Miles de viajeros enfrentaron dificultades durante varias horas luego de que Estados Unidos ordenara suspender temporalmente los despegues en todos los aeropuertos del país debido a una falla en las comunicaciones de su sistema de control de tráfico aéreo. Aunque la restricción fue levantada durante la noche del viernes 13 de noviembre, la situación provocó retrasos, cancelaciones y modificaciones en los itinerarios internacionales, incluidas las conexiones con Colombia.

La medida fue adoptada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), a través del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), que dispuso una detención en tierra de alcance nacional, conocida como Ground Stop. La restricción comenzó a las 3:53 de la tarde, hora colombiana, y estaba prevista inicialmente hasta las 11:00 de la noche, aunque podía extenderse dependiendo de la evolución de la emergencia.

El problema se originó por una falla temporal en los sistemas de comunicación utilizados por los centros de control aéreo estadounidenses, encargados de coordinar los movimientos de las aeronaves y garantizar la seguridad de las operaciones. Ante esta situación, las autoridades consideraron necesario detener los despegues mientras se trabajaba en la solución del inconveniente.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que los equipos técnicos estaban atendiendo la falla y descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ataque terrorista.

Los vuelos comenzaron a restablecerse, pero persistieron las afectaciones

Después de varias horas de interrupción, la FAA autorizó nuevamente los despegues y comenzó el proceso de normalización de las operaciones. Sin embargo, el levantamiento de la restricción no significó que todos los itinerarios recuperaran inmediatamente sus horarios habituales.

La acumulación de vuelos pendientes, los ajustes operativos y las autorizaciones necesarias para ingresar al espacio aéreo estadounidense provocaron que algunas conexiones continuaran presentando demoras y reprogramaciones.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que las operaciones desde y hacia Estados Unidos se estaban restableciendo gradualmente y advirtió que las afectaciones podían continuar durante las siguientes horas.

¿Cómo afectó la suspensión a los vuelos entre Colombia y Estados Unidos?

La contingencia tuvo consecuencias en ambos sentidos de las rutas internacionales. Los vuelos programados para salir desde aeropuertos estadounidenses hacia Colombia debieron permanecer en tierra mientras estuvo vigente la restricción.

Por otro lado, las aeronaves que tenían previsto viajar desde Colombia hacia Estados Unidos también podían experimentar retrasos o cambios en sus horarios, debido a que las autoridades norteamericanas debían gestionar y autorizar individualmente los ingresos a su espacio aéreo.

La Aerocivil aclaró que las operaciones nacionales en Colombia y los vuelos internacionales hacia otros destinos continuaban funcionando con normalidad, por lo que las afectaciones estaban relacionadas principalmente con las conexiones hacia y desde territorio estadounidense.

Aerolíneas ofrecieron alternativas para los pasajeros

Ante las dificultades, Avianca anunció medidas de flexibilidad para los viajeros con vuelos programados desde o hacia Estados Unidos los días 13 y 14 de noviembre, hasta las 11:59 de la noche, hora colombiana.

La compañía permitió modificar la fecha del viaje para volar hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidades ni diferencias tarifarias, sujeto a disponibilidad. Además, informó que los pasajeros afectados recibirían notificaciones sobre los cambios y las alternativas disponibles para reorganizar sus desplazamientos.

La aerolínea recomendó consultar permanentemente el estado de los vuelos mediante su página web, aplicación móvil y canales oficiales.

Recomendaciones para quienes tienen vuelos programados

La Aeronáutica Civil pidió a los pasajeros con conexiones hacia o desde Estados Unidos mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas y verificar el estado de sus itinerarios antes de desplazarse a los aeropuertos.

También recomendó atender las instrucciones del personal de las compañías aéreas y utilizar los canales digitales habilitados para gestionar posibles modificaciones.

Aunque la emergencia técnica fue superada y los despegues se reanudaron, las autoridades mantienen el seguimiento a la normalización de las operaciones. La situación evidenció la importancia de los sistemas de comunicación y coordinación aérea, cuyo funcionamiento resulta fundamental para garantizar la seguridad y continuidad del transporte aéreo internacional.

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para coordinar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, tendrá un nuevo gerente. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien llegará a la entidad después de la salida de Jaime Andrés Uribe, cuya renuncia fue solicitada y aceptada en medio de los cuestionamientos por los elevados costos de funcionamiento del organismo.

La decisión se conoció el viernes 13 de noviembre, luego de que se hicieran públicos los valores de la nómina mensual del Fondo Milagro, que alcanzaban aproximadamente los $765,6 millones, sin incluir primas ni prestaciones sociales. La cifra generó críticas por el monto de las remuneraciones asignadas a los directivos y coordinadores, especialmente porque la entidad contaba en ese momento con 26 trabajadores, aunque tenía capacidad para vincular hasta 130 personas.

El presidente De la Espriella había rechazado públicamente los pagos y ordenado reversar las decisiones relacionadas con esos salarios, al considerar que no correspondían a las directrices de austeridad de su administración. Posteriormente, confirmó que había solicitado la renuncia de Jaime Uribe y que esta había sido aceptada.

A través de un pronunciamiento, el mandatario sostuvo que los funcionarios de su Gobierno están sometidos a evaluación permanente y que ninguna persona tiene asegurada su permanencia en el cargo. También afirmó que, cuando se presentan errores administrativos, deben reconocerse y corregirse.

Los salarios que desataron la controversia

La polémica tomó fuerza después de que la senadora Kamelia Zuluaga divulgara información sobre los pagos asignados a los trabajadores del Fondo Milagro. Según los datos publicados por la congresista, el gerente Jaime Uribe recibía una remuneración mensual de $39,4 millones.

Por su parte, el secretario privado y los cuatro directores de área tenían asignados $36 millones mensuales cada uno, mientras que los 13 coordinadores de área recibían $33 millones. El coordinador regional tenía una remuneración de $30 millones, al igual que el coordinador de comunicaciones. Los profesionales técnicos, dependiendo de sus funciones, recibían entre $5,8 millones y $18,9 millones.

A estos valores se sumaba el costo de administración fiduciaria a cargo de Fiducoldex, cuya comisión mensual equivalía a 142 salarios mínimos, aproximadamente $248,6 millones antes de IVA. Al sumar este concepto con los gastos de nómina, el funcionamiento del Fondo Milagro superaba los $1.000 millones mensuales.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que no participó en la definición de los pagos, debido a que el Fondo funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por Fiducoldex. Por esa razón, sus trabajadores no son servidores públicos y sus relaciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.

Sin embargo, la entidad precisó que los recursos utilizados para cubrir estos gastos tienen origen público, por lo que el manejo administrativo y financiero continúa siendo objeto de atención y cuestionamientos.

¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo gerente?

El nuevo responsable del Fondo Milagro es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con especializaciones en Derecho de Empresa y Derecho Penal. Además, adelanta estudios doctorales en Derecho en la Universidad de Salamanca, España.

Su trayectoria en el sector público incluye su paso por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cartera que dirigió entre 2013 y 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Antes de ocupar ese cargo fue viceministro de Vivienda y también viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.

Henao igualmente desempeñó funciones en las secretarías generales de los ministerios del Interior, Justicia y Ambiente. En el sector privado ha trabajado como consultor en estrategia y gobierno corporativo.

También tuvo participación en la junta directiva de Ecopetrol desde marzo de 2025, donde ejerció como miembro independiente y presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. En julio de 2026 fue designado presidente de la junta directiva de la compañía.

El desafío de reconstruir las regiones afectadas

Con su llegada, Henao tendrá la responsabilidad de dirigir el mecanismo financiero creado para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, que afectó cerca de 500 municipios en 19 departamentos, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Su principal desafío será acelerar los procesos de contratación, garantizar la ejecución transparente de los recursos y convertir las partidas presupuestales en obras y ayudas concretas para las familias damnificadas.

La salida de Jaime Uribe también dejó bajo discusión el ritmo de ejecución de los recursos. En una respuesta entregada al Congreso, el entonces gerente había informado que el Fondo tenía aprobado un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, mientras que los procesos contractuales adelantados hasta ese momento sumaban $7.440 millones, equivalentes aproximadamente al 1,19 % de ese presupuesto.

Ahora, con Luis Felipe Henao al frente, el Gobierno deberá responder a las expectativas de las comunidades afectadas y demostrar que el Fondo Milagro puede avanzar en la reconstrucción sin que sus costos administrativos terminen opacando el propósito para el que fue creado.

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionada con señalamientos sobre posibles pagos y ofrecimientos económicos a exintegrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus testimonios. La decisión, fechada el 12 de noviembre de 2026, se produjo dentro de un expediente en el que el senador Iván Cepeda figuraba como denunciante.

El organismo investigador concluyó que, después de agotar las hipótesis y revisar los elementos probatorios recopilados, no encontró evidencias suficientes para establecer que los hechos denunciados hubieran ocurrido. Por esa razón, dispuso el archivo de las diligencias bajo la causal de inexistencia del hecho, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

¿Qué encontró la Fiscalía durante la investigación?

Dentro de las actuaciones se examinaron presuntas entregas de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, quienes habrían recibido ofrecimientos económicos a cambio de entregar declaraciones favorables o modificar sus versiones dentro de procesos judiciales.

Uno de los elementos revisados fue un negocio inmobiliario relacionado con Gabriel Muñoz Ramírez y el levantamiento de una hipoteca. Según la valoración de la Fiscalía, estas operaciones se realizaron entre 2009 y 2011 y respondían a un acuerdo comercial con justificación económica.

La entidad también tuvo en cuenta que las declaraciones que supuestamente habrían motivado los pagos fueron realizadas en 2015. Con base en el análisis de las fechas y los elementos disponibles, no encontró una relación probatoria que permitiera vincular las operaciones comerciales con un eventual soborno.

Asimismo, el despacho señaló que parte de la información sobre las supuestas entregas de dinero no contaba con respaldo suficiente y provenía de comentarios o rumores conocidos por uno de los declarantes durante su permanencia en un centro de reclusión.

En consecuencia, la Fiscalía determinó que no era posible establecer la existencia de los hechos denunciados ni acreditar la conducta de soborno en actuación penal.

La reacción de Álvaro Uribe

Tras conocerse la determinación, el expresidente celebró el resultado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Uribe manifestó que el archivo de esta investigación complementaba la absolución que había obtenido anteriormente del Tribunal Superior de Bogotá.

Su defensa también destacó la decisión como un resultado favorable dentro de las controversias judiciales que han rodeado los señalamientos sobre manipulación de testigos.

Por su parte, el caso se enmarca en una prolongada disputa judicial y política entre Uribe e Iván Cepeda, relacionada con las declaraciones de antiguos integrantes de estructuras paramilitares y los señalamientos sobre presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas.

El archivo no cierra definitivamente la posibilidad de reabrir el expediente

Aunque la Fiscalía ordenó el archivo de esta investigación, la determinación no impide que las diligencias puedan retomarse. La entidad dejó establecido que, si aparecen nuevas evidencias capaces de modificar las conclusiones, podrá reabrir la actuación mientras la acción penal continúe vigente.

También es importante diferenciar este expediente de otros procesos relacionados con Álvaro Uribe. La investigación archivada no equivale a una decisión general sobre todos los señalamientos que han sido formulados contra el exmandatario.

Por ejemplo, el caso principal por presunta manipulación de testigos tuvo un recorrido judicial independiente: el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena de primera instancia y esa decisión fue objeto de recursos de casación.

De igual manera, continúa siendo distinto el expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990, cuya investigación permanece en la Fiscalía.

Así, la decisión conocida el 14 de noviembre representa el cierre de una investigación concreta por presunto soborno a testigos y fraude procesal, pero no pone fin a todos los asuntos judiciales que han involucrado al expresidente.