✈️ Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a Miami, Estados Unidos, después de abandonar Brasil mediante un recorrido que incluyó el cruce terrestre hacia Argentina y un vuelo privado con escala en Ecuador. El desplazamiento se produjo el 27 de octubre, pocos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de una controversia judicial, pues el Supremo Tribunal Federal de Brasil había ordenado la entrega de sus pasaportes ordinario y diplomático. La operación aérea habría tenido un costo de 150.000 dólares y generó cuestionamientos políticos y diplomáticos en la región.

De acuerdo con los registros migratorios argentinos, Flávio viajó acompañado de su esposa y sus dos hijas. La familia ingresó a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. El cruce se realizó durante la noche del martes 27 de octubre y, posteriormente, los cuatro se dirigieron al aeropuerto de Puerto Iguazú.

Desde allí abordaron un avión privado Gulfstream G400, operado por la compañía Baires Fly. La aeronave despegó cerca de las 11:30 de la noche con destino inicial a Guayaquil, Ecuador, donde realizó una parada técnica para abastecerse de combustible antes de continuar hacia territorio estadounidense.

El vuelo aterrizó el miércoles 28 de octubre en el aeropuerto ejecutivo Opa-locka, ubicado en el área metropolitana de Miami. Según el propietario de la empresa aérea, Luis Grande, el servicio fue contratado mediante un intermediario y tuvo un valor de 150.000 dólares.

Una ruta que evitó el espacio aéreo brasileño

Uno de los aspectos que más llamó la atención del desplazamiento fue la trayectoria seleccionada para llegar a Estados Unidos. Según los reportes sobre el seguimiento de la aeronave, el avión salió de Puerto Iguazú y atravesó espacios aéreos de Paraguay, Bolivia y Perú antes de llegar a Ecuador. Después de la escala, continuó por una ruta que incluyó Panamá y Cuba.

El recorrido evitó sobrevolar Brasil, circunstancia que adquirió relevancia debido a las restricciones judiciales que enfrentaba el senador. La ruta también generó interrogantes sobre la planeación del viaje y las condiciones bajo las cuales se concretó la salida de la familia.

La información sobre el desplazamiento comenzó a conocerse mientras en Brasil persistían las dudas sobre el paradero del político. Incluso algunos integrantes de su propio equipo de campaña manifestaron que no tenían información precisa sobre su ubicación. Su coordinador político, Rogério Marinho, aseguró que había recibido un mensaje de texto en el que Flávio le anunciaba que dejaría pasar un tiempo antes de comunicarse nuevamente con sus aliados.

La orden judicial que rodeó su salida de Brasil

El viaje se produjo después de que el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes ordinario y diplomático a la Policía Federal. La medida fue adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en la que también aparece mencionado el abogado Willer Tomaz, cercano al senador.

La Policía Federal había advertido sobre un posible riesgo de fuga, motivo por el cual solicitó restricciones relacionadas con sus documentos de viaje. Sin embargo, el senador no cumplió el plazo establecido para entregarlos.

Otro elemento que llamó la atención fue el uso de un pasaporte italiano para ingresar a Argentina. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el registro migratorio argentino confirmó que Flávio y su familia ingresaron al país con documentación habilitada y sin impedimentos legales para cruzar esa frontera.

Posteriormente, un registro del aeropuerto de Miami indicó que habría presentado su pasaporte diplomático al llegar a Estados Unidos, pese a que su documentación brasileña había sido objeto de la orden judicial.

Además de la investigación por presunto lavado de dinero, el senador enfrenta otras pesquisas relacionadas con la financiación de su campaña presidencial y los recursos destinados a la producción de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre. Flávio Bolsonaro ha negado las irregularidades que se le atribuyen.

Estados Unidos y Argentina quedaron en medio de la controversia

La llegada del senador a Florida también estuvo acompañada de cuestionamientos sobre quién habría gestionado el vuelo y las condiciones para su ingreso a Estados Unidos. Según una investigación de The New York Times citada por medios de comunicación, Jason Miller, funcionario vinculado al área de comunicaciones de la Casa Blanca, habría participado en la gestión de la operación aérea.

Posteriormente, Washington confirmó la expedición de visados para Flávio y sus familiares, lo que permitió su permanencia en territorio estadounidense.

Desde Miami, el senador publicó una carta en la que se autodenominó como el verdadero presidente electo de Brasil, cuestionó los resultados electorales y denunció un supuesto fraude, aunque las autoridades electorales habían proclamado la victoria de Lula da Silva. Más adelante modificó el documento y se presentó como líder de la oposición brasileña.

En Argentina, el ingreso de Flávio también provocó reacciones políticas y judiciales. El Gobierno de Javier Milei sostuvo que el senador había ingresado con documentos válidos y sin restricciones migratorias en ese país. No obstante, legisladores opositores presentaron denuncias para que se investigara si existió algún tipo de colaboración irregular en su desplazamiento.

Dos juzgados federales solicitaron registros audiovisuales del aeropuerto de Puerto Iguazú para examinar las circunstancias de la operación. Además, diputados argentinos denunciaron al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno y al asesor presidencial Santiago Caputo por un posible encubrimiento, señalamientos que deberán ser evaluados por la justicia.

La controversia también tuvo repercusiones diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia para solicitar explicaciones sobre la salida del senador y sus familiares.

La derecha brasileña enfrenta una disputa por su liderazgo

La salida de Flávio Bolsonaro también tiene consecuencias en el panorama político de Brasil. Después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula, el senador había sido considerado una de las figuras con posibilidades de mantener la influencia del movimiento político construido por su padre.

Sin embargo, su traslado a Estados Unidos y las investigaciones judiciales que enfrenta abren interrogantes sobre el papel que desempeñará en la oposición. Entre los nombres que también aparecen en las discusiones sobre el futuro de la derecha brasileña están Tarcísio de Freitas y Michelle Bolsonaro.

El nuevo Congreso, que iniciará funciones en febrero de 2027, tendrá un papel importante en el equilibrio político del país y en las discusiones que marcarán el rumbo de la oposición durante los próximos años.

Mientras tanto, la salida de Flávio Bolsonaro continúa generando repercusiones por la forma en que se realizó el recorrido internacional, el costo del vuelo privado y las decisiones judiciales que estaban vigentes en Brasil. Las investigaciones deberán establecer si durante el desplazamiento se incumplieron disposiciones legales y si existieron intervenciones irregulares para facilitar su llegada a Estados Unidos.

🚨 Una nueva denuncia puso bajo cuestionamiento la contratación de servicios en el Grupo Ecopetrol, luego de que Kevin Jair Beltrán Rojas, antiguo trabajador de Cenit, filial de la petrolera estatal, asegurara que recibió presiones para eliminar registros, documentos y conversaciones relacionadas con contratos otorgados a Antropos Consultores S. A. S., empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la ex primera dama Verónica Alcocer. Según su testimonio, la solicitud habría sido realizada por una directiva de la compañía y su negativa habría desencadenado una serie de decisiones laborales que terminaron con su traslado y posterior despido. Cenit, por su parte, rechazó las acusaciones y negó que se hubiera impartido una instrucción de esa naturaleza.

El exfuncionario relató que los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026, cuando fue citado a una reunión con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit. De acuerdo con su versión, antes de ingresar a la oficina le solicitaron dejar su teléfono celular en otro espacio, bajo el argumento de que tratarían un asunto confidencial.

Durante el encuentro, según Beltrán, le hablaron de contratos que habían sido entregados a una persona cercana al Gobierno del expresidente Gustavo Petro y le pidieron colaborar para eliminar cualquier registro que tuviera sobre esos negocios. El objetivo, de acuerdo con lo que denunció, habría sido evitar que quedaran rastros de la contratación de la empresa relacionada con el familiar de Alcocer.

Beltrán aseguró que se negó a cumplir la solicitud porque consideraba que la información debía conservarse. Posteriormente, afirmó que fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición, situación que interpretó como una consecuencia de su decisión.

Los contratos de Antropos Consultores

La empresa mencionada en la denuncia es Antropos Consultores S. A. S., sociedad constituida el 24 de abril de 2024 con un capital inicial de 25 millones de pesos. En sus registros, Alberto Merlano Alcocer figura como representante legal suplente.

Según la información conocida durante la investigación periodística, los activos de la compañía pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a cerca de 1.983 millones al finalizar 2025, lo que representa un crecimiento considerable en ese periodo.

En relación con sus negocios con el Grupo Ecopetrol, Cenit reconoció que Antropos prestó servicios durante 2024 a través de Grupo Spira S. A. S., empresa contratada para desarrollar programas de formación. En particular, Antropos habría participado en la ejecución del programa denominado Negociación Consciente, entre septiembre y diciembre de ese año.

Además, la firma aparece vinculada en Ecopetrol al contrato 5207277, por un valor de 75 millones de pesos, relacionado con servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial.

Por su parte, Alberto Merlano Alcocer confirmó que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol durante 2024, los cuales, según indicó, le generaron ingresos por 157 millones de pesos en un periodo de seis meses. El familiar de la ex primera dama defendió la contratación al señalar que respondía a su trayectoria profesional y explicó que los servicios se prestaron a través de una empresa debido a las sanciones que había recibido de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de la competencia.

Cenit rechazó las acusaciones del exfuncionario

Ante los señalamientos, la filial de Ecopetrol negó que alguna de sus directivas hubiera solicitado a Kevin Beltrán eliminar información relacionada con los contratos de Antropos Consultores. La empresa aseguró que esa instrucción no se impartió ni durante la reunión del 15 de enero de 2026 ni en otra fecha.

Cenit también explicó que la gestión de los procesos contractuales corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que, según su versión, Beltrán no tenía acceso a la administración de esa información.

Frente a su desvinculación laboral, la compañía señaló que la terminación del contrato y el vencimiento del periodo de protección relacionado con una negociación sindical fueron acontecimientos diferentes. Por ello, sostuvo que la cercanía entre ambas fechas no demuestra que el despido estuviera relacionado con las denuncias del extrabajador.

Denunció persecución y acudió a organismos nacionales e internacionales

Beltrán manifestó que, después de negarse a eliminar los registros, su situación laboral comenzó a cambiar. La protección frente a despidos sin justa causa, derivada de una negociación sindical, terminó el 31 de julio de 2026 y, el 10 de agosto, recibió la notificación de su desvinculación.

Tras intentar obtener su reintegro mediante una acción de tutela que no prosperó, presentó solicitudes ante el Ministerio del Trabajo y remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expuso los hechos que considera una persecución por no haber acatado la presunta instrucción.

El exfuncionario también contó que atravesaba una situación económica difícil junto con su familia. Según relató, en noviembre de 2025 sufrieron un desplazamiento forzado y perdieron la inversión que tenían en una finca ganadera donde residían.

Auditoría sobre los negocios del entorno de Verónica Alcocer

El caso se conoce mientras avanzan revisiones sobre contratos y relaciones dentro del Grupo Ecopetrol que involucran a personas cercanas al entorno de la ex primera dama. La participación de Alberto Merlano Alcocer en negocios con empresas vinculadas a la petrolera forma parte de los asuntos que han despertado cuestionamientos y que están siendo examinados mediante una auditoría forense.

Por ahora, existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en la reunión denunciada por Beltrán: mientras el exfuncionario sostiene que recibió presiones para borrar información contractual, Cenit niega que esa solicitud se hubiera realizado. La documentación sobre los contratos, las decisiones laborales y las comunicaciones mencionadas será relevante para establecer qué ocurrió.

La denuncia abre nuevos interrogantes sobre los procedimientos de contratación en las empresas del Grupo Ecopetrol y los posibles vínculos de personas cercanas a figuras del anterior Gobierno con negocios financiados mediante recursos de la compañía. Las autoridades tendrán que determinar si existieron irregularidades y si las actuaciones denunciadas pueden dar lugar a responsabilidades.

🚨 Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó durante la mañana de este sábado 31 de octubre en inmediaciones del peaje El Mango, también conocido como El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, jurisdicción del municipio de La Sierra, en el departamento del Cauca. La fuerte explosión ocasionó daños en las instalaciones de la estación de recaudo y afectaciones en viviendas cercanas. Aunque inicialmente no se reportaron personas heridas ni fallecidas, el hecho generó alarma entre los habitantes, trabajadores y conductores que utilizan este importante corredor vial que comunica al suroccidente colombiano.

La detonación se habría producido aproximadamente a las 6:00 de la mañana, cuando la motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca de las casetas provisionales del peaje, instaladas después del atentado ocurrido el pasado 12 de octubre. La onda expansiva provocó daños en la infraestructura y alcanzó varias viviendas de la zona.

El alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, informó que algunas casas volvieron a presentar afectaciones, entre ellas vidrios rotos y daños en los techos que habían sido reparados después del ataque anterior. También se conoció que dos trabajadoras del peaje resultaron aturdidas por la explosión y recibieron atención médica, aunque no se reportaron lesiones de gravedad.

La situación obligó a suspender temporalmente la circulación vehicular por este tramo de la vía Panamericana, mientras los organismos de seguridad y emergencia adelantaban las verificaciones necesarias para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y evaluar las condiciones para recuperar la movilidad.

Ejército atribuye preliminarmente el ataque a las disidencias

Tras conocerse la detonación, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional fueron desplegadas en el sector para asegurar la zona y realizar labores de inspección. En un pronunciamiento, la institución señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el atentado habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’.

Sin embargo, las circunstancias del nuevo ataque continúan bajo investigación y las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes.

El Ejército también rechazó la utilización de explosivos en lugares cercanos a la población civil, debido al riesgo que representan para los habitantes, trabajadores y viajeros. Asimismo, pidió a la ciudadanía informar sobre personas, vehículos u objetos sospechosos a través de la línea 107.

Segundo atentado contra el mismo peaje en octubre

Este nuevo episodio de violencia ocurre menos de tres semanas después de otro ataque contra la misma infraestructura. El pasado 12 de octubre, un vehículo cargado con explosivos detonó en el peaje El Mango y destruyó gran parte de sus instalaciones, dejando varios civiles heridos.

En aquella oportunidad, las autoridades atribuyeron preliminarmente el hecho a la estructura Carlos Patiño, señalada de mantener presencia en diferentes zonas del departamento del Cauca. Después de esa explosión, fue necesario instalar estructuras provisionales para intentar mantener el funcionamiento de la estación de recaudo.

La repetición de estos ataques ha generado preocupación entre los habitantes de La Sierra, quienes han manifestado su temor por los riesgos que representa la operación del peaje en ese punto. El alcalde municipal también ha planteado la necesidad de revisar su funcionamiento, teniendo en cuenta las afectaciones que han sufrido las familias cercanas.

La vía Panamericana es uno de los corredores de transporte más importantes del suroccidente colombiano, pues conecta diferentes municipios del Cauca con Nariño y permite el desplazamiento de pasajeros y mercancías. Por esta razón, los atentados contra su infraestructura no solo afectan la seguridad de las comunidades, sino que también generan dificultades para el transporte y la actividad económica de la región.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia en el sector y continúan evaluando los daños ocasionados por la explosión. La comunidad permanece a la expectativa de las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar nuevos ataques contra esta infraestructura.