🎒⚠️ Más de 1.100 estudiantes permanecen sin poder asistir a clases en la región del Catatumbo debido al riesgo que representa la presencia de minas antipersona y otros artefactos explosivos en los caminos utilizados para llegar a las instituciones educativas. La situación mantiene en alerta a las autoridades, que advierten sobre el impacto que el conflicto armado sigue teniendo en el acceso a la educación de cientos de menores.

De acuerdo con la información conocida, las restricciones afectan principalmente a comunidades rurales, donde los estudiantes deben recorrer largos trayectos para llegar a los colegios. Ante el peligro de explosivos sembrados en diferentes sectores, las actividades académicas han sido suspendidas como medida de protección.

Las autoridades educativas y organismos humanitarios expresaron su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene sobre el derecho a la educación, ya que la interrupción de las clases puede prolongarse mientras no existan condiciones seguras para el desplazamiento de los alumnos y docentes.

Además del impacto en la formación académica, la suspensión de las jornadas escolares también afecta la alimentación y el bienestar de muchos menores que reciben apoyo a través de los programas de alimentación escolar, especialmente en las zonas más apartadas del Catatumbo.

Las autoridades continúan evaluando alternativas para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las aulas, al tiempo que insisten en la necesidad de fortalecer las acciones de desminado humanitario y las medidas de protección para las comunidades que permanecen expuestas al riesgo de estos artefactos explosivos.

⚖️🏛️ El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició una evaluación sobre la permanencia de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en la Escuela de Carabineros donde cumple una medida de reclusión, luego de la controversia generada por la realización de presuntos procedimientos estéticos durante su estadía en el lugar. La entidad busca establecer si existieron irregularidades y si se incumplieron las condiciones de su permanencia en el centro de reclusión.

La polémica surgió tras la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales que señalarían que la creadora de contenido se habría practicado retoques estéticos mientras permanece privada de la libertad. Ante esta situación, el Inpec anunció la apertura de verificaciones internas para determinar cómo ocurrieron los hechos y si se vulneraron los protocolos establecidos para las personas privadas de la libertad.

Como parte de la revisión, las directivas del instituto analizan si Epa Colombia debe continuar en la Escuela de Carabineros o ser trasladada a otro establecimiento penitenciario, decisión que dependerá de los resultados de las investigaciones administrativas que se adelantan.

El Inpec aclaró que, por ahora, no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de la influenciadora dentro del sistema penitenciario y que el proceso se encuentra en etapa de evaluación, respetando las garantías y el debido proceso.

Mientras avanzan las indagaciones, el organismo penitenciario busca establecer si hubo responsabilidades disciplinarias por parte de funcionarios o de terceros que hubieran facilitado la realización de los procedimientos señalados. El caso ha generado un amplio debate sobre los controles dentro de los centros de reclusión y el cumplimiento de las normas que regulan la permanencia de las personas privadas de la libertad.

⚖️📄 La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con lo que el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio. La decisión se adoptó tras concluir la fase de investigación y considerar que existen elementos probatorios para sustentar las acusaciones ante un juez.

Según la Fiscalía, la investigación permitió reunir evidencias que, en criterio del ente acusador, justificarían que el caso continúe su trámite en los estrados judiciales. Con la radicación del escrito de acusación, será un juez quien defina en la audiencia correspondiente si el proceso pasa formalmente a la etapa de juicio oral.

El organismo investigador sostiene que Guerrero habría incurrido en conductas relacionadas con la alteración de información contenida en documentos públicos y con actuaciones que, presuntamente, indujeron en error a la administración de justicia, hechos que dieron origen a la imputación de los dos delitos.

La defensa de Juliana Guerrero tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía y ejercer su derecho de contradicción durante las siguientes etapas del proceso, conforme a las garantías establecidas en el sistema penal colombiano.

Con este paso procesal, el expediente entra en una nueva fase judicial en la que se determinará, mediante un juicio, si la acusada es responsable o no de los delitos que le atribuye la Fiscalía. Mientras no exista una sentencia en firme, Juliana Guerrero mantiene la presunción de inocencia que garantiza la Constitución y la ley.