📖🚔 Lo que parecía ser un nuevo caso de justicia por mano propia terminó convirtiéndose en una escena que sorprendió a quienes estaban presentes. Un hombre señalado por la comunidad de intentar cometer un hurto en el barrio Dangond, en Valledupar, fue retenido y golpeado por varios ciudadanos, pero, en lugar de responder con agresividad o intentar escapar, comenzó a predicar pasajes de la Biblia frente a quienes lo habían agredido.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre, visiblemente afectado y con rastros de sangre, incorporarse después de la golpiza, sacar varias hojas de uno de sus bolsillos y empezar a leer versículos bíblicos. Entre las frases que más repitió estuvieron: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» y «No devuelvas mal por mal», mientras se dirigía a las personas que minutos antes lo habían retenido.

Según la información conocida, el presunto intento de hurto provocó que varios habitantes del sector reaccionaran y redujeran al hombre antes de la llegada de la Policía. Aunque la tensión era alta, el señalado optó por pedir perdón y mantener su discurso religioso, insistiendo en que la violencia no debía responderse con más violencia.

Minutos después llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes controlaron la situación y evitaron que las agresiones continuaran. Incluso con la presencia de los agentes, el hombre siguió leyendo los textos bíblicos y pronunciando mensajes de reflexión, una actitud que sorprendió tanto a los presentes como a los propios uniformados. Hasta el momento, las autoridades no han informado si fue capturado o cuál fue el desenlace judicial del procedimiento.

La grabación generó cientos de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el hombre mostró un aparente arrepentimiento tras lo ocurrido, mientras que otros interpretaron su comportamiento con escepticismo y aseguraron que se trataba de una estrategia para despertar compasión. También hubo quienes aprovecharon el episodio para cuestionar la justicia por mano propia y recordar que corresponde a las autoridades investigar y judicializar los presuntos delitos.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los linchamientos y las agresiones contra personas señaladas de cometer delitos. Aunque la reacción de la comunidad llamó la atención por el inesperado giro que tomó el episodio, las autoridades reiteran que ninguna persona puede asumir funciones de justicia, ya que este tipo de acciones puede poner en riesgo la vida de los involucrados y derivar en consecuencias legales para quienes participan en ellas.

⚖️🚔 Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra las cinco personas señaladas por la Fiscalía General de la Nación como presuntas responsables del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, y de su bebé. La decisión se adoptó luego de que el ente acusador presentara los elementos de prueba que, según sostiene, evidencian que el crimen fue previamente planeado y ejecutado de manera coordinada.

Los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la participación individual de cada uno, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias.

De acuerdo con la investigación, los cinco habrían concertado un plan para engañar a María Camila y llevarla hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, en Cali. Allí, según la hipótesis de la Fiscalía, la joven fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante y posteriormente le practicaron una cesárea artesanal para extraerle a la bebé que llevaba en su vientre.

El ente investigador detalló que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría ganado la confianza de la víctima haciéndose pasar por una mujer embarazada y ofreciéndose a acompañarla hasta una pañalera. Nitzon Stiven Mondragón Cuero sería quien presuntamente atacó mortalmente a María Camila; Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo hasta el río Meléndez; Edwin García Zuluaga habría vigilado la zona y alertado sobre la presencia de las autoridades; mientras que Kevin Alexis López Orozco sería el encargado de coordinar la logística del crimen y garantizar el pago de cuatro millones de pesos que, según la Fiscalía, fueron ofrecidos para ejecutar el homicidio.

Durante la audiencia, el juez consideró que la gravedad de los hechos, la solidez de los elementos presentados por la Fiscalía y la necesidad de proteger el proceso judicial justificaban que los cinco investigados enfrentaran el caso privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones.

El caso conmocionó al país luego de que María Camila desapareciera el 16 de julio y su cuerpo fuera hallado días después en una zona cercana al río Meléndez. Posteriormente, las autoridades localizaron unos restos humanos que, de acuerdo con la investigación, corresponderían a la bebé Alahia. Sin embargo, la identidad deberá ser confirmada oficialmente mediante los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Aunque los cinco procesados fueron enviados a prisión preventiva, el proceso penal continúa en etapa de investigación y juzgamiento. En consecuencia, mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que determine su responsabilidad en los hechos.

🕊️💔 Uno de los momentos más emotivos de la audiencia de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vivió cuando Aura María Córdoba, madre de un joven asesinado en un caso de falsos positivos en el Caribe, decidió perdonar públicamente al exmilitar que reconoció su responsabilidad en el crimen de su hijo. Sus palabras conmovieron a los asistentes y se convirtieron en uno de los testimonios más impactantes de la jornada.

La escena ocurrió durante la última sesión de la audiencia en la que tres generales retirados y otros 22 exintegrantes del Ejército Nacional aceptaron su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 en la región Caribe. De acuerdo con la JEP, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas, quienes posteriormente fueron presentadas de manera fraudulenta como bajas en combate.

Durante la diligencia, el teniente retirado Diego Junco Parra confesó que hizo parte de la estructura criminal que ejecutó estos hechos. El exuniformado reconoció que coordinó y participó en asesinatos de civiles que luego eran reportados como guerrilleros muertos en combate, y admitió que conocía plenamente que las víctimas eran personas inocentes engañadas con falsas ofertas de trabajo. Además, aseguró que la presión por obtener resultados operacionales y el temor a recibir sanciones dentro de la institución favorecieron estas prácticas.

Tras escuchar la confesión, Aura María Córdoba se dirigió directamente al exmilitar y pronunció unas palabras que marcaron la audiencia. La madre de Erin Molina Córdoba, asesinado el 14 de junio de 2007 en La Guajira, le expresó que había decidido perdonarlo desde el día en que recuperó el cuerpo de su hijo, porque así se lo prometió a Dios. Sin embargo, le pidió que pronunciara el nombre de la víctima y le solicitara perdón como un acto de reconocimiento hacia su memoria.

Las palabras de la mujer provocaron que el exmilitar rompiera en llanto frente a los asistentes. El momento fue considerado por la JEP como un ejemplo del complejo proceso de verdad, reconocimiento y reparación que buscan las audiencias restaurativas adelantadas por esa jurisdicción, donde las víctimas tienen la posibilidad de escuchar las confesiones de los responsables y expresar el impacto que dejaron estos crímenes en sus familias.

Durante la audiencia también se conocieron nuevas revelaciones sobre el funcionamiento de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Los comparecientes afirmaron que existían fuertes presiones para incrementar las cifras de bajas en combate y reconocieron que muchas víctimas eran personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidos integrantes de comunidades indígenas, quienes eran engañados antes de ser asesinados y presentados falsamente como miembros de grupos armados ilegales.

La JEP informó que, como parte de las investigaciones, 93 cuerpos han sido exhumados y 24 personas ya fueron identificadas y entregadas dignamente a sus familias, gracias al trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Entretanto, las audiencias continuarán con el propósito de esclarecer la verdad sobre estos hechos, avanzar en la reparación de las víctimas y establecer las responsabilidades de quienes participaron en uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano.