⚠️ La jornada de violencia y las restricciones que se registraron en Santa Marta dejaron un fuerte impacto sobre la actividad económica de la ciudad. La Cámara de Comercio estima que las pérdidas alcanzan los $39.590 millones, mientras que al incluir a Ciénaga y Zona Bananera el impacto supera los $42.000 millones.

Durante varias horas, buena parte de Santa Marta permaneció con establecimientos comerciales cerrados, calles con poca circulación y ciudadanos que optaron por permanecer en sus viviendas ante los hechos de seguridad registrados. Aunque la ciudad comenzó a recuperar progresivamente su actividad, los gremios ya iniciaron el cálculo de las consecuencias económicas.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos José Jaramillo, explicó que la estimación fue realizada por la Unidad Analítica Económica de la entidad, teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron diferentes sectores para desarrollar sus actividades con normalidad.

Uno de los grupos más afectados fue el comercio. En Santa Marta, alrededor de 48.000 personas trabajan en este sector, mientras que otras 26.000 están vinculadas al transporte y cerca de 25.000 a actividades relacionadas con hoteles, restaurantes y gastrobares. En conjunto, son más de 100.000 trabajadores que dependen de sectores que experimentaron afectaciones durante la jornada.

La situación también genera preocupación por el alto nivel de informalidad de la economía local. Según la Cámara de Comercio, cerca del 60 % de la actividad económica de Santa Marta corresponde a trabajos informales, por lo que una jornada sin ventas o sin posibilidad de trabajar puede representar directamente la pérdida de los ingresos destinados al sostenimiento de los hogares.

Jaramillo señaló que la prioridad es recuperar las condiciones de seguridad para que comerciantes y empresarios puedan volver a operar con tranquilidad. La Cámara pidió fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, las labores de inteligencia y las acciones de protección para el sector productivo.

El turismo es otro de los sectores que permanece bajo observación. Esta actividad representa cerca del 51 % del Producto Interno Bruto de Santa Marta, por lo que los empresarios están atentos al comportamiento de las reservas y de la llegada de visitantes, especialmente ante la proximidad de la semana de receso escolar.

Los gremios también buscan establecer si los hechos de violencia tendrán efectos más prolongados sobre hoteles, restaurantes, operadores turísticos y demás negocios que dependen de la llegada de visitantes. La Cámara de Comercio considera importante transmitir un mensaje de tranquilidad una vez se consoliden las condiciones de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades han anunciado refuerzos de la Fuerza Pública en Santa Marta después de los hechos atribuidos a una retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’. El Gobierno informó además sobre capturas relacionadas con los hechos y un mayor despliegue de uniformados en la ciudad.

El reto para comerciantes y trabajadores será recuperar la actividad económica afectada durante una jornada marcada por el temor y las restricciones. Para los gremios, garantizar la seguridad será fundamental para evitar que las consecuencias trasciendan el impacto inmediato y terminen afectando temporadas importantes para la economía de Santa Marta.

🚨 El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró este miércoles 23 de septiembre que la situación de orden público en Santa Marta se encuentra controlada, luego de los hechos de violencia e intimidación registrados tras el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El jefe de la cartera de Defensa se trasladó a la capital del Magdalena junto con integrantes de la cúpula militar para evaluar directamente la situación y coordinar las operaciones de seguridad desplegadas en la ciudad y sus alrededores.

Mora informó que hasta el momento se han realizado nueve capturas relacionadas con los hechos violentos registrados durante la jornada. Según explicó, entre los detenidos estarían personas señaladas de participar en ataques contra establecimientos comerciales, algunos de ellos utilizando armas traumáticas.

El Gobierno también aumentó el número de uniformados desplegados en Santa Marta. De acuerdo con el ministro, actualmente hay más de 1.500 integrantes de la Policía y el Ejército realizando labores de vigilancia y control para garantizar la seguridad de los habitantes.

El despliegue se produjo después de que las ACSN anunciaran un paro armado de 48 horas como respuesta al operativo de la Fuerza Pública en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa organización. Tras ese procedimiento se reportaron intimidaciones, cierre de establecimientos comerciales, suspensión de actividades de transporte y ataques en distintos puntos de la región.

Refuerzo de las operaciones militares

Además de la presencia de tropas en la zona urbana, las Fuerzas Militares mantienen operaciones en sectores estratégicos de Santa Marta y en los corredores viales del departamento. El Ejército informó que se reforzó el dispositivo en la ciudad y sus corregimientos, mientras continúan las acciones contra integrantes de las ACSN.

El ministro también anunció la llegada de unidades de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas para fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades frente a posibles nuevos hechos de violencia.

Durante las últimas horas también se han realizado operativos para identificar y capturar a quienes estarían detrás de los ataques y las intimidaciones contra comerciantes y transportadores.

Aunque el Gobierno sostiene que la situación está bajo control, las autoridades mantienen el despliegue de la Fuerza Pública y las operaciones de vigilancia, especialmente en los sectores donde se presentaron hechos violentos.

La administración nacional señaló que el objetivo es garantizar la movilidad, proteger a la población y evitar que las amenazas de las estructuras armadas vuelvan a afectar las actividades comerciales y cotidianas de Santa Marta.

🚨 La familia de Ana Lucía González, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Bogotá, enfrenta una nueva dificultad. La hermana mayor de la menor, de 24 años, fue desalojada del apartamento en Mosquera, Cundinamarca, donde vivía junto a José Rojas Lárez, señalado por las autoridades en el caso.

Daniel Solarte, abogado de la familia, explicó que la joven solo pudo permanecer una última noche en la vivienda después de que el propietario tomara la decisión de solicitarle que la abandonara. La situación habría dejado a la mujer sin un lugar estable para residir, en medio del proceso judicial por la muerte de su hermana.

Según el representante legal, la familia atraviesa una situación de gran vulnerabilidad económica y habitacional. La joven vivía en ese inmueble con Rojas Lárez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte de la menor.

El abogado manifestó que la situación de la hermana de Ana Lucía se volvió aún más compleja después de los hechos y aseguró que sus representados se encuentran desprotegidos. Ahora, sus allegados buscan alternativas para que la mujer pueda establecerse nuevamente en un lugar seguro.

La familia también busca trasladar el cuerpo a Venezuela

A las dificultades de vivienda se suma el proceso para recibir el cuerpo de Ana Lucía y trasladarlo a Venezuela, donde sus familiares esperan darle sepultura.

La entrega de los restos depende de los procedimientos de identificación y de las actuaciones de Medicina Legal. El abogado señaló que la situación económica de la familia representa un obstáculo adicional para cubrir los gastos de repatriación.

Ana Lucía, de aproximadamente ocho años, había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Por estos hechos, José Rojas Lárez fue capturado y permanece bajo medida de aseguramiento. La Fiscalía continúa recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La defensa de la familia ha insistido en la necesidad de que se esclarezca completamente lo ocurrido, mientras los allegados de la niña enfrentan tanto el impacto de la tragedia como las dificultades para garantizar su estabilidad y realizar el traslado de sus restos a Venezuela.