Una lamentable emergencia se registró en el municipio de Amalfi, nordeste de Antioquia, donde un niño de apenas cuatro años perdió la vida luego de caer a un pozo de agua en la vereda Naranjal. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 9 de noviembre y generó tristeza entre los habitantes de esta comunidad rural.

De acuerdo con la información preliminar, el caso habría sido accidental. Tras recibir el llamado de emergencia, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Sin embargo, pese a la intervención de los organismos de socorro, el menor falleció.

Posteriormente, los bomberos realizaron el traslado del cuerpo hasta la morgue municipal, donde se adelantarían los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída ni sobre las condiciones en las que se encontraba el pozo. Por esta razón, se espera que las autoridades competentes establezcan cómo sucedieron los hechos.

La tragedia vuelve a poner de manifiesto los riesgos que pueden representar los pozos, estanques y otros depósitos de agua en las zonas rurales, especialmente cuando se encuentran al alcance de niños pequeños y no cuentan con cerramientos o mecanismos de protección.

El caso ha causado consternación en Amalfi, mientras la comunidad lamenta la muerte del pequeño y espera que se esclarezcan las circunstancias de este accidente.

Nuevas grabaciones que hacen parte de la investigación contra el empresario de espectáculos Ricardo Leyva Páez salieron a la luz pública y han vuelto a poner el foco sobre las denuncias de violencia presentadas por su expareja, Karen Santos. En uno de los audios, que habría sido registrado por la propia mujer durante un episodio de agresión, se escucha al empresario insultarla y amenazarla de muerte, mientras ella le suplica que deje de golpearla.

El material, conocido inicialmente por Caracol Radio y divulgado por El Colombiano, contiene momentos de una fuerte discusión en la que se escuchan expresiones intimidantes y sonidos de un aparente forcejeo. Durante la grabación, Santos intenta calmar a Leyva y le recuerda que ya la había escupido y golpeado. Sin embargo, la situación parece agravarse cuando el hombre manifiesta que va a actuar de manera violenta y que podría matarla.

En otro fragmento, la mujer le pide repetidamente que se detenga y que no vuelva a pegarle. También se escucha cómo el empresario reclama porque ella estaría grabando lo ocurrido y afirma que la tiene acorralada. Antes de finalizar el registro, pronuncia una nueva amenaza: “Ahora sí la voy a matar porque me sigue grabando”.

Las grabaciones fueron entregadas a las autoridades y hacen parte del material probatorio que busca esclarecer los hechos denunciados por Santos. Su contenido se suma a otros videos, fotografías, documentos médicos y testimonios que han sido incorporados al expediente.

Una denuncia por presuntos años de violencia física y psicológica

Karen Santos denunció que durante su relación con Ricardo Leyva habría sido víctima de diferentes formas de violencia entre 2020 y 2025. Según su testimonio, las agresiones no se limitaron a episodios de violencia física, sino que también incluyeron humillaciones, amenazas, intimidaciones y control económico.

La mujer ha relatado que recibió golpes con los puños, sufrió lesiones que requirieron atención médica y habría experimentado afectaciones en la visión de uno de sus ojos. También aseguró que el empresario la perseguía con armas blancas y la intimidaba para que no denunciara lo que estaba sucediendo.

Uno de los episodios más graves fue registrado en un video que se conoció públicamente meses atrás. En las imágenes se observa a Leyva con un cuchillo mientras amenaza a Santos y la persigue dentro de una vivienda. Este material se convirtió en uno de los elementos que aumentaron la atención sobre el caso y las condiciones de seguridad de la denunciante.

La Fiscalía recopiló diferentes episodios de presunta violencia y, en su escrito de acusación, describió once hechos que habrían ocurrido durante la relación. El documento también advierte sobre el nivel de riesgo que enfrentaría Santos, por lo que se ha planteado la necesidad de mantener medidas especiales de protección.

La Fiscalía ya acusó formalmente al empresario

El proceso judicial tuvo un avance importante el 19 de octubre de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación comunicó formalmente a Ricardo Leyva el escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo.

La acusación reúne los presuntos hechos ocurridos entre 2020 y 2025 y describe comportamientos que, según el ente investigador, habrían incluido agresiones físicas, amenazas de muerte, humillaciones, intimidación y control psicológico y económico.

Durante la diligencia, Leyva no aceptó los cargos, por lo que el caso deberá continuar hacia la etapa de juicio, en la que se examinarán las pruebas y se determinará su eventual responsabilidad penal. El empresario ha sostenido que es inocente.

La acusación representa un paso procesal importante, pero no equivale a una condena. Será un juez quien deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y establecer si los hechos denunciados constituyen el delito atribuido.

Una denuncia paralela y cuestionamientos sobre las medidas de protección

En medio de este proceso, Ricardo Leyva también presentó una denuncia contra Karen Santos por una presunta extorsión. Según la versión del empresario, la mujer lo habría amenazado con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.

Esta investigación paralela generó controversia debido a las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía a favor de Leyva. Entre las disposiciones conocidas se encuentra una restricción de contacto entre Santos y el empresario o sus familiares, salvo las excepciones establecidas por una autoridad judicial.

La situación ha provocado cuestionamientos por parte de la defensa y del entorno de Santos, que han insistido en la necesidad de garantizar su seguridad y evitar que las actuaciones judiciales terminen aumentando su exposición al riesgo.

El caso también ha generado cuestionamientos por sus vínculos empresariales

El nombre de Ricardo Leyva ya había aparecido en discusiones públicas por sus relaciones comerciales y personales con figuras del Gobierno nacional, particularmente por su cercanía con el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

Uno de los asuntos que generó atención fue la cesión de un contrato de leasing habitacional de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, que posteriormente ocupó Benedetti junto con su familia. También se conoció un contrato por cerca de 7.968 millones de pesos suscrito por RTVC con la empresa Ave Fénix Entretenimiento S. A. S., vinculada al empresario, para la organización de una muestra cultural durante la cumbre de la CELAC en Santa Marta.

La relación entre estos hechos ha sido objeto de cuestionamientos y de una indagación preliminar de la Fiscalía para establecer si existió alguna conexión irregular entre la operación inmobiliaria y la contratación estatal.

Mientras avanzan las investigaciones, las nuevas grabaciones vuelven a poner en evidencia la gravedad de los señalamientos formulados por Karen Santos. El proceso contra Ricardo Leyva continúa en manos de la justicia, que deberá valorar los audios y los demás elementos probatorios antes de determinar las responsabilidades correspondientes.

Una decisión del Consejo de Estado abrió nuevamente la posibilidad de que las empresas den por terminados contratos de aprendizaje durante un período de prueba, una medida que podría afectar a miles de estudiantes vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a otras instituciones educativas. El alto tribunal suspendió provisionalmente la norma que impedía establecer esta condición en los contratos, al considerar que el Gobierno habría excedido sus facultades al eliminar una posibilidad contemplada en la legislación laboral.

La determinación se produjo el 10 de noviembre de 2026, en medio de una demanda de nulidad contra una disposición del Decreto 223 de 2026, mediante el cual el Gobierno reglamentó aspectos relacionados con los contratos de aprendizaje. La decisión permite que empleadores y aprendices acuerden por escrito un período inicial de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado el vínculo sin previo aviso, siempre que se respeten las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

La noticia genera preocupación entre los estudiantes que actualmente desarrollan su etapa práctica en empresas, debido a que esta posibilidad podría facilitar la terminación de algunos contratos. Sin embargo, el pronunciamiento judicial no significa que todas las compañías puedan despedir libremente a sus aprendices ni que los contratos vigentes queden automáticamente sometidos a un período de prueba.

¿Por qué intervino el Consejo de Estado?

La controversia tiene su origen en la reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025, que modificó las condiciones del contrato de aprendizaje y estableció que esta modalidad tendría carácter de contrato laboral especial y a término fijo.

La legislación también dispuso que estos vínculos se rigieran por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de esas disposiciones se encuentra la posibilidad de establecer un período de prueba mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 223 de 2026, que incorporó una disposición para excluir expresamente el período de prueba de los contratos de aprendizaje. Esta restricción fue cuestionada por los demandantes Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado, quienes solicitaron que se anulara parcialmente la norma y que sus efectos fueran suspendidos mientras se resolvía el proceso.

Al estudiar la solicitud, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que el Gobierno no podía eliminar mediante un decreto una posibilidad que había sido reconocida por el Congreso en la reforma laboral. Por esta razón, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó suspender provisionalmente la disposición cuestionada.

Las empresas podrán pactar un período de prueba de hasta dos meses

Con la decisión, las compañías podrán establecer esta condición en los contratos de aprendizaje, pero deberán cumplir requisitos específicos. El primero es que el período de prueba quede expresamente estipulado por escrito, pues no se presume por el simple inicio de la relación contractual.

Como regla general, el Código Sustantivo del Trabajo establece que el período de prueba no puede superar los dos meses. Cuando se trata de contratos a término fijo inferiores a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente pactado, sin superar el límite máximo permitido.

Por ejemplo, una empresa y un aprendiz podrían acordar por escrito un período de prueba de un mes. Durante ese tiempo, cualquiera de las partes tendría la posibilidad de finalizar el contrato de manera unilateral y sin necesidad de presentar un aviso previo, conforme a las disposiciones legales.

Esto significa que la medida no autoriza a las empresas a terminar cualquier contrato de aprendizaje sin condiciones. Si no existe una cláusula escrita que establezca el período de prueba, el vínculo no puede considerarse automáticamente sometido a esa etapa.

¿Qué pasará con los aprendices que ya tienen contrato con el SENA?

La decisión tiene especial importancia para el SENA, debido al número de estudiantes que participan en programas de formación con prácticas empresariales. Según los datos citados por Infobae, con corte a junio de 2026 la entidad registraba 260.351 contratos de aprendizaje activos y suscritos durante ese año.

La cifra evidencia la cantidad de personas que podrían estar relacionadas con esta modalidad de vinculación, aunque no significa que todos esos contratos puedan finalizarse por la decisión judicial. Para que exista un período de prueba debe haberse pactado expresamente y deben respetarse los límites establecidos en la legislación.

Además, los aprendices conservan sus derechos laborales durante ese tiempo. La suspensión de la prohibición no elimina las garantías de seguridad social, prestaciones y demás condiciones reconocidas por la reforma laboral.

No regresará el antiguo período de prueba de tres meses

Otro aspecto importante del pronunciamiento es que el Consejo de Estado aclaró que la suspensión provisional no revive automáticamente la antigua regla que contemplaba un período de prueba de tres meses para los contratos de aprendizaje.

La decisión tampoco establece que todos los aprendices deban pasar por esa etapa. Lo que permite es recuperar la posibilidad de que las partes la acuerden por escrito, bajo las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo.

El tribunal recordó que las disposiciones anteriores sobre el contrato de aprendizaje fueron objeto de modificaciones legislativas y que la Ley 789 de 2002 reguló integralmente esta modalidad de formación.

La decisión todavía no es definitiva

Aunque la suspensión ya permite pactar períodos de prueba mientras avanza el proceso, el Consejo de Estado todavía deberá estudiar de fondo la demanda de nulidad para determinar si la disposición del Decreto 223 de 2026 se ajusta o no al ordenamiento jurídico.

Por ahora, las empresas recuperan la posibilidad de incluir esta condición en los contratos de aprendizaje, siempre que exista un acuerdo escrito y se respeten los límites legales. Para los estudiantes, el cambio representa un aspecto adicional que deberán revisar al momento de firmar sus contratos, especialmente porque la terminación durante el período de prueba puede producirse sin previo aviso.

El caso vuelve a poner en discusión el alcance de la reforma laboral y las garantías de los aprendices en Colombia, en particular el equilibrio entre las facultades de contratación de las empresas y la protección de quienes desarrollan sus prácticas como parte de su formación académica.