🚨🇨🇴 El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quedó mencionado en una denuncia presentada ante autoridades financieras de Estados Unidos por un supuesto pago irregular de $300 millones relacionado con un contrato para realizar obras en la cárcel El Bosque de Barranquilla. El informe fue presentado por el empresario Luis Enrique Guzmán Chams ante la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense. ⚖️🇺🇸

La denuncia fue radicada el pasado 13 de agosto de 2026 y está relacionada con un contrato por $1.658 millones que fue adjudicado directamente a GPS Construcciones del Caribe, empresa de la que Guzmán Chams es representante legal y accionista.

De acuerdo con la información conocida, el contrato correspondía a una obra en la cárcel El Bosque y habría sido entregado en 2017 durante una declaratoria de urgencia manifiesta.

Guzmán Chams sostiene que, durante el desarrollo del negocio, habría recibido una solicitud para entregar $300 millones. El empresario afirma que ese dinero habría sido destinado a Char, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde de Barranquilla.

El señalamiento forma parte de una serie de denuncias que el constructor ha presentado durante varios años ante autoridades colombianas. Según su versión, desde 2020 ha entregado información relacionada con diferentes contratos públicos y posibles pagos irregulares.

El empresario también ha mencionado dentro de sus declaraciones el contrato del denominado megatanque de Barranquilla, una obra cuyo valor superó los $36.000 millones y sobre la cual ha realizado acusaciones relacionadas con presuntos pagos de dinero.

Según Guzmán Chams, en ese caso habría tenido que entregar $2.300 millones. Estas afirmaciones hacen parte de un expediente que ha sido objeto de investigaciones en Colombia y que ahora vuelve a adquirir relevancia a raíz de la denuncia presentada ante autoridades estadounidenses.

La nueva denuncia ante FinCEN no se concentra únicamente en el supuesto soborno. El documento también plantea interrogantes sobre una posible operación de lavado de activos que involucraría a Serfinanza, entidad financiera vinculada al grupo empresarial de la familia Char.

El denunciante sostiene que parte del dinero relacionado con estas operaciones habría tenido conexión con movimientos financieros que podrían alcanzar el sistema financiero estadounidense.

FinCEN es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La entidad recibe información sobre operaciones que podrían resultar sospechosas y, dependiendo de sus análisis, puede remitirla a organismos encargados de adelantar investigaciones.

Uno de los aspectos que ahora genera atención es la posible dimensión internacional del caso. La presentación ante las autoridades estadounidenses podría llevar a que los señalamientos sean revisados desde una perspectiva diferente a las investigaciones que ya se han adelantado en Colombia.

Guzmán Chams asegura que durante más de seis años ha buscado colaborar con la justicia colombiana para entregar información relacionada con estos hechos. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no se habría concretado un principio de oportunidad ni un preacuerdo con la Fiscalía.

El empresario también ha manifestado que esperaba que la Corte Suprema de Justicia investigara los hechos que, según afirma, ha puesto en conocimiento de las autoridades.

La denuncia incorpora además referencias a otros contratos y figuras políticas. Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen el exsenador Efraín Cepeda y otros actores relacionados con negocios públicos en Barranquilla.

El caso del supuesto pago de $300 millones corresponde a hechos que se remontan a 2017 y 2018, por lo que las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y verificar las afirmaciones realizadas por el denunciante.

Por ahora, la presentación ante FinCEN constituye una denuncia y no significa que las autoridades estadounidenses hayan establecido la responsabilidad de Alejandro Char ni que exista una condena en su contra.

Los señalamientos deberán ser contrastados con documentos, testimonios y demás elementos de prueba. También será necesario establecer si existieron movimientos financieros relacionados con las acusaciones y cuál habría sido su origen y destino.

La situación vuelve a poner bajo atención algunos de los contratos públicos ejecutados durante las administraciones de Char en Barranquilla y las denuncias que han surgido alrededor de ellos.

El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades estadounidenses y colombianas, así como de las pruebas que puedan ser incorporadas a las investigaciones.

🚨 El caso que involucra al periodista y presentador Rafael Poveda sumó cuatro nuevas denuncias por presunto acoso sexual, según reveló un nuevo informe publicado por Infobae. Los testimonios corresponden a mujeres que describieron situaciones en las que, presuntamente, el comunicador habría intentado besarlas o tocarlas sin su consentimiento, además de realizar insinuaciones de carácter sexual y ejercer presión relacionada con oportunidades laborales. ⚖️🗣️

Las nuevas denuncias se conocen semanas después de que comenzaran a hacerse públicas otras acusaciones contra Poveda, generando una amplia controversia en el ámbito periodístico y de los medios de comunicación en Colombia.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación, algunas de las mujeres señalaron que los presuntos comportamientos habrían ocurrido en contextos relacionados con espacios laborales o profesionales. En varios de los relatos aparecen situaciones en las que las denunciantes aseguran haberse sentido incómodas o intimidadas frente a las actuaciones del periodista.

Entre las conductas descritas se encuentran presuntos intentos de besos y tocamientos sin consentimiento, acercamientos físicos, insinuaciones de contenido sexual y situaciones en las que algunas mujeres habrían sido acorraladas en espacios cerrados.

Los testimonios también hacen referencia a posibles comentarios relacionados con oportunidades profesionales, ascensos o posibilidades de avanzar dentro del ámbito laboral. Según los relatos, estas circunstancias habrían generado una relación de presión para algunas de las mujeres que decidieron contar sus experiencias.

La aparición de estas cuatro nuevas denuncias amplía el número de señalamientos que actualmente son conocidos públicamente contra Poveda y vuelve a poner el caso en el centro de la discusión sobre las relaciones de poder y las conductas de carácter sexual dentro de los espacios de trabajo de los medios de comunicación.

Una de las primeras denunciantes que hizo público su testimonio fue la abogada y activista Sofía Vela, quien señaló al periodista por presuntos tocamientos sin su consentimiento después de participar en un curso de presentación. Posteriormente, Vela aseguró haber recibido amenazas de muerte luego de que su denuncia se hiciera pública.

El caso también provocó una discusión sobre la manera en que fueron divulgadas las denuncias. El colectivo “Yo te creo colega”, integrado por periodistas que acompañaron la investigación, sostuvo que Poveda tuvo la posibilidad de responder a los señalamientos.

Las periodistas afirmaron que le enviaron un documento con información sobre dos de los casos y un cuestionario de más de 20 preguntas, además de concederle más de 48 horas para entregar su versión. El colectivo también manifestó que mantiene abiertos sus espacios para que el presentador pueda responder públicamente.

Poveda, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha cuestionado la manera en que se manejó periodísticamente la información relacionada con las denuncias. El comunicador ha insistido en la importancia de garantizar su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció recientemente sobre los casos relacionados con Poveda y otros periodistas, señalando que las investigaciones penales representan una garantía tanto para las personas denunciadas como para quienes aseguran haber sido víctimas. La entidad además pidió respeto por las personas involucradas en estos procesos.

La controversia ha trascendido las redes sociales y ha generado pronunciamientos de diferentes sectores del periodismo y del entretenimiento. Al mismo tiempo, algunas de las mujeres que han dado a conocer sus experiencias han enfrentado ataques y señalamientos en internet.

En el caso de Sofía Vela, por ejemplo, se conocieron mensajes intimidatorios en los que incluso se profirieron amenazas contra la denunciante, situación que aumentó la preocupación alrededor de la exposición pública que han tenido las mujeres que decidieron hablar.

Con la aparición de cuatro nuevos testimonios, el caso vuelve a generar interrogantes sobre las presuntas conductas denunciadas y sobre las condiciones laborales que habrían rodeado algunas de las situaciones relatadas.

🚨 Un nuevo episodio quedó bajo investigación de la Fiscalía luego de que se conociera que 36 integrantes del Ejército Nacional participaron en el procedimiento para trasladar y posteriormente devolver a la zona de captura a un hombre señalado de transportar 4,5 kilos de pasta base de cocaína. El caso ocurrió en enero de 2024 en el Cauca y está relacionado con decisiones atribuidas al general Federico Mejía, quien para ese momento estaba al frente del Comando Específico del Cauca. ⚖️🇨🇴

El hecho se remonta al 31 de enero de 2024, cuando tropas que adelantaban operaciones contra el narcotráfico en la vereda El Diamante, en el municipio de El Plateado, interceptaron a Melciades Guaca Armero, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder lo que serían 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína. Los militares procedieron a realizar la captura y, según los testimonios incorporados a la investigación, le informaron sus derechos al detenido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en un helicóptero del Ejército hasta Popayán con el propósito de ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso de judicialización.

Sin embargo, una vez el detenido llegó a la capital del Cauca, se habría producido un cambio en el procedimiento. De acuerdo con la información conocida por la Fiscalía y reconstruida por medios de comunicación, los militares recibieron instrucciones para dejarlo en libertad y trasladarlo nuevamente hasta el mismo sector donde había sido capturado.

Para realizar el retorno se habría utilizado nuevamente capacidad aérea del Ejército, incluyendo helicópteros Black Hawk y un Arpía artillado, situación que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.

El Ejército confirmó que en todo el procedimiento participaron 36 militares, entre ellos un coronel, un teniente coronel y un mayor. La cifra generó cuestionamientos debido a la cantidad de recursos humanos y materiales empleados para una operación que terminó con la liberación del hombre que había sido capturado con la sustancia estupefaciente. 

La investigación también busca establecer cuánto dinero público se destinó al despliegue. Según los cálculos citados en la denuncia, únicamente la movilización aérea para devolver al detenido al lugar donde había sido interceptado habría tenido un costo superior a los 100 millones de pesos.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la decisión habría sido el riesgo de que se produjera una asonada en la zona después de la captura. La hipótesis planteaba que la liberación y el retorno del hombre permitirían evitar una situación de violencia con habitantes del sector.

No obstante, varios de los soldados que participaron directamente en el operativo entregaron una versión diferente ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, la situación se encontraba bajo control y no existía una amenaza inmediata que justificara modificar el procedimiento de captura.

Los testimonios también señalarían que parte de la comunidad ya se había retirado después de dialogar con los uniformados, por lo que la existencia de una situación que pudiera desencadenar una asonada está siendo analizada dentro de la investigación.

El nombre del general Federico Mejía aparece en el centro del caso. El oficial ha negado haber ordenado la liberación del presunto traficante y sostiene que no tenía competencia funcional directa sobre el procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, existiría un documento firmado por el propio general y dirigido al entonces comandante del Ejército, Emilio Cardozo, en el que se hace referencia a la decisión y se describen aspectos relacionados con la liberación del detenido. 

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer quién tomó la decisión, qué funcionarios conocieron la situación y si las actuaciones realizadas por los militares se ajustaron a la ley y a los protocolos establecidos para este tipo de capturas.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y de capacidades militares en una actuación que terminó favoreciendo al hombre que había sido detenido con una cantidad considerable de pasta base de cocaína.

El general Federico Mejía enfrenta además otras indagaciones ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos relacionados con concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. 

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en la decisión de liberar al detenido y si otros integrantes de la cadena de mando tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.