de los responsables del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Su nombre también fue relacionado con la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación y afirmó que el hombre estaría implicado en el crimen del dirigente político. Sin embargo, precisó que la información corresponde a un balance preliminar y que los detalles serán ampliados una vez finalice la verificación de los resultados.

Según información citada por El Colombiano, la presunta participación de Guzmán González en el asesinato de Uribe Turbay habría estado relacionada con la logística financiera del crimen. Este señalamiento deberá ser esclarecido por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.

En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de la estructura armada. Hasta el momento, no se han divulgado sus identidades ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la organización.

¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?

Los reportes de inteligencia identificaban a Miguel Orlando Guzmán González como uno de los cabecillas de la estructura Teófilo Forero Castro. Desde 2024, habría asumido responsabilidades relacionadas con las finanzas del grupo, además de cumplir funciones políticas dentro de la organización.

Su trayectoria se remontaría a la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los informes conocidos por las autoridades, durante varios años habría ocupado diferentes posiciones dentro de estructuras armadas, hasta llegar a desempeñar un papel de dirección en la organización vinculada a la Segunda Marquetalia.

Los organismos de inteligencia también lo relacionaban con actividades de extorsión, amenazas contra campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

Entre los hechos que le atribuían figura un presunto ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Coomotor en 2022, que habría sido incendiado como represalia por el supuesto incumplimiento de exigencias extorsivas. Asimismo, habría sido relacionado con un falso retén en Caquetá en 2024 y con el secuestro de tres personas en zona rural de San Vicente del Caguán en 2025.

Sobre Guzmán González también se reportaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y extorsión, según los antecedentes de inteligencia citados en los informes periodísticos.

La operación en Tello representa un golpe contra la estructura Teófilo Forero Castro, señalada de mantener presencia en Huila y Caquetá. No obstante, las autoridades deberán precisar los alcances del procedimiento y establecer, con base en las investigaciones, la eventual participación

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Judicial

Chats de Eva Ferrer reavivan controversias sobre Verónica Alcocer durante el gobierno Petro

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📱 La divulgación de conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno, volvió a poner bajo escrutinio varios episodios relacionados con la exprimera dama. Los mensajes contienen reclamos personales y económicos, además de señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles influencias en entidades estatales.

Los chats, intercambiados durante varios años, muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. En uno de los mensajes, Petro reconoció su inconformidad con la actitud de su entonces esposa, mientras Ferrer le manifestó sus diferencias con ella y con personas de su círculo cercano.

Uno de los asuntos centrales es el reclamo económico de Ferrer, quien asegura que están pendientes más de 640 millones de pesos por servicios de asesoría durante la campaña presidencial de 2022 y gastos relacionados con los primeros meses del Gobierno. La exfuncionaria sostiene que no recibió la totalidad de los pagos que le correspondían.

Las revelaciones también incluyen acusaciones de Ferrer sobre un supuesto uso de intermediarios y familiares para manejar propiedades, así como presuntas presiones y gestiones relacionadas con cargos y contratos públicos. Alcocer ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que no corresponden a la realidad. Las afirmaciones divulgadas no constituyen, por sí solas, una comprobación de conductas ilegales.

Otro de los temas señalados es el denominado grupo de “Los Verónicos”, nombre con el que se identificó a un círculo de personas cercanas a Alcocer. Entre ellas figuran los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, además de Víctor Hugo Sierra y Yeirson Gamero. Sus nombres han aparecido en denuncias y controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas conexiones con espacios de poder durante el Gobierno.

En el caso de Ecopetrol, las publicaciones recogen señalamientos sobre una posible influencia de Alcocer en decisiones y nombramientos, incluido el proceso que llevó a Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. También se han conocido cuestionamientos sobre presuntas gestiones en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Estas acusaciones requieren ser examinadas por las autoridades y no deben interpretarse como responsabilidades establecidas.

La controversia también abarca los viajes internacionales de Alcocer en representación del Estado. Durante el Gobierno de Petro, fue designada como embajadora en misión especial para asistir a actos como los funerales de la reina Isabel II y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Por esos compromisos se reportaron gastos reconocidos por cerca de 63,7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad de su participación y el uso de recursos públicos.

A esto se sumaron críticas por los costos de algunos colaboradores que acompañaban a la entonces primera dama. Investigaciones periodísticas señalaron que servicios de estilismo, fotografía, protocolo y apoyo a su agenda se contrataron a través de distintas entidades estatales, con pagos que en conjunto superaban los mil millones de pesos. También hubo cuestionamientos por contratos de figuras cercanas, como el coreógrafo Nerú Martínez, vinculado a actividades de bienestar y clima laboral en Presidencia.

Otro nombramiento que generó debate fue el de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Baracaldo reconoció que Alcocer la contactó para ofrecerle el cargo, pese a que no contaba con experiencia previa en asuntos de niñez, según los reportes publicados en ese momento.

Las tensiones dentro del entorno presidencial también quedaron expuestas en las disputas entre Alcocer, Ferrer y otros funcionarios. En 2024, la exprimera dama denunció un supuesto complot para involucrarla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto surgieron señalamientos sobre posibles seguimientos y conflictos entre integrantes del círculo cercano al entonces presidente, aunque las acusaciones cruzadas no quedaron demostradas públicamente en los términos planteados por las partes.

En el ámbito familiar, Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del expresidente, respectivamente, han hablado públicamente de desacuerdos y de un trato que calificaron como injusto por parte de Alcocer. Sus declaraciones describen conflictos personales y políticos, incluidos cuestionamientos sobre la participación de la familia en actividades de campaña.

Finalmente, la estadía de Alcocer en Suecia también generó controversia después de que medios de ese país publicaran información sobre su vida social y sus gastos. Petro negó que ella utilizara recursos públicos para financiar sus actividades personales, mientras que desde el entorno diplomático surgieron comentarios críticos sobre su comportamiento. La financiación de ese estilo de vida fue uno de los interrogantes planteados en los reportes.

Los episodios reunidos por El Colombiano abarcan presuntas irregularidades, contratación pública, viajes oficiales, disputas personales y cuestionamientos sobre el círculo de confianza de la exprimera dama. Sin embargo, varios de los señalamientos provienen de testimonios, denuncias o investigaciones periodísticas y deben distinguirse de hechos que hayan sido establecidos por las autoridades.

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