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Contraloría: 21 hallazgos fiscales en cumplimiento de sentencia para niños Wayuú

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La Contraloría General de la República ha dado a conocer los resultados de la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, realizada como seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Se identificaron 21 hallazgos fiscales por un total de $12.1 mil millones, junto con 72 hallazgos disciplinarios.

Además, se solicitó la apertura de Indagación Preliminar por $99 mil millones relacionados con tres contratos suscritos por el Ministerio del Interior. El informe revela una falta de coordinación entre entidades gubernamentales a nivel nacional y territorial, especialmente en programas destinados a la población indígena Wayuú, como evidenció la desnutrición infantil.

Un experto equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de  las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.

En esta Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial con enfoque de cumplimiento, liderada por la Contraloría delegada para la Inclusión Social, se establecieron en total 92 hallazgos administrativos, de los cuales -aparte de los anteriormente reseñados- hay 1 (uno) con solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y 8 con Otras Incidencias.

La desarticulación entre las entidades ha llevado a la falta de compartición de resultados y a la ausencia de esfuerzos conjuntos para abordar problemas críticos.

Se pudo comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.

Esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños Wayuú: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil.

Irregularidades

El informe también destaca irregularidades en programas de alimentación escolar, salud y vivienda, con un impacto significativo en la población de La Guajira. Estas deficiencias afectan la efectividad de las inversiones, generando preocupaciones sobre la planificación, control y seguimiento de proyectos clave.

En el componente seguridad alimentaria se detectaron 10 hallazgos administrativos, 6 con presunta incidencia disciplinaria y 2 con alcance fiscal por $68.221.080. La Contraloría delegada de Educación como resultado de su participación presentó 15 hallazgos, de los cuales (3) con connotación fiscal al departamento de La Guajira y al municipio de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este personal.

También, en el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos, 17 con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297. Y en el de Vivienda se determinaron en total 6 hallazgos, de los cuales 5 con incidencia disciplinaria y 5 de carácter fiscal por $9.399.381.292.

Igualmente, se resaltan las acciones y hallazgos específicos en contratos del Ministerio del Interior, con problemas que van desde diferencias en valores facturados hasta deficiencias en la documentación legal de los contratos.

La Contraloría hace hincapié en la necesidad de abordar estas deficiencias de manera integral para mejorar la calidad de vida de la población afectada y garantizar el cumplimiento de los objetivos constitucionales.

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René Higuita apelará la extinción de dominio de su vivienda y asegura que fue adquirida legalmente

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⚖️🏠 El exarquero de la Selección Colombia René Higuita anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial que ordenó la extinción de dominio de una vivienda ubicada en el barrio El Poblado, en Medellín. El exfutbolista afirmó que el inmueble fue comprado con el dinero obtenido durante su carrera deportiva y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas o con el narcotráfico.

Higuita sostuvo que la propiedad le pertenece legítimamente y aseguró que siempre actuó de buena fe al momento de adquirirla. Según explicó, desconocía que el inmueble hubiera estado relacionado, años atrás, con personas vinculadas al Cartel de Medellín, por lo que insistió en que fue víctima de un engaño durante la negociación.

El exguardameta también se refirió a la relación que tuvo con Pablo Escobar, un episodio ampliamente conocido durante su carrera, y reconoció que conoció al antiguo jefe del Cartel de Medellín. Sin embargo, enfatizó que ese hecho no convierte en ilícitos los bienes que adquirió con el fruto de su trabajo y reiteró que «la casa es mía», al defender la legalidad de la compra.

La decisión judicial fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, luego de que la Fiscalía concluyera que el inmueble hizo parte de una cadena de transferencias relacionada con recursos provenientes del narcotráfico y un presunto esquema de testaferrato del Cartel de Medellín. No obstante, la medida no constituye una condena penal contra Higuita, sino que recae sobre el origen del bien.

Mientras avanza el proceso, la defensa del exfutbolista prepara la apelación con el objetivo de demostrar que la adquisición se realizó de manera legal y con recursos obtenidos durante su trayectoria profesional, buscando revertir la decisión adoptada por la justicia sobre el inmueble.

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Petro responde a las críticas por no reconocer el mandato de Abelardo de la Espriella

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🗣️🇨🇴 El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos surgidos por sus declaraciones sobre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y aseguró que expresar sus opiniones sobre el proceso electoral no representa un desconocimiento de la Constitución. El mandatario sostuvo que manifestar lo que considera la verdad hace parte del debate democrático y defendió su postura frente a las críticas recibidas.

La controversia surgió luego de que distintos sectores políticos, entre ellos el senador electo Hernán Cadavid, cuestionaran al jefe de Estado por no reconocer de manera explícita el mandato entrante. En respuesta, Petro afirmó que «decir la verdad no desconoce la Constitución» y reiteró que sus pronunciamientos están amparados por la libertad de expresión y el debate público.

El mandatario también señaló que exponer dudas o cuestionamientos sobre el proceso electoral no implica desconocer el orden constitucional ni las instituciones del país. Según explicó, una democracia permite que existan posiciones críticas frente a los hechos políticos sin que ello signifique incumplir la ley o actuar por fuera de los mecanismos establecidos.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente de tensión durante el proceso de transición presidencial, luego de que el equipo del presidente electo suspendiera el empalme con el Gobierno nacional y varios dirigentes solicitaran a Petro reconocer plenamente el resultado oficial de las elecciones.

Mientras continúa el intercambio de pronunciamientos entre ambas orillas políticas, el Gobierno mantiene que seguirá adelantando el proceso de entrega de la administración conforme a los procedimientos legales, mientras desde diferentes sectores se insiste en la necesidad de garantizar una transición institucional y respetuosa entre el gobierno saliente y el entrante.

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Ejército incauta material explosivo del ELN tras combates en zona rural de Sácama

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💥🪖 En medio de operaciones militares desarrolladas en el norte de Casanare, tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional lograron incautar una importante cantidad de material explosivo perteneciente al ELN. El resultado se produjo tras enfrentamientos con integrantes de ese grupo armado en zona rural del municipio de Sácama, en una acción orientada a debilitar su capacidad operativa y reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, la operación permitió afectar las capacidades militares y logísticas de la estructura ilegal, considerada una de las que delinquen en esta zona del departamento.

Luego de asegurar el área de los combates, los uniformados realizaron un registro que permitió localizar diverso material de guerra, el cual, según las autoridades, era utilizado por los integrantes del ELN para planear y ejecutar acciones delictivas en el norte de Casanare.

Las autoridades señalaron que este golpe representa una reducción en la capacidad de la organización para desarrollar ataques armados y ejercer presión sobre las comunidades, además de fortalecer el control territorial que mantiene el Ejército en esa parte del departamento.

La Décima Sexta Brigada informó que continuará ejecutando operaciones ofensivas de manera permanente con el propósito de neutralizar las estructuras de los grupos armados organizados que tienen presencia en Casanare. Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de la población civil, la defensa del territorio y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el departamento.

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