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Contraloría estableció presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por compra de avión para la Policía  

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Se trata de la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por un valor sensiblemente más alto del que tuvo un avión similar adquirido para la FAC en 2021 y del que ofertaba el Gobierno de Ecuador por una aeronave del mismo modelo. 

Para la Contraloría, se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido.   

Imposible transportar tropa y equipos en un avión ejecutivo tipo VIP para 13 pasajeros, cuando la necesidad planteada era comprar aeronaves con capacidad para 44. 

  El precio de compra que se fijó en la negociación afectó la financiación de todo el proyecto de inversión original para adquirir 3 aviones del mismo tipo, pues representó el 41,5% del presupuesto total establecido para la adquisición de las 3 aeronaves tipo Embraer. 

 La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares americanos (USD $12.160.000), que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A. 

Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos. 

Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de cumplir la misión institucional, junto con los contratos y convenios celebrados y/o ejecutados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la vigencia 2021. 

Como resultado de esta auditoría se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno (el antes referido) tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal (1) y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. 

El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad dio traslado interno del hallazgo fiscal a la dependencia competente, que determinará si el mismo permite dar curso a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal. 

Convenios y contratación 

La Policía y la CIAC S.A. celebraron el 13 de enero de 2022, un Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC que permitan fijar términos y condiciones generales para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, mediante la provisión o adquisición de bienes y servicios de orden técnico que demande el área de aviación policial de la Institución”. Y se estableció su duración hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Las entidades acordaron que el convenio marco se ejecutaría a través de convenios derivados o específicos y fue así como el 27 de enero de 2022 la Policía – Dirección Antinarcóticos y la CIAC S.A. suscribieron el Convenio Derivado No. 1 a ese Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, en este caso con el objeto de aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves, entre ellas una de tipo jet marca Embraer Legacy 600.  

El valor del Convenio Derivado No. 1 ascendió a DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($200.000.000.000), equivalente a los aportes en dinero realizados por la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos. 

En el marco del Convenio Derivado No. 1, el 16 de mayo de 2022 la CIAC S.A. suscribió con el CONSORCIO AERONAVES PNC el contrato número GRAJU0092022 para la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por valor de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD$ 12.160.000). El consorcio mencionado recibiría luego un anticipo del 50 por ciento de esa suma. 

La compra de aviones tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía. 

Un primer cuestionamiento de la Contraloría es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional.  

El valor de los costos y gastos en que ha incurrido la CIAC en la ejecución del Convenio Derivado No. 1, con corte a 28 de septiembre de 2022, asciende apenas a un poco más de $28 millones ($28.598.029). 

Contratistas sin la experiencia requerida 

La CGR revisó los documentos de constitución del CONSORCIO AERONAVES PNC, así como los certificados de existencia y representación legal de las empresas que lo conforman, y los correspondientes registros de proponentes y se observó que la capacidad jurídica acreditada para la prestación del bien y servicio ofrecido no es la adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato suscrito y a su valor, ya que el 95% de sus miembros tienen como actividad principal la construcción de otras obras de ingeniería civil, que no guardan correspondencia con el objeto contratado. Solo una empresa de las consorciadas (RIO SUR SAS) cumplía con la experiencia requerida. 

Se evidencia que el CONSORCIO AERONAVES PNC, está integrado por: RIO SUR SAS, identificada con NIT 800.149.580-3, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es el transporte aéreo nacional de pasajeros; CONSTRUCCIÓN EMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO SAS, identificada con NIT 834.000.892-9, ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es la construcción de otras obras de ingeniería civil; e INGEAMBICOL SAS, identificada con NIT 800.063.939-2, también ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 90% y cuya actividad económica principal es también la construcción de otras obras de ingeniería civil. 

En la respuesta allegada a la CGR sobre el tema no se explican las razones por las que en la ejecución del Convenio Derivado No. 1 se terminaron materializando los riesgos del mercado advertidos por la misma CIAC S.A. en las consideraciones del Modificatorio No. 1 a dicho Convenio: 

*Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compra-venta de aeronaves, ya que las actividades económicas de los miembros de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 

*La parte del mercado que cumplía con la totalidad de las condiciones requeridas no fue amplia. 

*Y prácticamente quien terminó buscando en el mercado global las aeronaves fue una única empresa: RIO SUR SAS, lo que, como describió la CIAC S.A. en su momento, genera un riesgo de sobrecostos. 

Hechos que configuran el posible detrimento patrimonial 

Para la CGR, el pago por el avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, realizado por la Policía a la CIAC S.A. en virtud de las obligaciones propias del Convenio Derivado No. 1, y considerando la indebida estructuración y ejecución del proyecto, sumado a la falta de coherencia en la necesidad establecida, junto con la compra final de la aeronave, son elementos suficientes para esgrimir un detrimento patrimonial estatal en cuantía de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD12.160.000), que corresponden a CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($58.103.884.800), calculados sobre una tasa representativa del día 15 de diciembre de 2022, equivalente a cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 4.778,28). 

La adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 no es congruente con uno de los objetivos del proyecto de inversión del que provienen los recursos para su adquisición: “Atender la demanda de patrullaje”, recalca la CGR. 

Y agrega: “En tal sentido, si la necesidad es transportar 50 policiales de manera simultánea a 10 lugares del territorio nacional, un avión ejecutivo tipo jet con capacidad de 13 pasajeros impide la atención de la necesidad en las condiciones planteadas por el Área de Aviación Policial”. 

Al apartarse del verdadero objetivo del proyecto de inversión original para la compra de los aviones tipo Embraer Legacy ERJ 140 – 145, se generó una afectación del esquema de financiación del mismo, al representar la sola compra del avión ejecutivo Legacy 600 el 41,5% del presupuesto total establecido para la adquisición de 3 aeronaves tipo Embraer.  

Desde la sustentación y presentación del proyecto para la consecución de los recursos necesarios destinados a suplir la compra de 6 aeronaves que componen el proyecto Fortalecimiento de las Misiones Aéreas Policiales en el Territorio Nacional, la Policía justificó la necesidad de 3 aviones tipo Embraer Legacy ERJ 140 – 145, con capacidad de hasta 50 pasajeros, por un valor unitario de $35.000.000.000, para un total de $118.000.000.000. 

Contratación de aeronaves similares (comparativo) 

En la auditoría a la CIAC se realizó un comparativo de las características de las aeronaves modelos Legacy 600 adquiridas por el gobierno colombiano u ofertadas a este en el año 2021 versus la contratación adelantada por esta entidad para el mismo modelo de avión, donde se aprecia una sensible diferencia con respecto al valor negociado por la CIAC S.A. 

Compra FAC (contrato Agencia de Compras de la  

Fuerza Aérea Colombiana-ACOFA No. 47000189) 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2008 

Valor: USD $8.900.000 

Horas de vuelo: 3.545  

Capacidad:13 pasajeros 

Fecha de contrato: 10 de marzo de 2021 

Proceso de venta del avión presidencial del Ecuador 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2008 

Llegó a Ecuador nuevo en diciembre de 2008 

Valor: USD $8.000.000 

Horas de vuelo: 6.145  

Capacidad: 14 pasajeros 

Proceso de venta dispuesto mediante Decreto Ejecutivo No. 180 del 31 de agosto de 2021 

Contrato No. GRAJU-0092022 suscrito por la CIAC S.A. 

Tipo de aeronave: Legacy 600 EMB-135BJ 

Año de fabricación: 2006 

Valor: USD $12.160.000 

Horas de vuelo: 15.445 horas 

Capacidad: 13 pasajeros 

Fecha de contrato: 16 de mayo de 2022 

Este avión tenía tres procesos de matrícula 

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Nacional

José Manuel Restrepo pide instalar de inmediato el proceso de empalme con el gobierno Petro

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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se instale de manera inmediata el proceso formal de empalme entre el Gobierno saliente y la administración de Abelardo de la Espriella.

En un pronunciamiento público, Restrepo afirmó que el país necesita una transición institucional seria y transparente. “Colombia merece una transición a la altura de su democracia y de los desafíos que enfrenta el país”, expresó al insistir en la importancia de que ambos equipos comiencen cuanto antes el intercambio de información oficial.

El vicepresidente electo señaló que el empalme debe permitir conocer con precisión el estado de las finanzas públicas, los programas sociales, la situación de seguridad, los compromisos internacionales y el avance de los principales proyectos del Estado. Según indicó, el objetivo es garantizar continuidad administrativa y evitar traumatismos en el cambio de gobierno.

Restrepo también reiteró que el equipo del presidente electo mantendrá un enfoque técnico y riguroso durante la transición, especialmente en la revisión de la información entregada por las diferentes entidades del Gobierno nacional.

Sus declaraciones se producen en medio de un ambiente de tensión política tras las recientes diferencias entre sectores del Gobierno saliente y del equipo de De la Espriella sobre las cifras oficiales y el manejo de algunos programas estatales.

El proceso de empalme está previsto para desarrollarse durante las próximas semanas, con participación de delegados de ambos gobiernos y bajo el seguimiento de organismos de control y entidades encargadas de garantizar la transparencia de la transición presidencial.

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Nacional

Iván Cepeda aclara el alcance de su llamado a la “desobediencia civil” contra el gobierno electo

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El excandidato presidencial Iván Cepeda explicó el significado de sus recientes declaraciones sobre una eventual “desobediencia civil”, luego de la polémica que generaron sus afirmaciones tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella.

En una entrevista, Cepeda aseguró que su propuesta hace referencia exclusivamente a una desobediencia civil pacífica, inspirada en la resistencia no violenta frente a decisiones que, según considera, afectarían la soberanía nacional. El senador electo afirmó que esta forma de protesta solo sería promovida si el presidente electo incumple las condiciones que él ha planteado, entre ellas la renuncia a la ciudadanía estadounidense y la aclaración de los cuestionamientos que ha formulado sobre ese tema.

“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente”, expresó Cepeda al explicar el alcance de sus declaraciones.

El dirigente del Pacto Histórico indicó que cualquier acción será coordinada con organizaciones sociales y se desarrollará dentro de mecanismos de movilización pacífica. Además, señaló que la oposición analizará las decisiones del próximo gobierno y responderá “acción por acción” frente a las reformas o políticas que considere lesivas para los avances sociales alcanzados.

Cepeda también aprovechó la entrevista para hacer un balance de la campaña presidencial, en la que reconoció errores y asumió la responsabilidad por la derrota en la segunda vuelta. No obstante, defendió el proceso interno del Pacto Histórico y aseguró que la colectividad realizó una campaña democrática y transparente.

Finalmente, reiteró que, aunque reconoció el resultado electoral con las salvedades expresadas por su movimiento, mantiene sus cuestionamientos sobre la compatibilidad entre la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella y el ejercicio de la Presidencia de la República.

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Judicial

Petro responde a denuncia sobre cifras “maquilladas” en el empalme y defiende los resultados de su gobierno

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El presidente Gustavo Petro respondió a las denuncias realizadas por el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre un presunto maquillaje de las cifras oficiales entregadas durante la transición de gobierno. El mandatario rechazó los señalamientos y aseguró que su administración cumplió e incluso superó las metas sociales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

A través de un pronunciamiento público, Petro afirmó que los indicadores presentados por el Gobierno están respaldados por información oficial y corresponden al trabajo realizado durante los últimos cuatro años. Según explicó, los avances en áreas como reducción de la pobreza, acceso a programas sociales, educación y salud pueden ser verificados mediante las entidades encargadas de su medición.

El jefe de Estado sostuvo que las críticas hacen parte del debate político propio del cambio de gobierno, pero insistió en que el proceso de empalme debe desarrollarse con rigurosidad técnica y respeto por la información institucional. En ese sentido, aseguró que su administración ha entregado los datos requeridos y continuará colaborando con la transición.

Las declaraciones se producen luego de que integrantes del equipo del presidente electo manifestaran dudas sobre algunas cifras entregadas por el Gobierno saliente y anunciaran revisiones detalladas en distintos sectores de la administración pública.

Petro reiteró que su gobierno deja importantes resultados sociales y defendió la gestión realizada durante su mandato, señalando que los logros alcanzados podrán ser evaluados de manera objetiva una vez concluya el proceso de empalme.

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