🎓 La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una disminución sostenida en la cantidad de jóvenes que buscan ingresar a sus programas de pregrado. Para el primer semestre de 2027, 39.397 personas presentaron el examen de admisión, la cifra más baja registrada por la institución en al menos dos décadas.

El número representa una reducción del 48 % frente al primer semestre de 2019, cuando 75.681 aspirantes realizaron la prueba. En ocho años, la Universidad Nacional pasó de recibir más de 75.000 candidatos a poco menos de 40.000.

La disminución no se limita a una sola sede. En Medellín también se ha evidenciado una reducción en la demanda por los programas de pregrado, un comportamiento que ha generado preguntas sobre las razones por las que los jóvenes están cambiando sus expectativas frente a la educación universitaria.

Entre las posibles explicaciones planteadas por expertos están las transformaciones en las expectativas de las nuevas generaciones frente al mercado laboral. Para algunos especialistas, los jóvenes buscan alternativas de formación que les permitan incorporarse más rápidamente al mundo del trabajo, mientras que las carreras universitarias tradicionales pueden representar procesos académicos más largos.

Otro elemento señalado está relacionado con la percepción sobre la duración de los programas. Para algunas familias y estudiantes, completar una carrera profesional implica varios años de formación antes de comenzar a obtener ingresos, lo que puede llevarlos a considerar otras opciones educativas o laborales.

A esto se suman los cambios en las preferencias de los jóvenes a la hora de escoger una profesión. Las nuevas generaciones pueden estar mostrando mayor interés por programas relacionados con áreas tecnológicas, formación técnica, educación virtual o alternativas que tengan una conexión más directa con determinadas oportunidades laborales.

La situación resulta relevante para una institución que históricamente ha recibido una alta demanda de estudiantes de diferentes regiones del país. La Universidad Nacional mantiene una oferta amplia de programas y es una de las principales instituciones públicas de educación superior de Colombia.

La reducción de aspirantes, por lo tanto, abre un debate sobre la relación entre la oferta académica de las universidades, las expectativas de los estudiantes y las transformaciones que está experimentando el mercado laboral.

Aunque las cifras muestran una caída significativa en el número de personas que presentan el examen, los expertos citados en el análisis advierten que no existe una única explicación para el fenómeno. Factores económicos, cambios culturales, nuevas alternativas de formación y las expectativas frente al tiempo que toma obtener un título pueden estar influyendo simultáneamente.

Para el primer semestre de 2027, los 39.397 aspirantes constituyen así un nuevo mínimo dentro del periodo analizado por la Universidad Nacional y reflejan un cambio en las decisiones de los jóvenes frente a la educación superior que continúa siendo objeto de análisis.

🚨 Santa Marta atraviesa una compleja situación de seguridad luego del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas anteriormente como ‘Los Pachenca’. Ante los hechos registrados en la ciudad y otros puntos del Caribe, el Gobierno nacional ordenó un amplio despliegue de la Fuerza Pública y el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a la zona para acompañar las operaciones de seguridad.

La situación comenzó después de un operativo de la Fuerza Pública en el que fueron abatidos siete integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez, alias ‘Cholo’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización. Posteriormente, el grupo anunció un paro armado de 48 horas que afectó a Santa Marta, la Troncal del Caribe y sectores de la Zona Bananera.

Durante la jornada se registraron cierres de establecimientos comerciales, suspensión de actividades y restricciones en el transporte. También se reportaron hechos violentos, entre ellos la incineración de un taxi y de una tractomula que transportaba un contenedor. En La Guajira, además, fue reportado un ataque contra la línea férrea del Cerrejón, que provocó el descarrilamiento de un tren que se encontraba vacío.

Ante este escenario, las autoridades reforzaron la presencia militar y policial en Santa Marta. El presidente De la Espriella recorrió algunos sectores de la ciudad acompañado de integrantes de la Fuerza Pública y, durante su visita, utilizó chaleco antibalas, radioteléfono y un arma de fuego.

El mandatario aseguró que la instrucción para las autoridades es recuperar el control territorial y utilizar las capacidades legales del Estado contra las estructuras criminales. También ha reiterado que su Gobierno busca implementar un plan de choque de 90 días para enfrentar los problemas de seguridad.

Las cifras detrás de la crisis

La situación de seguridad en Santa Marta no es reciente. De acuerdo con las cifras citadas por El Colombiano, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62 casos de extorsión y 400 denuncias por amenazas en la ciudad, cifras que representan un incremento cercano al 50 % frente al mismo periodo del año anterior.

El Gaula, por su parte, reportó 254 capturas relacionadas con investigaciones por extorsión durante los primeros seis meses del año, en operaciones dirigidas contra estructuras como las ACSN y el Clan del Golfo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) también ha advertido sobre el crecimiento de las ACSN. Según cifras de la Fuerza Pública citadas por el medio, la organización pasó de contar con aproximadamente 120 integrantes en 2019 a 594 en 2025: 334 pertenecientes al componente armado y 260 vinculados a redes de apoyo o milicias. La FIP estima que la cifra podría ser incluso mayor y ubicaría el número de integrantes entre 800 y 1.000.

Las actividades de esta estructura estarían relacionadas con extorsiones, narcotráfico y otras economías ilegales. Una investigación de la FIP calcula que la organización podría obtener entre $6.000 y $7.000 millones mensuales mediante estas actividades, afectando principalmente a comerciantes, transportadores, trabajadores agrícolas y empresarios del sector turístico.

Un territorio en disputa

La influencia de las ACSN se extiende por sectores urbanos y rurales de Santa Marta, zonas de la Sierra Nevada y corredores que conducen hacia La Guajira. Sin embargo, el control territorial no es uniforme y existen zonas donde la organización mantiene disputas con otras estructuras criminales.

Entre ellas se encuentra el Clan del Golfo, con el que mantiene una confrontación que representa un riesgo para comunidades de varios municipios del Magdalena, La Guajira y Cesar. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre escenarios de disputa, expansión y coexistencia de diferentes grupos armados en esta región.

La situación también tiene un impacto directo sobre la economía. Las denuncias de extorsión alcanzan a establecimientos comerciales y actividades turísticas en sectores como el Parque Tayrona, Buritaca y Palomino. Según la investigación de la FIP, incluso en la plaza de mercado de Santa Marta la estructura obtendría importantes recursos mediante estos cobros.

El crecimiento de las ACSN también estuvo relacionado con los acercamientos que esta organización sostuvo durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de ‘paz total’. En 2022 el grupo manifestó su intención de participar en el proceso y posteriormente se establecieron mecanismos de acercamiento. Sin embargo, de acuerdo con la FIP, mientras avanzaban esos contactos también se habría fortalecido su presencia territorial.

Con la llegada del nuevo Gobierno, la mesa de diálogo quedó suspendida y posteriormente fue cerrada, mientras las autoridades optaron por reforzar las operaciones militares y policiales contra la estructura.

La crisis actual representa uno de los primeros grandes desafíos de seguridad para la administración de Abelardo de la Espriella. Mientras el Gobierno busca recuperar el control de las zonas afectadas, comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta esperan que el despliegue de la Fuerza Pública permita restablecer la actividad cotidiana y reducir las amenazas que durante años han afectado a la región.

🚨 Un juez de Bogotá ordenó enviar a prisión a Sebastián Alejandro Mota Muete, señalado por la Fiscalía de asesinar a su exsuegra y de intentar atacar a su expareja en una vivienda del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy. El procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de septiembre de 2026, cuando, según la investigación de la Fiscalía, el hombre llegó hasta la vivienda de su expareja alrededor de las 9:32 de la noche. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, ingresó al inmueble y se dirigió al segundo piso, donde se encontraba la mujer.

La Fiscalía sostiene que allí se produjo una agresión contra la joven, cuyos gritos alertaron a su madre. La mujer bajó para intervenir y proteger a su hija, momento en el que, según la acusación, Mota Muete la atacó con un arma cortopunzante.

Las heridas provocadas durante la agresión le causaron la muerte a la mujer. El caso fue asumido como un posible feminicidio agravado, mientras que los hechos relacionados con el ataque contra la expareja fueron considerados por el ente acusador como una tentativa de feminicidio.

Después del ataque, el señalado habría intentado escapar por los tejados de las viviendas cercanas. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó ante la situación y logró capturarlo en flagrancia.

Fiscalía investiga antecedentes de violencia

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso elementos que apuntarían a que la agresión no habría sido un hecho aislado. El ente investigador señaló que Mota Muete presuntamente habría ejercido diferentes formas de violencia y control sobre su expareja antes del ataque.

Según la Fiscalía, el hombre habría seguido y vigilado a la joven en su lugar de trabajo y habría intentado controlar aspectos de su vida personal, entre ellos la manera de vestir y las personas con las que se relacionaba.

La investigación también contempla una agresión anterior en la que, presuntamente, el procesado le habría causado una fractura en la nariz a su expareja. Además, la Fiscalía indicó que la madre de la joven habría estado expuesta a situaciones de violencia psicológica al presenciar las agresiones contra su hija.

Con base en estos elementos, el ente acusador solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición que fue acogida por el juez.

Mota Muete fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. Al no aceptar los cargos, el proceso continuará en las siguientes etapas de la justicia penal para determinar su responsabilidad.

Bogotá reporta 11 feminicidios hasta julio

El caso se conoce en medio de las cifras de violencia contra las mujeres en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, entre enero y julio de 2026 se habían registrado 11 feminicidios en la capital.

Durante los primeros seis meses del año, 1.869 mujeres fueron valoradas por posible riesgo de feminicidio y 809 de ellas fueron clasificadas en nivel extremo.

La Secretaría Distrital de la Mujer también reportó más de 252.000 atenciones entre enero y julio, de las cuales cerca del 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Estos datos hacen parte de las acciones institucionales para identificar casos de riesgo y activar rutas de protección y atención para las mujeres.