Javier de Jesús Cadavid Palacio, un comerciante antioqueño, recuperó plenamente su inocencia después de permanecer 12 años y cuatro meses en prisión por una condena relacionada con extorsiones atribuidas a las extintas Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisó su caso y concluyó que no tenía vínculos con la organización guerrillera y que desconocía el origen ilícito del dinero que circulaba a través de su negocio.

La historia se remonta a Puerto Venus, corregimiento del municipio de Nariño, Antioquia, donde Cadavid administraba una distribuidora de víveres y abarrotes. Ante la ausencia de entidades bancarias en la zona, el comerciante facilitaba el envío de dinero a los habitantes, quienes utilizaban una cuenta bancaria asociada a un proveedor de Medellín para recibir remesas de familiares y conocidos. El mecanismo también era utilizado por profesores, campesinos y otros miembros de la comunidad.

Sin embargo, entre 2005 y 2007, integrantes del Frente 47 de las Farc aprovecharon ese sistema para movilizar recursos provenientes de extorsiones a comerciantes y pobladores de municipios de Caldas, entre ellos Pácora y Aguadas. Las víctimas recibían instrucciones de consignar el dinero en la cuenta utilizada para las remesas y, posteriormente, los recursos eran retirados por emisarios de la guerrilla en Puerto Venus.

En noviembre de 2009, la justicia ordinaria condenó a Cadavid a 23 años de prisión por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales de la época consideraron que el sistema de remesas había contribuido al funcionamiento de las extorsiones. No obstante, con el paso de los años surgieron nuevos testimonios que pusieron en duda esa interpretación de los hechos.

Durante su proceso, el comerciante sostuvo que nunca supo que parte del dinero depositado provenía de actividades ilegales. Según su versión, simplemente prestaba un servicio a personas de su comunidad que necesitaban enviar o recibir recursos, sin conocer quiénes estaban detrás de las consignaciones ni el destino criminal que la guerrilla les daba.

La situación también afectó profundamente a su familia. Su esposa, Mariela Toro, buscó durante años elementos que permitieran demostrar su inocencia, mientras sus cuatro hijos enfrentaban las consecuencias de la condena. Durante ese tiempo, la familia mantuvo los negocios y continuó buscando testimonios que ayudaran a esclarecer lo ocurrido.

Uno de los elementos relevantes para la revisión fueron las declaraciones de antiguos integrantes de las Farc, quienes afirmaron que el comerciante no colaboraba con la organización y que su cuenta había sido utilizada sin su conocimiento. Estos testimonios permitieron reconstruir la manera en que la guerrilla aprovechó las condiciones de aislamiento y el control territorial que ejercía en la región.

La JEP determinó que Cadavid no perteneció ni colaboró con las Farc, no amenazó a las víctimas y tampoco obtuvo un incremento patrimonial derivado de las extorsiones. El tribunal explicó que el comerciante no tenía forma razonable de distinguir las consignaciones legítimas de aquellas relacionadas con los cobros ilegales, por lo que actuó bajo lo que jurídicamente se conoce como un error de tipo invencible.

La decisión dejó sin efectos la condena impuesta en 2009 y le concedió la libertad definitiva. Cadavid había recuperado la libertad condicional en enero de 2022, después de pasar más de 12 años privado de ella, pero el reciente fallo representó un paso decisivo para limpiar su nombre y establecer judicialmente que no era responsable de los delitos por los que había sido condenado.

Su caso pone de relieve las consecuencias que pueden tener las investigaciones incompletas en territorios afectados por el conflicto armado, donde los grupos ilegales ejercen presión sobre la población y utilizan actividades cotidianas para sus propios fines. También evidencia la importancia de revisar decisiones judiciales cuando aparecen nuevas pruebas capaces de cambiar sustancialmente la comprensión de los hechos.

🚨 Eva Ferrer, exasesora de la Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, al señalarla de presuntamente liderar una estructura con intereses económicos y políticos que habría estado relacionada con actividades ilícitas durante la campaña presidencial de 2022 y el periodo de gobierno. Sus declaraciones fueron entregadas en una entrevista con la revista Semana y recogidas por medios nacionales.

Entre los señalamientos, Ferrer mencionó supuestos vuelos hacia Venezuela en los que, según su versión, se habrían transportado dinero en efectivo y sustancias ilícitas utilizando aeronaves oficiales. La exfuncionaria afirmó que Carolina Plata, cercana a Alcocer, habría participado en la coordinación de esos desplazamientos. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su relato y no constituyen por sí mismas pruebas de que los hechos hayan ocurrido.

Ferrer también aseguró que en enero de 2023 habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. De acuerdo con su versión, parte de esos recursos estaría destinada a financiar actividades políticas relacionadas con Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Asimismo, afirmó que durante ese periodo se habrían presentado movimientos de dinero en efectivo dentro de espacios vinculados con la Casa de Nariño y personas cercanas al círculo político de Alcocer.

Otro de los asuntos expuestos por la exasesora tiene que ver con un presunto esquema de lavado de activos mediante la adquisición de propiedades en el extranjero y el uso de intermediarios para administrar recursos. En sus declaraciones, mencionó posibles operaciones en España e Italia, así como la participación de empresarios y personas cercanas a la exprimera dama que, según ella, habrían contribuido a financiar gastos personales y alojamientos de alto costo.

Las acusaciones también incluyen presuntos vínculos con el tráfico internacional de armas. Ferrer señaló a los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino y aseguró que recibió advertencias sobre posibles actividades ilegales relacionadas con su entorno. Además, relacionó a Romagnoli con gestiones vinculadas a la adquisición de aeronaves militares Gripen. Estas afirmaciones requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

En materia política, la exfuncionaria habló de una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Petro en 2022. En su entrevista mencionó presuntos aportes en efectivo, intermediarios que habrían facilitado encuentros con posibles financiadores y recursos que, según su versión, no habrían sido reportados oficialmente. También sostuvo que se habrían solicitado pagos a cambio de nombramientos en entidades estatales, entre ellas ProColombia, Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones públicas.

Ferrer mencionó a distintas figuras políticas, empresarios y antiguos funcionarios, entre ellos Ricardo Roa, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Xavier Vendrell. A cada uno le atribuyó posibles vínculos o funciones dentro de la estructura que describe. No obstante, la inclusión de sus nombres en las declaraciones no demuestra participación en delitos, y cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales.

La exasesora también afirmó que Alcocer habría ejercido presión sobre funcionarios del Gobierno y relató un supuesto episodio de agresión contra Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según Ferrer, el entonces presidente Gustavo Petro habría conocido parte de las tensiones entre ambas. Estas afirmaciones también forman parte de su testimonio y requieren corroboración independiente.

Los señalamientos se conocen después de que la Fiscalía General de la Nación abriera, en agosto de 2026, una indagación preliminar relacionada con audios anteriores de Ferrer sobre presuntas irregularidades en el manejo de dinero y el direccionamiento de contratos. Esa actuación busca determinar si existen elementos que permitan establecer la posible comisión de delitos; no equivale a una declaración de culpabilidad.

Las nuevas declaraciones han generado atención pública por la gravedad de las conductas mencionadas y por la cantidad de personas vinculadas en el relato. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las pruebas que puedan recaudar las autoridades, la verificación de los movimientos financieros y los registros de los viajes señalados, así como de las actuaciones judiciales que correspondan.

🚔 Un hombre fue capturado en el municipio de Aguazul, Casanare, luego de ser señalado de presuntamente hurtar un teléfono celular a un ciudadano. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el dispositivo, un Motorola E14 de color rosado, cuyo valor comercial fue estimado en $400.000.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados recibieron un aviso sobre el hurto y se trasladaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido. Allí identificaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con la descripción proporcionada.

Al realizarle un registro personal, los policías encontraron el teléfono en el bolsillo derecho de su pantalón. Poco después, la presunta víctima llegó al sitio e identificó al ciudadano como quien, al parecer, le habría quitado el equipo. También reconoció el dispositivo como de su propiedad.

Tras estos señalamientos y el hallazgo del celular, los uniformados efectuaron la captura y le informaron al hombre los derechos que le asisten en esa condición. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.

El coronel Pablo Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, reiteró que la institución continuará desarrollando acciones de prevención y control para combatir el hurto y proteger los bienes de los ciudadanos.

Asimismo, invitó a la comunidad a informar oportunamente sobre cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, con el propósito de facilitar la respuesta de las autoridades y contribuir a la prevención de nuevos casos.

El procedimiento permitió recuperar el teléfono reportado como hurtado. Entretanto, la situación jurídica del capturado deberá definirse dentro del proceso correspondiente, respetando la presunción de inocencia.