🇨🇴⚖️ Se abrió un nuevo desacuerdo entre el presidente Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, esta vez por la decisión del mandatario de objetar un proyecto de ley impulsado por el senador Hernán Cadavid. La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Congreso, busca impedir que se reduzcan los requisitos exigidos para ocupar determinados altos cargos del Estado. La decisión presidencial generó una nueva tensión con una colectividad que, aunque hace parte de la coalición de Gobierno, ha comenzado a marcar diferencias frente a algunas decisiones del Ejecutivo. 🏛️📜

El proyecto de ley cuestionado por el Gobierno tiene como propósito establecer mayores garantías frente a los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a ocupar determinados cargos de alta responsabilidad dentro del Estado.

La iniciativa fue promovida por el senador antioqueño Hernán Cadavid, integrante del Centro Democrático, y logró avanzar en el Congreso hasta quedar lista para continuar con el trámite correspondiente.

Sin embargo, el presidente De la Espriella decidió objetarla, frenando su entrada en vigencia y devolviendo la discusión al Congreso de la República. La determinación abrió un nuevo capítulo de diferencias entre el Ejecutivo y el partido que actualmente constituye una de las principales fuerzas políticas dentro de la coalición de Gobierno.

La controversia resulta especialmente llamativa debido a que el Centro Democrático fue uno de los primeros partidos en declararse oficialmente como colectividad de Gobierno después de las elecciones presidenciales.

El respaldo del partido a De la Espriella se produjo a partir de coincidencias programáticas, principalmente en asuntos relacionados con seguridad, fortalecimiento de la empresa privada, reducción del tamaño del Estado y algunas políticas sociales.

No obstante, desde la llegada del nuevo Gobierno han surgido diferencias entre ambas partes. La elección de las mesas directivas del Congreso ya había provocado tensiones, particularmente alrededor de la Presidencia del Senado.

El Centro Democrático había defendido que, por su peso electoral dentro de la coalición oficialista, le correspondía ocupar esa posición. Finalmente, Honorio Henríquez fue elegido como presidente del Senado, en medio de una disputa política que dejó algunas heridas entre la colectividad y el Gobierno.

Ahora, la objeción al proyecto presentado por Cadavid vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el Ejecutivo y el Centro Democrático.

La iniciativa legislativa pretende evitar que los requisitos establecidos para acceder a determinados cargos públicos sean modificados a la baja, con el argumento de preservar estándares de preparación y experiencia para quienes ocupen posiciones de alta responsabilidad.

Para el Centro Democrático, la discusión representa una defensa de las condiciones que deben mantenerse para garantizar que las personas que lleguen a determinados puestos estatales tengan la formación y experiencia necesarias.

La decisión presidencial, por su parte, significa que el proyecto deberá regresar al escenario legislativo para que los congresistas estudien nuevamente las objeciones formuladas por el Ejecutivo.

Este nuevo enfrentamiento también podría convertirse en una prueba para la coalición de Gobierno, especialmente porque el Centro Democrático ha insistido en que su respaldo a De la Espriella no significa que vaya a aprobar automáticamente todas las decisiones de la Casa de Nariño.

Hernán Cadavid ha sido uno de los principales voceros del partido en el Congreso y previamente había señalado que la relación con el nuevo Gobierno debía construirse sobre coincidencias programáticas, pero también desde la independencia del Legislativo.

La colectividad ha reiterado que continuará respaldando las iniciativas que coincidan con sus principios, aunque mantiene la posibilidad de expresar reparos cuando considere que determinadas decisiones no corresponden con su agenda política. 

Por ahora, el proyecto de Cadavid queda nuevamente en manos del Congreso, que deberá revisar las objeciones presentadas por el presidente y determinar cuál será el futuro de la iniciativa.

El episodio demuestra que, pese a que el Centro Democrático continúa siendo aliado del Gobierno, la relación entre ambas partes no está exenta de diferencias y podría enfrentar nuevos debates a medida que avance la agenda legislativa.

La discusión también será seguida de cerca porque el Ejecutivo necesita mantener cohesionadas sus mayorías en el Congreso para sacar adelante los principales proyectos de su administración.

♻️🚲 En una iniciativa orientada a fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos y apoyar la labor de los recuperadores de oficio, Corporinoquia y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY, entregaron 40 bicicarros a trabajadores vinculados al programa “Adopta un Recuperador”. La entrega busca mejorar sus condiciones de trabajo y contribuir al cuidado ambiental en la capital de Casanare. 🌱🤝

Los nuevos vehículos permitirán que los recuperadores cuenten con mejores herramientas para realizar sus recorridos y facilitarán las labores de recolección, transporte y selección de materiales que pueden ser aprovechados nuevamente.

Entre los residuos que podrán ser recolectados con mayor facilidad se encuentran el papel, cartón, plástico y vidrio, elementos que, después de ser separados y recuperados, pueden regresar al ciclo productivo en lugar de terminar en los sitios destinados a la disposición final.

La estrategia también pretende reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario El Cascajar, disminuyendo de esta manera el impacto ambiental asociado con la disposición de materiales que todavía pueden tener una segunda utilidad.

La directora general de Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, destacó que esta iniciativa representa un respaldo a los recuperadores y permite fortalecer las acciones relacionadas con el manejo adecuado de los residuos sólidos en Yopal.

La funcionaria señaló que uno de los propósitos principales es brindar a estos trabajadores las herramientas necesarias para desarrollar su actividad y, al mismo tiempo, aumentar los beneficios que genera el aprovechamiento de los residuos que diariamente produce la ciudadanía.

La entrega de los bicicarros también fue presentada como un reconocimiento al trabajo que realizan los recuperadores de oficio, quienes cumplen una función importante dentro de la cadena de aprovechamiento de residuos en la ciudad.

Por parte de la EAAAY, su agente especial resaltó que los 40 vehículos representan una herramienta concreta para facilitar la labor de quienes se dedican a la recuperación de materiales reciclables y agradeció el acompañamiento de Corporinoquia para hacer posible esta iniciativa.

Más allá de facilitar el transporte de los materiales, el proyecto busca contribuir a la dignificación de una actividad que tiene un impacto directo en la gestión ambiental de Yopal.

Los recuperadores cumplen una labor fundamental al identificar, separar y recuperar materiales que pueden ser reutilizados, evitando que lleguen innecesariamente al relleno sanitario y favoreciendo procesos de economía circular.

Durante la jornada, las dos entidades también hicieron un llamado a los habitantes de Yopal para que se involucren activamente en el manejo adecuado de los residuos desde sus hogares.

La separación en la fuente se convierte en uno de los principales pasos para facilitar el trabajo de los recuperadores, ya que permite mantener separados los materiales aprovechables de aquellos que no pueden ser reutilizados.

Corporinoquia y la EAAAY insistieron en que el manejo responsable de los residuos no depende únicamente de las instituciones encargadas de la gestión ambiental, sino que requiere la participación conjunta de ciudadanos, empresas y entidades públicas.

La iniciativa busca precisamente fortalecer esa responsabilidad compartida y generar mejores condiciones para que los materiales reciclables puedan ser aprovechados antes de llegar a El Cascajar.

🚨🇨🇴 El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quedó mencionado en una denuncia presentada ante autoridades financieras de Estados Unidos por un supuesto pago irregular de $300 millones relacionado con un contrato para realizar obras en la cárcel El Bosque de Barranquilla. El informe fue presentado por el empresario Luis Enrique Guzmán Chams ante la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro estadounidense. ⚖️🇺🇸

La denuncia fue radicada el pasado 13 de agosto de 2026 y está relacionada con un contrato por $1.658 millones que fue adjudicado directamente a GPS Construcciones del Caribe, empresa de la que Guzmán Chams es representante legal y accionista.

De acuerdo con la información conocida, el contrato correspondía a una obra en la cárcel El Bosque y habría sido entregado en 2017 durante una declaratoria de urgencia manifiesta.

Guzmán Chams sostiene que, durante el desarrollo del negocio, habría recibido una solicitud para entregar $300 millones. El empresario afirma que ese dinero habría sido destinado a Char, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde de Barranquilla.

El señalamiento forma parte de una serie de denuncias que el constructor ha presentado durante varios años ante autoridades colombianas. Según su versión, desde 2020 ha entregado información relacionada con diferentes contratos públicos y posibles pagos irregulares.

El empresario también ha mencionado dentro de sus declaraciones el contrato del denominado megatanque de Barranquilla, una obra cuyo valor superó los $36.000 millones y sobre la cual ha realizado acusaciones relacionadas con presuntos pagos de dinero.

Según Guzmán Chams, en ese caso habría tenido que entregar $2.300 millones. Estas afirmaciones hacen parte de un expediente que ha sido objeto de investigaciones en Colombia y que ahora vuelve a adquirir relevancia a raíz de la denuncia presentada ante autoridades estadounidenses.

La nueva denuncia ante FinCEN no se concentra únicamente en el supuesto soborno. El documento también plantea interrogantes sobre una posible operación de lavado de activos que involucraría a Serfinanza, entidad financiera vinculada al grupo empresarial de la familia Char.

El denunciante sostiene que parte del dinero relacionado con estas operaciones habría tenido conexión con movimientos financieros que podrían alcanzar el sistema financiero estadounidense.

FinCEN es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La entidad recibe información sobre operaciones que podrían resultar sospechosas y, dependiendo de sus análisis, puede remitirla a organismos encargados de adelantar investigaciones.

Uno de los aspectos que ahora genera atención es la posible dimensión internacional del caso. La presentación ante las autoridades estadounidenses podría llevar a que los señalamientos sean revisados desde una perspectiva diferente a las investigaciones que ya se han adelantado en Colombia.

Guzmán Chams asegura que durante más de seis años ha buscado colaborar con la justicia colombiana para entregar información relacionada con estos hechos. Sin embargo, sostiene que hasta el momento no se habría concretado un principio de oportunidad ni un preacuerdo con la Fiscalía.

El empresario también ha manifestado que esperaba que la Corte Suprema de Justicia investigara los hechos que, según afirma, ha puesto en conocimiento de las autoridades.

La denuncia incorpora además referencias a otros contratos y figuras políticas. Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen el exsenador Efraín Cepeda y otros actores relacionados con negocios públicos en Barranquilla.

El caso del supuesto pago de $300 millones corresponde a hechos que se remontan a 2017 y 2018, por lo que las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y verificar las afirmaciones realizadas por el denunciante.

Por ahora, la presentación ante FinCEN constituye una denuncia y no significa que las autoridades estadounidenses hayan establecido la responsabilidad de Alejandro Char ni que exista una condena en su contra.

Los señalamientos deberán ser contrastados con documentos, testimonios y demás elementos de prueba. También será necesario establecer si existieron movimientos financieros relacionados con las acusaciones y cuál habría sido su origen y destino.

La situación vuelve a poner bajo atención algunos de los contratos públicos ejecutados durante las administraciones de Char en Barranquilla y las denuncias que han surgido alrededor de ellos.

El desarrollo del caso dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades estadounidenses y colombianas, así como de las pruebas que puedan ser incorporadas a las investigaciones.