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Contraloría estableció presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por compra de avión para la Policía  

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Se trata de la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por un valor sensiblemente más alto del que tuvo un avión similar adquirido para la FAC en 2021 y del que ofertaba el Gobierno de Ecuador por una aeronave del mismo modelo. 

Para la Contraloría, se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido.   

Imposible transportar tropa y equipos en un avión ejecutivo tipo VIP para 13 pasajeros, cuando la necesidad planteada era comprar aeronaves con capacidad para 44. 

  El precio de compra que se fijó en la negociación afectó la financiación de todo el proyecto de inversión original para adquirir 3 aviones del mismo tipo, pues representó el 41,5% del presupuesto total establecido para la adquisición de las 3 aeronaves tipo Embraer. 

 La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares americanos (USD $12.160.000), que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A. 

Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos. 

Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de cumplir la misión institucional, junto con los contratos y convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021. 

Como resultado de esta auditoría se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. 

El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad dio traslado interno del hallazgo fiscal a la dependencia competente, que determinará si el mismo permite dar curso a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal. 

Convenios y contratación 

La Policía y la CIAC S.A. celebraron el 13 de enero de 2022, un Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC que permitan fijar términos y condiciones generales para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, mediante la provisión o adquisición de bienes y servicios de orden técnico que demande el área de aviación policial de la Institución”. Y se estableció su duración hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Las entidades acordaron que el convenio marco se ejecutaría a través de convenios derivados o específicos y fue así como el 27 de enero de 2022 la Policía – Dirección Antinarcóticos y la CIAC S.A. suscribieron el Convenio Derivado No. 1 a ese Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, en este caso con el objeto de aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves, entre ellas una de tipo jet marca Embraer Legacy 600.  

El valor del Convenio Derivado No. 1 ascendió a DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($200.000.000.000), equivalente a los aportes en dinero realizados por la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos. 

En el marco del Convenio Derivado No. 1, el 16 de mayo de 2022 la CIAC S.A. suscribió con el CONSORCIO AERONAVES PNC el contrato número GRAJU0092022 para la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por valor de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD$ 12.160.000). El consorcio mencionado recibiría luego un anticipo del 50 por ciento de esa suma. 

La compra de aviones tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía. 

Un primer cuestionamiento de la Contraloría es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional.  

El valor de los costos y gastos en que ha incurrido la CIAC en la ejecución del Convenio Derivado No. 1, con corte a 28 de septiembre de 2022, asciende apenas a un poco más de $28 millones ($28.598.029). 

Contratistas sin la experiencia requerida 

La CGR revisó los documentos de constitución del CONSORCIO AERONAVES PNC, así como los certificados de existencia y representación legal de las empresas que lo conforman, y los correspondientes registros de proponentes y se observó que la capacidad jurídica acreditada para la prestación del bien y servicio ofrecido no es la adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato suscrito y a su valor, ya que el 95% de sus miembros tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil, que no guardan correspondencia con el objeto contratado. Solo una empresa de las consorciadas (RIO SUR SAS) cumplía con la experiencia requerida. 

Se evidencia que el CONSORCIO AERONAVES PNC, está integrado por: RIO SUR SAS, identificada con NIT 800.149.580-3, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es el transporte aéreo nacional de pasajeros; CONSTRUCCIÓN EMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO SAS, identificada con NIT 834.000.892-9, ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es la construcción de otras obras de ingeniería civil; e INGEAMBICOL SAS, identificada con NIT 800.063.939-2, también ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 90% y cuya actividad económica principal es también la construcción de otras obras de ingeniería civil. 

En la respuesta allegada a la CGR sobre el tema no se explican las razones por las que en la ejecución del Convenio Derivado No. 1 se terminaron materializando los riesgos del mercado advertidos por la misma CIAC S.A. en las consideraciones del Modificatorio No. 1 a dicho Convenio: 

*Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compra-venta de aeronaves, ya que las actividades económicas de los miembros de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 

*La parte del mercado que cumplía con la totalidad de las condiciones requeridas no fue amplia. 

*Y prácticamente quien terminó buscando en el mercado global las aeronaves fue una única empresa: RIO SUR SAS, lo que, como describió la CIAC S.A. en su momento, genera un riesgo de sobrecostos. 

Hechos que configuran el posible detrimento patrimonial 

Para la CGR, el pago por el avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, realizado por la Policía a la CIAC S.A. en virtud de las obligaciones propias del Convenio Derivado No. 1, y considerando la indebida estructuración y ejecución del proyecto, sumado a la falta de coherencia en la necesidad establecida, junto con la compra final de la aeronave, son elementos suficientes para esgrimir un detrimento patrimonial estatal en cuantía de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD12.160.000), que corresponden a CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($58.103.884.800), calculados sobre una tasa representativa del día 15 de diciembre de 2022, equivalente a cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 4.778,28). 

La adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 no es congruente con uno de los objetivos del proyecto de inversión del que provienen los recursos para su adquisición: “Atender la demanda de patrullaje”, recalca la CGR. 

Y agrega: “En tal sentido, si la necesidad es transportar 50 policiales de manera simultánea a 10 lugares del territorio nacional, un avión ejecutivo tipo jet con capacidad de 13 pasajeros impide la atención de la necesidad en las condiciones planteadas por el Área de Aviación Policial”. 

Al apartarse del verdadero objetivo del proyecto de inversión original para la compra de los aviones tipo Embraer Legacy ERJ 140 – 145, se generó una afectación del esquema de financiación del mismo, al representar la sola compra del avión ejecutivo Legacy 600 el 41,5% del presupuesto total establecido para la adquisición de 3 aeronaves tipo Embraer.  

Desde la sustentación y presentación del proyecto para la consecución de los recursos necesarios destinados a suplir la compra de 6 aeronaves que componen el proyecto Fortalecimiento de las Misiones Aéreas Policiales en el Territorio Nacional, la Policía justificó la necesidad de 3 aviones tipo Embraer Legacy ERJ 140 – 145, con capacidad de hasta 50 pasajeros, por un valor unitario de $35.000.000.000, para un total de $118.000.000.000. 

Contratación de aeronaves similares (comparativo) 

En la auditoría a la CIAC se realizó un comparativo de las características de las aeronaves modelos Legacy 600 adquiridas por el gobierno colombiano u ofertadas a este en el año 2021 versus la contratación adelantada por esta entidad para el mismo modelo de avión, donde se aprecia una sensible diferencia con respecto al valor negociado por la CIAC S.A. 

Compra FAC (contrato Agencia de Compras de la  

Fuerza Aérea Colombiana-ACOFA No. 47000189) 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2008 

Valor: USD $8.900.000 

Horas de vuelo: 3.545  

Capacidad:13 pasajeros 

Fecha de contrato: 10 de marzo de 2021 

Proceso de venta del avión presidencial del Ecuador 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2008 

Llegó a Ecuador nuevo en diciembre de 2008 

Valor: USD $8.000.000 

Horas de vuelo: 6.145  

Capacidad: 14 pasajeros 

Proceso de venta dispuesto mediante Decreto Ejecutivo No. 180 del 31 de agosto de 2021 

Contrato No. GRAJU-0092022 suscrito por la CIAC S.A. 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2006 

Valor: USD $12.160.000 

Horas de vuelo: 15.445 horas 

Capacidad: 13 pasajeros 

Fecha de contrato: 16 de mayo de 2022 

Este avión tenía tres procesos de matrícula 

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Judicial

Lluvias dejan cultivos de banano afectados e inundaciones en Santa Marta

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🌧️ Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron afectaciones en distintos puntos del Magdalena. Mientras varios sectores de Santa Marta terminaron bajo el agua tras el aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores reportaron nuevos daños en cultivos de banano y plátano debido a los fuertes vientos.

En las fincas de la zona rural quedaron evidenciadas numerosas plantas derribadas por el fenómeno climático. Los productores aseguran que este tipo de afectaciones se han repetido durante el año y que las pérdidas se suman a las dificultades económicas y de seguridad que enfrenta actualmente el sector.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), señaló que este corresponde al sexto episodio de vientos que afecta los cultivos durante 2026. El dirigente gremial manifestó su preocupación por el impacto que estos eventos están teniendo sobre las familias que dependen de la producción bananera.

A los daños ocasionados por el clima se agregan otros factores que presionan a los productores, entre ellos la disminución de la tasa representativa del mercado y las dificultades de seguridad en las zonas rurales. La situación genera preocupación además por las negociaciones comerciales que se adelantarán próximamente para definir los precios del banano de cara a 2027.

Desde Asbama hicieron un llamado a los supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta las condiciones que están enfrentando los productores y se establezcan acuerdos comerciales que permitan mantener la actividad y la estabilidad de las familias vinculadas al sector.

En Santa Marta, por otra parte, las precipitaciones provocaron inundaciones en al menos 11 sectores, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes, Bonda, Timayuí, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

Videos registrados por habitantes muestran calles cubiertas de agua y vehículos con dificultades para movilizarse. Algunas vías de sectores como Timayuí y Los Alpes quedaron prácticamente intransitables debido al volumen de agua que descendió desde las zonas altas.

Ante la situación, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los puntos afectados. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones.

El Ideam indicó preliminarmente que en la estación del Aeropuerto Simón Bolívar se registraron 36,8 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas. El organismo aclaró que estos datos todavía están sujetos a procesos de validación y podrían presentar modificaciones.

Las lluvias también provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó arrastrando grandes cantidades de residuos hacia la bahía de Santa Marta. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo la corriente transportó basura acumulada en diferentes sectores de la ciudad hasta desembocar en el mar, generando una nueva alerta por el impacto ambiental sobre el ecosistema marino.

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Nacional

Abaten en el Huila a alias Robinson Gutiérrez, señalado de financiar el crimen de Miguel Uribe

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🚨 Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, y la captura de otros tres presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia. El operativo se desarrolló en la vereda El Cadillo, zona rural del municipio de Tello, Huila.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Robinson Gutiérrez era señalado como uno de los responsables del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Su nombre también fue relacionado con la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación y afirmó que el hombre estaría implicado en el crimen del dirigente político. Sin embargo, precisó que la información corresponde a un balance preliminar y que los detalles serán ampliados una vez finalice la verificación de los resultados.

Según información citada por El Colombiano, la presunta participación de Guzmán González en el asesinato de Uribe Turbay habría estado relacionada con la logística financiera del crimen. Este señalamiento deberá ser esclarecido por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.

En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de la estructura armada. Hasta el momento, no se han divulgado sus identidades ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la organización.

¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?

Los reportes de inteligencia identificaban a Miguel Orlando Guzmán González como uno de los cabecillas de la estructura Teófilo Forero Castro. Desde 2024, habría asumido responsabilidades relacionadas con las finanzas del grupo, además de cumplir funciones políticas dentro de la organización.

Su trayectoria se remontaría a la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los informes conocidos por las autoridades, durante varios años habría ocupado diferentes posiciones dentro de estructuras armadas, hasta llegar a desempeñar un papel de dirección en la organización vinculada a la Segunda Marquetalia.

Los organismos de inteligencia también lo relacionaban con actividades de extorsión, amenazas contra campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

Entre los hechos que le atribuían figura un presunto ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Coomotor en 2022, que habría sido incendiado como represalia por el supuesto incumplimiento de exigencias extorsivas. Asimismo, habría sido relacionado con un falso retén en Caquetá en 2024 y con el secuestro de tres personas en zona rural de San Vicente del Caguán en 2025.

Sobre Guzmán González también se reportaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y extorsión, según los antecedentes de inteligencia citados en los informes periodísticos.

La operación en Tello representa un golpe contra la estructura Teófilo Forero Castro, señalada de mantener presencia en Huila y Caquetá. No obstante, las autoridades deberán precisar los alcances del procedimiento y establecer, con base en las investigaciones, la eventual participación

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Judicial

Chats de Eva Ferrer reavivan controversias sobre Verónica Alcocer durante el gobierno Petro

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📱 La divulgación de conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno, volvió a poner bajo escrutinio varios episodios relacionados con la exprimera dama. Los mensajes contienen reclamos personales y económicos, además de señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles influencias en entidades estatales.

Los chats, intercambiados durante varios años, muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. En uno de los mensajes, Petro reconoció su inconformidad con la actitud de su entonces esposa, mientras Ferrer le manifestó sus diferencias con ella y con personas de su círculo cercano.

Uno de los asuntos centrales es el reclamo económico de Ferrer, quien asegura que están pendientes más de 640 millones de pesos por servicios de asesoría durante la campaña presidencial de 2022 y gastos relacionados con los primeros meses del Gobierno. La exfuncionaria sostiene que no recibió la totalidad de los pagos que le correspondían.

Las revelaciones también incluyen acusaciones de Ferrer sobre un supuesto uso de intermediarios y familiares para manejar propiedades, así como presuntas presiones y gestiones relacionadas con cargos y contratos públicos. Alcocer ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que no corresponden a la realidad. Las afirmaciones divulgadas no constituyen, por sí solas, una comprobación de conductas ilegales.

Otro de los temas señalados es el denominado grupo de “Los Verónicos”, nombre con el que se identificó a un círculo de personas cercanas a Alcocer. Entre ellas figuran los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, además de Víctor Hugo Sierra y Yeirson Gamero. Sus nombres han aparecido en denuncias y controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas conexiones con espacios de poder durante el Gobierno.

En el caso de Ecopetrol, las publicaciones recogen señalamientos sobre una posible influencia de Alcocer en decisiones y nombramientos, incluido el proceso que llevó a Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. También se han conocido cuestionamientos sobre presuntas gestiones en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Estas acusaciones requieren ser examinadas por las autoridades y no deben interpretarse como responsabilidades establecidas.

La controversia también abarca los viajes internacionales de Alcocer en representación del Estado. Durante el Gobierno de Petro, fue designada como embajadora en misión especial para asistir a actos como los funerales de la reina Isabel II y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Por esos compromisos se reportaron gastos reconocidos por cerca de 63,7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad de su participación y el uso de recursos públicos.

A esto se sumaron críticas por los costos de algunos colaboradores que acompañaban a la entonces primera dama. Investigaciones periodísticas señalaron que servicios de estilismo, fotografía, protocolo y apoyo a su agenda se contrataron a través de distintas entidades estatales, con pagos que en conjunto superaban los mil millones de pesos. También hubo cuestionamientos por contratos de figuras cercanas, como el coreógrafo Nerú Martínez, vinculado a actividades de bienestar y clima laboral en Presidencia.

Otro nombramiento que generó debate fue el de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Baracaldo reconoció que Alcocer la contactó para ofrecerle el cargo, pese a que no contaba con experiencia previa en asuntos de niñez, según los reportes publicados en ese momento.

Las tensiones dentro del entorno presidencial también quedaron expuestas en las disputas entre Alcocer, Ferrer y otros funcionarios. En 2024, la exprimera dama denunció un supuesto complot para involucrarla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto surgieron señalamientos sobre posibles seguimientos y conflictos entre integrantes del círculo cercano al entonces presidente, aunque las acusaciones cruzadas no quedaron demostradas públicamente en los términos planteados por las partes.

En el ámbito familiar, Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del expresidente, respectivamente, han hablado públicamente de desacuerdos y de un trato que calificaron como injusto por parte de Alcocer. Sus declaraciones describen conflictos personales y políticos, incluidos cuestionamientos sobre la participación de la familia en actividades de campaña.

Finalmente, la estadía de Alcocer en Suecia también generó controversia después de que medios de ese país publicaran información sobre su vida social y sus gastos. Petro negó que ella utilizara recursos públicos para financiar sus actividades personales, mientras que desde el entorno diplomático surgieron comentarios críticos sobre su comportamiento. La financiación de ese estilo de vida fue uno de los interrogantes planteados en los reportes.

Los episodios reunidos por El Colombiano abarcan presuntas irregularidades, contratación pública, viajes oficiales, disputas personales y cuestionamientos sobre el círculo de confianza de la exprimera dama. Sin embargo, varios de los señalamientos provienen de testimonios, denuncias o investigaciones periodísticas y deben distinguirse de hechos que hayan sido establecidos por las autoridades.

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