En un comunicado dirigido a la recién nombrada ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) detalló las múltiples adversidades que enfrenta el sector en diversas regiones del país y subrayó la importancia de reintroducir el incentivo al almacenamiento de la cosecha.
Con la llegada de la temporada de cosecha del segundo semestre, que se extiende hasta mediados de octubre, los productores han manifestado su inquietud por la caída del precio del arroz paddy, lo que se traduce en una reducción significativa de sus ingresos. Esta preocupación se agrava con los estragos causados por las altas temperaturas durante el primer semestre y la actual ausencia del incentivo al almacenamiento, crucial para fijar un precio mínimo de compra.
«Es vital reconocer que, aunque se aproxima una cosecha considerable, los inventarios de arroz en los molinos son apenas suficientes para un mes de consumo. Esto significa que la producción deberá ajustarse para satisfacer la demanda nacional y almacenar los excedentes necesarios para el primer semestre de 2025», indicó Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.
Hernández también alertó que los agricultores serán los que asuman la carga de los costos asociados al almacenamiento del arroz durante varios meses, a precios que no cubren los costos de producción. Esta situación, según el gremio, es «injusta» para miles de familias que dependen de esta actividad agrícola, pese a la falta de inversión estatal en infraestructura vital como sistemas de riego, secado, vías y seguridad.
«Si el gobierno implementara este incentivo, los productores no tendríamos que vender nuestro arroz a precios insostenibles, lo que evitaría una crisis para nuestras familias y los trabajadores que nos apoyan diariamente en el campo», enfatizó Fedearroz en su comunicado.
La organización hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que implemente medidas que ofrezcan un incentivo al almacenamiento, protegiendo así el sustento de los agricultores y garantizando la seguridad alimentaria del país.
Además, Fedearroz destacó la necesidad de políticas que respalden el almacenamiento y mejoren las condiciones del mercado, asegurando la continuidad y el desarrollo del sector arrocero y protegiendo los miles de empleos que genera esta industria.
La Orinoquía colombiana avanzará en la construcción de una visión conjunta de desarrollo con la realización del Foro Orinoquía 2030: Concertación Regional para el Desarrollo, un espacio que reunirá en Yopal a autoridades, empresarios, académicos, gremios, organizaciones sociales, expertos y congresistas de la región para definir una agenda estratégica con visión de largo plazo.
La iniciativa es liderada por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos, Corporinoquia y el representante electo a la Cámara por Casanare, Diego García Alfonso, con el propósito de promover el diálogo y la concertación sobre los principales retos y oportunidades que enfrenta la Orinoquía.
El foro busca fortalecer la integración regional y consolidar una hoja de ruta que impulse un desarrollo sostenible, competitivo e incluyente, aprovechando el potencial ambiental, energético, agroindustrial y estratégico de la región para el crecimiento nacional.
Durante la jornada se desarrollarán paneles y espacios de análisis sobre temas como ordenamiento territorial, gestión del agua, conservación de la biodiversidad, acción climática, infraestructura, productividad, innovación, transición energética y gobernanza regional, con la participación de expertos nacionales e internacionales.
El representante Diego García Alfonso señaló que la Orinoquía necesita construir una visión compartida que trascienda los periodos de gobierno y permita articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y las comunidades para consolidar una estrategia regional hacia el año 2030.
Además de servir como escenario de discusión, el foro pretende convertirse en un espacio permanente de articulación para promover alianzas estratégicas, impulsar proyectos regionales, atraer inversión, fortalecer la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Orinoquía.
Los organizadores informaron que en los próximos días se dará a conocer la agenda oficial del evento, así como la lista de expertos invitados y los mecanismos de participación para este encuentro que proyectará el futuro de la región.
La Santa Sede anunció el nombramiento de monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias como nuevo obispo de la Diócesis de Yopal, por decisión del papa León XIV. Con esta designación, Sanabria Arias se convierte en el tercer obispo de esta jurisdicción eclesiástica de Casanare.
El nuevo obispo se desempeñaba desde 2016 como vicario apostólico de San Andrés y Providencia, cargo para el que fue nombrado por el papa Francisco. Su llegada a Yopal pone fin al periodo de sede vacante que vivía la diócesis desde mayo de 2024, cuando Edgar Aristizábal Quintero fue trasladado a la Diócesis de Duitama-Sogamoso. Durante ese tiempo, la administración pastoral estuvo a cargo del presbítero Jeison Andrey Salguero Roa como administrador diocesano.
Monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias nació el 17 de abril de 1970 en el municipio de Ciénega, Boyacá. Fue ordenado sacerdote el 19 de noviembre de 1994 para la Arquidiócesis de Tunja, donde ejerció como vicario parroquial, párroco y vicario episcopal para la Acción Pastoral antes de ser nombrado obispo.
La Diócesis de Yopal, creada en 2001 por Juan Pablo II, tiene su origen en el antiguo Vicariato Apostólico del Casanare y atiende pastoralmente a municipios como Yopal, Aguazul, Monterrey, Villanueva, Sabanalarga, Pore, Nunchía, Chámeza, Recetor y Sácama, además de sectores de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Tauramena y el corregimiento de Morcote.
Con este nombramiento, la Iglesia católica inicia una nueva etapa pastoral en Casanare bajo el liderazgo de monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias, cuya misión será acompañar la vida espiritual y el trabajo evangelizador de la diócesis.
Después de más de 14 años de espera, comenzó la demolición de las torres del proyecto Torres del Silencio, en Yopal, una obra que representa una nueva esperanza para 400 familias que durante años permanecieron a la espera de una solución de vivienda.
El proyecto original fue declarado inviable debido a problemas de inestabilidad estructural y riesgo para sus habitantes, lo que obligó a tomar la decisión de demoler las edificaciones y construir un nuevo conjunto de apartamentos.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, reiteró el compromiso de la administración departamental con las familias beneficiarias y anunció una inversión de 56.000 millones de pesos, equivalente al 90,3 % del valor total del nuevo proyecto habitacional.
La demolición estará a cargo de la Alcaldía de Yopal y tendrá un plazo de ejecución de 45 días. Una vez finalice esta etapa, la Gobernación asumirá la construcción de los 400 nuevos apartamentos.
Cristian Guerra, representante legal de la empresa interventora, explicó que los trabajos se desarrollarán por fases y confirmó que se descartó el uso de explosivos. En su lugar, la demolición se realiza de manera mecánica con maquinaria especializada, capaz de derribar una torre en aproximadamente una hora.
Durante el avance de las labores, las autoridades y el equipo técnico han evidenciado presuntas deficiencias en la construcción original, entre ellas la utilización de concreto y refuerzos metálicos que, según las primeras observaciones, no cumplirían con las condiciones necesarias para garantizar la estabilidad de las edificaciones.
Con el inicio de esta intervención, las familias afectadas esperan que el nuevo proyecto permita cerrar uno de los capítulos más prolongados y complejos en materia de vivienda en Casanare y, finalmente, acceder a un hogar digno y seguro.