🚨 El Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto que plantea modificaciones al Estatuto de la Protesta de 2021 y establece nuevas reglas para determinar cómo deben actuar las autoridades cuando durante una manifestación se presenten hechos de violencia. El documento todavía se encuentra en etapa de consulta pública y no constituye una norma vigente.

La propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021. El objetivo, según la cartera, es actualizar las reglas de actuación estatal, fortalecer la prevención y el diálogo y precisar las condiciones para intervenir cuando se presenten afectaciones al orden público o a terceros.

Uno de los principales cambios está relacionado con los casos en los que una manifestación comienza con hechos violentos. El borrador plantea que, si desde el inicio se identifican situaciones como uso de armas de fuego o explosivos, retención de personas, agresiones contra terceros, periodistas o misiones médicas, o destrucción de infraestructura, el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo permitirá considerar cumplida la obligación de privilegiar inicialmente el diálogo.

Esto no significa que el diálogo desaparezca. El proyecto establece que la mediación debe continuar durante la jornada y de manera simultánea a las actuaciones dirigidas individualmente contra quienes estén cometiendo actos violentos. Las personas que participen pacíficamente conservarían las garantías establecidas para el ejercicio de la protesta.

El documento también plantea un esquema de cinco niveles de actuación, que comienza con la facilitación y el diálogo y puede avanzar hasta acciones de restablecimiento del orden por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO. La propuesta establece que estos niveles deben aplicarse de manera progresiva cuando sea posible.

Sin embargo, el borrador contempla excepciones cuando las circunstancias hagan imposible agotar los primeros niveles. En esos casos, el Puesto de Mando Unificado deberá dejar una constancia motivada que explique las razones por las cuales se omitió alguno de los pasos.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer ocho situaciones específicas que deberán ser verificadas y registradas por las autoridades para determinar si el diálogo puede considerarse agotado. Entre ellas aparecen la obstrucción del paso de ambulancias, afectaciones a servicios hospitalarios, porte de armas y destrucción de infraestructura.

El proyecto aclara que situaciones como el ruido propio de una manifestación o los bloqueos, por sí solos, no hacen que una protesta pierda automáticamente su carácter pacífico. Además, el agotamiento del diálogo no implicaría una autorización para utilizar la fuerza de manera generalizada contra todos los participantes.

La propuesta también obliga a las autoridades a habilitar denominados “corredores solidarios”, destinados a garantizar el paso de ambulancias, bomberos y personas que puedan encontrarse en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, mujeres gestantes y niños.

Después de una jornada en la que se presenten afectaciones, las autoridades tendrían además un plazo de 72 horas para publicar un balance sobre heridos, daños y denuncias relacionadas con la manifestación.

El borrador mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados en el marco de estas actuaciones y conserva la disposición sobre la no intervención de las Fuerzas Militares en el control de las protestas.

El Ministerio del Interior indicó que el proyecto estará disponible para recibir observaciones hasta el 4 de octubre de 2026. Por ahora, se trata de una propuesta en discusión y sus disposiciones podrían modificarse antes de que eventualmente sea expedida como decreto.

⚖️ El juez Hugo Carbonó, encargado del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, respondió a los cuestionamientos realizados por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre el tiempo que ha tomado el trámite del caso. El funcionario judicial sostuvo que las apreciaciones de la fiscal estarían “fuera de contexto” y defendió el trabajo realizado por su despacho.

Las declaraciones de Camargo se produjeron durante entrevistas en las que se refirió al proceso contra el hijo del expresidente Gustavo Petro, quien es procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal señaló que el expediente lleva alrededor de dos años y medio en la etapa de audiencia preparatoria.

Ante estos comentarios, Carbonó explicó que esta fase del proceso es una de las más complejas debido al análisis y discusión de las pruebas que podrán ser utilizadas posteriormente durante el juicio oral. Según el juez, el expediente de Nicolás Petro comprende aproximadamente 1,5 millones de elementos probatorios.

El funcionario aseguró que, pese al volumen de información, la audiencia preparatoria fue culminada en un tiempo que calificó como récord. Agregó que su despacho tuvo que revisar los elementos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa y tomar decisiones sobre cuáles serían admitidos o rechazados para el eventual juicio.

Otro de los factores que, según Carbonó, incide en el avance del proceso son los recursos de apelación presentados por las partes. El juez señaló que cerca de 800 decisiones relacionadas con pruebas fueron apeladas y que actualmente esos recursos deben ser estudiados por el Tribunal Superior de Barranquilla.

Por esta razón, explicó que parte de la continuidad del proceso depende ahora de las decisiones que adopte esa instancia judicial. El magistrado Demóstenes Camargo De Ávila deberá revisar los recursos antes de que puedan continuar las siguientes etapas del procedimiento.

Carbonó también se refirió a la carga laboral de su despacho y aseguró que durante lo corrido de 2026 ha tenido que atender más de 584 audiencias correspondientes a diferentes procesos, además de las actuaciones relacionadas con el expediente de Nicolás Petro.

El juez defendió igualmente la imparcialidad de su actuación durante el proceso. Como muestra de ello, señaló que su despacho ha compulsado copias respecto de los fiscales que han estado al frente del caso, Mario Burgos y Lucy Marcela Laborde, así como del abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, por presuntas irregularidades que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

El proceso contra Nicolás Petro ha estado acompañado de diferentes controversias y recursos judiciales. Actualmente, mientras el Tribunal Superior de Barranquilla resuelve las apelaciones pendientes, la discusión también se concentra en los tiempos del trámite y las condiciones necesarias para que el caso pueda avanzar hacia el juicio oral.

Por ahora, las posiciones de la Fiscalía y del juez difieren respecto a las razones que explican la duración del proceso. La responsabilidad penal de Nicolás Petro frente a los delitos que se le imputan deberá ser definida dentro del proceso judicial correspondiente.

🏛️ El presidente de la Asamblea de Córdoba, Gabriel de Jesús Moreno, presentó en Casanare una iniciativa de acto legislativo que busca otorgar mayores niveles de autonomía administrativa y económica a los departamentos del país. La propuesta contempla la creación de un comité nacional que se encargue de impulsar el proyecto y avanzar inicialmente en la recolección de firmas.

Según explicó Moreno, la iniciativa ha sido discutida durante varios meses en diferentes encuentros nacionales de diputados, donde se ha planteado la necesidad de modificar la relación financiera entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

El propósito es conformar un comité que permita organizar el proceso de recolección de firmas y promover la iniciativa entre las asambleas departamentales y otros sectores interesados en fortalecer la autonomía de los territorios.

Durante su presentación en Casanare, el dirigente sostuvo que los departamentos han perdido una parte importante de sus recursos frente a las decisiones adoptadas desde el nivel central. De acuerdo con sus cifras, solamente durante 2025 los departamentos habrían dejado de recibir cerca de $60 billones.

Moreno también afirmó que, entre 2001 y 2025, los departamentos habrían dejado de percibir alrededor de $548 billones. Estas cifras hacen parte de los argumentos expuestos por el presidente de la Asamblea de Córdoba para respaldar la propuesta de reforma.

Uno de los principales puntos planteados está relacionado con las fuentes de financiación. Moreno señaló que, a diferencia de los municipios, los departamentos no cuentan con impuestos propios de características similares al impuesto de industria y comercio o al impuesto predial, lo que limita su capacidad para generar ingresos directamente desde sus territorios.

Por esta razón, la iniciativa busca promover un modelo que permita a los departamentos contar con mayores herramientas financieras para atender sus competencias y desarrollar proyectos de acuerdo con las necesidades de cada región.

El presidente de la Asamblea de Córdoba también cuestionó la proporción de recursos que, según su planteamiento, se destina al funcionamiento del aparato estatal nacional y a los gastos administrativos, en lugar de llegar directamente a los territorios.

La propuesta será impulsada inicialmente mediante la conformación del comité y la búsqueda de respaldo a través de firmas. Posteriormente, de acuerdo con el avance de la iniciativa, se deberán surtir los procedimientos establecidos para que un acto legislativo pueda ser tramitado ante el Congreso de la República.