🚨 La Personería Distrital de Medellín lanzó una alerta institucional por las vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas que habitan la ciudad. Entre las situaciones más preocupantes se encuentran la violencia sexual, la explotación, la mendicidad forzada y el aumento de los intentos de suicidio.

Uno de los datos más alarmantes del informe señala que el 65 % de las activaciones del Código Fucsia corresponde a menores de edad, principalmente integrantes de la comunidad Embera Katío. Este protocolo permite activar la atención de emergencia y la ruta integral de asistencia para personas que han sufrido violencia sexual o de género.

La entidad también advirtió sobre las afectaciones a la salud mental de esta población, entre ellas crisis emocionales y conductas suicidas que requieren atención oportuna. En estos casos, el Código Dorado permite activar la respuesta inmediata ante emergencias relacionadas con la salud mental, intentos de suicidio y otras situaciones críticas.

El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, hizo un llamado a las entidades responsables de la protección de la infancia para que coordinen acciones que garanticen una atención continua y adecuada. La alerta fue dirigida a distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Antioquia y a la Dirección Seccional de Fiscalías, entre otras instituciones.

Según la Personería, las dificultades no se limitan a la ocurrencia de los casos, sino que también incluyen barreras para acceder a los servicios de atención. Las diferencias lingüísticas, el temor a acudir ante las autoridades y ciertas dinámicas culturales pueden dificultar la denuncia, lo que ocasionaría que algunas situaciones no queden registradas en las cifras oficiales.

A estos obstáculos se suman las dificultades para garantizar atención psicológica especializada, acompañamiento después de las crisis y continuidad en los procesos. La falta de mediadores interculturales y los cambios frecuentes de profesionales también pueden afectar el seguimiento de los casos y la protección de los menores.

El organismo de control advirtió, además, sobre otras formas de vulneración de derechos, como la explotación sexual comercial, la violencia intrafamiliar y basada en género, el trabajo infantil, la permanencia prolongada en las calles y la mendicidad forzada. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y hacen necesaria una intervención coordinada entre las instituciones.

De acuerdo con datos de la Administración Distrital citados en el informe, en Medellín viven aproximadamente 5.500 personas pertenecientes a diferentes pueblos indígenas, entre ellos Embera, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak. La Personería recordó que la atención a estas comunidades debe reconocer sus particularidades culturales y lingüísticas, sin que estas se conviertan en un impedimento para garantizar sus derechos.

Entre las recomendaciones formuladas se encuentran fortalecer las rutas de salud mental con enfoque intercultural, mejorar los servicios de interpretación y mediación, acompañar a las instituciones educativas y asegurar que cada caso tenga seguimiento. También se pidió promover la participación de las familias y de las autoridades indígenas en las medidas de prevención y protección.

La Personería insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá de atender las emergencias y avanzar hacia una protección integral y permanente. El objetivo es prevenir nuevas vulneraciones y garantizar que los niños, niñas y adolescentes indígenas reciban atención oportuna, respetuosa de su identidad cultural y centrada en la defensa de sus derechos.

🚨 Nueve ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia luego de que las autoridades migratorias identificaran antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia en Medellín.

La medida fue anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien explicó que los procedimientos se realizaron en coordinación con Migración Colombia y la Policía Nacional, dentro de los controles que se adelantan en la ciudad para identificar a extranjeros que puedan tener causales de expulsión del territorio nacional.

El mandatario aseguró que estas actuaciones no están dirigidas contra una nacionalidad específica. Según manifestó, las autoridades buscan intervenir frente a las personas que estén involucradas en hechos que afecten la seguridad de los ciudadanos, mientras que quienes lleguen a Medellín a trabajar, invertir y cumplir las normas son bienvenidos.

Gutiérrez señaló además que los operativos continuarán y que la administración municipal mantendrá la coordinación con las autoridades migratorias y policiales para detectar a extranjeros que tengan procesos o situaciones que puedan derivar en una medida de expulsión.

Este procedimiento se suma a otros operativos realizados recientemente en Medellín. En septiembre, 17 ciudadanos extranjeros fueron objeto de medidas de expulsión luego de verificaciones realizadas en sectores como Barrio Antioquia y el Parque Lleras. En ese caso, las autoridades reportaron antecedentes relacionados con hurto, drogas, armas blancas y riñas, además de casos con Circular Azul de Interpol.

Las autoridades también han registrado casos individuales de ciudadanos venezolanos requeridos internacionalmente. En septiembre, por ejemplo, un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado en Laureles y quedó a disposición de la Fiscalía debido a una circular roja de Interpol relacionada con investigaciones por presunto secuestro y extorsión.

Sin embargo, las cifras disponibles también muestran que no es correcto atribuir la delincuencia en Medellín a la población venezolana en general. Un informe citado por El Colombiano señaló que, de 11.932 capturas registradas en el Área Metropolitana durante un periodo de 2025, 1.296 correspondieron a ciudadanos venezolanos, mientras que la participación de esta población en el total de delitos reportados era señalada como minoritaria.

De acuerdo con los datos mencionados en el informe, entre los delitos por los que son judicializados algunos ciudadanos extranjeros aparecen principalmente el tráfico de drogas, el hurto y las lesiones personales. También se ha advertido sobre el reclutamiento de migrantes por parte de estructuras delincuenciales locales.

La Alcaldía de Medellín insistió en que los controles migratorios continuarán como parte de las estrategias de seguridad y convivencia. Las expulsiones, en cada caso, dependen de los procedimientos y causales establecidos por las autoridades competentes.

Por ahora, la administración distrital mantiene el llamado a diferenciar entre la situación migratoria de una persona y su eventual responsabilidad en hechos delictivos, mientras continúan los operativos conjuntos con Migración Colombia y la Policía Nacional.

🏗️ La Asamblea de Antioquia aprobó, con 13 votos a favor y 6 en contra, el Proyecto de Ordenanza 37, que permite avanzar en el uso de la valorización como mecanismo para financiar cuatro proyectos viales en el departamento. La iniciativa contempla obras por $852.497 millones y una extensión total de 76,53 kilómetros.

El proyecto llegó a la plenaria después de ser aprobado en primer debate por la Comisión Primera de Hacienda y Asuntos Económicos. Durante la discusión, que se extendió por más de ocho horas, los diputados debatieron tanto la necesidad de mejorar los corredores viales como los posibles efectos que tendría un eventual cobro sobre los propietarios de predios ubicados en las zonas de influencia.

A diferencia de la propuesta inicial presentada por la Gobernación, que contemplaba seis corredores y una inversión cercana a los $4,8 billones, el proyecto fue reducido durante su trámite. Finalmente quedaron cuatro intervenciones, mientras fueron retiradas las obras de mayor costo.

Los corredores incluidos son El Canadá–El Carmen de Viboral, La Unión–El Carmen de Viboral, Jericó–Buenos Aires–La Bodega, en el sector de Andes, y el circuito de Urabá que comprende Ríogrande, Nueva Colonia, Embarcadero, Zungo y Casa Verde.

Uno de los puntos destacados durante el debate fue que la aprobación de la ordenanza no representa un cobro inmediato de valorización. El proyecto autoriza a la Gobernación a avanzar en estudios de factibilidad y establecer las condiciones generales antes de determinar cómo se aplicaría la contribución.

La iniciativa contempla además tratamientos diferenciales para determinados sectores de la población. Según lo expuesto durante el debate, quedarían excluidas del eventual cobro las viviendas de interés social y prioritario, así como hogares clasificados en los estratos 1, 2 y 3. También se plantearon excepciones para adultos mayores, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado y personas afectadas por desastres naturales, entre otros casos.

La propuesta generó posiciones encontradas. Desde la Gobernación se argumentó que el departamento ya ha destinado importantes recursos para mejorar su red vial y que la valorización permitiría conseguir financiación adicional para corredores que requieren intervenciones. La administración departamental señaló que ha invertido más de $2,7 billones en 1.072 kilómetros de vías mediante recursos propios, regalías y obras por impuestos.

Sin embargo, sectores productivos expresaron reparos frente al mecanismo. En Urabá, el gremio bananero Augura cuestionó que la infraestructura de esa región sea financiada de manera que, a su juicio, recaiga de forma desproporcionada sobre un sector que tiene un peso importante en la economía regional.

También hubo diferencias entre los diputados. Mientras algunos defendieron la valorización como una alternativa para ejecutar obras que consideran necesarias para la conectividad y el desarrollo regional, otros cuestionaron la creación de nuevas cargas económicas para los propietarios, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida.

Con la aprobación en segundo y último debate, el proyecto queda a disposición de la Gobernación para continuar el trámite correspondiente. El siguiente paso será avanzar en los estudios técnicos y financieros que permitan establecer la viabilidad de las obras y las condiciones bajo las cuales podría aplicarse la valorización.

De esta manera, Antioquia da un nuevo paso hacia la financiación de cuatro corredores estratégicos mediante este mecanismo, aunque todavía deberán definirse aspectos técnicos y económicos antes de que pueda concretarse un eventual cobro a los propietarios de los predios beneficiados.