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Los bienes que enredan a la influencer Aida Victoria Merlano

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Varias movidas inmobiliarias que aumentaron el capital y la donación a una empresa de su progenitora enredan a la joven que resultó millonaria casi de la noche a la mañana.

Un día después que el juez 20 Penal de Conocimiento de Bogotá anunciara el sentido del fallo de carácter condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano Manzaneda, por los delitos de favorecimiento en fuga de presos y uso de menor en actividades delictivas, se evidenció que la Fiscalía le imputaría otros dos delitos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La audiencia ante juez de control de Garantías programada para este miércoles 7 de septiembre se aplazó. Una empresa y unos bienes que no ha podido justificar ponen aún más contra las cuerdas judiciales a Merlano Manzaneda, a quien la vida le cambió por completo el día que su madre, Aida Merlano Rebolledo fue capturada. La Agencia de Periodismo Investigativo, API, reconstruyó cómo la influencer resultó millonaria en pocos días.

Los líos de la joven Aida Victoria se desprenden de un hecho en particular. El 9 de marzo de 2018, dos días antes de los comicios electorales para elegir Senado y Cámara de Representantes, una supuesta fuente humana le informó a la Policía que en la sede de campaña del barrio El Golf de Barranquilla, de su progenitora Aida Merlano quien aspiraba a una curul en el Senado, se estaban comprando votos.

Dos días después en la denominada ‘Casa Blanca’ como era conocida la sede de Merlano, se realizó una diligencia de allanamiento en la que se incautaron 18 computadores, listados de cédulas de ciudadanía, una caja fuerte con $261 millones y una contadora de billetes. Personas que estaban en el lugar le declararon a la Policía que evidentemente ellos habían recibido dinero a cambio de votar por Merlano.

Apenas días después la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura de la congresista, quien el 9 de abril de 2018 se entregó. A partir de ahí la vida cambió para madre e hija.

Mientras la congresista intentaba defenderse ante la Corte Suprema de Justicia de los delitos de concierto para delinquir agravado, retención de cédula, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, también hizo una serie de maniobras que hoy tienen en líos judiciales a su propia hija.

El 22 de enero de 2019 en la Notaría Octava de Barranquilla, su hija pasó de llamarse Karolyne Manzaneda Merlano a Aida Victoria Merlano Manzaneda. 

Un mes después, el 28 de febrero de 2019, se constituyó mediante documento privado la empresa Esaid SAS. El objeto social es la explotación de la ingeniería, arquitectura y urbanismo. También el diseño y ejecución de todo tipo de obras relacionadas con la ingeniería civil, eléctrica y mecánica incluyendo obras hidráulicas y de operación de acueductos y alcantarillados así como aseo y alumbrado.

El capital suscrito es de $2.200 millones y el pagado de $1.166 millones. La representante legal de esta empresa es Aida Victoria Merlano Manzaneda. Luego, el 26 de septiembre de 2019 se realizó una nueva maniobra.

Cinco días antes de su cinematográfica fuga de un consultorio odontológico al norte de Bogotá, desde donde amarrada de una soga saltó de un segundo piso huyéndole a una condena de 11 años de prisión que purgaba en el Buen Pastor, Aida Merlano Rebolledo entregó en donación a la empresa de su hija Esaid SAS, un apartamento. 

El inmueble lo había adquirido Merlano Rebolledo el 28 de mayo de 2014. Se trata de un apartamento ubicado al norte de Bogotá. El 516 de la Etapa 3 Torre 4 con un área de 181.17 metros cuadrados, por el que le pagó a la Urbanizadora Marín Valencia SA la suma de $1.118 millones. También giró por un depósito y dos garajes.

Con una particularidad, la otrora baronesa electoral del Atlántico, acababa de sufragar su campaña a la Cámara de Representantes y al menos en papeles, gran parte de los recursos económicos salieron de su bolsillo.

En los reportes presentados al Consejo Nacional Electoral luego de lograr su curul en Cámara en marzo de 2014, incluyó financiación propia por $342 millones, aseguró que recibió una única donación de una comunicadora social, Yalil Nacin Donado Sayed por $30 millones.

El total fue lo que presentó como ingresos de campaña, es decir, $371 millones, no tuvo necesidad de pedir créditos y extrañamente su Partido Conservador ni le donó ni le prestó recursos.

El primero de octubre Merlano Rebolledo se fugó de un consultorio odontológico al norte de Bogotá, en una remisión médica realizada por la guardia del Inpec adscrita a la cárcel de mujeres el Buen Pastor.

Con un cambio de ropa, una soga y el acompañamiento en el consultorio de su hija Aida y de su hijo, se despidió de ellos con un beso un abrazo y salto desde la ventana de un segundo piso.

La judicialización de Merlano Manzaneda en un operativo que surtió la entonces fiscal Claudia Carrasquilla elevó la popularidad de la joven que hasta el día de la fuga de su progenitora era una desconocida.

Su figuración subió como espuma al punto que hoy tiene 3.5 millones de seguidores en la red social Instagram. Aunque aparentemente es contratada por diversas marcas para ser promocionadas en sus redes, para el ente acusador no es claro el origen de los recursos ni la cuantía.

El inmueble donado a la empresa que constituyó su hija Aida junto con su padre José Antonio Manzaneda, fue objeto de medida cautelar por parte de la Fiscalía 68 Especializada y pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Pero no fue el único. Un apartamento que había adquirido el 27 de octubre de 2008 en Barranquilla por $82 millones y que en el 2011 entró en la liquidación de la sociedad conyugal de Merlano Rebolledo con su segundo esposo Carlos Alberto Romano Llinas, también fue incautado.

En octubre de 2020, como pocas veces ocurre, el Consejo Superior de la Judicatura lo embargó dentro del proceso de jurisdicción coactiva para sufragar la pena pecuniaria impuesta por la Corte, además de la sanción de prisión en contra de Merlano.

Cinco meses después, en febrero de 2021, la SAE cambió de depositario y nombró a Cristian Guillermo Negret para que fungiera como administrador. Ese mismo año, el 6 de diciembre de 2021 la SAE, mediante resolución 2190 del 26 de octubre de 2021, autorizó su venta pero ingresó un nuevo embargo. Esta vez por parte de la Cámara de Representantes que inició ese mismo mes un proceso coactivo en contra de Aida Merlano Rebolledo. 

Madre e hija no se han pronunciado aún por este anuncio de una nueva imputación en contra de Aida Victoria Merlano, quien al parecer por solidaridad y consanguineidad ha seguido instrucciones de su progenitora. Pero en cambio si se manifestaron públicamente sobre la condena por favorecimiento de fuga de presos.

La joven que horas antes del anuncio de nueva imputación, posteó un video en sus redes sociales, compungida y sollozando, advirtiendo que podría enfrentar una pena de 17 años de prisión y cuestionando el por qué ni siquiera iba a tener acceso al subrogado de prisión domicilia, «cuando a descuartizadores incluso les dan este beneficio».

Horas después riposto su madre en su cuenta de Instagram, en donde escribió palabras de apoyo a su hija, calificó su condena como injusta y advirtió que había gente en cadena de oración por ella. 

Hasta el momento solo dos personas han sido condenadas por la fuga de Merlano, su hija Ana Victoria, y el capitán de la guardia del Inpec, quien tiene orden de captura para que cumpla una condena de 15 años de prisión.

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Judicial

Lluvias dejan cultivos de banano afectados e inundaciones en Santa Marta

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🌧️ Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron afectaciones en distintos puntos del Magdalena. Mientras varios sectores de Santa Marta terminaron bajo el agua tras el aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores reportaron nuevos daños en cultivos de banano y plátano debido a los fuertes vientos.

En las fincas de la zona rural quedaron evidenciadas numerosas plantas derribadas por el fenómeno climático. Los productores aseguran que este tipo de afectaciones se han repetido durante el año y que las pérdidas se suman a las dificultades económicas y de seguridad que enfrenta actualmente el sector.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), señaló que este corresponde al sexto episodio de vientos que afecta los cultivos durante 2026. El dirigente gremial manifestó su preocupación por el impacto que estos eventos están teniendo sobre las familias que dependen de la producción bananera.

A los daños ocasionados por el clima se agregan otros factores que presionan a los productores, entre ellos la disminución de la tasa representativa del mercado y las dificultades de seguridad en las zonas rurales. La situación genera preocupación además por las negociaciones comerciales que se adelantarán próximamente para definir los precios del banano de cara a 2027.

Desde Asbama hicieron un llamado a los supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta las condiciones que están enfrentando los productores y se establezcan acuerdos comerciales que permitan mantener la actividad y la estabilidad de las familias vinculadas al sector.

En Santa Marta, por otra parte, las precipitaciones provocaron inundaciones en al menos 11 sectores, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes, Bonda, Timayuí, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

Videos registrados por habitantes muestran calles cubiertas de agua y vehículos con dificultades para movilizarse. Algunas vías de sectores como Timayuí y Los Alpes quedaron prácticamente intransitables debido al volumen de agua que descendió desde las zonas altas.

Ante la situación, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los puntos afectados. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones.

El Ideam indicó preliminarmente que en la estación del Aeropuerto Simón Bolívar se registraron 36,8 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas. El organismo aclaró que estos datos todavía están sujetos a procesos de validación y podrían presentar modificaciones.

Las lluvias también provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó arrastrando grandes cantidades de residuos hacia la bahía de Santa Marta. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo la corriente transportó basura acumulada en diferentes sectores de la ciudad hasta desembocar en el mar, generando una nueva alerta por el impacto ambiental sobre el ecosistema marino.

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Nacional

Abaten en el Huila a alias Robinson Gutiérrez, señalado de financiar el crimen de Miguel Uribe

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🚨 Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, y la captura de otros tres presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia. El operativo se desarrolló en la vereda El Cadillo, zona rural del municipio de Tello, Huila.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Robinson Gutiérrez era señalado como uno de los responsables del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Su nombre también fue relacionado con la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación y afirmó que el hombre estaría implicado en el crimen del dirigente político. Sin embargo, precisó que la información corresponde a un balance preliminar y que los detalles serán ampliados una vez finalice la verificación de los resultados.

Según información citada por El Colombiano, la presunta participación de Guzmán González en el asesinato de Uribe Turbay habría estado relacionada con la logística financiera del crimen. Este señalamiento deberá ser esclarecido por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.

En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de la estructura armada. Hasta el momento, no se han divulgado sus identidades ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la organización.

¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?

Los reportes de inteligencia identificaban a Miguel Orlando Guzmán González como uno de los cabecillas de la estructura Teófilo Forero Castro. Desde 2024, habría asumido responsabilidades relacionadas con las finanzas del grupo, además de cumplir funciones políticas dentro de la organización.

Su trayectoria se remontaría a la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los informes conocidos por las autoridades, durante varios años habría ocupado diferentes posiciones dentro de estructuras armadas, hasta llegar a desempeñar un papel de dirección en la organización vinculada a la Segunda Marquetalia.

Los organismos de inteligencia también lo relacionaban con actividades de extorsión, amenazas contra campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

Entre los hechos que le atribuían figura un presunto ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Coomotor en 2022, que habría sido incendiado como represalia por el supuesto incumplimiento de exigencias extorsivas. Asimismo, habría sido relacionado con un falso retén en Caquetá en 2024 y con el secuestro de tres personas en zona rural de San Vicente del Caguán en 2025.

Sobre Guzmán González también se reportaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y extorsión, según los antecedentes de inteligencia citados en los informes periodísticos.

La operación en Tello representa un golpe contra la estructura Teófilo Forero Castro, señalada de mantener presencia en Huila y Caquetá. No obstante, las autoridades deberán precisar los alcances del procedimiento y establecer, con base en las investigaciones, la eventual participación

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Judicial

Chats de Eva Ferrer reavivan controversias sobre Verónica Alcocer durante el gobierno Petro

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📱 La divulgación de conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno, volvió a poner bajo escrutinio varios episodios relacionados con la exprimera dama. Los mensajes contienen reclamos personales y económicos, además de señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles influencias en entidades estatales.

Los chats, intercambiados durante varios años, muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. En uno de los mensajes, Petro reconoció su inconformidad con la actitud de su entonces esposa, mientras Ferrer le manifestó sus diferencias con ella y con personas de su círculo cercano.

Uno de los asuntos centrales es el reclamo económico de Ferrer, quien asegura que están pendientes más de 640 millones de pesos por servicios de asesoría durante la campaña presidencial de 2022 y gastos relacionados con los primeros meses del Gobierno. La exfuncionaria sostiene que no recibió la totalidad de los pagos que le correspondían.

Las revelaciones también incluyen acusaciones de Ferrer sobre un supuesto uso de intermediarios y familiares para manejar propiedades, así como presuntas presiones y gestiones relacionadas con cargos y contratos públicos. Alcocer ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que no corresponden a la realidad. Las afirmaciones divulgadas no constituyen, por sí solas, una comprobación de conductas ilegales.

Otro de los temas señalados es el denominado grupo de “Los Verónicos”, nombre con el que se identificó a un círculo de personas cercanas a Alcocer. Entre ellas figuran los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, además de Víctor Hugo Sierra y Yeirson Gamero. Sus nombres han aparecido en denuncias y controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas conexiones con espacios de poder durante el Gobierno.

En el caso de Ecopetrol, las publicaciones recogen señalamientos sobre una posible influencia de Alcocer en decisiones y nombramientos, incluido el proceso que llevó a Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. También se han conocido cuestionamientos sobre presuntas gestiones en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Estas acusaciones requieren ser examinadas por las autoridades y no deben interpretarse como responsabilidades establecidas.

La controversia también abarca los viajes internacionales de Alcocer en representación del Estado. Durante el Gobierno de Petro, fue designada como embajadora en misión especial para asistir a actos como los funerales de la reina Isabel II y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Por esos compromisos se reportaron gastos reconocidos por cerca de 63,7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad de su participación y el uso de recursos públicos.

A esto se sumaron críticas por los costos de algunos colaboradores que acompañaban a la entonces primera dama. Investigaciones periodísticas señalaron que servicios de estilismo, fotografía, protocolo y apoyo a su agenda se contrataron a través de distintas entidades estatales, con pagos que en conjunto superaban los mil millones de pesos. También hubo cuestionamientos por contratos de figuras cercanas, como el coreógrafo Nerú Martínez, vinculado a actividades de bienestar y clima laboral en Presidencia.

Otro nombramiento que generó debate fue el de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Baracaldo reconoció que Alcocer la contactó para ofrecerle el cargo, pese a que no contaba con experiencia previa en asuntos de niñez, según los reportes publicados en ese momento.

Las tensiones dentro del entorno presidencial también quedaron expuestas en las disputas entre Alcocer, Ferrer y otros funcionarios. En 2024, la exprimera dama denunció un supuesto complot para involucrarla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto surgieron señalamientos sobre posibles seguimientos y conflictos entre integrantes del círculo cercano al entonces presidente, aunque las acusaciones cruzadas no quedaron demostradas públicamente en los términos planteados por las partes.

En el ámbito familiar, Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del expresidente, respectivamente, han hablado públicamente de desacuerdos y de un trato que calificaron como injusto por parte de Alcocer. Sus declaraciones describen conflictos personales y políticos, incluidos cuestionamientos sobre la participación de la familia en actividades de campaña.

Finalmente, la estadía de Alcocer en Suecia también generó controversia después de que medios de ese país publicaran información sobre su vida social y sus gastos. Petro negó que ella utilizara recursos públicos para financiar sus actividades personales, mientras que desde el entorno diplomático surgieron comentarios críticos sobre su comportamiento. La financiación de ese estilo de vida fue uno de los interrogantes planteados en los reportes.

Los episodios reunidos por El Colombiano abarcan presuntas irregularidades, contratación pública, viajes oficiales, disputas personales y cuestionamientos sobre el círculo de confianza de la exprimera dama. Sin embargo, varios de los señalamientos provienen de testimonios, denuncias o investigaciones periodísticas y deben distinguirse de hechos que hayan sido establecidos por las autoridades.

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