🎒⚠️ Más de 1.100 estudiantes permanecen sin poder asistir a clases en la región del Catatumbo debido al riesgo que representa la presencia de minas antipersona y otros artefactos explosivos en los caminos utilizados para llegar a las instituciones educativas. La situación mantiene en alerta a las autoridades, que advierten sobre el impacto que el conflicto armado sigue teniendo en el acceso a la educación de cientos de menores.

De acuerdo con la información conocida, las restricciones afectan principalmente a comunidades rurales, donde los estudiantes deben recorrer largos trayectos para llegar a los colegios. Ante el peligro de explosivos sembrados en diferentes sectores, las actividades académicas han sido suspendidas como medida de protección.

Las autoridades educativas y organismos humanitarios expresaron su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene sobre el derecho a la educación, ya que la interrupción de las clases puede prolongarse mientras no existan condiciones seguras para el desplazamiento de los alumnos y docentes.

Además del impacto en la formación académica, la suspensión de las jornadas escolares también afecta la alimentación y el bienestar de muchos menores que reciben apoyo a través de los programas de alimentación escolar, especialmente en las zonas más apartadas del Catatumbo.

Las autoridades continúan evaluando alternativas para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las aulas, al tiempo que insisten en la necesidad de fortalecer las acciones de desminado humanitario y las medidas de protección para las comunidades que permanecen expuestas al riesgo de estos artefactos explosivos.

🚔💥 Tres integrantes de la Policía Nacional resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar. El hecho, que ocurrió en medio de la escalada de acciones violentas en la región, obligó a activar los protocolos de seguridad y atención de emergencia para los uniformados afectados.

Según la información preliminar, los explosivos fueron lanzados desde drones que sobrevolaron la estación policial, causando daños en las instalaciones y dejando lesionados a tres miembros de la institución, quienes recibieron atención médica tras el ataque.

Las autoridades atribuyen esta modalidad de agresión a grupos armados ilegales que operan en la zona y que han recurrido al uso de aeronaves no tripuladas para atacar a la Fuerza Pública, una práctica que representa un desafío creciente para las operaciones de seguridad en varias regiones del país.

Tras el atentado, unidades del Ejército Nacional y de la Policía reforzaron la seguridad en el municipio, mientras se adelantan operaciones para identificar y ubicar a los responsables de la acción armada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cómo fue planeado el ataque y determinar qué grupo ilegal estaría detrás de los hechos. Entretanto, los uniformados heridos permanecen bajo observación médica, mientras se evalúa la magnitud de las lesiones sufridas durante la explosión.

⚖️📄 La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con lo que el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio. La decisión se adoptó tras concluir la fase de investigación y considerar que existen elementos probatorios para sustentar las acusaciones ante un juez.

Según la Fiscalía, la investigación permitió reunir evidencias que, en criterio del ente acusador, justificarían que el caso continúe su trámite en los estrados judiciales. Con la radicación del escrito de acusación, será un juez quien defina en la audiencia correspondiente si el proceso pasa formalmente a la etapa de juicio oral.

El organismo investigador sostiene que Guerrero habría incurrido en conductas relacionadas con la alteración de información contenida en documentos públicos y con actuaciones que, presuntamente, indujeron en error a la administración de justicia, hechos que dieron origen a la imputación de los dos delitos.

La defensa de Juliana Guerrero tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía y ejercer su derecho de contradicción durante las siguientes etapas del proceso, conforme a las garantías establecidas en el sistema penal colombiano.

Con este paso procesal, el expediente entra en una nueva fase judicial en la que se determinará, mediante un juicio, si la acusada es responsable o no de los delitos que le atribuye la Fiscalía. Mientras no exista una sentencia en firme, Juliana Guerrero mantiene la presunción de inocencia que garantiza la Constitución y la ley.