🏫✨ La comunidad educativa de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, en el corregimiento de Morichal, celebró la entrega de un bloque de ocho aulas completamente renovado, una obra que beneficia a más de 600 estudiantes y que pone fin a cerca de 15 años sin una intervención de gran magnitud en esta infraestructura. Los trabajos permitieron mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de los espacios donde diariamente se desarrollan las actividades académicas.
El edificio intervenido está conformado por dos niveles. En el primero funcionan cuatro aulas, un salón destinado a instrumentos musicales y la emisora estudiantil. El segundo piso alberga otras cuatro aulas que presentaban un avanzado deterioro debido al ingreso constante de murciélagos y aves, situación que provocó acumulación de excrementos, malos olores y daños en el cielo raso, representando un riesgo para estudiantes y docentes.
Como parte de la remodelación, en el segundo nivel se retiró el antiguo cielo raso en drywall y se instaló uno nuevo en PVC. También se adecuaron las redes eléctricas, se reemplazaron luminarias, se realizó mantenimiento a la cubierta, se aplicó pañete en las zonas superiores y se sellaron los puntos de acceso utilizados por los animales para evitar que el problema vuelva a repetirse.
En el primer piso las obras incluyeron el mantenimiento del sistema de iluminación, pintura de los espacios interiores, recuperación de la carpintería metálica, instalación de guardaescobas, lavado e impermeabilización del ladrillo a la vista y la renovación de la fachada. Estas adecuaciones mejoraron significativamente las condiciones de higiene, iluminación y comodidad para el desarrollo de las clases.
El edil del corregimiento de Morichal, Jhon Camacho, destacó que esta era una obra esperada desde hacía varios años por la comunidad educativa. Señaló que el bloque había sido construido hace aproximadamente 15 años y nunca había recibido un mantenimiento de esta magnitud, por lo que agradeció que la intervención fuera priorizada para beneficio de estudiantes, docentes y familias.
Por su parte, la secretaria de Educación de Yopal, Carmenza Motta Rodríguez, afirmó que la entrega de estos espacios representa un avance importante para garantizar ambientes adecuados de aprendizaje. Según indicó, los más de 600 estudiantes podrán continuar su formación en aulas renovadas, seguras y con mejores condiciones para fortalecer el proceso educativo.
La remodelación hace parte de un proyecto de cofinanciación entre la Alcaldía de Yopal y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), mediante el cual también se adelantan intervenciones en otras instituciones rurales del municipio. Entre las obras previstas se encuentra la construcción de una nueva residencia escolar en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Lorgio Rodríguez, ubicada en la vereda El Taladro, con capacidad para beneficiar a más de 40 estudiantes.
El futuro de la empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP S.A.S. E.S.P., volvió a generar un intenso debate político y ciudadano luego de que la Comisión Primera de Planeación del Concejo Municipal aprobara en primer debate el Proyecto de Acuerdo 040 de 2026, iniciativa que busca ratificar la descentralización integral del servicio y establecer nuevas disposiciones para el funcionamiento de la entidad. La propuesta obtuvo tres votos a favor y uno en contra, por lo que ahora deberá pasar a discusión en la plenaria del Concejo, donde se definirá su futuro. 💡
El proyecto ha despertado inquietudes entre concejales, líderes sociales y sectores de la ciudadanía, principalmente por las implicaciones que podría tener sobre la administración de los recursos de SAYOP y la eventual participación de terceros en el manejo financiero de la empresa.
Durante la discusión, la gerente de SAYOP, Johana Alonso Herrera, rechazó las versiones que señalan que la iniciativa busca privatizar la entidad. Explicó que el estudio técnico de referencia adelantado por la empresa fue autorizado por su junta directiva y tiene como propósito revisar las condiciones y tarifas del servicio de alumbrado público. También aclaró que las recomendaciones del consultor no son de obligatorio cumplimiento y no significan que la empresa tenga que adoptar todas las alternativas planteadas.
En la misma línea, Edgar Iván Páerez Carvajal, asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal, aseguró que el proyecto no contempla la venta de acciones, la capitalización ni la incorporación de inversionistas privados a SAYOP. Según explicó, cualquier decisión de esa naturaleza requeriría una autorización expresa del Concejo Municipal, facultad que no se está solicitando mediante el acuerdo debatido.
La creación de una fiducia, uno de los puntos más cuestionados
Uno de los aspectos que concentró las mayores diferencias durante el debate fue el artículo relacionado con la constitución de una fiducia para administrar los recursos de la empresa. El concejal Dumar Montaña manifestó su preocupación por la posibilidad de que un tercero asuma el manejo de cerca de 100.000 millones de pesos correspondientes al patrimonio de SAYOP.
El cabildante cuestionó que, a su juicio, no estuvieran suficientemente explicadas las características de esa figura, sus funciones y las garantías jurídicas y financieras para proteger los recursos públicos. Por estas razones anunció su voto negativo y advirtió sobre los riesgos que podría representar para la autonomía administrativa y financiera de la entidad.
Por su parte, el concejal Leonardo Infante también expresó reparos frente al proyecto. Cuestionó aspectos del procedimiento, las inquietudes que quedaron pendientes de respuesta y las posibles consecuencias de la figura fiduciaria sobre la contratación y el manejo de los recursos destinados al alumbrado público.
Infante manifestó que llevará nuevos argumentos a la plenaria y que buscará mecanismos para controvertir la legalidad de la iniciativa. También hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en las discusiones sobre el futuro de la empresa.
Modificaciones al proyecto y defensa de la ponencia
Durante el trámite en comisión, la concejal Karen Vargas Unibío defendió su ponencia favorable, pero explicó que introdujo modificaciones importantes al articulado. Entre los cambios destacó la eliminación del artículo segundo, que contemplaba facultades pro tempore para el alcalde municipal y que había generado cuestionamientos por el alcance de las atribuciones que se le otorgarían.
La concejal también defendió la inclusión de la fiducia como un mecanismo para mejorar el manejo de los recursos y evitar que los dineros recaudados para el alumbrado público terminen destinados a otros fines. Según su explicación, la figura permitiría que los recursos ingresen directamente a una cuenta de SAYOP y estén sujetos a vigilancia financiera y control fiscal.
Asimismo, sostuvo que la empresa continuará siendo completamente pública y conservará responsabilidades relacionadas con la administración, operación, mantenimiento, compra de energía y expansión de las redes de alumbrado.
El proyecto ahora llegará a plenaria
Con la aprobación en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 040 de 2026 continuará su recorrido en el Concejo de Yopal. En la plenaria, los 17 concejales tendrán la responsabilidad de estudiar el texto, revisar las modificaciones y decidir si la iniciativa recibe aprobación definitiva o es archivada.
La discusión no ha estado exenta de dificultades. Días antes, una recusación había obligado a suspender el debate mientras se resolvía el procedimiento correspondiente, lo que evidenció las diferencias jurídicas y políticas alrededor de la propuesta.
Mientras la Administración municipal y quienes respaldan el proyecto insisten en que no se busca privatizar SAYOP, sus críticos piden mayores garantías sobre el manejo de los recursos y advierten sobre posibles consecuencias administrativas y financieras.
La decisión que adopte el Concejo será determinante para el futuro del alumbrado público en Yopal, un servicio que tiene impacto directo en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Las autoridades de salud de Casanare mantienen la vigilancia sobre diferentes eventos de interés en salud pública. Según el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud departamental, durante la semana epidemiológica 44 se notificaron 202 casos individuales al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
De acuerdo con el reporte, el dengue encabeza la lista con 53 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con 48 reportes. En tercer lugar se encuentra la violencia de género e intrafamiliar, con 21 casos.
El informe también registra otros eventos que requieren seguimiento, entre ellos intentos de suicidio, intoxicaciones, cáncer de mama y cuello uterino, varicela y VIH/SIDA.
En cuanto a las atenciones colectivas, durante esa semana se reportaron 633 consultas, de las cuales 467 correspondieron a infecciones respiratorias agudas y 166 a enfermedad diarreica aguda.
La Secretaría de Salud departamental señaló que continúa el monitoreo epidemiológico y la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer la detección temprana y las acciones de prevención.
Las cifras son preliminares y pueden presentar modificaciones durante los procesos de verificación.
La Corte Constitucional tomó una decisión que modifica algunas de las reglas para la realización y divulgación de encuestas electorales en Colombia.
Mediante la Sentencia C-168 de 2026, el alto tribunal declaró inexequibles varios apartes de la Ley 2494 de 2025, al considerar que algunas de sus disposiciones afectaban derechos fundamentales como la libertad de información, la intimidad y la protección de datos personales.
Uno de los principales cambios tiene que ver con las encuestas de intención de voto. La Corte eliminó la restricción que impedía realizar este tipo de mediciones antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos.
Esto permitirá que las firmas encuestadoras puedan consultar las preferencias electorales durante un periodo más amplio del calendario político.
Adicionalmente, el tribunal eliminó la obligación de entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los números telefónicos de las personas encuestadas, una exigencia que había generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones sobre la privacidad.
La decisión también dejó sin efecto la obligación de suministrar el código computacional para replicar la selección de las unidades muestrales en las encuestas realizadas en hogares.
Con este pronunciamiento, la Corte establece nuevos límites a las exigencias sobre las firmas encuestadoras y modifica aspectos importantes de la regulación de los sondeos políticos en el país.