🚨 La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, pidió a los organismos de control investigar un contrato de arrendamiento por más de $400 millones destinado a un inmueble en Sevilla, Valle del Cauca, que finalmente nunca fue utilizado para el traslado del centro zonal de la entidad.

El hallazgo fue conocido por Restrepo durante una visita al departamento, realizada en el marco del seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí recibió documentación relacionada con el contrato suscrito para trasladar las operaciones del centro zonal de Sevilla a un nuevo predio.

Según la información entregada a la directora, los pagos por el arrendamiento habían superado los $400 millones hasta el 31 de julio de 2026, pese a que el traslado nunca se concretó y el inmueble no llegó a ser utilizado para la prestación de los servicios del ICBF.

El contrato inicial fue suscrito el 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, durante los meses siguientes no se realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar el inmueble, por lo que los funcionarios y contratistas continuaron trabajando en la sede que ya ocupaban.

La situación generó cuestionamientos debido a que, pese a que el predio no había entrado en funcionamiento, el contrato continuó vigente. Además, antes del 7 de agosto se realizó una adición y una prórroga que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026.

Ante este panorama, Carolina Restrepo anunció que la documentación y las evidencias relacionadas con el contrato serán entregadas a los organismos de control para que se adelante la investigación correspondiente y se establezcan las posibles responsabilidades.

“Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, señaló la directora del ICBF.

Información adicional sobre el contrato señala que el propósito inicial era contar con un nuevo espacio para trasladar las actividades administrativas y misionales del centro zonal. Sin embargo, al no completarse las adecuaciones requeridas, el inmueble permaneció sin ser utilizado mientras los trabajadores continuaban en la sede anterior.

El caso se suma a las revisiones que la actual administración del ICBF viene realizando sobre la contratación y el manejo de los recursos de la entidad. La directora aseguró que mantendrá la vigilancia sobre los recursos destinados a la niñez y que cualquier posible irregularidad encontrada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Por ahora, no existe una decisión de los organismos de control que determine que en este contrato hubo corrupción o establezca responsabilidades individuales. La investigación solicitada deberá establecer las razones por las que el inmueble no fue utilizado, las condiciones bajo las cuales se mantuvo el contrato y la justificación de su posterior adición y prórroga.

🚨 Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos fue reportado durante la madrugada de este sábado 3 de octubre en el corregimiento de Versalles, zona rural de Tibú, Norte de Santander. Las primeras informaciones señalan que cuatro personas habrían resultado heridas, entre ellas una menor de edad, además de registrarse daños en establecimientos comerciales y viviendas del sector.

Según las versiones conocidas hasta el momento, los artefactos fueron lanzados desde drones y varios de ellos impactaron en inmediaciones de la población, generando explosiones que afectaron algunas estructuras y provocaron alarma entre los habitantes de esta zona del Catatumbo.

Entre las personas lesionadas estaría una menor de edad. Los afectados habrían sido trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, aunque las autoridades deberán establecer oficialmente la gravedad de las heridas y entregar un balance definitivo sobre las víctimas.

Imágenes difundidas después de los hechos muestran daños en algunos establecimientos y viviendas ubicados en el corregimiento de Versalles, evidenciando el impacto de las explosiones. El ataque también generó preocupación entre los habitantes por el riesgo que representa el uso de drones con artefactos explosivos cerca de zonas donde permanece población civil.

El hecho se suma a otros ataques con drones registrados durante los últimos meses en el Catatumbo. Esta modalidad de violencia se ha convertido en una de las amenazas recurrentes en la región, donde grupos armados ilegales mantienen confrontaciones y disputas por el control territorial.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre qué estructura armada estaría detrás del ataque ocurrido este sábado en Versalles. Las autoridades avanzan en la verificación de lo sucedido y en la recolección de información para establecer quiénes estarían detrás de la acción.

La situación vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil del Catatumbo, particularmente en zonas rurales donde los enfrentamientos y ataques con explosivos han afectado a comunidades, viviendas e infraestructura.

Las autoridades deberán determinar también la totalidad de los daños ocasionados y las condiciones de las personas heridas, mientras continúan las labores de seguridad e investigación en el área afectada.

🚨 El abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, anunció que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las presuntas actividades de inteligencia, seguimientos e interceptaciones que habrían sido realizadas contra el exsenador y otros integrantes de la oposición durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La solicitud surge después de recientes revelaciones periodísticas sobre el supuesto uso de organismos estatales de inteligencia para realizar seguimientos a dirigentes políticos, funcionarios, periodistas y otras personas consideradas opositoras durante la anterior administración.

Mosquera señaló que su intención no es únicamente solicitar que se establezcan responsabilidades, sino también lograr que se preserven y recauden con rapidez los registros que puedan servir como evidencia. Entre la información que pretende incorporar a la investigación se encuentran órdenes de trabajo, seguimientos, posibles interceptaciones, consultas en bases de datos e informes de inteligencia.

El abogado también pidió revisar información que pueda estar en poder de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras instituciones estatales que eventualmente hayan participado o recibido información relacionada con estas actuaciones.

Uno de los principales objetivos de la solicitud será determinar quién habría ordenado las actuaciones de inteligencia, qué funcionarios las ejecutaron, quiénes tuvieron acceso a la información obtenida y cuál habría sido el destino de esos datos.

La petición se produce además en un momento en el que han surgido nuevos señalamientos sobre posibles seguimientos a integrantes de la oposición. El abogado de Miguel Uribe considera necesario establecer si las actuaciones denunciadas tuvieron alguna relación con organismos oficiales y bajo qué procedimientos se habrían realizado.

Mosquera también ha representado a la familia de Miguel Uribe dentro de las actuaciones relacionadas con el asesinato del senador, quien fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció el 11 de agosto de ese mismo año. En agosto pasado, el Centro Democrático ya había solicitado investigar otros señalamientos relacionados con una posible infiltración del esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial.

La nueva solicitud ante la Fiscalía busca que los elementos relacionados con las presuntas actividades de inteligencia sean conservados antes de que puedan perderse o modificarse y que, a partir de ellos, se establezca si hubo actuaciones ilegales.

Por ahora, las supuestas interceptaciones y seguimientos forman parte de denuncias y revelaciones que deberán ser verificadas por las autoridades. Será la investigación penal la que determine si efectivamente ocurrieron estas actuaciones, quiénes participaron y si se cometieron delitos.