📌 «Enfrentamos la crisis, no la escondemos»: Ministerio de Salud y Protección Social reconoce problemas estructurales en el sistema de salud colombiano
El Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) respondió formalmente al informe de Defensoría del Pueblo que advierte una grave crisis estructural en el sistema de salud colombiano, en especial por el deterioro en el acceso a medicamentos y la valorización hospitalaria. En un comunicado titulado “Enfrentamos la crisis, no la escondemos”, la cartera admitió la magnitud del problema pero también defendió las acciones que se están tomando para revertirlo.
El comunicado señala que el sistema de salud enfrenta problemas heredados desde hace más de 30 años, derivados del modelo establecido con la Ley 100 de 1993, el cual según Minsalud convirtió la salud en un negocio más que en un derecho.
Entre los datos presentados por el ministerio como evidencia de que sí se está actuando:
El reconocimiento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) aumentó en un 33,7 % entre 2022 y 2024.
El giro directo de recursos a prestadores creció de 22,1 billones en 2023 a 48,1 billones en 2024 (un aumento del 118 %).
El presupuesto para aseguramiento y fortalecimiento del sistema pasó de 40,3 billones en 2022 a 65,1 billones en 2025, con expectativa de alcanzar 75,8 billones en 2026.
No obstante, el ministerio rechazó la caracterización de la crisis como puramente gestionada por su administración: afirmó que estas fallas provienen de «decisiones estructurales y de largo plazo» y atribuye gran parte de los déficits actuales al modelo anterior y al papel de las EPS y estructuras privadas que acumulan deudas superiores a 32,9 billones de pesos.
En su conclusión, Minsalud reiteró que una reforma estructural al sistema de salud es imperativa, pues “la salud no puede seguir siendo un negocio, sino un derecho real para todos los colombianos”.
Un nuevo episodio de violencia contra el personal sanitario generó rechazo en Medellín, luego de que el médico Henry Alberto Rondón Díez, coordinador del Centro de Salud San Blas de Metrosalud, fuera agredido físicamente cuando intentaba proteger a una auxiliar de servicio que presuntamente estaba siendo atacada por un usuario. El profesional recibió un fuerte golpe en el rostro que le ocasionó un trauma ocular y requirió atención médica especializada. 🚨
Los hechos ocurrieron el miércoles 18 de noviembre en las instalaciones del centro asistencial, ubicado en el sector de San Blas, en el nororiente de Medellín. Según la denuncia presentada por la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS Antioquia), el incidente comenzó cuando un usuario llegó al establecimiento por fuera del horario de su cita médica y reaccionó de manera violenta.
De acuerdo con la versión del sindicato, el hombre habría intentado agredir inicialmente a una auxiliar de servicio. Al percatarse de la situación, el médico intervino para mediar y evitar que su compañera resultara lesionada, pero terminó convirtiéndose en víctima del ataque.
El golpe que recibió en el rostro le produjo una lesión ocular por la que tuvo que ser atendido de inmediato, permanecer bajo observación y recibir una valoración especializada por oftalmología. El caso fue rechazado tanto por Metrosalud como por las organizaciones que representan a los trabajadores del sector.
Metrosalud rechazó el ataque y acompaña al funcionario
La entidad prestadora de servicios de salud confirmó que el trabajador afectado es el coordinador de la sede San Blas y expresó su rechazo frente a cualquier manifestación de violencia contra quienes cumplen labores asistenciales.
Metrosalud informó que está pendiente de la atención médica del funcionario y que le brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y de seguridad y salud en el trabajo. También indicó que entregó la información correspondiente a las autoridades competentes para avanzar con las investigaciones.
Sin embargo, la institución decidió mantener bajo reserva los detalles del episodio, argumentando que busca respetar el debido proceso y evitar interferencias en las actuaciones que adelantan las autoridades.
La entidad recordó que el personal médico, de enfermería y los demás trabajadores de los centros asistenciales cuentan con protección especial en el ejercicio de sus funciones. Además, hizo un llamado a los usuarios para que tramiten sus inconformidades mediante el diálogo y no recurran a las agresiones físicas o verbales.
ASMEDAS exige garantías de seguridad
Tras conocerse el caso, ASMEDAS Antioquia manifestó su solidaridad con el médico Henry Rondón, la auxiliar involucrada y los demás trabajadores del Centro de Salud San Blas.
El sindicato solicitó a Metrosalud, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud y las autoridades policiales y judiciales fortalecer las medidas de protección en las instituciones asistenciales.
También pidió que se brinde acompañamiento jurídico al funcionario para presentar las denuncias correspondientes y que el caso no quede en la impunidad.
La organización insistió en que las diferencias relacionadas con los horarios de atención, las citas médicas o los procedimientos administrativos no justifican ningún tipo de violencia contra quienes prestan servicios de salud. Advirtió, además, que las agresiones afectan las condiciones de trabajo del personal y ponen en riesgo la prestación de los servicios a la comunidad.
En Medellín aumentaron las agresiones contra la Misión Médica
La denuncia se conoce en medio de una preocupación creciente por los ataques contra trabajadores sanitarios en la capital antioqueña. Según cifras divulgadas por la Personería Distrital de Medellín, entre enero y julio de 2026 se registraron 76 incidentes contra la Misión Médica, mientras que durante todo 2025 se habían reportado 47 casos.
Esto representa un incremento del 61,7 % frente al total registrado en el año anterior, aunque la comparación corresponde a siete meses de 2026 frente a los doce meses de 2025.
La Personería también advirtió sobre la posibilidad de que exista un subregistro, debido a que no todos los episodios de intimidación, amenazas o agresiones llegan a ser denunciados formalmente.
Estas situaciones afectan a médicos, enfermeros, auxiliares y otros trabajadores que deben atender a los usuarios en diferentes centros asistenciales. Las organizaciones del sector han insistido en que la seguridad del personal sanitario es indispensable para garantizar una atención continua y en condiciones adecuadas.
El caso del Centro de Salud San Blas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección dentro de la red pública hospitalaria. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la agresión, el gremio médico insiste en que ninguna inconformidad con el servicio puede convertirse en una amenaza para quienes tienen la responsabilidad de cuidar la vida.
Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este sábado 21 de noviembre en el sector de Zamora, en límites entre Bello y Medellín, luego de que un bus de transporte público sufriera un aparatoso accidente que lo dejó inclinado y a punto de caer por una pendiente. El vehículo terminó parcialmente fuera de la vía, en una situación que generó preocupación entre los habitantes de la zona. 🚍
El hecho se registró cerca de la carrera 42 con calle 20, donde, según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del automotor mientras transitaba por una de las calles empinadas del sector.
En su recorrido, el bus habría impactado contra el muro de una vivienda y terminó en una posición de alto riesgo, con parte de su estructura suspendida hacia una ensenada. Las imágenes difundidas después del accidente muestran el vehículo fuertemente inclinado, mientras permanecía detenido junto a las casas del vecindario.
El bus estuvo cerca de caer por la pendiente
La ubicación en la que quedó el automotor aumentó la preocupación por la posibilidad de que terminara volcado o se precipitara hacia la parte baja del terreno. El accidente ocurrió en una zona residencial caracterizada por vías inclinadas y viviendas construidas cerca de desniveles.
De acuerdo con información preliminar divulgada por medios de comunicación, siete pasajeros se movilizaban en el vehículo y lograron salir por sus propios medios. Los primeros reportes no informaron sobre víctimas fatales.
Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía no habían sido establecidas. La posible pérdida de control del bus y el choque contra la estructura de una vivienda hacen parte de las primeras versiones conocidas sobre lo ocurrido.
Autoridades deberán establecer las causas
Tras el incidente, se esperaba la intervención de los organismos de emergencia y de las autoridades de tránsito para atender la situación, verificar las condiciones de seguridad y determinar cómo se produjo el siniestro.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse están las condiciones mecánicas del vehículo, las características de la vía y las circunstancias en las que el conductor perdió el control.
El accidente generó preocupación entre los residentes de Zamora, especialmente por el riesgo que representó para los pasajeros y las viviendas cercanas. La investigación permitirá establecer si existieron fallas mecánicas, dificultades en la conducción o algún otro factor que desencadenara el hecho.
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, volvió a sacudir el debate público sobre el asesinato de su esposo al señalar directamente al expresidente Gustavo Petro como quien, según su convicción personal, habría dado la orden de cometer el crimen. En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, la mujer también reveló una supuesta advertencia que habría hecho Armando Benedetti antes del atentado y pidió a la Fiscalía profundizar en varias líneas de investigación que, a su juicio, todavía no han sido esclarecidas. 🚨
Durante la conversación, Tarazona afirmó que su señalamiento contra Petro se fundamenta en los enfrentamientos políticos que mantuvo Miguel Uribe con él desde 2012, cuando el primero se desempeñaba como concejal de Bogotá y el segundo era alcalde de la capital. Según su relato, las diferencias comenzaron por decisiones de la administración distrital, entre ellas el Plan de Ordenamiento Territorial y el proyecto de construir un tranvía por la carrera Séptima.
La viuda sostuvo que esas confrontaciones fueron aumentando con el paso de los años y que, en su opinión, dejaron de ser simples diferencias políticas para convertirse en ataques personales contra su esposo y su familia. También relacionó sus sospechas con las posiciones críticas que Uribe mantuvo frente al Gobierno y a la política de paz total.
Sin embargo, Tarazona reconoció durante la entrevista que no cuenta actualmente con pruebas que permitan demostrar judicialmente que Petro ordenó el asesinato. De hecho, señaló que si existieran elementos probatorios suficientes para sustentar esa responsabilidad, el expresidente ya estaría vinculado formalmente a un proceso por el magnicidio. Aseguró que precisamente su propósito es conseguir que las autoridades establezcan quién dio la orden.
La supuesta advertencia de Armando Benedetti
Uno de los apartados más llamativos de la entrevista fue el relato sobre una advertencia que, según Tarazona, habría realizado Armando Benedetti, quien para ese momento se desempeñaba como ministro del Interior, a un integrante del Congreso antes del atentado contra Miguel Uribe.
La viuda explicó que conoció esta información en junio de 2026, cuando una persona le contó que Benedetti se había acercado a ella en el Congreso para advertirle que tanto ella como Miguel Uribe podían ser víctimas de un ataque.
Según el relato que recibió, el funcionario habría expresado: “Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco”.
Tarazona aseguró que esta información coincide con unos mensajes que recibió y que posteriormente entregó a la Fiscalía. En ellos, según explicó, se mencionaba la posibilidad de que el atentado estuviera dirigido contra Miguel Uribe o contra la senadora Paloma Valencia.
No obstante, la viuda reconoció que no ha podido llevar directamente a la persona que habría recibido la advertencia ante los investigadores, debido a que esta tendría temor por su seguridad y no estaría dispuesta a rendir testimonio. Por ahora, se trata de una versión transmitida a Tarazona que deberá ser corroborada por las autoridades.
Las pistas sobre la financiación y los posibles autores intelectuales
Durante la entrevista, Tarazona también insistió en que la investigación no debe limitarse a identificar a quienes participaron materialmente en el atentado, sino que debe llegar hasta las personas que habrían financiado, coordinado y ordenado el asesinato.
La mujer mencionó información que, según dijo, fue entregada a la Fiscalía mediante conversaciones, mensajes y otros elementos. En ese contexto, se refirió a una posible participación de integrantes de la Segunda Marquetalia y sostuvo que una de las hipótesis investigativas apuntaría a Marcos Calarcá, integrante de esa estructura.
También habló de una carta que habría llegado a la Fiscalía con información sobre Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo de crianza de la exsenadora Sandra Ramírez e hijo biológico del antiguo jefe de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Según la información que afirmó conocer, Marulanda habría tenido participación en labores de coordinación logística y financiación del crimen desde una zona entre Guainía y Vaupés.
Tarazona pidió que se establezca cómo se habría movilizado el dinero y el armamento utilizados en el atentado. Además, señaló a Nicolás Maduro y al régimen venezolano por una eventual colaboración en la operación, al considerar que las conexiones transnacionales mencionadas en la investigación requieren cooperación internacional.
Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones de la viuda y a información que asegura haber conocido. La responsabilidad de las personas mencionadas deberá ser establecida por la justicia con pruebas y dentro de los respectivos procesos.
Tres personas vinculadas a la DNI habrían estado en el parque El Golfito
Otro de los temas abordados fue la presunta presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, donde Miguel Uribe fue atacado el 7 de junio de 2025.
Tarazona explicó que existe un video en el que aparecen varias personas que inicialmente fueron relacionadas con esa entidad. Según su versión, el material fue sometido a verificaciones para descartar que hubiera sido manipulado mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.
La viuda aseguró que, después de las revisiones, se confirmó la autenticidad del video y que los investigadores lograron identificar a las personas que aparecían en las imágenes. También afirmó que, al consultar con la DNI, se habría establecido que estas personas pertenecían a su nómina.
Al ser consultada sobre cuántos funcionarios habrían estado en el lugar, respondió que tiene conocimiento de tres. Sin embargo, aclaró que desconoce por qué se encontraban allí y cuál habría sido su función.
Por esta razón, pidió que sean interrogados y que se determine si su presencia tenía alguna relación con el atentado. También manifestó que cualquier eventual responsabilidad debe establecerse mediante pruebas y que no se puede dar por hecho que las personas identificadas hayan participado en el crimen.
Cuestionamientos al avance de la Fiscalía
Tarazona expresó inconformidad con el ritmo de las investigaciones y con las respuestas que, según ella, ha recibido de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
En la entrevista contó que ha sostenido diferentes reuniones con la Fiscalía para conocer los avances del caso. Según su relato, durante uno de esos encuentros la fiscal le habría manifestado que una de las líneas fuertes de investigación apuntaba a que el asesinato de Miguel Uribe podía tratarse de un crimen de Estado.
La viuda aseguró que, después de varios meses, no encontró los avances que esperaba y cuestionó la respuesta que habría recibido cuando solicitó explicaciones sobre el desarrollo de esa hipótesis.
Aunque manifestó que confía en el Grupo de Tareas Especiales encargado del caso, dijo que no se siente satisfecha con la actuación de la fiscal general y reiteró que el país necesita conocer quién estuvo detrás de la orden del asesinato.
También planteó interrogantes sobre el esquema de seguridad de su esposo y la posibilidad de que alguien hubiera conocido con precisión sus movimientos antes de llegar al parque. Para ella, es indispensable establecer cómo los responsables pudieron anticipar sus desplazamientos y las condiciones en las que se desarrolló el ataque.
Petro acudió a la justicia tras los señalamientos
Las declaraciones de Tarazona también provocaron una reacción jurídica del expresidente Gustavo Petro. El 20 de noviembre, su abogado Alejandro Carranza presentó una acción de tutela contra la viuda de Miguel Uribe, solicitando que se retracte de las afirmaciones en las que lo calificó de «narcopresidente» y le atribuyó públicamente la orden de asesinar al dirigente político.
De acuerdo con el documento conocido por Infobae, la acción busca proteger el buen nombre del exmandatario y obtener una rectificación con una difusión equivalente a la de los señalamientos. La defensa de Petro argumentó que este no ha sido acusado judicialmente de participar en el magnicidio.
Tarazona, por su parte, respondió que no se siente intimidada por la decisión y manifestó que celebra que el expresidente recurra a los mecanismos judiciales para defenderse. Insistió en que continuará reclamando justicia y exigiendo que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con la muerte de su esposo.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando participaba en un acto político en el parque El Golfito, en Bogotá. El entonces precandidato presidencial recibió varios disparos y permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto de ese año.
A más de un año del atentado, la discusión sobre los autores intelectuales, la financiación y las posibles conexiones políticas y criminales continúa abierta. Mientras Tarazona exige que se investiguen las pistas que ha mencionado, las autoridades deberán determinar cuáles de esas versiones cuentan con respaldo probatorio y quiénes tuvieron responsabilidad en la planeación y ejecución del magnicidio.